México, Nicaragua y Venezuela refuerzan medidas para contrarrestar la injerencia occidental perpetrada a través de organizaciones no gubernamentales.
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) es una de las principales herramientas utilizadas por los gobiernos de Estados Unidos para financiar, influir y articular acciones de injerencia y desestabilización en todo el mundo. | Foto: USAID
En un contexto global donde la soberanía de los Estados se ve cada vez más desafiada por actores externos, en las últimas semanas los gobiernos y parlamentos de México, Nicaragua y Venezuela avanzan en tomar medidas concretas en la regulación y contralor de las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONGs).
Las acciones apuntan a transparentar y, en caso de ser pertinente, penalizar a aquellas entidades que reciben financiamiento extranjero y lo distribuyen con propósitos políticos favorables a terceros países.
Las medidas buscan atenuar la evidente utilización de este tipo de organizaciones como vehículos de injerencia externa, generación de escenarios favorables y lobby en favor de intereses externos en desmedro de la soberanía nacional y, en casos extremos pero no menos frecuente, la desestabilización política con objetivo de favorecer la asunción de un gobierno favorable a la nación o empresa que hace el aporte del capital.
Financiamiento opaco e intromisión política
En el caso mexicano, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha puesto sobre la mesa la necesidad de regular y transparentar el financiamiento de las ONGs y asociaciones civiles y denunció durante una conferencia de prensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que algunas ONGs están involucradas en actividades políticas.
Una de las entidades señaladas es Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la cual se dedica a desarrollar y financiar investigaciones periodísticas, académicas, litigios estratégicos, análisis y comunicación contra la corrupción y la impunidad.
Dicha organización entre fines de agosto de 2023 y enero de 2024 recibió 96 millones 740 mil 613 pesos de la Embajada de los Estados Unidos de América.
«Estas aportaciones del gobierno de los Estados Unidos a Mexicanos contra la Corrupción no vienen del año 2015, cuando esta fue fundada, sino vienen a partir del momento en que en México se realizan unas elecciones y el candidato que resulta elegido en esa elección presidencial fue el actual presidente Andrés Manuel López Obrador», señaló Gómez.
Al respecto, el titular de la UIF señaló que a diferencia de las empresas que cotizan en bolsa o los bancos, no tienen la obligación de publicar sus estados financieros y tampoco cual es destino de los fondos recibidos.
Esta falta de transparencia, argumentó, podría estar siendo utilizada por actores extranjeros para influir en la política interna de México. Situación ante la cual, Gómez recordó que los mexicanos están “obligados a pedir permiso al Congreso para prestar servicios a gobiernos extranjeros.»
Del mismo modo, en Venezuela, el Parlamento aprobó recientemente la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines.
Este nuevo marco legal obliga a las ONGs a registrarse localmente y a reportar detalladamente las donaciones recibidas, especificando si los donantes son nacionales o extranjeros. Además, la norma establece multas ante el incumplimiento de transparentar su financiamiento.
La ley, que forma parte de un paquete más amplio que incluye regulaciones sobre redes sociales y sanciones contra el fascismo, responde a la necesidad percibida de proteger al país de lo que el gobierno venezolano considera «ataques» financiados desde el exterior.
El presidente Nicolás Maduro ha sido uno de los principales impulsores de esta legislación, en un país en que las organizaciones no gubernamentales reciben cuantiosos recursos del Estado estadounidense.
De hecho, el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS, por sus siglas en inglés) publicó su tradicional informe de inicio de año sobre la solicitud de la administración de Joe Biden para la asignación del presupuesto a la asistencia exterior hacia América Latina y el Caribe, correspondiente al año fiscal 2023, cuya cifra ronda los más de 2 mil 400 millones de dólares, el mayor financiamiento que se ha asignado a la región en más de una década.
El CRS indica que la solicitud de este año fue 55 millones de dólares para apoyar, grosso modo, a «los actores democráticos y otras organizaciones de la sociedad civil».
En el caso de Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ha anunciado un nuevo modelo de operatividad para las ONGs, que ahora estarán obligadas a formar «alianzas de asociación» con instituciones del Estado para poder ejecutar sus proyectos.
Esta reforma, impulsada por la vicepresidenta Rosario Murillo, busca garantizar que las ONGs operen en concordancia con los intereses del gobierno nicaragüense y se ajusten a las leyes nacionales.
Murillo destacó que estas alianzas deberán ser aprobadas por el Ministerio del Interior o la Cancillería, y que solo se permitirá la ejecución de proyectos que cumplan con todos los requisitos legales y que sean considerados beneficiosos para el país.
Ongs en oriente y occidente
Los esfuerzos de México, Nicaragua y Venezuela para regular las ONGs responden a una preocupación común: la defensa de la soberanía nacional frente a lo que perciben como una injerencia extranjera creciente.
Sin embargo, esta modalidad de interferir en asuntos internos no es nueva ni exclusiva de la región. Ejemplos como la decisión de la Corte Suprema rusa de disolver la ONG Memorial María Eismont en 2021 por considerarla como agente extranjero al igual que la ONG estadounidense Freedom House.
Tampoco los intentos por controlar la interferencia foránea en los asuntos internos vía organizaciones presentadas como independientes es algo exclusivo de los países que se oponen a la hegemonía occidental.
En junio, el Consejo Europeo anunció que prohibiría que formaciones políticas, fundaciones, organizaciones no gubernamentales -incluidos think tanks- y plataformas de comunicación acepten fondos provenientes de Rusia y sus representantes.
Mientras Estados Unidos ha sido el pionero en este tipo de regulaciones. La Foreign Agents Registration Act (FARA) estadounidense fue promulgada en 1938 y se utilizó para contrarrestar la propaganda nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Ello convirtió al país norteamericano en el primer país en tener legislación específica para supervisar y controlar las ONGs a nivel mundial.
Desde entonces ha emitido múltiples regulaciones de control y supervisión contra las organizaciones que se presentan como independientes.
20 de agosto de 2024
Autor: teleSUR - NH
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Fuente: teleSUR - Misión Verdad - Milenio
