¡IMPEDIR CON LA LUCHA QUE LAS CLASES DOMINANTES APLASTEN EL DERECHO A LA HUELGA EN EL MAGISTERIO!

Parte I

POR REVOLUCIÓN OBRERA 

La senadora de la república Paloma Valencia Laserna, nieta de Mario Laserna (fundador de Uniandes), ha propuesto al Congreso un proyecto de ley para crear el bono escolar en Colombia. La estrategia, aplicada ya en otros países, consiste en que el Estado asigne un bono (subsidio) directamente a los estudiantes. Según la senadora uribista un bono para beneficiar especialmente a los menores de más bajos recursos. Este bono lo podrán usar para estudiar en el colegio que los niños y sus padres elijan, sea colegio público o privado; todo con el cínico argumento de la baja calidad de la educación pública versus la supuesta calidad de la educación privada.

Desde la consabida demagogia de los uribistas ─que siempre buscan tener apoyo apelando a los deseos y las emociones populares en lugar de presentar argumentos sólidos o soluciones racionales─, Paloma Valencia parte de la idea de que para mejorar la calidad y la eficiencia de las instituciones educativas lo más importante es «Aumentar la competencia entre instituciones».

Nuevamente los uribistas se muestran como los más interesados en mejorar la calidad de la educación que reciben «los niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad, pobreza moderada o pobreza extrema», cuando lo que hay detrás no es más que la ambición de seguir desangrando las arcas del Estado, haciéndose al negocio de la educación como ya lo hicieron con la salud y los servicios públicos.

No contentos con ganar sueldos exagerados por ir a dormir al establo parlamentario o por promover políticas que solo benefician a los capitalistas, no satisfechos con la corrupción a través de la cual se roban descaradamente el dinero que nos sacan a todos para mantener el podrido Estado burgués, cada tanto presentan proyectos de ley para legalmente hacer que el dinero del Estado vaya a parar al bolsillo de sus buenos amigos empresarios; con lo que demuestran cuan actual es la frase de Marx: «El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa».

Como no pueden ser francos y admitir que su interés es netamente económico, en el documento argumentan que pretenden atender el problema de la deserción escolar usando la tasa de deserción, del ciclo escolar del 2021, en el que 278.292 estudiantes abandonaron sus instituciones educativas. Lo que callan es que una de las principales causas de esa deserción escolar es la pobreza, pues son las dificultades económicas las que hacen que muchos jóvenes, incluso niños y niñas, se vean obligados a trabajar desde temprana edad y por eso dejen sus estudios, o vean limitado su tiempo y su energía para el estudio.

Para los trabajadores es claro que el problema no es si hay o no «competencia entre instituciones educativas», el problema real son los salarios de hambre que recibe el proletariado colombiano, la carestía de la vida, la infinidad de impuestos que reducen aún más el pírrico salario y que influye en últimas en la familia de cada estudiante.

No, definitivamente el problema no es la «competencia entre instituciones educativas», por eso no son los bonos escolares el arma contra la deserción escolar; lo que en parte serviría para garantizar que nuestros niños y jóvenes terminen sus procesos de formación es que el pueblo trabajador ─con la lucha directa y en las calles─ conquiste el alza general de salarios, el subsidio a los desempleados y subempleados; el empleo formal, la estabilidad laboral y que se acabe con la tercerización e intermediación laboral; que se rebaje y congele el precio de los servicios públicos, de la gasolina; que se condonen las deudas a los campesinos pobres y medios, y que también se les dé apoyo financiero y técnico; que se les garantice la compra de las cosechas a precios justos.

En la medida en que para las familias obreras se aseguren mejores condiciones de vida, se podrá garantizar que nuestras juventudes e infancias puedan disfrutar de su derecho a la educación. Paloma Valencia también presenta su propuesta de bonos escolares, no como la forma de seguir garantizando la desfinanciación de la educación pública en favor de los dueños de las instituciones privadas, sino como una herramienta para luchar contra la tasa de repitencia que para el 2021 fue del 4,94 %, es decir, 383.906 estudiantes, según el documento de los uribistas.

¡No!, los uribistas quieren pasar por alto la situación que la misma burguesía crea para los proletarios y pretenden hacernos creer que la tasa de repitencia escolar se transformará con la existencia de los bonos escolares.

Lo que vamos a repetir es la misma infame historia de la privatización de la salud: para cerrar hospitales públicos se les desfinanció, garantizando así que prestaran un mal servicio, y luego se presentó a las EPS como las encargadas de subsanar la situación; ahora estas entidades prestan peores servicios porque lo único que les interesa es quedarse con el dinero, mientras condenan a la muerte y a la enfermedad a millones de colombianos.

Los trabajadores debemos estar atentos y dispuestos a luchar contra este tipo de propuestas maquilladas de buenas intenciones. La clase obrera, que con sudor y sangre enriquece a los parásitos capitalistas, debe organizarse no solo para luchar y conquistar efectivamente el derecho a la educación de calidad, científica y al servicio del pueblo, sino contra todas las condiciones miserables de explotación que afectan a la familia obrera: bajos salarios, alto costo de la canasta familiar, contratos laborales de miseria, desempleo…

En la parte II de este especial vamos a continuar desvelando las verdaderas intenciones del proyecto de ley de la senadora Paloma Valencia, su partido y su clase para seguir destruyendo la educación pública, afectando las condiciones laborales de los docentes y afectando el derecho a una educación pública, gratuita, científica y de calidad al servicio del pueblo, como lo demandan el proletariado y sus hijos.

Impedir que el uribismo cabalgue sobre la educación pública hacia su privatización 

El magisterio y el estudiantado colombiano por décadas han sido los fieles defensores de la educación pública en Colombia; hoy, cuando una vez más la educación del pueblo sufre otro ataque por parte del sector más reaccionario de la burguesía, representado en la senadora Paloma Valencia y en su proyecto de ley para crear bonos escolares en Colombia y de esa manera continuar profundizando la privatización de la educación, se justifica salir a las calles y, con la lucha directa, no solo defender el derecho a la educación del pueblo, sino conquistar aun mejores condiciones para que la educación sea pública, gratuita, científica y sirva verdaderamente a los intereses del pueblo.

En su proyecto de ley sobre bonos escolares, Paloma Valencia sostiene la idea de que, para mejorar la calidad y la eficacia de las instituciones educativas, es esencial «Aumentar la competencia entre instituciones». Esto se enmarca en la tendencia común entre los seguidores de Uribe, que siempre tratan de conseguir respaldo popular tocando fibras emocionales, en lugar de traer razones claras y soluciones que realmente sirvan.

Uno de los argumentos de la vil senadora para promover la supuesta libertad de elección de institución educativa para los niños y jóvenes es la «baja calidad de la educación pública», calidad que presenta solo determinada por los estándares de las pruebas de Estado, olvidando las múltiples críticas que este enfoque recibe por ser absolutamente limitado para evaluar habilidades complejas como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, la solidaridad y la colaboración, etc.

Haciendo caso omiso de que evaluar la calidad educativa únicamente a través de puntajes en pruebas estandarizadas no captura la riqueza y la complejidad del proceso educativo, Paloma Valencia en el Artículo 5 de su proyecto de ley plantea que en el programa podrán participar instituciones educativas privadas que tengan un Proyecto Educativo Institucional (PEI) o Proyecto educativo comunitario (PEC) aprobado, licencia de funcionamiento expedida por la Secretaría de Educación, «haber obtenido las pruebas de Estado un promedio igual o superior al promedio de las instituciones de educación pública». Si según la senadora la mala calidad de las instituciones públicas se mide por el resultado en las pruebas de Estado ¿qué puede ofrecer una institución privada con el mismo promedio? Sencillamente una oportunidad para desprestigiar la educación pública y continuar desfinanciándola.

En el Artículo 7 de la propuesta de Paloma se establece que el Estado se encargará de asegurar que la elección de la institución educativa para los estudiantes que reciben el bono escolar esté informada. Para ello, se implementará un Sistema de Información Regional de Instituciones de Educación que proporcionará una descripción detallada para facilitar la comparación de diversos parámetros de las instituciones educativas como el número de estudiantes por salón de clases.

Parece que ahora sí el uribismo comprende que una de las cuestiones que determina la calidad de la educación es la cantidad de estudiantes que un docente atiende por salón. Aparentemente ahora sí entienden que con aulas que albergan 45, 40, 35 o 30 estudiantes es imposible que los docentes puedan brindar una atención más individualizada que permita identificar las necesidades específicas de los estudiantes y adaptar la enseñanza para abordar mejor sus fortalezas y debilidades; como que finalmente han comprendido que clases más pequeñas pueden ser más manejables en términos de mantener la disciplina y el orden en el aula, estableciendo un ambiente de aprendizaje más idóneo.

Pero no, no se engañen, todo no es más que hipocresía uribista, pues cada que los maestros de Colombia pelean contra el hacinamiento escolar y porque se reduzca la cantidad de estudiantes por aula, el Estado burgués argumenta que eso trae sobrecostos a la educación pública, y los uribistas salen a señalar a los docentes de vagos que no quieren trabajar.

Actualmente, en las instituciones educativas públicas hay gran cantidad de estudiantes que presentan diversas dificultades psicológicas o de aprendizaje, lo que exige mayor apoyo de profesionales especializados en psicología, psicopedagogía y asesoramiento educativo inclusivo. Aunque en los documentos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) dice que se designa un docente orientador por cada 250 estudiantes, en la realidad existen instituciones educativas públicas de 700 estudiantes que cuentan con un solo docente orientador y un solo docente de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad; estos últimos por lo general no son nombrados, sino que son personal que contratan por prestación de servicios a mitad del año escolar.

Pero ahora la senadora sugiere que el MEN y las Secretarías de Educación deban ofrecer acompañamiento a los beneficiarios de los bonos escolares, sin que esa responsabilidad caiga directamente sobre las instituciones educativas privadas que serán las que se beneficiarán de que los dineros públicos se desvíen hacia sus arcas.

Por otro lado, cabe resaltar que con cinismo Paloma Valencia señala que su dichoso proyecto de ley de bonos escolares se basa en el sistema de Voucher o también llamado subvención escolar que se introdujo en Chile desde inicios de la década de los 80, durante el Gobierno de Augusto Pinochet, el dictador chileno mundialmente conocido por sus delitos de genocidio, tortura y desaparición de personas, así como por haber permitido a grandes empresas enriquecerse a costa de privatizar servicios básicos en Chile.

Ya lo decía Lenin en Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo: «Los hombres han sido siempre, en política, víctimas necias del engaño ajeno y propio, y lo seguirán siendo mientras no aprendan a descubrir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales, los intereses de una u otra clase». No se puede esperar que Paloma Valencia, que pertenece a una familia que por décadas ha vivido parasitando en el Estado colombiano y de negocios agrarios e inmobiliarios, que cuenta con un patrimonio superior a los 2107 millones de pesos, salga ahora a defender a los niños, niñas y jóvenes de una clase a la que ella por supuesto no pertenece y desprecia, pero de la que sí se beneficia con su explotación. Detrás de la demagogia de la defensa de la calidad educativa para los más pobres no hay sino el interés económico de continuar desviando los dineros públicos hacia los bolsillos de la clase a la que ella pertenece y defiende. ¿De dónde acá una senadora que se ha caracterizado por su clasismo y racismo va a venir a impórtale los niños, niñas y adolescentes más pobres de este país?

En la parte III de este especial vamos a continuar debelando las verdaderas intenciones del proyecto de ley de la senadora Paloma Valencia, su partido y su clase para seguir destruyendo la educación pública, afectando las condiciones laborales de los docentes y el derecho a una educación pública, científica y de calidad al servicio del pueblo, como lo demandan el proletariado y sus hijos.

Los trabajadores debemos estar atentos y dispuestos a luchar contra este tipo de propuestas maquilladas de buenas intenciones. La clase obrera, que con sudor y sangre enriquece a los parásitos capitalistas, debe organizarse no solo para luchar y conquistar efectivamente el derecho a la educación de calidad, científica y al servicio del pueblo, sino contra todas las condiciones miserables de explotación que afectan a la familia obrera: bajos salarios, alto costo de la canasta familiar, contratos laborales de miseria, desempleo…

– Parte 3

Continuamos nuestro especial sobre la lucha del movimiento obrero por la educación pública, y a propósito del proyecto de ley de bonos escolares, proyecto privatizador presentado por la senadora uribista Paloma Valencia bajo la fachada de «Entregar ayudas económicas a familias en situación de vulnerabilidad, pobreza moderada o extrema para que sus hijos puedan estudiar en colegios públicos o privados», es inevitable señalar que ya existe algo parecido: la contratación por cobertura.

La contratación por cobertura está estipulada en el Decreto 1851 de 2015 y define que las instituciones educativas privadas pueden ser contratadas para suplir la «insuficiencia» en la prestación del servicio educativo por parte de las instituciones públicas, esto con la premisa de que se «garantice» el acceso a la educación.

Como sabemos, el acceso a la educación se proclama en teoría como un derecho consagrado en la Constitución, de allí que cada gobierno de turno lo enarbole como una bandera y la politiquería se apropie de él como un instrumento efectivo para conseguir votos. Sin embargo, los trabajadores conscientes sabemos que en el capitalismo no hay derecho obrero que la burguesía respete y el Estado burgués en Colombia no es la excepción.

Aparentemente, la modalidad de cobertura educativa está diseñada para beneficiar a poblaciones vulnerables, se contratan instituciones educativas privadas que están situadas en las periferias de las ciudades, a donde arriban personas víctimas del desplazamiento forzado o viven los proletarios más pobres y sus hijos. Cuando un estudiante es cobijado por este tipo de instituciones no debe realizar ningún pago, pues es el Estado el que entrega los recursos para su mantenimiento; como ven, nada distinto a la propuesta de bonos escolares.

A la institución privada se le entrega un rubro anual por cada estudiante, y dicho rubro es definido en referencia a lo orientado por el Departamento Nacional de Planeación en su Sistema General de Participaciones, participación para educación, tipologías para la asignación por alumno. A 2020 los valores promedio eran:

Así las cosas, supuestamente la cobertura fue la respuesta del Estado a una necesidad popular; sin embargo, cuando estás dentro de ese sistema de cobertura como trabajador puedes ser testigo no solo de la corrupción, sino también de lo poco o nada que los estudiantes importan para los dueños de esas instituciones privadas, pues los niños, niñas y jóvenes solo son vistos como una cifra dentro de un jugoso negocio.

Se supone que, previo a la contratación con una institución educativa privada se realiza el proceso llamado «Banco de oferentes», según el Ministerio de Educación Nacional para garantizar la transparencia y eficiencia al estudiar si las instituciones postuladas cumplen o no con lo necesario para responder al contrato. 1

Aunque en la contratación entre el Estado y el colegio privado, estos últimos deben garantizar una canasta educativa 2 que incluye elementos pedagógicos, recursos humanos, material didáctico, apoyo nutricional, etc., la realidad es otra: en muchas ocasiones estos elementos son justificados únicamente en el papel sin que sean implementados. Pese a que la compra y entrega de estos elementos se evidencia con fotografías y facturas, esto no garantiza que los estudiantes gocen efectivamente de ellos.

Dado que a estas instituciones privadas solo les importa mostrar una supuesta calidad educativa medida por las pruebas Saber 11, poco o nada les atañe el desarrollo psicoafectivo de los niños y adolescentes; pues los estudiantes pasan a ser variables que solo incumben conforme impacten o no la asignación económica, por ello es frecuente ver una altísima expulsión de jóvenes de los grados 10° y 11°, ya que son filtrados para no afectar la medición que se hace con la prueba Saber a estas instituciones.

Pero, las mediciones externas en las instituciones de cobertura merecen un artículo más extenso, para entender cómo muchos adolescentes se quedan sin alcanzar el título de bachilleres por las dinámicas que impone la exigencia de unos resultados mínimos en una prueba que no considera la vida material de miles de estudiantes.

Por otro lado, en los colegios de cobertura las condiciones laborales de los docentes son vergonzosas para el movimiento obrero organizado: contratos a términos fijos sin estabilidad, hasta 12 horas de trabajo al día, grupos que pueden superar los 50 estudiantes, asignaciones académicas de alrededor de 50 horas semanales, salarios sin pagar durante más de 3 meses, etc. Condiciones que se pueden contrastar con las de los docentes de las instituciones públicas, quienes —si bien deben continuar luchando por dignificar la profesión docente— han conquistado con lucha directa y en las calles la estabilidad laboral (aunque amenazada con la evaluación docente), jornadas escolares de 25 o 30 horas semanales y mejores salarios que los de las instituciones privadas.

Los docentes, desmotivados por tan arduas condiciones en la cobertura, migran de una institución a otra, dejando procesos inconclusos que poco o nada importan a los directivos, pues estos –en su mayoría– solo deben concentrarse en mantener la documentación al día para seguir disfrutando de las futuras contrataciones con el Estado.

El retiro constante de los docentes genera una sobrecarga de trabajo para quienes permanecen, estos ven eliminadas sus escasas horas «libres» entre los reemplazos que les asignan, sin poder negarse a ello para no ver afectada su continuidad laboral. Es decir, que un docente del sector de cobertura puede pasar toda la jornada dando clases.

De toda esa sobrecarga de trabajo, en muchas ocasiones surgen enfermedades que, con la complicidad de las ARL y con la ausencia de organización sindical que defienda los derechos de los docentes en los colegios privados, no son catalogadas como laborales dejándolos a la deriva, pues estas instituciones no tienen escrúpulos al despedir a quien deje de ser «productivo».

La sobrecarga laboral, la tercerización y la falta de organización sindical revolucionaria, se agravan en un sector que forma a los hijos de los obreros peor pagos, pues no sólo reduce la calidad educativa, sino que afecta la consciencia de que la educación es clave para transformar el mundo.

Entonces, con este panorama: ¿serán los bonos escolares o la cobertura una forma de garantizar el acceso a una educación de calidad o serán sólo una nueva forma de corrupción para disfrazar la realidad de que en el sistema capitalista no es posible que los hijos de los obreros vean garantizados sus derechos?

¿Qué pasa con los otros elementos necesarios para que los hijos de la clase obrera estudien? ¿Cómo serán garantizadas la alimentación, el transporte, la vida digna, la recreación? Dar un «bono» para que un estudiante acceda a la institución que desee no es responder a una problemática mucho más amplia y estructural es, simplemente, desfinanciar la educación pública y continuar privatizándola.

Ante este nuevo ataque a la educación pública y ante esta realidad, el movimiento obrero debe dar pasos en función de crear nuevas organizaciones sindicales donde no las haya, generando lazos de unidad entre los trabajadores de la educación del sector público y privado; movilizar a docentes, estudiantes, familias y comunidad en general hacia un movimiento obrero organizado y con la tarea de levantar todos sus puños de lucha para exigir una educación pública de calidad, salvaguardando las instituciones oficiales y obligando a que se construyan donde hagan falta y se mejoren las que ya existen.

Con la propuesta de bonos escolares los problemas de desempleo, superexplotación laboral, precarización salarial y deficiente calidad educativa no serán muy distintos a los de la cobertura; es más, esos males se agudizarán si no se les enfrenta con todo el poder del pueblo. Sentarse a esperar a que quienes, desde las instancias parlamentarias, le han venido arrebatando todo a la clase obrera y ahora dizque se lo devolverán, no es opción para los trabajadores, hoy y siempre se debe luchar con la consigna: ¡Solo el pueblo salva al pueblo!

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Notas:1 Definición tomada del portal web del Ministerio de Educación Nacional. https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-82738.html 2 Este elemento se va a revisar en detalle en otro artículo

«En tiempos normales, pacíficos, el obrero arrastra en silencio su carga, no discute con el patrono ni reflexiona sobre su situación. Durante una huelga, proclama en voz alta sus reivindicaciones, recuerda a los patronos todos los atropellos de que ha sido víctima, proclama sus derechos, no piensa en sí solo ni en su salario exclusivamente, sino que piensa también en todos sus camaradas, que han abandonado el trabajo junto con él y que defienden la causa obrera sin temor a las privaciones». V. I. Lenin, Sobre las huelgas.

Las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, junto a dos representantes a la Cámara por el «Centro Demagógico» han propuesto un proyecto de ley con el que buscan prohibir la huelga en los servicios públicos y esenciales. Con ello atacan, ante todo, al magisterio colombiano y su defensa a la educación pública.

Como siempre, el ala más reaccionaria de la burguesía pretende ganar apoyo político de las masas presentándose como los más interesados en defender lo que el proletariado tiene como más sagrado y característico: su prole.

Ahora invocan la garantía de derechos a «sujetos de especial protección constitucional» y su deseo de garantizar el derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes, derecho según ellos violentado por los docentes cuando realizan sus «paros de 24 horas».

Dentro de sus argumentos la señora Cabal presenta una tabla con los 14 paros realizados por los docentes entre el 25 de octubre del 2018 y el 5 de mayo del 2021 (y una “cabalada”, el reporte de un paro el 25 de noviembre del 2019 en el que hubo atención normal en un 100 %, según su misma tabla). Es decir, 13 «paros de 24 horas» en el trascurso de 4 años.

Lo que no expone la señora Cabal son las razones de dichos paros; lo que calla es que muchas veces, sobre todo al inicio del año escolar, los docentes deben dejar de prestar el servicio educativo para reclamarle al Estado burgués, o a quien hace sus veces (secretarías de educación, gobernaciones o alcaldías) el cumplimiento con bienes o servicios necesarios para el buen desarrollo de las clases: que se contrate a tiempo el personal de aseo o de vigilancia de las escuelas, a los prestadores del servicio de transporte escolar o el PRAE; o protestan por el pésimo servicio de salud que ofrece Cosmitet (y cabe aclarar que muchas de las clases no se pierden por paros, sino por problemas de salud de los maestros, derivados de la pésima atención en salud); o por el no pago en los tiempos estipulados de lo que con la lucha han logrado incluir en la ley, como el retroactivo del aumento salarial o las primas.

Así las cosas, el responsable de que los profesores declaren cada tanto el paro, es el Estado burgués (a veces los uribistas, con sus viles proyectos de ley que lo que esconden es su deseo de quedarse con el negocio de la educación).

Los paros, las marchas, los mítines, etc. son los medios de lucha a través de los cuales el magisterio busca asegurar que se respeten y protejan no solo sus derechos, sino también los derechos de los niños, niñas y jóvenes del pueblo, que solo pueden formarse en virtud de que aún existe la educación pública. Gracias a esas acciones de lucha del magisterio es que se han logrado garantizar unos mínimos de calidad en la educación de los estudiantes colombianos y exigir que los recursos se utilicen de manera efectiva para beneficiar a los estudiantes y a la educación en general, y no a los amigos de los uribistas que están muy acostumbrados a “abudinearse” el dinero de la educación pública.

La señora Cabal alega que, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo (CST) y su normatividad frente a las huelgas, los paros de 24 horas de los maestros no cumplen esos requisitos. Pero, como reza la consigna «Solo la lucha nos da lo que el patrón con su ley nos quita», los maestros hemos conquistado el derecho al paro en los hechos, saliendo a la calle y peleando por lo que es justo para nuestro gremio, para nuestros estudiantes y sus familias. Del mismo modo como los jueces tienen prohibido hacer huelga, por ser parte de un servicio público contemplado en el artículo 430 del CST, pero en los hechos ellos han hecho huelgas y las han ganado.

Y si al uribismo le interesara acabar con los paros del magisterio, acabaría con las causas de los mismos:

Si a los politiqueros le interesara defender el derecho fundamental de los niños, niñas y jóvenes a la educación, tendrían que estar peleando por que se reduzca la cantidad de estudiantes por grado, porque a todas luces la educación de calidad debe tener en cuenta que el aprendizaje se beneficia cuando los estudiantes reciben atención a sus necesidades educativas individuales, retroalimentación más detallada y evaluación más precisa de su desempeño, y eso es lo que no se puede brindar en unas aulas donde hacinan a 30, 35, 40 o 45 estudiantes.

Si a los politiqueros le interesara defender una educación que permita «el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura», tendrían que estar peleando por que los colegios y las escuelas públicas cuenten con recursos educativos adecuados y aulas bien equipadas, con: laboratorios y bibliotecas escolares bien dotadas para fomentar la lectura y la investigación; material didáctico, como proyectores y herramientas interactivas que permitan un aprendizaje más visual y accesible; tecnología, como computadoras, tabletas y software educativo, que permitan el acceso a información actualizada y la posibilidad de aprendizaje en línea; sillas y mesas cómodas y ergonómicas para que los estudiantes puedan concentrarse en el aprendizaje; espacios para actividades deportivas y recreativas; aulas acogedoras y atractivas, con colores y decoración que estimulen la concentración y la creatividad, con iluminación y ventilación natural y artificial suficiente y ajustable para crear un ambiente de aprendizaje confortable y evitar la fatiga visual…

Si a los politiqueros le interesara defender el derecho fundamental de los niños, niñas y jóvenes a la educación, tendrían que estar peleando por que en las instituciones educativas cuenten con docentes capacitados en educación inclusiva, adaptaciones curriculares y recursos didácticos adecuados para atender a todos los estudiantes; servicios de atención psicológica para ayudar a los estudiantes a enfrentar desafíos emocionales, sociales o de aprendizaje; personal de enfermería para brindar atención médica básica, administrar medicamentos cuando sea necesario y responder a situaciones de emergencia de salud. Pelearían por que el programa de alimentación escolar proporcione comidas nutritivas, lo que es esencial para el desarrollo físico y cognitivo de los estudiantes; porque se cuente con asesores escolares que trabajen con los estudiantes y sus familias para compartirles estrategias de disciplina efectivas y técnicas de estudio que contribuyan al mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes.

En fin, garantizar el derecho fundamental a la educación va muchísimo más allá de asegurar que los docentes estén a diario en las aulas de clases con sus estudiantes. Dado que los politiqueros no están peleando ni pelearán por estos aspectos, mucho más determinantes en la calidad de la educación, es claro que solo están utilizando a los niños, niñas y jóvenes como el caballo de Troya para entrar a atacar la educación pública, a quienes la defienden y a las armas que tenemos los obreros para pelear por nuestros intereses: la huelga, el paro, la marcha, la movilización directa y en las calles.

Así las cosas, claro está que lo que el uribismo está atacando es el derecho a la huelga, y lo ataca porque la burguesía comprende muy bien que las huelgas abren los ojos a los obreros, por eso les tienen tanto miedo y se esfuerza a todo trance por prohibirlas. Cabe recordarle a la señora Cabal, a la burguesía y a todo el movimiento obrero, lo que señalaba el camarada Lenin en su texto Sobre las huelgas (bibliografía básica que todo proletario debería de leer):

• las huelgas son determinadas por la naturaleza misma de la sociedad capitalista, significan el comienzo de la lucha de la clase obrera contra esa estructura de la sociedad;

• cada huelga recuerda a los capitalistas que los verdaderos dueños no son ellos, sino los obreros, que proclaman sus derechos con creciente fuerza;

• en cada huelga crece y se desarrolla en los obreros la conciencia de que la burguesía es su enemiga, y de que la clase obrera debe prepararse para luchar contra ella, por los derechos del pueblo;

• la huelga enseña a los obreros a comprender cuál es la fuerza de los patronos y cuál la de los obreros; enseña a pensar, no sólo en su patrono ni en sus camaradas más próximos, sino en todos los patronos, en toda la clase capitalista y en toda la clase obrera;

Los obreros de la educación, los estudiantes y las familias obreras debemos ir más allá de los paros de 24 horas e iniciar una lucha más porfiada en defensa de la educación pública, gratuita, científica y de calidad. Debemos defender juntos, con lucha directa, nuestras reivindicaciones, recurrir a las verdaderas huelgas para impedir que se privatice la educación pública o se la siga desfinanciando. Salir a la calle para exigir que la educación deje de servir para formar los esclavos asalariados que van a enriquecer a un puñado de parásitos, y nos permita comprender el mundo y transformarlo para que los trabajadores puedan realmente vivir como seres humanos.