CHILE, HACIA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN, CERCA DEL 80% VOTO PARA BORRAR CONSTITUCIÓN DE PINOCHET

Creada a cuatro paredes, más centrada en el mercado que en los derechos de las personas, así es la Carta Magna que, con modificaciones, rige hasta ahora a los chilenos.

Por Juan Carlos Ramírez Figueroa

Desde Santiago de Chile

La transición a la democracia chilena conscientemente aceptó la Constitución elaborada por la dictadura de Pinochet en 1980. O, mejor dicho, la pasó por alto. Patricio Aylwin (DC), el futuro presidente, que sucedería el general lo señaló cuatro años después de promulgada la Carta Magna en un seminario repleto de políticos de la oposición y con un título que no llamaba demasiado la atención: “Un Sistema Jurídico-Político-Constitucional para Chile”. “Lo primero es dejar de lado la famosa disputa sobre la legitimidad del régimen y su Constitución”, señaló ante el asombro de la concurrencia. “Personalmente yo soy de los que considera ilegítima la Constitución de 1980. Pero, así como yo exijo que se respete mi opinión, respeto a los que opinan de otro modo. Ni yo puedo pretender que el general Pinochet reconozca que su Constitución es ilegítima, ni él puede exigirme que yo la reconozca como legítima (…) ¿Cómo superar este impasse sin que nadie sufra humillación? Sólo hay una manera: el eludir deliberadamente el tema de la legitimidad”.

El documento, que puede consultarse online, es citado por el periodista Rafael Otano en Nueva Crónica de la Transición, como el momento exacto en que comenzó la Transición. El pragmatismo del líder DC (que, por cierto, fue uno de los que apoyó el Golpe hasta que la dictadura comenzó a extenderse demasiado) fue recibido con sorpresa hasta terminar siendo aceptado. La solución que rondaba entre los políticos en receso era la Asamblea Constituyente. Él mismo la veía así, pero al reconocer esa Constitución se reconocía también el plebiscito establecido por ésta misma para elegir un presidente para Chile tras el 11 de marzo de 1989. Obviamente la idea era eternizar a Pinochet. Pero ganó la opción “No”, aunque el general mantuvo el cargo, se convirtió en senador vitalicio y la Constitución siguió operando.

Aunque la Constitución de 1980 ha sufrido una serie de reformas, como las 58 efectuadas por el presidente Ricardo Lagos en 2005, eliminando por ejemplo la figura de “los senadores designados” y también la figura de “garantes de la institucionalidad” a las Fuerzas Armadas o acortando la duración del régimen presidencial de seis a cuatro años, es su origen el que genera más dudas, incluso por sobre sus contenidos y omisiones. Fue redactada a cuatro paredes por una comisión de carácter autoritaria y liberal (en la económico), destacando civiles como el abogado ultraderechista Jaime Guzmán. El plebiscito del 11 de septiembre de 1980 donde se debía elegir esta Constitución presentaba cuantiosas irregularidades. No hubo padrón electoral, libertad de prensa y acceso al conteo de votos. La opción “Si” —marcada con una patriótica estrella frente al “No” que era un círculo oscuro— no sólo aprobaba la nueva Carta Magna sino que ratificaba al general Pinochet en el poder y su plan de gobernar hasta, incluso, pasado 1989. Tampoco hubo debates públicos, excepto una concentración donde el expresidente Eduardo Frei Montalva (que, todo sea dicho, inicialmente apoyó el Golpe) cuestionó este plebiscito. El DC era visto como la principal carta política opositora a Pinochet, muriendo dos años después tras presentar complicaciones en medio de una cirugía simple de hernia. Fue envenenado con gas sarín, según determinó la justicia chilena en 2019 condenando por homicidio a seis personas, entre choferes, médicos y agentes de la policía secreta del régimen.

A pesar del deseo “refundador” de Ricardo Lagos con las modificaciones de 2005 o la eliminación del Sistema Binominal en 2018 —otro aspecto clave de la Constitución de 1980 que garantizaba un “equilibro” y estimulaba la negociación entre los partidos clásicos de derecha e izquierda en desmedro de opciones nuevas o emergentes— la Constitución de 1980 y por consecuencia el fantasma de Pinochet y la dictadura siguen presentes en la vida chilena a través de aspectos que “hackean” el sistema democrático como Leyes Orgánicas Constitucionales. Estas obligan a modificar temas claves como Fuerzas Armadas, Carabineros, concesiones mineras, Banco Central o educación con un quórum de 4/7 (57%) de votos en el parlamento lo que en teoría vuelve prácticamente imposible cualquier cambio relevante al sistema. También está el Tribunal Constitucional (TC) una institución que en caso de que se logre el quórum anterior, puede decretar “inconstitucional”. Algo que efectivamente ha ocurrido con modificaciones al SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) que le daban más poder al consumidor para fiscalizar los malos servicios comerciales y que fueron rechazados. O la posibilidad de retirar el 100% del dinero en las Administradores de Fondos de Pensiones en caso de enfermedad terminal. O prohibir la creación de “sindicatos” truchos que negocien acuerdos con las grandes empresas en desmedro de los sindicatos históricos. Todos esos cambios son “anticonstitucionales” según el TC. También, como curiosidad, aparece el concepto de “soberanía nacional” (no popular), donde puede leerse una más que clara referencia al mundo militar que finalmente aprobó este texto.

La Constitución de 1980 —y sus reformas— no considera temáticas centrales para el desarrollo de Chile tanto político, económico y social. Por ejemplo, los niños no son reconocidos ni, evidentemente, se garantiza su protección y bienestar. Tampoco los pueblos originarios poseen mecanismos de reconocimiento efectivo y que garanticen su protección ante prácticas industriales como la plantación de pinos o eucaliptus en el sur que consumen el agua y alteran el medioambiente. De hecho, son las protestas contra este sistema invasivo y estimulado por la propia dictadura las que han sido respondidas por violentas olas de represión policial). Tampoco hay nada sobre el derecho de agua, permitiendo que Chile sea el único país del mundo donde el elemento ha sido privatizado. Otros aspectos no considerados es el reconocimiento de las diversidades en particular de la comunidad LGBT+ que carece de representación en temáticas como el derecho a las identidades de género o la protección de niños en etapa transicional o intersexual. También está la necesidad de incorporar la defensa de los animales en la Constitución. Y eso sería sólo el principio. 

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Será redactada por una convención, cuyos integrantes serán electos por la ciudadanía

▲ Miles de personas colmaron la Plaza Dignidad ayer en Santiago, para celebrar la redacción de una nueva Carta Magna.Foto Afp

▲ Festejo por el resultado de la consulta en Chile que tuvo participación sin precedente entre los jóvenes.Foto Ap

Aldo Anfossi

Santiago. No hay otra forma de decirlo: la exigencia de una nueva Constitución, para sustituir a la de Augusto Pinochet y terminar con el neoliberalismo en Chile, arrasó con cerca de 80 por ciento de respaldo frente al rechazo, en un plebiscito que supone el fin de la impronta neoliberal que rigió los destinos del país en los últimos 40 años.

Al cierre de esta edición y con 99.4 por ciento de las mesas escrutadas, el apruebo sumaba 78.2 por ciento de respaldo; mientras la disyuntiva entre el órgano que redactará la nueva Carta Magna se resolvía de manera abrumadora con 79 por ciento a favor de una convención constitucional cuyos integrantes sean ciento por ciento electos por la ciudadanía.

Votó la mitad de los casi 15 millones de electores habilitados, un poco más de 7 millones.

Exactamente un año después de que millones de chilenos marcharan por las calles de Chile expresando su indignación frente al estado de situación –léanse paupérrimas pensiones, bajísimos salarios, altos costos del transporte, abusos de precios en los bienes esenciales, ausencia de derechos sindicales, privatización de los derechos sociales y mucho más–, esa multitud aplastante transformó su indignación volcándose a las urnas de manera apabullante.

Una mujer de la modesta y rebelde población de Lo Hermida, en la comuna de Peñalolén de Santiago, sistemáticamente reprimida por el gobierno de Sebastián Piñera en los 12 meses de rebeldía social, resumió los sentimientos que expresó la aplastante votación.

“¿Qué espero? Espero un país mejor –dice mientras se emociona y llora–; espero un país para ti Rayén (se dirige a la hija que la escucha) y para mi futura nieta que viene en camino y mis nietos, y para mis vecinos chiquititos. Espero lo mejor, por eso estoy votando, quizá yo no vea ningún cambio, pero estoy feliz de haber venido a votar y ojalá mucha gente más como yo pueda ejercer su voto y gritar ‘hasta aquí nomás llegamos’, que basta de abusos de poder en todas las cosas. Espero un país para los mapuches como yo, quiero que seamos respetados y que nosotros también respetemos; quiero para mi futura generación eso, lo mejor, aunque yo no vea nada de eso, pero lo quiero para la Rayén y si tengo que salir a luchar ahí estaré”.

Sus palabras, pronunciadas entre lágrimas, son un desafío para la política, absolutamente fracasada en resolver las urgencias sociales.

Conforme se difundían los resultados y caía la noche, miles se reunieron en la Plaza Dignidad de Santiago y en centenares de otras ciudades de Chile para celebrar, expresando una alegría colectiva que apenas de remonta a 1988, cuando en otro plebiscito la sociedad chilena dijo no a la continuidad de la dictadura de Pinochet.

Aproximadamente 77 por ciento de los chilenos dijeron sí a una nueva Constitución y que ésta sea redactada a través de una convención íntegramente elegida, paritaria entre hombres y mujeres y con escaños para pueblos indígenas. Se abre así un inédito escenario constitucional. Será en el caso chileno y según su historia la primera Constitución redactada en democracia, comentó el politólogo Ernesto Águila, académico de la Universidad de Chile.

Agregó que la Constitución que hoy (ayer) fue derrotada fue escrita bajo la dictadura y tenía como característica hacer impermeable el modelo neoliberal, pero ahora lo sucedido conduce a revisar el modelo económico y social chileno.

El resultado deja al gobierno de Piñera en una situación delicada. Aunque algunos de sus ministros habían manifestado su adhesión al apruebo previendo una derrota, el grueso de la derecha se la jugó por el rechazo. La protesta social tampoco parece que va a disminuir y antes de conocerse los resultados miles de personas se reunían en la mítica Plaza Dignidad.

El plebiscito se realizó en medio de la pandemia del Covid-19 y pese a las medidas sanitarias, ello pareció influir en una menor participación de los adultos mayores. Eso se suplió con una amplia participación de jóvenes que votaban por primera vez.

Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca, destacó que la opción convención constitucional obtuvo 79 por ciento de apoyo, incluso más alta que el apruebo. Sorprendió la alta votación que dirimía entre una convención íntegramente elegida y una con composición mixta con parlamentarios, creo que el resultado debe interpretarse como un fuerte castigo a la clase política chilena.

También parece haberse producido un recambio generacional, con una participación más elevada de los jóvenes de entre 18 y 24 años, que participaron en 30 por ciento en 2013 y 35 por ciento en 2017, cifra que se elevó en torno a 50 por ciento.

Estamos frente a un recambio generacional no menor y el plebiscito cumplió con sacar a los jóvenes de la casa, algo que no hizo ninguna elección anterior, destacó Morales.

Por otra parte, lo más importante parece ser la disminución de las brechas de participación entre los segmentos más ricos y pobres, lo cual es “una excelente noticia, dado que la participación desigual se traduce en representación desigual, y en este caso los datos muestran un incremento de participación de los sectores más pobres.

Hay una corrección del sesgo de clase que ha acompañado los procesos electorales y que se profundizaron con el voto voluntario, dijo.

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La ciudadanía chilena decidió poner fin a la Carta Magna de 1980, elaborada por la dictadura. El estallido social del año pasado fue decisivo para este proceso constitucional. 

Por Juan Carlos Ramírez Figueroa

Aunque todos los sondeos vaticinaron el triunfo de la opción “Apruebo”, ninguno previó una cifra tan espectacular: 78,20 por ciento frente al 21,80, con el 86 por ciento de las mesas computadas, con lo que se abre el tan ansiado proceso de cambiar la Constitución de 1980 elaborada por la dictadura de Pinochet y que aún rige a Chile, con modificaciones que apuntan más a quitar lo “militar” pero manteniendo un modelo económico que beneficia a las empresas en contra de la ciudadanía. También arrasó la opción Convención Constitucional (79,10 por ciento) frente a la Mixta (20,90), la que obligará a conformar un equipo para redactarla, de 155 miembros elegidos por voto popular y con paridad de género frente la segunda opción que buscaba incluir un 50 por ciento de parlamentarios en ejercicio.

Desde las 20:00 de este domingo sectores como Plaza Baquedano/Italia —rebautizada como “Plaza de la Dignidad”— comenzaron a llenarse de personas, incluidas familias donde destacaban cánticos como “El pueblo unido jamás será vencido” y la bandera mapuche, símbolo del movimiento social que generó todo este movimiento, mientras las Fuerzas Especiales se mantuvieron a distancia en una celebración totalmente pacífica.

Quizá por primera vez desde la pandemia, se podía percibir cierta alegría en las personas. El sol primaveral, la sensación de estar haciendo historia en las nuevas generaciones y cierto recuerdo del plebiscito de 1988 donde el “No” derrotó a Pinochet generó un ambiente sin mayores perturbaciones. En los colegios de Santiago Centro donde se votaba, se veía mucho joven y adulto mayor y hasta los policías y militares que controlaban estos locales de votación saludaban a las personas, en una postal francamente sorprendente.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, acompañado de sus ministros dio un discurso por TV a las 21:20 (misma hora que en Argentina). “Hoy los chilenos y chilenas han expresado libremente su voluntad a través de las urnas, eligiendo una Convención Constituyente, que por primera vez tendrá plena igualdad entre hombres y mujeres, para acordar una Nueva Constitución para Chile”.

Mientras miles de personas llegaban a la zona de Plaza Baquedano/Italia/Dignidad y en el centro de Santiago se escuchaban aplausos, bocinazos y gritos, tal como si fuera la final de un mundial, Piñera continuó: “Hoy la voz de todos los ciudadanos se ha escuchado con la misma fuerza y cada voto ha tenido el mismo valor. Ha prevalecido la unidad sobre la división y la paz sobre la violencia. Es un triunfo de todos los chilenos (…) El comienzo de un camino, que juntos, todos, deberemos recorrer. Hasta ahora la Constitución nos ha dividido. A partir de hoy, todos debemos colaborar para que la Nueva Constitución sea el gran marco de unidad y se constituya en la casa de todos”.

Y finalizó: “Hoy es tiempo de sanar las heridas del pasado, unir voluntades y levantar con generosidad la vista hacia el futuro. Agradezco a todos los que contribuyeron a un plebiscito constitucional que nos enorgullece y a los millones de ciudadanos, en Chile y en el extranjero, que cumplieron con su deber cívico (…) Como siempre lo hemos hecho, una vez más nos pondremos de pie. Todos sabemos que para avanzar juntos no debemos dejar a nadie atrás”.

Este plebiscito, acordado el 15 de noviembre en una maratónica sesión en el Congreso tras semanas de paros, movilizaciones y cabildos auto convocados, se conoce como “de entrada”. Lo que viene son las elecciones de los ciudadanos que integrarán la Convención Constituyente el 11 de abril de 2021. Luego vendrá la redacción de la Constitución con un plazo de nueve meses, renovable por tres más. Finalmente habrá un plebiscito ratificatorio “de salida” durante 2022. 

El profesor del Instituto de Historia de la Universidad Católica e investigador COES (Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social), Manuel Gárate tiene muy claro lo que se viene: “Los mayores problemas y desafíos, a mi parecer, están en el exceso de expectativas sobre los cambios a venir. Nos espera un largo proceso deliberativo no exento de conflictos y tensiones. La cláusula de aprobación de dos tercios (por cada artículo de la Constitución) obligará a l@s constituyentes a llegar a acuerdos y a negociar largamente”.

El historiador cree que habrá un periodo importante donde la convención deberá ponerse de acuerdo sobre sus reglas de funcionamiento, y que suele ser un momento tenso, largo, pero necesario. “Entonces es importante que las autoridades democráticas, los partidos, y otras organizaciones de la sociedad civil hagan una amplia pedagogía para explicar qué se puede esperar y qué no de un proceso constituyente. La movilización y la protesta social seguramente continuarán, aunque quizás con menos fuerza que en 2019. El Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad importante en proteger el proceso y evitar los excesos de cualquiera de los extremos y no aprovechar la situación para imponer una agenda propia o un pre-proyecto constitucional. También deberá encuadrar y regular muy bien la acción de la policía y evitar los abusos que vimos durante los últimos meses”.

El cientista político e investigador de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes advierte que hay que tomar en cuenta el multipartidismo del sistema político chileno. “No hay mayoría absoluta de una sola tendencia. El gran desafío va a ser establecer mínimos constitucionales básicos para llegar a un acuerdo que, según la norma requiere dos tercios. Por lo tanto, necesitas acuerdos de distintas fuerzas políticas para un mínimo constitucional.

El segundo desafío para Fuentes es que, independiente del proceso, “hay una demanda ciudadana por participar, por ser protagonistas de esta transformación”. “Hay que ver como las élites, que estarán en la Convención Constituyente serán capaces de abrirse para incluir distintos actores y agentes sociales, mecanismos de participación no vinculantes, cabildos, etcétera. Esto requiere una convención abierta, si no será percibida como un acuerdo cupular”.

Hace exactamente un año, más de un millón de personas repletó las calles de Santiago pero también el resto de Chile popularizando frases como “Con todo ¿sino pa'qué?” o “No fueron 30 pesos, fueron 30 años”. Está última en relación al alza del precio del metro que generó una serie de manifestaciones lideradas por escolares que comenzaron a evadir el boleto del metro (subte) capitalino en lo que sería el comienzo del “Estallido Social” del 18 de octubre.

Esto generó una desproporcionada represión policial contra los chicos, pero también el apoyo de los adultos que terminó con bombas lacrimógenas, estaciones incendiadas y la declaración de Estado de Emergencia, dejando 31 muertos, 500 chicos mutilados en los ojos (la policía disparaba balines a la cara) junto a más de 5.558 personas denunciando violación de derechos humanos

“La calle fue decisiva. Sin eso no hubiera pasado nada”, explica el profesor de derecho de la U. de Chile y presidente del movimiento Fuerzo Común, Fernando Atria. “El proceso constituyente fue abierto por la movilización popular, eso está clarísimo. La clase política lo acepta a regañadientes, atribuyéndose un rol más importante del que tienen en realidad”.

“Los sectores políticos no están muy conscientes del rol que cumple la protesta y el movimiento social en el proceso” agrega Fuentes. “La Convención Constituyente busca abrirse a mecanismos de participación más inclusivos: paridad, escaños reservados para pueblos indígenas, participación de independientes. Pero ha costado mucho, porque es una idea que va a contrapelo de las elites, que no quieren ceder poder. Es una historia conocida en América Latina. Esta tensión requiere ser resuelta”.

Gárate recuerda que ya desde 2006 con la llamada “revolución pingüina” —término que alude popularmente al uniforme de colegios públicos— y el movimiento estudiantil de 2011, la protesta y el malestar se intensificaron fuertemente. “La protesta y el malestar siguieron por años con reventones sociales esporádicos en todo el país, pero la olla seguía juntando presión. El sistema político, en general, no fue capaz de resolver esas demandas o bien fueron bloqueadas o dilatadas por la oposición como le ocurrió al segundo gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, la protesta social, sobre todo desde el año pasado, obligó a la clase política a mirar de frente los problemas de Chile y terminar con el discurso complaciente de los últimos 20 años, que nos hablaba de los éxitos y el desarrollo del país, mientras se acumulaba un enorme malestar y frustración por el costo de la vida y el endeudamiento endémico que promueve y alienta nuestro modelo de desarrollo”.

Y agrega: “La clase política ha sido reactiva; logró un acuerdo importante el 15 de noviembre pasado, pero "in extremis". Creo que aún no dimensiona la magnitud del malestar social y tratan de sacar ventaja en una óptica de corto plazo. Es fundamental para evitar la reversión autoritaria que la llamada clase política se abra a una participación diversa de las y los chilenos que no son militantes de partido, y comprender que el Chile de hoy es mucho más complejo que hace 30 años y exige más participación y una renovación de sus representantes. Sin la movilización ciudadana probablemente no habría pasado nada de lo que estamos viendo en estos días. Nada nos asegura un éxito en el futuro proceso, pero se abrió un camino para superar la crisis social y política desatada el 18 de octubre pasado”.

La Constitución de 1980 mantiene una serie de bloqueos institucionales y políticos a cuestiones que la sociedad viene pidiendo hace años, explica Gárate. Una auténtica máquina legal al servicio de la elite pinochetista que incluye quórums supra mayoritarios en el Congreso que, incluso siendo aprobado cuenta con el Tribunal Constitucional que puede bloquear cualquier intento de cambio de temas como pensión, salud, educación, vivienda o el cuidado de la niñez. “Pero seguramente la necesidad del cambio constitucional tiene también un componente simbólico-político en el sentido de ponernos de acuerdo nuevamente sobre cómo diseñaremos el pacto social para los próximos 50 años y con la posibilidad histórica de hacerlo con paridad de género. Una constitución democrática probablemente no soluciona ningún problema en particular ni rápidamente (salvo el no menos importante de su legitimidad de origen), pero abre un camino más participativo para discutir, deliberar y hacer que la clase política esté en mayor sintonía con el electorado”, dice el académico.

Aunque tuvo modificaciones, siendo la más relevante la hecha por Ricardo Lagos en 2005, los cambios señala Atria, “estaban más vinculados con la relación del poder civil y el militar, como por ejemplo, la restitución al presidente de la posibilidad de destituir a los comandantes de jefes de las FF.AA. Lo que no hizo fue cambiar la forma en que la Constitución le daba a la derecha, los herederos del proyecto político de la dictadura en relación al veto político”. Para el abogado —que desde 2009 ha estado impulsando en televisión y prensa la necesidad de cambiar la Carra Magna, “era un sistema electoral distorsionado en beneficio de la derecha, leyes orgánicas constitucionales que exigían quórums muy exagerados y Tribunal Constitucional con muchas facultades. Desde 2005 quedó claro que las reformas que se le podían hacen al texto constitucional no iban a solucionar el problema”.

Un escenario que tal como la pandemia, nadie hubiera imaginado hace un año.