DOSSIER:
- La mediatización de la corrupción
- ¿Guerra contra la corrupción o contra las alternativas al neoliberalismo?
La mediatización de la corrupción
Osvaldo León
El tema de la corrupción, un problema permanente a lo largo de la historia de la humanidad, nuevamente está en escena. Obviamente gravita la exposición mediática que ha adquirido ante la magnitud y extensión con que hoy se manifiesta, pero como de por medio priman cálculos políticos, poco se habla de las causas estructurales y sus expresiones tangibles, como los intocables paraísos fiscales, por ejemplo.
Por cierto que es un problema serio e ineludible a enfrentar, aunque en el juego político su tratamiento se ha convertido en un discurso de ocasión para sacar réditos inmediatos. Al punto que, por ejemplo, hay quienes pregonan que de llegar al gobierno o desde éste van a “acabar” (milagrosamente, de seguro) con dicho flagelo. Es más, en América Latina se ha transformado en un eje de la geopolítica del vecino del norte.
En este contexto, capitalizando la justa causa del combate a la corrupción, el conglomerado mediático hegemónico viene desplegando una campaña sincronizada como adalid de esta lucha, no para informar y mucho menos con un sentido educativo de rescate de valores, de la ética en la política, sino como estrategia política selectiva (e incluso con tintes partidarios) para acorralar contrincantes, por lo general con discursos moralistas no exentos de procedimientos y recursos poco éticos, como la manipulación.
Vale tener presente que, en tanto espacio clave de la mediación política y social, el poder mediático tiene un peso gravitante en la conformación de la opinión pública, no solo porque ello le permite influir en la configuración de actores sino también por el margen de maniobra que disponen para establecer los temas de debate, en tanto tienen el poder de decidir a quiénes dan visibilidad y a quiénes no, qué relatos refuerzan y a cuáles desfiguran o acanallan, entre otras prerrogativas.
Para muestra dos botones
En Colombia, Octavio Quintero, Director del Grupo Editorial El Satélite, comenta1:
“La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha resuelto abrir investigación preliminar contra todos los congresistas de la Unidad Nacional (senadores y representantes) bajo la sindicación de varios delitos: cohecho, colusión, peculado, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito: ¡Hágame el favor!
“Y semejante noticia ni siquiera abrió los noticieros de TV y radio, ni las primeras planas de los diarios nacionales en sus ediciones digitales. Es más, la indagación habría sido ordenada desde diciembre pasado por el magistrado, Eyder Patiño, en virtud de una denuncia presentada en el 2013… Según la denuncia, los congresistas, ‘a cambio de puestos de trabajo para sus familiares, cupos indicativos y adjudicaciones a dedo de contratos, habrían aprobado proyectos de ley relacionados con los acuerdos de paz sin el debido estudio’.
“Bueno, que al cabo de los años se decida adelantar la investigación, y que la noticia no tenga el impacto mediático que se supone, lo que indica es que esas cosas, ‘por lo sabido se callan’ o se les otorga poca importancia”.
Mientras tanto, en Brasil, el protagonismo mediático, particularmente del grupo O Globo, aparece como un componente clave en el desenvolvimiento de la Operación Lava Jato. Impulsada por el gobierno de Dilma Rousseff para combatir la corrupción, en el transcurso ésta se torna en un operativo que gravita en su destitución, sin prueba alguna, y en el evidente intento de sacar del juego político al Partido de los Trabajadores (PT) y sus dirigentes, por la colusión entre segmentos del Ministerio Público, la Policía Federal, el sistema Judicial y los grandes medios.
En efecto, a finales de 2014, se impulsa una cruzada de combate a la corrupción focalizada en el gobierno y el PT, pues los medios hegemónicos blindan a figuras opositoras gravemente comprometidas, tal el caso del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, con cuentas secretas en Suiza que fueron reveladas por ese país; Aecio Neves, excandidato presidencial del opositor PSDB, denunciado por recibir jugosas propinas de Furnas; Geraldo Alckim, gobernador de Sao Paulo, acusado de desvío de fondos para la merienda estudiantil. De hecho, el 52% de quienes votaron en diputados para el juicio a Dilma, estaba involucrado en actos de corrupción.
En el marco de esta cruzada, con una serie de hechos montados artificialmente, los medios actúan como principales propiciadores de las cuatro movilizaciones golpistas que se realizan en 2015. La revista Veja (01-11-2015) coloca en la portada un montaje con la cara del expresidente Lula da Silva vestido con ropa de presidiario, siendo que para entonces no existía acción penal alguna. Cuando la presidenta Rousseff invita a Lula para que se integre a su gobierno, el juez de primera instancia Sergio Moro, intercepta ilegalmente una llamada telefónica que es editada y amplificada por la Globo; y un largo etcétera.
De los diversos análisis realizados sobre el tratamiento mediático de estos acontecimientos podemos señalar: una cobertura parcializada, adosada a una virtual censura privada; una gran espectacularización de las detenciones (muchas de ellas arbitrarias), de las delaciones premiadas y premeditadas, de las fugas selectivas de información bajo sigilo, para condenar a personas e instituciones en proceso de investigación, mucho antes de que exista decisiones judiciales; complicidad con métodos ilegales utilizados por el juez Moro (interferencias telefónicas); ocultamiento de información, como los actos de violencia contra locales del PT, entre otros.
Periodisjueces
A medida que se torna evidente que el campo de la comunicación adquiere una mayor predominancia, desplazando a otras entidades como las educativas, las iglesias, los partidos políticos, etc., comienzan a sonar alarmas sobre las implicaciones que podría alcanzar esta dinámica. Y una de ellas se refiere al terreno judicial. En este punto, Gérard Leblanc de la Universidad de Sorbonne-Nouvelle, alertaba2: “Lo que está en juego no es solamente la verdad (el poder de discernir lo verdadero de lo falso que se arrogan ocasionalmente los medios) sino también la sanción, es decir, el derecho de castigar, aunque sea simbólicamente”.
Y bien, resulta que ya es una realidad la existencia de periodisjueces. Es un término acuñado por Adalid Contreras, quien al analizar el proceso contra el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, señala3: “ahora, medios y periodistas aspiran a cumplir los roles de jueces y fiscales enjuiciando, juzgando y condenando en los sets, lenguajes, estilos, alcances, levedades y ritmos mediatizados. Resulta paradójico (por decirlo de algún modo) ver cómo algunas autoridades de las entidades públicas, y también de la justicia, son puestas en el banquillo de los acusados, rindiéndoles cuentas a las ciudadanías a través de sus respuestas y explicaciones a sus eventuales inquisidores, los/las periodisjueces, quienes con un nivel de conocimientos de la extensión de una laguna y un dedo de profundidad sobre los temas en cuestión, provocan una suerte de espacios educativos, por las cátedras que los implicados dictan en sus respuestas a las acusaciones.
“Se trata de típicos esquemas de posverdad con primicia informativa en los que atrás quedó el recurso periodístico de la noticiabilidad, mientras que en su manejo está bien presente lo que la Ley Orgánica de Comunicación llama linchamiento mediático. Recordemos que la posverdad construye realidades a partir de indicios que sin ser necesariamente verificados ganan validez en los imaginarios, moviéndose en el mundo de las apariencias y de las emociones y abriendo caminos para la especulación con culebrones que saben convocar pasiones sin responsabilizarse de sus consecuencias. Como dice David Roberts, son productos de la pospolítica desconectada de las reglas de la política pública, que se generan en tiempos de desorden, levedad informativa y de redes”.
Moralismo impúdico
Aunque la corrupción engloba todo acto fraudulento contra la comunidad, por lo general lo que prevalece es un tratamiento periodístico focalizado en los indecentes implicados en la sustracción de dinero público. De ahí que, en esas “cruzadas” está ausente o es mínima la referencia a cuestiones como el enriquecimiento de políticos sobre la base de información privilegiada en el ejercicio de alguna función pública (compra y especulación de tierras en áreas previstas para construir infraestructura, por ejemplo), los conflictos de interés de empresarios en puestos de decisión política, el financiamiento poco transparente a partidos políticos por parte de negocios lícitos o ilícitos, la evasión fiscal, las cuentas de nacionales en paraísos fiscales, entre otras.
Es más, figuras públicas involucradas en alguna o varias de las cuestiones antes señaladas suelen tener espacios estelares como apóstoles de la moral. Y es que la tónica discursiva que galvaniza estos operativos es el moralismo, esa expresión que supone una sobrevaloración y exageración de la moral para convertirla en la única medida del comportamiento humano, ignorando la relativa independencia de los diversos ámbitos de la vida, como la política y el derecho4. Por lo general como discurso, no necesariamente como práctica consecuente.
En esta línea, no solo que no se plantea interrogante alguna respecto a la intromisión de Estados Unidos en el contencioso interno en causas ligadas a la corrupción -por más que ese país explícitamente haya señalado que se trata de uno de sus principales ejes geopolíticos-, sino que se la glorifica… a nombre de la moral.
Anexo
¿Hay corrupción en Estados Unidos? Sí, tiene mucha y es legal
Con este título, André Araújo presenta un análisis5 donde sostiene: “Estados Unidos siempre tuvo la pretensión de ser la policía moral del mundo y, después del surgimiento de la cultura de lo políticamente correcto, el tono moralista subió”, precisando que en ese país “resolvieron el problema de la corrupción de una forma lógica: legalizándola. Donde todo es legal no hay procesos por corrupción”.
En tal sentido, hace referencia a los PAC-Political Action Committees, pseudo comités por una causa, que se ocupan de intermediar en las donaciones de empresas contratistas a determinado candidato con el compromiso de que éste les asegure un contrato futuro; los lobbies, un mega sector de negocios al servicio de empresas y países, para incidir en las decisiones políticas en Washington; la “planificación tributaria” de las grandes corporaciones para evadir o pagar lo mínimo de impuestos; el mercado financiero donde es común la falsificación de balances, el mecanismo de tapar un fraude con otro y así por el estilo; y el nido mayor de corrupción: la industria bélica.
“Con base en esta supuesta superioridad moral –señala– Estados Unidos, a través de su Departamento de Justicia, lanzó sobre el planeta una gran red de pesca de ilícitos sobre los que cobra peaje a través de multas e indemnizaciones, convirtiéndose así en ‘socio’ de toda corrupción que ocurre en el planeta”.
“Se extiende esa red bajo el pretexto de que los corruptos y corruptores usaron el dólar como moneda o usaron el sistema bancario estadounidense o, si no encuentran nada que los ligue a Estados Unidos, porque usaron Internet, que es una red basada en Estados Unidos. Buscan un vínculo con Estados Unidos para justificar un proceso en el Departamento de Justicia y así cobrar una indemnización muchas veces mayor que el valor de la propina, un negocio formidable”, añade. (O.L.)
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Notas
1 La mermelada al banquillo, RED-GES/El Satélite, 14-02-2018. (subrayado nuestro)
2 “Del modelo judicial a los procesos mediáticos”, Comunicación y política, Gedisa, 1998.
3 De periodisjueces y accountability, 14/09/2017, https://www.alainet.org/es/articulo/188061
4 Küng, Hans, Una ética mundial para la economía y la política, editorial Trotta, Madrid, 1999.
5 “Há corrupção nos EUA? Sim, tem muita e é legal”, https://www.alainet.org/pt/articulo/191154
Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento: La corrupción: Más allá de la moralina 06/03/2018
Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/191605
¿Guerra contra la corrupción o contra las alternativas al neoliberalismo?
Silvina M. Romano
El problema de América Latina es la corrupción, pero no la corrupción “a secas”, sino especialmente aquella asociada a los gobiernos progresistas o posneoliberales[1]. Lo aseveran los think-tanks, los asesores de Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y voces expertas sobre lo que “sucede” en la región[2]. Lo advertía John F. Kelly, ex Comandante del Comando Sur de los EEUU y hoy Jefe de Gabinete de Trump[3]. Aseguran que los gobiernos progresistas se abusaron de los pobres para enriquecer a un puñado de funcionarios de gobierno corruptos. Agrandaron el Estado y lo repolitizaron, intervinieron en la economía y revalorizaron lo público, con el único objetivo de “saquearlo” luego. Privilegiaron la utilización de influencias y fondos públicos para beneficio personal y recurrieron a los poderes del Estado para evitar la rendición de cuentas. Desde esta perspectiva, los funcionarios y políticos involucrados en gobiernos progresistas que exaltaron ese derrotero, son por definición corruptos y además ineficientes. Son incapaces de manejar al Estado como a una empresa privada, poniendo en riesgo el rumbo de la economía y (supuestamente) del Estado en su totalidad[4]. Esta serie de argumentos son los que urden la trama de un sentido común reproducido por las derechas y la prensa hegemónica desde hace varios años y que ha contribuido al menos a dos fenómenos: el primero y de corto-mediano plazo, es el de la “judicialización de la política” desde arriba; el segundo es el de la despolitización de la política, el desprecio por “lo público” y el prejuicio respecto de lo estatal como ineficiente.
El hecho de que este relato haya devenido en “sentido común”, de que haya calado profundo en la opinión pública, no es fruto de una campaña mediática particular, o el resultado “inminente” del retorno de gobiernos de derecha. Tampoco obedece únicamente a factores coyunturales. Por el contrario, forma parte de un proceso histórico que encuentra parte de sus raíces en el ajuste estructural implementado en América Latina a partir de la década de los ’80 y que tuvo como actores principales a las IFI y a las agencias bilaterales del gobierno estadounidense. La “modernización” del Estado, que tenía por objetivo una mayor eficacia y eficiencia para acabar con la corrupción y el favoritismo, fue argumento clave para el adelgazamiento/desaparición y desprestigio de lo público en virtud de lo privado. El Consenso de Washington puede ser un ejemplo de sistematización de tales premisas como lineamientos para la acción de gobiernos dedicados a procurar que el Estado se subsumiera a las necesidades del sector privado. La empresarialización del Estado[5].
Las reformas judiciales
Uno de los sectores en los que se intervino tempranamente para la “modernización del Estado” fue el judicial. Tuvieron especial protagonismo los organismos de “asistencia para el desarrollo” bilaterales y multilaterales, como la USAID y el BID.[6] Este asesoramiento en la transformación de los aparatos judiciales constituye un eslabón más en una cadena de relaciones dependientes y asimétricas establecidas por la dinámica y normativas inscritas en la asistencia para el desarrollo (al menos desde la Guerra Fría hasta la actualidad)[7]. El objetivo era lograr la “buena gobernanza” por medio de una reorganización del Estado, ajustando las leyes e instituciones a las normativas internacionales que permitieran el flujo de inversión extranjera directa y el acceso a mercados “sanos”. Debía garantizarse un “buen funcionamiento” de las instituciones para garantizar el desarrollo[8].
Guatemala fue uno de los mayores receptores de asistencia para la reforma judicial, tras la firma de los Acuerdos de Paz. Fluyeron asesores, recursos para infraestructura e informática y el “know how” de la experiencia en países centrales, particularmente en EEUU[9]. El resultado fue una reforma superficial, en el plano de lo técnico, con una fuerte dependencia de la asesoría y fondos provenientes del extranjero. Los avances a partir de la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (desde el juicio al dictador Ríos Montt hasta el Caso la Línea)[10] se ven limitados por estar enmarcados en un Estado que en términos generales representa los intereses de una minoría privilegiada (tanto la vieja oligarquía como los nuevos empresarios) asociada directa o indirectamente a un Estado contrainsurgente y genocida. Un Estado ausente en materia de bienestar socio-económico para las mayorías, que nunca fue refundado[11]. Un Estado que, desde 1954 hasta la actualidad, sigue dependiendo de los lineamientos, recomendaciones y financiamiento del sector público-privado estadounidense y las agencias de asistencia para el desarrollo de otros países centrales. Guatemala es un país condenado por la opinión pública internacional debido a la corrupción y la violencia, pero de ningún modo se lo coloca como el peor caso. Por el contrario, la corrupción es particularmente “grave” en aquellos Estados donde hubo o están vigentes procesos de cambio de la mano de gobiernos posneoliberales, notándose una mayor presión local e internacional para una judicialización de la política desde arriba.
Un caso clave es el de Bolivia, país que recibió un importante flujo de asistencia de la USAID en los ’80 y ’90, entre otros rubros, para la reforma judicial. Estos fondos tendieron a beneficiar a gobiernos y sectores altamente corruptos y que trabajaron sistemáticamente en desmedro del bienestar de las mayorías[12]. Con la llegada del MAS y la refundación del Estado, se llevaron a cabo reformas estructurales, incluida la democratización del aparato judicial: es el único país de América Latina donde los representantes judiciales son elegidos en las urnas. Sin embargo, sigue fluyendo asistencia, en particular proveniente de la National Endowment for Democracy (NED) en el rubro de “reforma jurídica” a través de fundaciones[13].
Una de las últimas campañas desatadas contra el MAS, previa al referéndum de febrero de 2015, se centró en la difamación y desmoralización del gobierno de turno por “corrupción y tráfico de influencias”, sin pruebas fehacientes. Sin proceso legal adecuado, se manufacturó el “caso Zapata”. La red de intereses tejida entre la prensa local, fundaciones, think tanks y voces expertas hicieron campaña destacando la corrupción como principal atributo del gobierno de MAS. Luego del debido proceso judicial, se mostró que las acusaciones al presidente y ministros de gobierno eran falsas, pero el Caso Zapata influyó para que buena parte de la ciudadanía se inclinara por el NO al momento del referendum[14]. Se desvió la batalla política al campo judicial.
Brasil es sin dudas el paradigma de la judicialización de la política desde arriba, como parte de una campaña mediática, política y empresarial orientada (aparentemente) a combatir la corrupción, pero que tiene por objetivo destruir la imagen del Partido de los Trabajadores y “expulsar de la política” a sus principales líderes. El impeachment a Dilma Rousseff muestra el modo en que opera un aparato judicial intervenido desde fuera. El Juez Moro, líder del Lava Jato, fue uno de los “mejores alumnos” de los cursos de capacitación realizados por el Departamento de Justicia estadounidense para funcionarios judiciales latinoamericanos en el 2009, en el marco del “programa Puentes”[15]. Técnicas de recolección de información como la “delación premiada”, así como el espionaje (intervención de líneas telefónicas, mails, etc.) a funcionarios públicos o burós privados de abogados, parecen formar parte del know how adoptado. El juicio a Lula da Silva es otra muestra: considerando el modo en que “apresuraron” su expediente frente a otros casos, la ausencia de pruebas y la campaña mediática que lo cubrió[16], da cuenta del modo en que EEUU y las derechas de América Latina están recurriendo a la “justicia” como arma para una guerra librada contra la política de gobiernos y procesos progresistas. Es “lawfare”, la guerra jurídica[17].
“Lucha contra la corrupción”
Esta guerra contra la corrupción se equipara a la guerra librada contra las drogas (íntimamente vinculadas a los intereses del sector público-privado de EEUU): más allá de los protocolos y discursos políticamente correctos, apuntan a aniquilar sectores, grupos, líderes y procesos que disputan con mayor o menor fuerza y/o éxito alternativas al neoliberalismo (por ejemplo: que obstaculizan el flujo de combustibles y materiales estratégicos, que amenazan el acceso a mercados y la rentabilidad de las inversiones). Para ello, se presenta como objetivo de mediano-largo plazo la anulación de lo político, la despolitización del Estado, evitar ante todo su intervención en la economía, lograr que devenga en un ente técnico subsumido a las reglas del mercado. Se promueve que sea dirigido por tecnócratas o empresarios capaces de vaciarlo de soberanía, apartarlo de la causa de las mayorías. Hacerlo más eficiente para el sector privado.
Este es el objetivo de la “lucha contra la corrupción” librada desde los medios hegemónicos, think-tanks, fundaciones y gobiernos como el de EEUU, que exportan un modelo de democracia y gobernabilidad que nada tiene que ver con la inclusión política, económica, cultural y social de mayorías históricamente postergadas. Es la democracia de una “clase media” (imposible de ser definida) cuya única causa sería la de “instituciones transparentes”, “índices de violencia cero” y “cárcel para todos los corruptos, para todos los políticos”. La democracia de una sociedad que (aparentemente) desea ser gobernada por empresarios y tecnócratas que no tengan “nada que ver” con la política. Así, en los discursos contra la corrupción, la “delincuencia” y “los criminales”, se va reforzando la urdimbre de la ideología dominante, alimentada por la “frustración” generada por gobiernos que (aparentemente) traicionaron a sus pueblos. Unido a este relato, resurge con fuerza el neoliberalismo, un camino que ya hemos transitado en América Latina, que garantiza la salud de los mercados y la profundización de la miseria, injusticia y violencia ¿y quién se atrevería a afirmar que ese rumbo (¡ya transitado!) está exento de corrupción?
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----Silvina M. Romano es Dra. en Ciencia Política. Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, Universidad de Buenos Aires.
Artículo publicado en la Revista de ALAI América Latina en Movimiento 531, marzo 2018 La corrupción: Más allá de la moralina
[1] IMF blog: http://bit.ly/2lbvsfe
[2] The Economist: http://econ.st/2CFixsX
[4] En informe reciente, asesores del FMI advierten que en los gobiernos donde ha habido un giro a la derecha, la economía ha retomado el rumbo “correcto” http://bit.ly/2BD06YV
[5] Estado & Comunes: http://bit.ly/2EN4HKP
[6] Global Studies Law: http://bit.ly/2GH44if
[7] UNAM: http://bit.ly/2oouBud
[9] Wilson Center: http://bit.ly/2FqbreL
[10] Ver: FIDH - http://bit.ly/1u1TQiP; CICIG - http://bit.ly/2cbQ6Wd
[11] Ver por ejemplo el vínculo entre elites y “crimen organizado” – InSight Crime: http://bit.ly/2F2KX5d
[12] Tellería, Loreta y González, Reina (2015). Hegemonía territorial fallida. Estrategias de control y dominación de Estados Unidos en Bolivia: 1985-2012. La Paz: Centro de Investigaciones Sociales, Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
[16] Sotelo Felipe, M. (2018) “Lawfare, this crime call justice”.EnProner, C., Citadino, G., Ricobom, G. y Domelles, J. Commentson a notoriousveredict. The Trial of Lula. CLACSO: http://bit.ly/2EOAzPm
[17] CELAG: http://bit.ly/2onhxVM
Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/191549
