LOS PRÉSTAMOS ENVENENADOS DEL BANCO MUNDIAL Y DEL FMI A ECUADOR

Eric Toussaint

14 de agosto

El FMI y el Banco Mundial tienen 80 años. 80 años de neocolonialismo financiero y de imposición de políticas de austeridad en nombre del pago de la deuda. ¡80 años son suficientes! Las instituciones de Bretton Woods deben ser abolidas y sustituidas por instituciones democráticas al servicio de una bifurcación ecológica, feminista y antirracista. Para conmemorar estos 80 años, volvemos a publicar todos los miércoles hasta julio una serie de artículos que analizan en detalle la historia y los daños causados por estas dos instituciones.

Ecuador nos ofrece el ejemplo de un gobierno que adopta la decisión soberana de investigar el proceso de endeudamiento con el fin de identificar las deudas ilegítimas para después suspender su reembolso. La suspensión de pagos de una gran parte de la deuda comercial, seguida de su recompra a menos coste, muestra que el gobierno no se encerró en el discurso de denuncia. Procedió, de hecho, a una reestructuración unilateral de una parte de su deuda exterior, y consiguió una victoria contra sus acreedores privados, principalmente bancos. En 2007, el gobierno de Ecuador, al comienzo de la presidencia de Rafael Correa entró en conflicto con el Banco Mundial. En esta serie de tres artículos, comenzamos por analizar los préstamos concedidos por el Banco Mundial y el FMI, y luego explicaremos la acción del gobierno, principalmente en relación con la auditoría de la deuda y la suspensión de pagos de una parte de ella. Después, en la parte tres, abordaremos los límites de la acción del gobierno de Rafael Correa y, de manera sucinta, la política de su sucesor Lenín Moreno.

En Ecuador, el FMI impuso desde 1983 su programa que tenía por objetivo la estabilidad macroeconómica a corto plazo, con el fin de restablecer la capacidad del país para pagar sus deudas. Ese programa se materializó con la firma de una «carta de intención» entre el país endeudado y el FMI, que exigía una política antisocial (austeridad presupuestaria, devaluación, liberalización de precios, etc.) Entre 1983 y 2003, Ecuador firmó trece cartas de intención. Los gobiernos que se sucedieron en Ecuador, hasta la elección en noviembre de 2006 de Rafael Correa, no dudaron en poner su firma en esos documentos, a pesar del impacto ampliamente negativo de esas medidas que esos gobernantes recomendaban para la mayoría de la población. Desde 2017, el presidente Lenín Moreno cayó de nuevo en el entorno del FMI y del Banco Mundial, lo que provocó importantes movilizaciones populares especialmente en octubre de 2019.

El cambio radical neoliberal se profundizó, sobre todo, en la década de 1990, la de la consagración del Consenso de Washington (primer recuadro) y de la entrada de la economía ecuatoriana en la economía globalizada, en particular, a partir de la presidencia de la República de Sixto Durán Ballén, en 1992. Eso coincidía con la agenda del Banco Mundial, que aumentaba fuertemente su actividad y su influencia en Ecuador a partir de fines de los años 1980, comienzo de 1990. En Ecuador, como en numerosos países en desarrollo, el Banco Mundial concedía y concede préstamos ligados a medidas que tienen por fin la apertura de los mercados, la reducción del papel del Estado en la gestión económica y el aumento del poder de los bancos privados en la regulación de los flujos monetarios.

Se trata de una teorización realizada en 1989 por el economista británico John Williamson, profesor en Estados Unidos, sobre las medidas incluidas en los planes de ajuste estructural impuestos por el FMI a los PED, después de la crisis de la deuda de 1982. Ese consenso comprende un conjunto de diez medidas, tanto de shock, con efecto inmediato, como de reformas estructurales:

1.- Una estricta disciplina presupuestaria.

2.- La disminución de los gastos públicos juzgados poco rentables (presupuestos sociales, subvenciones a los productos de primera necesidad) y reorientación hacia sectores que ofrecen un fuerte rendimiento de las inversiones.

3.- La reforma fiscal (ampliación de la base impositiva, disminución de los tipos marginales) destinada a afectar más duramente a las familias modestas.

4.- La liberalización de los tipos de interés.

5.- Un tipo de cambio competitivo.

6.- La liberalización del comercio exterior.

7.- La liberalización de las inversiones directas extranjeras.

8.- La privatización de las empresas públicas.

9.- La desregulación de los mercados (por la abolición de barreras arancelarias a la entrada o a la salida).

10.- La protección de la propiedad privada, entre las cuales la propiedad intelectual.

La agenda declarada del Consenso de Washington tenía por objetivo reducir la pobreza mediante el crecimiento, el libre juego de las fuerzas del mercado, el libre comercio y la intervención más débil posible de los poderes públicos.

Fundamentalmente, la agenda oculta del Consenso de Washington es una política que tiene por objetivo garantizar el mantenimiento del liderazgo de Estados Unidos a escala mundial y, al mismo tiempo, eliminar del capitalismo los límites que le habían sido impuestos después de la Segunda Guerra Mundial. Esos límites eran el resultado combinado de potentes movilizaciones sociales, tanto en el Sur como en el Norte, de un comienzo de emancipación de algunos pueblos colonizados y de tentativas de salir del capitalismo. El Consenso de Washington es también la intensificación del modelo productivista y extractivista.

Durante las últimas décadas, en el marco de ese Consenso, el Banco Mundial y el FMI reforzaron sus medios de presión sobre un gran número de países, aprovechando la situación creada por la crisis de la deuda. El Banco Mundial desarrolló sus filiales (Sociedad Financiera Internacional–SFI, Agencia Multilateral de Garantías de Inversiones–AMGI, Centre Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones–CIADI) de manera de tejer una red cuyas mallas son cada vez más cerradas.

Por ejemplo, el Banco Mundial concede un préstamo con la condición de que el sistema de distribución y saneamiento del agua sea privatizado. Por consiguiente, la empresa pública se vende a un consorcio privado en el que, por azar, nos encontramos con la SFI, filial del Banco Mundial. Cuando la población afectada por la privatización se rebela contra el aumento brutal de las tarifas y la disminución en la calidad de los servicios, y que las autoridades públicas se enfrentan a la empresa transnacional, el litigio se confía al CIADI, que es a la vez juez y parte.

Se ha llegado a una situación en la que el Grupo Banco Mundial está presente en todos los niveles: 1) imposición y financiación de la privatización (Banco Mundial); 2) inversión en la empresa privatizada (SFI); 3) garantía de esa empresa (AMGI); 4) juicio en caso de litigio (CIADI).

Es precisamente lo que pasó en El Alto, en Bolivia, en 2004-2005. [1] La colaboración entre el Banco Mundial y el FMI es también fundamental para ejercer la máxima presión a los poderes públicos.

Una diferencia fundamental separa la agenda declarada del Consenso de Washington de su versión oculta: la agenda oculta es la que se aplica en realidad, que tiene por fin la sumisión de la esfera pública y privada de todas las sociedades humanas a la lógica de la búsqueda del máximo beneficio, en el marco del capitalismo. La implementación de esta agenda oculta implica la reproducción de la pobreza (y no su reducción) y el aumento de las desigualdades. Implica también una estagnación, incluso una degradación de las condiciones de vida de una gran mayoría de la población mundial, junto a una concentración cada vez mayor de la riqueza. Implica también una continuación de la degradación de los equilibrios ecológicos que pone en peligro el propio porvenir de la humanidad.

Una de las numerosas paradojas de la agenda oculta es que en nombre del fin de la dictadura de Estado y de la liberalización de las fuerzas del mercado, los gobiernos aliados a las transnacionales utilizan la acción coercitiva de instituciones públicas multilaterales (Banco Mundial–FMI–OMC) para imponer su modelo a los pueblos.

El Consenso de Washington no debe entenderse como un mecanismo de poder y un proyecto que se limitan al gobierno de Washington flanqueado del dúo Banco Mundial/FMI. La Comisión Europea, la mayoría de los gobiernos europeos, el gobierno japonés adhieren al Consenso de Washington y lo tradujeron a sus propios idiomas, proyectos constitucionales y programas políticos.

El Banco Mundial comparte, al lado de una clase política cómplice, la responsabilidad de un endeudamiento fraudulento e ilegítimo, que se efectuó en detrimento de los derechos humanos fundamentales y de la soberanía de los Estados.

La deuda de Ecuador con respecto al Banco Mundial (BIRD)

Entre 1990 y julio de 2007, el Banco Mundial (BIRD) le ingresó a Ecuador (en concepto de préstamos) 1.440 millones de dólares, mientras que en el mismo período el gobierno ecuatoriano le reembolsó 2.510 millones de dólares. Eso significa que durante el período 1990-julio de 2007, el Banco Mundial obtuvo un beneficio de 1.070 millones de dólares a costa del pueblo ecuatoriano. El Banco Mundial ya había sido más que reembolsado.

El saldo de la deuda pública con ese organismo alcanzaba los 704,4 millones de dólares, al 30 de noviembre de 2007.

Si Ecuador hubiese decidido en 2008 repudiar la totalidad de la deuda con el Banco Mundial (o sea 704,4 millones de dólares, como lo recomendaba la comisión de auditoría de la deuda (véase más adelante), esa decisión hubiera permitido economizar más de 1000 millones de dólares (ya que al capital a reembolsar era necesario agregar los intereses a pagar). Una suma así habría permitido financiar, durante 15 años, el desayuno y el almuerzo de 1,28 millones de escolares. [2] La suma economizada representaba cinco años de cobertura de salud para la población pobre y para la población indigente del país. [3]

La intervención del Banco Mundial en la definición de las políticas económicas y sociales aplicadas en Ecuador fue intensiva y permanente hasta 2006, y después de una interrupción de algunos años al comienzo del mandato de Rafael Correa, el Banco Mundial volvió a la carga. Varios préstamos importantes del Banco Mundial que Ecuador debe reembolsar hasta 2025, y más allá, apuntaban claramente al apoyo a los cambios de las leyes del país. Esas reformas favorecieron, incluso provocaron, varias crisis financieras durante los años 1990, entre las cuales la gran crisis bancaria de 1999 con terribles consecuencias sobre la economía y la población del país. [4] La intervención del Banco Mundial fue claramente nefasta y constituye, en resumen, un dolo para el país.

La responsabilidad del Banco en el estallido de la crisis financiera remonta a los años 1993-1994, mientas que, en el marco del proceso de «modernización» del Estado, el Banco efectuaba préstamos destinados a financiar la adopción de reformas legales cuyo objetivo era la desregulación completa del sector bancario, que culminó con la quiebra de los bancos en 1999.La ley de modernización del Estado, de privatizaciones y de prestaciones de servicios públicos por iniciativa privada de 1993 abría la puerta a la participación del sector privado en dominios que antes estaban reservados al Estado, así como la función o la supresión de instituciones públicas. Esta ley aumentó las atribuciones del Consejo Nacional de la Modernización (CONAM), entidad que trabaja en la privatización de los servicios públicos, especialmente en materia de hidrocarburos, de electricidad y de agua.La ley de régimen monetario y del Banco del Estado llegó para reforzar la independencia del Banco Central y consagraba la libre determinación de los tipos de interés y el libre acceso al mercado de cambios.La ley de promoción de inversiones de 1993 eliminó el control del flujo de capitales.La ley general de instituciones del sistema financiero de 1994 prosiguió con las profundas transformaciones en la liberalización de las actividades bancarias –oficinas offshore, multiplicación de entidades financieras, créditos del Banco Central a bancos privados (haciendo que la inflación explote), etc.– y reducir las capacidades y atribuciones de la supervisión bancaria.

Esas disposiciones legales llevaron a la creación en el Banco Central ecuatoriano de una cuenta única para todas las instituciones que debían recibir transferencias del ministerio de Economía y Finanzas. Eso tuvo por consecuencia la utilización de redes bancarias privadas y la reducción del número de cuentas que poseían las instituciones públicas en el Banco Central. Eso respondía al compromiso del gobierno ecuatoriano, en una carta de intención firmada en 1999 con el FMI, para preparar, con el concurso del Banco Mundial, una reforma global de las finanzas de las municipalidades, de los consejos provinciales y de otras entidades gubernamentales para disminuir las transferencias provenientes del gobierno central y para, supuestamente, mejorar las decisiones de gastos en el ámbito local y responder así por un sistema más transparente y más justo de participaciones en las recaudaciones públicas.

Como explica Piedad Mancero, que fue miembro de la comisión de auditoría de la deuda de Ecuador a partir de 2007: «Las consecuencias no tardaron en manifestarse: crecimiento desmesurado de empresas financieras, una primera crisis de las mismas en diciembre de 1995, especulación con las divisas, presión sobre el tipo de cambio, fuga de capitales ecuatorianos y el gran colapso bancario de 1998-1999. [...] Es evidente que los recursos del Banco Central para dichos créditos provenían de emisiones monetarias que generaban un crecimiento galopante del medio circulante e incontrolable presión inflacionaria, así como la demanda especulativa de divisas, lo cual contribuyó a la gran crisis financiera de 1999 y la precipitada adopción de la dolarización en enero del año 2000». [5]

Finalmente, en 1998, la Ley de Mercado de Capitales y la Ley de Reordenamiento en Materia Económica remataron el trabajo destructor del Banco Mundial. Se creó la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), que garantizaba los depósitos, off shore y on shore, de forma ilimitada, y posibilitaba que el Banco Central concediera créditos a los bancos en dificultades y adquiriera bonos AGD. [6] Aunque esta agencia fue creada oficialmente para evitar el contagio de la crisis y proteger a los pequeños ahorristas, su función en realidad ha sido favorecer a los propietarios y grandes deudores de los bancos privados, en particular los bancos Filanbanco y FINAGRO. [7]

La crisis financiera tuvo consecuencias desastrosas para el pueblo ecuatoriano. El costo total de la crisis, causado por la AGD, está estimado en 8.072 millones de dólares o sea, el equivalente al 83 % del presupuesto general del Estado en 2007, o incluso el equivalente a dos décadas de cobertura médica para toda la población. Esos recursos del Estado, utilizados en forma abusiva, no pudieron ser invertidos en educación, sanidad, creación de empleo, etc. Y sobre todo, el Estado debió financiar el rescate bancario contrayendo nuevas deudas. El nivel de pobreza aumentó en forma espectacular, y un millón de ecuatorianos y ecuatorianas se vieron obligados a emigrar entre 1999 y 2005. [8]

La responsabilidad del Banco Mundial en la crisis ecuatoriana está claramente comprometida, del hecho de su intervención activa ante las autoridades del país para que introdujeran unas reformas neoliberales en el marco legal que provocaron la crisis de finales de fines de los años 1990.

La desregulación financiera produjo los mismos efectos nefastos tanto en el Norte como en el Sur

Conviene evidenciar la relación entre las medidas impuestas a Ecuador, que condujeron a la crisis de 1999, y los efectos de las políticas neoliberales aplicadas igualmente a los países del Norte, especialmente en Estados Unidos, que también sufrieron varias crisis financieras (la crisis de 2001 y la de 2007-2008). La desregulación a favor del mundo de las finanzas, en el marco del Consenso de Washington, que respondía a las expectativas de la Casa Blanca y de Wall Street (como lo denunció varias veces Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía en 2001), se impuso tanto en el Norte como en el Sud, y produjo los mismos efectos catastróficos.

Esa desregulación rompía definitivamente con las medidas tomadas luego de la crisis de 1929, y de los años 1930 en Estados Unidos. Recordemos que esa crisis del siglo pasado había estado precedida por una ola de desregulaciones y de especulación. En reacción, durante la presidencia de F.D. Roosevelt, eso había conducido a la ley bancaria de 1933 la Glass-Steagall Act, que prohibía el ejercicio simultáneo de varias funciones financieras y generó dos tipos de establecimientos bancarios totalmente separados. En 1999, bajo la presidencia de Clinton, esa ley fue derogada debido a la presión de los grandes bancos. Así vemos que una misma política se aplicaba a Ecuador y a Estados Unidos.

En el meollo de los factores que explican la crisis inmobiliaria estadounidense de 2007, se encuentra la desregulación bancaria radical que comenzó en los años 1980 y se profundizó bajo la Administración Clinton hasta fines de 1990, en una situación de especulación creciente en los mercados financieros y en la multiplicación de productos financieros derivados y de instituciones financieras que escapan al control de los poderes públicos (por ejemplo los hedge funds). [9]

El Banco Mundial brindó su apoyo a las fuerzas financieras nacionales que en Ecuador actúan como si fueran dueñas del país y que aprovechan el Estado y el gobierno para llegar a sus fines egoístas. El Banco Mundial intervino para desestabilizar gobiernos que intentaron aplicar políticas económicas y sociales buscando más justicia social y soberanía frente a Estados Unidos.

Es esto lo que ocurrió en 2005, cuando la intervención del Banco Mundial contra las medidas tomadas por Rafael Correa, en ese momento ministro de Economía del gobierno de Alfredo Palacios (véase más adelante).

Desde comienzos de los años 1990, el Banco Mundial concede préstamos [10] a diferentes sectores económicos y sociales clave. Los ejes prioritarios son la reforma del marco legal para reducir la intervención del Estado, las privatizaciones de las empresas públicas, la flexibilización del mercado de trabajo, la desregulación y la liberalización financieras.

Una serie de préstamos concedidos por el Banco —préstamos de ajuste estructural (3819-EC/BM-Ajuste Estructural), de reducción de la deuda y de modernización del Estado (3820-EC, 3821-EC-Asistencia Técnica para la Reforma de las Empresas Públicas, 3822-EC-Asistencia Técnica para la Modernización del Estado)— fueron concebidos para reducir los márgenes de maniobra del Estado, para dejar el campo libre a los actores privados (en particular en los sectores de las telecomunicaciones y de la electricidad) y para garantizar el pago de la deuda ecuatoriana contraída con acreedores comerciales mediante la financiación de las garantías del Plan Brady.

Durante los años 1980, el plan Brady (llamado así por el nombre del secretario de Estado del Tesoro de Estados Unidos en ese momento) implicó una reestructuración de la deuda de los principales países endeudados con intercambio de acreencias antiguas, con una pérdida en valor nominal o en interés, contra los nuevos instrumentos obligatorios de vencimientos a más largo plazo y beneficiándose de una garantía de reembolso de las autoridades monetarias internacionales. Los países participantes eran Argentina, Brasil, Bulgaria, Costa Rica, Costa de Marfil, República Dominicana, Ecuador, Jordania, México, Nigeria, Panamá, Perú, Filipinas, Polonia, Rusia, Uruguay, Venezuela y Vietnam. En esa época, Nicholas Brady había anunciado que el volumen de la deuda se reduciría en un 30 % (en realidad, la reducción cuando se produjo fue mucho más pequeña; en muchos casos, y no de los menores, la deuda incluso aumentó, (véase más adelante) y los nuevos títulos (los títulos Brady) garantizaron un tipo de interés fijo de cerca del 6 %, lo que fue muy favorable para los banqueros. Eso aseguraba también la prosecución de las políticas de austeridad bajo el control del FMI y el Banco Mundial.

El Banco Mundial prestó a Ecuador para que éste modificara sus políticas fiscales y comerciales conforme a la mundialización neoliberal y reorientara sus actividades productivas hacia la exportación, en perjuicio del mercado local. Un primer préstamo (3609-Desarrollo Sector Privado), pensado para esos fines, fue desembolsado en 1993 [11], seguido en 1998 de otro destinado a sostener la capacidad exportadora del sector privado y suprimir las trabas al comercio por medio de la implantación de políticas comerciales conformes a las decisiones de la OMC, y la firma de nuevos acuerdos comerciales [12] (4346-Comercio Exterior e Integración-21 millones de dólares).

Al promover el cultivo intensivo de productos agrícolas destinados a la exportación (plátanos, camarones, flores), estos préstamos tuvieron consecuencias desastrosas sobre el ambiente, algunas irreversibles. Un ejemplo notable: la cría de camarones, el 90 % de cuya producción es exportado, produjo la destrucción de los manglares (en la actualidad arrasados en un 70 %), un ecosistema rico del que las comunidades locales obtenían sus ingresos, que constituían además una barrera natural que evitaba las inundaciones y la salinización del terreno. Esta actividad fue desarrollada incluso en zonas donde estaba prohibida, por ley, la construcción de piscinas de cultivo.

Para completar el desastre ecológico, el Banco financió directamente proyectos devastadores en los ámbitos de la agricultura y de la gestión de los recursos naturales (mineros, hídricos, etc.). Señalemos, entre otros, [13] el proyecto PRODEMINCA, en 1994 (3655-Asistencia Técnica Medio Ambiente), que comprendía la introducción de un nuevo código minero y reformas favorables a los inversionistas. Dos leyes (Trole I y II) crearon las condiciones para el saqueo de los recursos por las multinacionales al organizar el debilitamiento del papel del ministerio de Medio Ambiente y al permitir la actividad minera en áreas protegidas.

El Banco también elaboró un proyecto relativo a los pueblos indígenas (Préstamo 4277-O-EC-Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros de Ecuador). La finalidad del proyecto era favorecer las inversiones privadas, reducir el papel del Estado y modificar el marco legal. Además de endeudar el país, también hicieron endeudar a las comunidades indígenas. El proyecto trató de aumentar la dependencia de las comunidades indígenas y campesinas de las semillas, los herbicidas y los pesticidas provistos por compañías transnacionales, e incluso tuvo éxito. Este proyecto tenía aires racistas y discriminatorios con respecto a los pueblos indígenas y afrodescendientes. También contenía, sin ninguna duda, una agenda oculta cuyo objetivo podría ser el debilitamiento del poderoso movimiento indígena, especialmente la Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador.

Fueron numerosas las consecuencias muy negativas de esos préstamos para la mayoría de la población ecuatoriana. Un caso notable fue el de la disminución drástica del acceso a los servicios públicos. Así, el préstamo 3285 de 1991 por un monto de 104 millones de dólares para la financiación de la descentralización provocó la reducción de las sumas concedidas a las colectividades territoriales. Ese proyecto permitía a las IFI tener un mejor control sobre el presupuesto del Estado y hacer presión para aumentar la parte destinada al reembolso de la deuda. Según las condiciones del préstamo 3821 del 10 de febrero de 1995, estaba también prevista la reducción de los subsidios a la electricidad y la privatización futura de la empresa nacional INECEL.

En la misma línea, el ataque contra los salarios del sector público fue constante. El proyecto Asistencia Técnica para la Modernización del Estado provocó la supresión de 10.000 puestos de trabajo en la función pública. Los despidos representaron un coste asumido por el Estado de 396,3 millones de dólares. [14] El gobierno se endeudó así en casi 20 millones de dólares por este proyecto de reestructuración del sector público, con el fin especial de reducir los costes, y ¡le costó 20 veces más en reducción de personal!

Paralelamente, el préstamo 7174 de ajuste estructural y de consolidación fiscal concedido en 2003, implementó el decreto de austeridad de urgencia emitido por el presidente Lucio Gutiérrez a fines de enero de 2003, que instauraba un aumento del precio de la gasolina del 21 % y del diesel del 3 %. Esa medida produjo el aumento de los costes de transporte, y por lo tanto, en general, del coste de la vida, ya que las mercaderías deben ser transportadas.

En materia de educación, el préstamo 3425 «Primer proyecto de desarrollo social en educación y formación» disminuyó la financiación del sector educativo y la hizo pasar del 18 % del presupuesto, antes del crédito, al 5,8 % en el año 2000. Era evidente que esa diferencia se había destinado al servicio de la deuda y a la puesta en marcha de políticas favorables a los acreedores y a la clase dominante ecuatoriana.

Esos préstamos ligados a condicionalidades que tienen por objetivo la introducción de las políticas agresivas y antisociales del Consenso de Washington acarrearon el aumento de la pobreza y de la extrema pobreza. En todo el período 1970-2005, la pobreza aumentó considerablemente. En 1970, el 40 % de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza y en 2005, ese porcentaje llegaba al 61 %. [15] Ese empobrecimiento fue particularmente agudo durante la crisis de 1999. Entre 1995 y 2000, el número de pobres pasó de 3,9 millones (o sea, el 34 % de la población) a 9,1 millones (o sea, el 71 % de la población), mientras que la pobreza extrema prácticamente se duplicó, afectando al 31 % de la población en 2000. Durante ese tiempo, los ricos fueron cada vez más ricos. En 1990, el 20 % más rico recibía el 52 % de los ingresos; 10 años más tarde, acaparaban el 61 % de las riquezas. [16] Esa pobreza afectaba particularmente a los habitantes de las zonas rurales y a los pequeños productores y productoras agrícolas, que sufrieron la apertura de los mercados, el aumento del precio de los insumos, la puesta en marcha de un sistema de propiedad privada de las tierras, etc.

Según un informe de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) con fecha de 2003, la pobreza es responsable de los problemas de desnutrición observados en el país: en efecto, la oferta alimentaria era suficiente para cubrir las necesidades de la población pero la desigualdad de los ingresos no permitía a los más pobres alimentarse de forma suficiente.

La pobreza creciente tuvo también consecuencias en el acceso a la sanidad y a la educación. La precarización de los empleos, el aumento del desempleo, la extensión del trabajo informal y precario, así como los bajos salarios llevaron a un mayor número de niños y de adolescentes a abandonar el sistema escolar para poder ayudar a la familia.

Para que Ecuador saliera de la crisis, el Banco Mundial aportó «sus soluciones»: continuar, e incluso reforzar, la orientación que condujo a la crisis (7024-0-EC-Ajuste Estructural, 7174-0-EC-Asistencia Técnica Modernización del Estado, 4567-0-EC-Asistencia Técnica Sector Financiero).

La población manifestó muchas veces y masivamente su descontento, lo que llevó a la caída de varios presidentes durante los años 1990 y comienzos de los años 2000, y consiguió hacer fracasar algunos objetivos de la banca, especialmente las tentativas de privatizaciones. Tres presidentes de derecha fueron expulsados del poder entre 1997 y 2005 gracias a las potentes movilizaciones de la población: Abdalá Bucaram en febrero de 1997, Jalil Mahuad en enero de 2000 y Lucio Gutiérrez en abril de 2005. Fueron determinantes las movilizaciones de los pueblos originarios en la dimisión de Abdulá Bucaram en 1997 y de Jalil Mahuad en 2000. En esas movilizaciones, la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) tuvo un papel muy importante. Cuando se produjo la dimisión de Lucio Gutiérrez fueron las movilizaciones urbanas las determinantes. Entre los muchos signos evidentes de oposición a los políticos neoliberales, podríamos agregar también el fracaso del referéndum de 1995 que tenía por fin, especialmente, la privatización de la seguridad social. [17]

Fin de la primera parte

Traducción: Griselda Piñero

Parte 2: Ecuador: Resistencias a las políticas determinadas por el Banco Mundial, el FMI y otros acreedores entre 2007 y 2011

[1] Véase Éric Tousaint, «Bolivia: avances sobre los bienes comunes y la reforma constitucional», publicado el 10 de enero de 2008, http://www.cadtm.org/Bolivia-avances-sobre-los-bienes

[2] Cálculos del autor sobre la base del documento de la Comisión Investigadora de la Crisis Económica Financiera. Síntesis de los resultados de la investigación. Julio 2007, p. 45

[3] Idem.

[4] Véase Matthieu Le Quang entrevistado por Violaine Delteil, «Entre el buen vivir y el neoextractivismo: les quadratures de la politique économique équatorienne» en Revue de la Régulation, primer semestre 2019, https://journals.openedition.org/regulation/15076 (consultado el 30 de diciembre de 2020)

[5] Piedad Mancero, El debilitamiento institucional en la década de los 90. Investigación y análisis del préstamo BIRF -3822 -EC/Proyecto de modernización del Estado.

[6] Esta última parte de la ley violaba el artículo 265 de la Constitución. Este artículo dispone que el Banco Central no puede adquirir bonos emitidos por instituciones del Estado ni conceder créditos a instituciones privadas que no sean créditos de liquidez a corto plazo. La sanción de esta ley fue posible gracias a la Disposición Transitoria 42 de la Constitución de 1998, que autoriza durante dos años al Banco Central a conceder créditos a los bancos en crisis. Esta Disposición Transitoria entra en contradicción con el artículo 265 de esa misma Constitución.

[7] Informe de la Comisión Investigadora de la Crisis Económica Financiera, julio de 2007.

[8] Informe de la Comisión Investigadora de la Crisis Económica Financiera, junio de 2007.

[9] Hedge Funds : estos fondos, contrariamente al significado de su nombre, cobertura, son fondos de inversiones no cotizables, de especulación, que buscan rentabilidades elevadas y utilizan en forma abundante los productos derivados, en particular las opciones, y recurren frecuentemente al efecto palanca. Los principales hedge funds son independientes de los bancos, aunque con frecuencia los bancos se dotan a sí mismos de hedge funds. Estos forman parte del shadow banking.

[10] Préstamos de ajuste estructural (Structural Ajustment Loan), sectorial (Sectorial Adjustment Loan), o facilidades para la reducción de la pobreza, y el crecimiento (FRPC, Poverty Reduction and Growth Facilities, PRGF)

[11] Estaban previstas una serie de condicionalidades: entre otras, la búsqueda de la liberalización de los tipos de interés, la creación de un marco favorable para las inversiones extranjeras, la liberalización comercial y una nueva legislación laboral.

[12] El proyecto preveía para eso la reorganización del ministerio de Comercio, de Industria y Pesca (MICIP) y la creación de una nueva entidad pública-privada de promoción de las exportaciones, la Corporación para la Promoción de las Exportaciones e Inversiones (CORPEI). El proyecto financió la «formación» de funcionarios del MICIP y de representantes del sector privado en la negociación de los acuerdos financieros internacionales. Por otra parte, el Banco exigió la reducción del personal del MICIP de 400 a 190 funcionarios. El gobierno había aprobado previamente un código de buena conducta para la adopción y aplicación de las normas de los acuerdos con la OMC relativos a las barreras técnicas al comercio.

[13] El Banco Mundial financió numerosos proyectos que atentaron contra el ambiente y /o produjeron perjuicios a la soberanía alimentaria y a los recursos naturales de Ecuador: los proyectos Asistencia Técnica al Subsector Riego PAT (Préstamos 3730), PROMSA (Préstamo 4075-0-EC), PRAGUAS I y II (Préstamos 7035-O-EC, 7401-O-EC), Control de inundaciones Cuenca Bajas Río Guayas (Préstamos 3276), entre otros.

[14] Piedad Mancero, El debilitamiento institucional en la década de los 90. Investigación y análisis del préstamo BIRF -3822 -EC/Proyecto de modernización del Estado.

[15] Norma Mena, “Endeudamiento, ajuste estructural, calidad de vida y migración “, p.13. CEIDEX, Tercer volumen.

[16] Alberto Acosta, «Deuda externa y migración: una relación incestuosa (I)», 09/09/2002, http://www.lainsignia.org/2002/septiembre/dial_001.htm.

[17] Consultad aquí sobre esos temas: https://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_de_Ecuador_de_1995

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Eric Toussaint

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