IRA POR BRUTALIDAD POLICIAL Y POLÍTICA FASCISTA DE DUQUE AVIVAN TENSIÓN EN COLOMBIA

La agitada jornada comenzó con el primer balance de las autoridades sobre lo que ocurrió el día anterior, en el que murieron siete jóvenes de entre 17 y 27 años en Bogotá y tres más en Soacha, ciudad aledaña a la capital colombiana.

Las protestas violentas contra la brutalidad policial, desatadas por la muerte de un hombre de 46 años en Bogotá y que la víspera dejaron diez víctimas mortales, continuaron este jueves con disturbios en diferentes ciudades del país.

La agitada jornada comenzó muy temprano con el primer balance de las autoridades sobre lo que ocurrió el día anterior, en el que murieron siete jóvenes de entre 17 y 27 años en Bogotá y tres más en Soacha, ciudad aledaña a la capital colombiana.

Solamente en Bogotá, la caótica noche del miércoles, en la que hubo incendios de instalaciones policiales y autobuses en varios puntos de la ciudad, hubo 379 heridos, de los cuales 66 fueron impactados con armas de fuego.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, criticó con dureza la respuesta policial a los desórdenes y equiparó el número de heridos por disparos a los resultados de un combate.

López cuestionó además el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de miembros de la Policía a quienes pidió "reconocer con humildad" que hubo "un ataque directo a varios ciudadanos".

En la noche de este jueves el blanco de las protestas fueron nuevamente los Comandos de Acción Inmediata (CAI) de la Policía, atacados con piedras y otros objetos y obligaron en algunos casos a la intervención de unidades antimotines.

La mayor concentración ocurrió en el CAI de Villa Luz, donde trabajaban los dos uniformados involucrados en la muerte de Javier Ordóñez, cuyo fallecimiento avivó las protestas callejeras.

Si bien allí hubo disturbios e incluso agitadores trataron de incendiar de nuevo la instalación policial, las situaciones más difíciles se vieron en otros barrios en los que se produjeron choques con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía.

En esos disturbios los manifestantes prendieron fuego y destruyeron los CAI de barrios como Las Ferias y La Macarena, e incluso volvieron a atacar lo que quedó de los de La Gaitana y Verbenal, destruidos la víspera, entre otros.

En el barrio Zona Franca, de la localidad occidental de Fontibón, algunos vecinos formaron una cadena humana para evitar que atacaran un CAI.

Sin embargo, eso no evitó que comenzaran a caer piedras y palos contra la infraestructura y que se desatara un enfrentamiento entre los manifestantes y el Esmad hasta que la situación llegó a un punto en el que ciudadanos denunciaron en las redes sociales que uniformados hicieron disparos al aire.

También hubo desórdenes en otras ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, Pereira y Cúcuta.

Sin embargo, una de las situaciones más graves sucedió en Cajicá, municipio cercano a Bogotá, donde ocurrió una asonada y la Alcaldía decretó un toque de queda por los desmanes en vigor desde las 17.00 horas.

Pese a ello, hubo quienes permanecieron en la calle de noche e ingresaron a la sede de la Alcaldía, que fue saqueada.

"Esta no es la forma de protestar, esta no es la forma de reaccionar (...) Han destruido la administración municipal, ha destruido la estación de Policía y están destruyendo los locales comerciales", dijo el alcalde del municipio, Fabio Ramírez.

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derehos Humanos advirtió que hubo defensores de derechos humanos detenidos por la Policía en Bogotá y en Villavicencio, capital del céntrico departamento del Meta.

"En cumplimiento de nuestro mandato estamos haciendo seguimiento a los casos de los defensores y defensoras de DD.HH. detenidos en Bogotá y Villavicencio. Es fundamental ofrecer garantías para labor de defensa de derechos humanos durante jornadas de protesta social", expresó el organismo en sus redes sociales.

También el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) denunció que la Policía tuvo retenidas "de forma irregular" a 25 personas en una estación policial del barrio de Usaquén, en el norte de Bogotá. Posteriormente el Cajar señaló que "fueron dejadas en libertad".

La compleja situación de seguridad que vive Bogotá obligó a la Alcaldía a adelantar de las 23.00 a las 20.00 hora local el cierre de la operación del sistema de autobuses Transmilenio.

Sobre las muertes del miércoles, el caso de Julieth Ramírez Mesa, una estudiante de psicología próxima a cumplir 19 años, fue uno de los que más generó estupor, pues su familia dice que murió al ser alcanzada por una bala perdida cuando salió a encontrarse con una amiga pues no participaba en las protestas.

"No sé si hace parte de la Policía o de los malandros, qué se yo, me mataron a mi hija", dijo a periodistas Harold Ramírez, padre de la joven, quien recibió un disparo al quedar en medio de los desórdenes en La Gaitana, barrio del noroeste de Bogotá.

Igualmente la pareja del joven Jaider Alexander Fonseca, de 17, otra de las víctimas mortales, dijo a medios locales: "Exijo justicia, que hagan caer todo el peso de la ley sobre los responsables" y culpó a la Policía de "dejar un niño de siete meses sin padre".

Fonseca fue herido en una calle del barrio Verbenal, en el norte de Bogotá, y falleció en la Fundación Cardio Infantil, donde fue ingresado por heridas de bala.

"No tenía educación porque no tenía acceso a la educación, no tenía trabajo, estaba ilusionado porque iba a cumplir 18 años y trataba de conseguir trabajo porque tenía un niño de siete meses, es una familia que queda sin papá", manifestó, por su parte, Luz Mary Fonseca, tía del joven.

En memoria de Fonseca y de Cristian Hernández, quien trabajaba como mensajero, vecinos de Verbenal hicieron esta noche una velatón en una calle del barrio en la que además pidieron justicia ya que, según dijeron, ninguno de los dos participaba en los desórdenes cuando fueron muertos a balazos.

Diez muertos y más de 200 heridos, 66 por armas de fuego, en los disturbios tras la muerte de Javier Ordóñez por la policía

CATALINA OQUENDO

La ira por la brutalidad policial contra Javier Ordóñez, un abogado que murió tras recibir descargas de pistola taser cuando suplicaba a los agentes que se detuvieran, ha avivado una llama que en Bogotá venía acumulada desde las protestas de 2019 y que, entre otras cosas, había paralizado la pandemia. Diez personas murieron y 248 resultaron heridas, 66 de ellas por armas de fuego, durante los enfrentamientos con la policía en protesta por la muerte de Ordóñez: “Una masacre contra jóvenes”, en palabras de la alcaldesa de la capital colombiana, Claudia López.

La regidora aseguró que “hay evidencia sólida en al menos cuatro sitios de la ciudad del uso indiscriminado de armas de fuego por parte de miembros de la Policía atentando contra la vida de nuestros jóvenes”. El hecho eleva la tensión entre el Gobierno central y el local por el manejo de la violencia. “Señor presidente Duque, usted es el comandante en jefe de la Policía, le ruego que ordene a sus miembros que no usen armas de fuego. Esa instrucción se desconoció ayer”, dijo López visiblemente molesta.

Durante más de ocho horas, la capital colombiana vivió un escalamiento de disturbios que empezaron con pedreas e incendios a los Comandos de Acción Inmediata de la Policía (CAI), siguió con una batalla con gases lacrimógenos y destrozos al transporte público, tanquetas del Escuadrón Antidisturbios que repelían a los manifestantes y disparos que acabaron con la vida de varios jóvenes. Los vídeos que circulaban por las redes sociales en la larga noche de miércoles avizoraban que habría muertos y estos se fueron confirmando en la madrugada en los hospitales de la ciudad.

La mayoría de las víctimas mortales fueron jóvenes alcanzados por disparos en la calle. Uno de los casos más impactantes fue el de Cristian Hernández, que según su familia volvía de trabajar y recibió un impacto de bala en la cara y murió en la calle, como quedó grabado. O el de Jaider Fonseca, de 17 años, que murió tras cuatro disparos mientras participaba en las manifestaciones y el de Julieth Ramírez, una estudiante de psicología e inglés de 19 años, víctima de una bala perdida, entre otros.

El Gobierno de Iván Duque no había aclarado este jueves al mediodía de dónde provinieron esas ráfagas. En la tarde del miércoles las palabras del presidente causaron indignación cuando dijo que había visto “hechos dolorosos el día de hoy pero hemos visto también la actitud gallarda, férrea, no solamente de los comandantes de la policía sino también del señor ministro de la Defensa y de toda la institucionalidad para que se hagan las investigaciones”.

Tras los disturbios, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo en rueda de prensa que fue una noche de vandalismo y habló de 93 policías lesionados y de destrozos a 56 instalaciones policiales, de las cuales 22 fueron incendiadas. Y cuando un periodista lo increpó por enviar condolencias a la familia de los policías y del abogado, pero no a las de los civiles muertos en la madrugada, Trujillo aseguró que “no se puede insinuar que el Gobierno tenga actitudes parciales”.

Sin embargo, la alcaldesa de Bogotá fue tajante y aseguró que lo que pasó en la noche fue “un atentado directo a ciudadanos inermes, a civiles. Eso es el equivalente a un combate, no fue un mero abuso policial” agregó e insistió en que la Policía debe ser un organismo civil de convivencia y no militar. “Destruir a Bogotá no va a arreglar la Policía”, dijo.

Mientras se eleva la tensión política y desde varios sectores se pide que sea la Procuraduría quien asuma las investigaciones sobre lo ocurrido, el Gobierno de Iván Duque anunció que habrá más militares en las calles. “Se reforzará el dispositivo de policía en Bogotá con 750 uniformados, más 850 que llegan de otras regiones del país; 300 soldados de la Brigada 13 del Ejército apoyarán la labor de la Policía Nacional en la capital del país”, informó el Ministerio.

Para el ministro de Defensa, los disturbios guardan relación con una “campaña institucional” promovida desde las redes sociales. “Se identificaron perfiles que incitaron a realizar acciones vandálicas y de violencia contra instalaciones y policías, lo cual es un delito”, dijo Trujillo quien aclaró que “eso no significa que los culpables no tengan que pagar las consecuencias, pero el contexto debe ser tenido en cuenta por parte de la opinión colombiana”. Durante una extensa conferencia de prensa, aseguró también que hay páginas destinadas a la deslegitimación de la Policía y el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Sin embargo ese pedido trasciende las redes sociales y no es nuevo, viene desde 2019 cuando ese escuadrón disparó y mató a Dilan Cruz, durante una protesta pacífica contra el Gobierno de Iván Duque. Para ese caso se creó una Comisión de la Procuraduría General de la Nación y se exigió el desmonte de las escopetas con munición tipo Bean Bag, que le causaron la muerte a ese joven. Esa misma solicitud se ha vuelto a activar por parte de organismos de derechos humanos y de la Alcaldía de Bogotá, que pidió que se avance en un proyecto de Ley para reformar los protocolos de acción de la Policía y no se usen las llamadas armas no letales como las pistolas taser o eléctricas.

El Gobierno nacional insiste en que la Policía es “querida por los colombianos” y se “está tratando injuriosamente de señalar a todos sus miembros de conductas cometidas por algunos de ellos”. Sin embargo, la realidad es que las últimas encuestas revelan que la confianza en esta institución se encuentra en un foso al que no habían caído en los últimos años. Ahora, además de investigar qué ocurrió con la muerte del abogado Javier Ordóñez, se tendrá que aclarar también quién disparó con armas de fuego contra diez personas en una noche de caos en la capital colombiana.

Un abogado de 43 años que desafió el toque de queda en Bogotá por el Covid-19 murió tras recibir varias descargas eléctricas con una taser

Bogotá. La capital colombiana y sus alrededores eran escenario anoche de enfrentamientos entre manifestantes y policías, luego de que por la noche del miércoles al jueves murieron 10 personas, cerca de 400 resultaron heridas y unas 60 instalaciones policiales fueron atacadas tras el asesinato del abogado Javier Ordóñez a manos de dos uniformados que le aplicaron descargas eléctricas.

Al cierre de esta edición se reportaron nuevas movilizaciones en las ciudades de Medellín, Barranquilla y Manizales. El diario El Tiempo reportó en su página web que había enfrentamientos en algunas de esas ciudades.

Las manifestaciones y los disturbios estallaron tras la agresión policial a Ordóñez, de 43 años y padre de dos hijos, quien falleció luego de que estando ya sometido y en el suelo recibió repetidas descargas con un arma eléctrica taser, en circunstancias que las autoridades investigan.

Ya, por favor, no más, se escucha suplicar varias veces en un video subido a redes sociales, que evoca el caso del afroestadunidense George Floyd, asfixiado en mayo en Minneapolis por un policía blanco.

Ordóñez salió la noche del martes con dos amigos a comprar bebidas alcohólicas, en desafío a la cuarentena impuesta por el Covid-91. Dos policías en motocicleta se presentaron en la zona de Engativá, en el occidente de la capital, tras el reporte de un vecino.

Uno de los uniformados advirtió a Ordóñez que lo multaría, a lo que el abogado respondió que haría el pago. Entonces fue sometido con las descargas eléctricas. Sus amigos filmaron el ataque. Ordóñez fue llevado después a la estación policial, donde, según uno de sus acompañantes, fue molido a golpes, y luego conducido a una clínica, donde murió.

Tras viralizarse los videos del asesinato, las protestas comenzaron a multiplicarse antenoche. Las autoridades reportaron que hasta ayer a las cuatro de la tarde había 10 muertos; 209 civiles que tuvieron que ser hospitalizados, de ellos 179 en Bogotá, y además hubo 188 policías lesionados, refirió El Tiempo.

Las protestas contra la violencia policial se propagaron desde antenoche a otros puntos de la capital y se extendieron a Medellín, Cali y Barranquilla.

En Bogotá se reportaban movilizaciones anoche en siete puntos, así como en las cercanas localidades de Fontibón, Soacha y Cajicá.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, opositora del gobierno nacional, denunció que la policía usó indiscriminadamente la fuerza y las armas de fuego contra los manifestantes. ¿Qué clase de entrenamiento reciben para tener esa respuesta absolutamente desproporcionada ante una protesta?, preguntó al pedir una reforma profunda a la policía.

Al lamentar el saldo de los enfrentamientos que culminaron la madrugada de ayer, expresó: Eso no ocurrió ni en un combate en las peores épocas del conflicto armado en Colombia.

Descartó el toque de queda al cuestionar: ¿De verdad queremos una razón más de confrontación entre la ciudadanía y los policías? Lo que tenemos que lograr es aliviar las tensiones.

El ultraderechista ex presidente Álvaro Uribe, en prisión domiciliaria por el juicio que enfrenta por fraude procesal, tuiteó: Mejor toque de queda del gobierno nacional, fuerzas armadas en la calle, con sus vehículos y tanquetas, deportación de extranjeros vándalos y captura de autores intelectuales. Mejor que muertos, policías heridos, que destrucción de CAIS (instalaciones policiales), riesgos a Transmilenio y al Tranvía de Medellin.

El presidente Iván Duque prometió una investigación con total rigor para tener absoluta certeza sobre los hechos, pero rechazó que se estigmatice y se les llame asesinos a los uniformados.

Según la alcaldesa López, en lo que va del año se han presentado 137 denuncias por uso excesivo de la fuerza de la policía en Bogotá. Hay un problema estructural de casos de abuso y, además, impunidad, sostuvo.

En medio de nuevos llamados a manifestaciones, el gobierno anunció que reforzará a las fuerzas de seguridad de Bogotá con mil 600 policías y 300 militares.

Dos de los escándalos por abusos policiales ocurrieron con anterioridad también en Bogotá.

En noviembre de 2019, Dilan Cruz, de 18 años, quien participaba en una protesta antigubernamental, fue herido de muerte en la cabeza con una munición de perdigones disparada por un miembro del escuadrón antidisturbios de Bogotá.

En agosto de 2011, un artista urbano identificado como Diego Becerra murió luego de que un policía le disparó mientras pintaba un grafiti en la capital del país.

"El gobierno de Duque, que a su vez es el de Uribe, es la bestialidad más horrenda que nos haya llegado en los últimos veinte años"

John Jairo León Muñoz

Y en Colombia ese infierno es la constante, sucede todos los días. El martes 8 de agosto, Javier Ordóñez, un abogado de cuarenta y seis años, fue asesinado en Bogotá por la policía nacional con una pistola taser, lo que ha provocado la rabia de una sociedad cansada, hastiada de la bestialidad del Estado y sus políticas mezquinas. Su muerte generó indignación, por lo que una multitud de estudiantes, de amas de casa, de trabajadores, de obreros y de profesionales salió a decir con una rabia represada: paren ya este genocidio. Y en medio de gritos pidiendo justicia al cuerpo policial por sus políticas represivas, producto de un Estado fascista, como respuesta la policía ha asesinado seis jóvenes más. Una masacre más, de las 52 ocurridas en menos de dos años en este narcogobierno duquista.

La muerte ese otro lugar del que sabemos tan poco y a veces queriendo que sea un lugar lejano para llegar y que se vuelve tan cercano y tan sorpresivo para cualquier colombiano. En algunos lugares de Latinoamérica y del mundo, la muerte (antes del Coronavirus) era esquiva, se acercaba uno, a ese Estado, por los años que iban desgastando el cuerpo con el trabajo, como en Uruguay y en Suiza. Y así debería ser, la vejez digna y la muerte digna como premio de la vida.

En Colombia el virus ya estaba instalado y se llama Policía Nacional. Se llama Ejército Nacional de Colombia. Se llama Álvaro Uribe Vélez, Centro Democrático, Falsos Positivos, Agro Ingreso Seguro, Chuzadas del Das, Masacre del Aro, Yidispolítica. Se llama corrupción, Hidroituango, Ruta del Sol. Se llama Sarmiento Ángulo. Se llama periodistas arrodillados y voceros de las mentiras del Estado. Se llama repetir información sin analizar su fondo. Se llama ministerio de justicia que su finalidad es proporcionar injusticia. Se llama ministerio de educación que como política tiene volver más difícil acceder a ella. Se llama borrar la paz y sus acuerdos. Frente a ese virus ya hay vacuna, se llama educación a la población y Colombia está lejos de querer aplicar su antídoto.

El riesgo en Colombia es que quieras protestar frente a la opresión. El riesgo es que quieras generar un discurso crítico frente al gobierno. El riesgo es que hagas periodismo serio, denuncias argumentadas. El riesgo es que quieras defender la tierra, defender las ideas que deben resistir a la tragedia de la muerte en vida. El riesgo es querer proteger los indígenas. El riesgo es luchar por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y buscar una política incluyente en la diversidad. El riesgo es querer colocar el agua primero que el fracking y el glifosato. Si eso ocurre, si se alza la voz, las posibilidades de desaparición en Colombia se vuelven mayores. Y, después de la tragedia, de la masacre, de la usurpación, se viene el discurso del gobierno frente a las cámaras de los noticieros: “Se están haciendo todas las investigaciones y caerá todo el peso de la ley frente a los culpables”. O “la policía es una institución de respeto y una o dos manzanas podridas no deben empañar el buen funcionamiento de sus integrantes”. O “los protestantes son vándalos, infiltrados del ELN y disidencias de las Farc”. O a las masacres se les llama en vez de masacres: “homicidios colectivos”.

Jorge Ordóñez compartía con algunos amigos y se tomaba unas cervezas, y entre chorro y chorro se contaban seguramente lo que ha significado tanto encierro, tanto despido masivo en las empresas, tanta hambre en las calles, tanta improvisación del estado, tanto antibacterial e hipoclorito que reseca las manos, tanta deuda pendiente. Y, sí, seguro estaba violando esa “nueva normalidad” de la que se ha venido hablando con la pandemia, hasta que llegó la policía a inmovilizarlo y causarle la muerte: once veces descargó la pistola taser sobre Jorge quien pedía con el último aire que le permitían la fuerza de sus pulmones: "Por favor suéltenme. Por favor. Por favor". ¿Qué tenía que decirles para que lo soltaran? ¿Lo mataron por estar borracho? ¿Cuál fue su agresión a la policía? ¿Fue una muerte premeditada para hacer olvidar a este país que Uribe está en la cárcel y que Salvatore Mancuso quiere declarar y que Jorge Cuarenta también? ¿Qué será que quieren que olvidemos? Que nos gobierna la nada, el inútil en un poder vitalicio.

Y, en medio de tantas preguntas, a las que seguro el encuentro de sus respuestas no justifican la muerte de un ser humano, también se pregunta la gente: ¿Y qué será la "nueva normalidad"? ¿Volverá la “vieja normalidad”? ¿Qué es lo que ya se puede hacer y lo que no? ¿Cada cuánto cambian el pico y placa? Se anuncian las políticas y las nuevas reglamentaciones para vivir en esta permanente pandemia que no es solo un virus, sino muchos en forma de muertes discriminadas y a quemarropa de líderes sociales y de una juventud que se cansa de vivir en un país que todos los días da vergüenza hacer parte de él. ¿Cómo tomar en serio a una alcaldesa? unos días dice Claudia López: cerremos aeropuertos y otros días abramos aeropuertos. Otros días dice no al TransMilenio por la séptima y otros días hagamos TransMilenio por la Séptima. Otros días cerremos el comercio y otros abramos el comercio. Unos días habla del Plan Marshall para activar la economía en Bogotá y otro día retira el proyecto y no lo presenta frente al Concejo de Bogotá. Otros días dice que la policía de su alcaldía está para contribuir al orden y, ella como jefe de la policía no contribuye a ese orden, al contrario aparece el caos: la bala perdida, la juventud ensangrentada. La gente pide una “nueva normalidad” con trabajo, salud, educación, dignidad. ¿Cómo tomar en serio un presidente que gobierna para los intereses de un expresidente y no para el de todos los colombianos?

La frase “El infierno es posible. Ha sucedido y puede volver a suceder” es de la alemana Hannah Arendt, el fascismo puede volver a suceder. Y ha sucedido, y en Colombia en este narcoestado está sucediendo. El gobierno de Duque, que a su vez es el de Uribe, es la bestialidad más horrenda que nos haya llegado en los últimos veinte años, incluso está superando lo que fue la seguridad democrática liderada en sus años de gobierno por el mal llamado Álvaro Uribe Vélez. Aprendieron cómo robarse todo, cómo adueñarse de todo y esta vez vienen a apropiarse de la Procuraduría, de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo, de las empresas públicas, del agua y de la tierra y de lo que da la tierra, del Congreso y, pronto, su jaque mate estará entre peones y reinas, directo a la Corte Suprema de Justicia.

Lo vivido en Colombia los últimos días es un ejemplo fehaciente de que estamos frente a un Estado fallido. El narcotráfico se ha tomado el poder y camuflado bajo una democracia ha instaurado el fascismo al mejor estilo de Hitler o Mussolini: quien no está conmigo, está contra mí. Bajo esa premisa persigue y calla a los líderes de la oposición, crea decretos que favorece a los banqueros, apoya empresas extranjeras como Avianca, legisla para que se acepte trabajar por horas en condiciones cada vez más miserables, le quita el presupuesto al arte, a la educación, al deporte y redobla estrategias para volver a la guerra. Y mientras todo avanza, mientras centramos nuestra atención frente a la sangre en el asfalto y que también tiñe el amarillo de los campos de girasoles, se viene, seguro y certero, el anuncio del fiscal “amiguis” sobre la inocencia de Uribe. Antes de que eso pase vendrá otra masacre tan atroz que nos hará olvidar que se dejó en libertad al expresidente. Así operan, así hacen sus vueltas. En ese momento el agua ya será de una multinacional, la justicia estará a merced del Clan del Golfo y el derecho sobre la vida de los jóvenes estará en potestad de la policía.

Fuente:

https://www.blogger.com/blog/post/edit/1399589182669067293/3708698105455709083

El asesinato de Javier Ordoñez el 8 de septiembre, a manos de la policía en el noroccidente de Bogotá, desató la furia contenida de las masas populares en las principales ciudades del país, especialmente en la capital, donde los enfrentamientos con las fuerzas represivas se prolongaron hasta altas horas de la noche del 9 de septiembre.

Los actos violentos desplegados contra los puestos de policía y sus vehículos, así como contra otras instituciones del Estado, son la justa respuesta al terrorismo impuesto por el régimen mafioso, que no cesa en su carrera de masacrar, asesinar y perseguir al pueblo y a sus dirigentes.

No fueron actos vandálicos de unos cuantos desadaptados sino la expresión de la justa rebelión de las masas oprimidas y desposeídas contra el terrorismo Estatal y el régimen criminal. Por la composición mayoritaria de los combatientes, fue un levantamiento de la juventud que los comunistas saludamos y respaldamos, porque a la violencia reaccionaria del Estado es justo oponer la violencia revolucionaria del pueblo.

La respuesta del Estado terrorista y sus fuerzas represivas en Bogotá fue disparar contra los manifestantes dejando como saldo 7 muertos y 248 heridos, 58 de ellos por las balas policiales, además de los golpeados y gaseados por el escuadrón asesino del ESMAD. No suficiente con la nueva masacre, el gobierno nacional y la alcaldía sedientos de sangre, decidieron aumentar el número de efectivos con 1600 policías y 300 soldados, en el vano intento de aplastar la indignación del pueblo, que continuará saliendo a las calles desafiando la bota militar.

Los hechos confirman que no se trata de unos cuantos asesinos a quienes hay que juzgar, sino de una política de Estado. Demuestran además que todas las instituciones de esa máquina de opresión llamada Estado, cuyo pilar central son justamente las fuerzas militares, no están al servicio ni para proteger a los ciudadanos en general, sino para defender a sangre y fuego los privilegios de las clases explotadoras y garantizar que funcione sin alteraciones el orden que surte sus ganancias, indep endiente de quienes estén en el gobierno.

Por ello, ¡La rebelión se justifica! Pero se necesita generalizar los combates avanzando a la Huelga Política de Masas, al Paro General Indefinido que frene el terrorismo de Estado y la voracidad de las clases dominantes, lo cual exige un mayor grado de organización y de preparación.

En tal sentido, desde Revolución Obrera, órgano de la Unión Obrera Comunista (mlm) y voz de los explotados y oprimidos, llamamos a la clase obrera, al pueblo en general y, especialmente a la juventud que está nuevamente dando pruebas de heroísmo, a organizarse y prepararse mejor para garantizar el Paro General, retomando las Asambleas Populares y fortaleciendo los Comités de Lucha y el Bloque Por el Paro General Indefinido.

Invitamos a organizarse y prepararse mejor para enfrentar con éxito las fuerzas represivas del Estado, generalizando los grupos de choque y empezando a construir la guardia o milicia obrera, campesina y popular para derrocar con la violencia revolucionaria de las masas a los parásitos que viven del sudor y la sangre del pueblo trabajador.

Llamamos a organizarse y prepararse mejor para destruir con la insurrección popular todo el poder del capital y no dejar piedra sobre piedra del viejo Estado de los explotadores, y para construir sobre sus ruinas el nuevo Estado sustentado en el pueblo armado.

Convocamos a organizarse y prepararse mejor para que el pueblo laborioso tome en sus propias manos la dirección de la sociedad e instaure el socialismo, el nuevo orden económico social que acabará con los privilegios de los parásitos explotadores, entregará a la sociedad los grandes medios de producción y devolverá a los trabajadores la riqueza creada por ellos.