LUZ TENUE

Carlos Gutiérrez M.

En medio de la iniciativa reformista que plantea el actual gobierno, en curso en el Congreso, para construirle una base económica, social, política y militar a su proyecto de cambio ofrecida al país en el proceso electoral adelantado en el 2022, la estrategia de Paz Total emerge como bastión fundamental. Con una doble connotación: sin ella, un cambio real no será posible, pero sin la concreción del conjunto de proyectos de ley planteados, tampoco la paz, duradera y que cubra la totalidad del país, será realidad. Una doble cara que dibuja su potencial, pero también su debilidad.

Se trata de una realidad biforme que pone en las antípodas de lo heredado, como política de paz, la enmarcada en la Ley 2272 de 2022, que en su primer artículo plantea como objeto “[…] definir la política de paz como una política de Estado”, realizada bajo el prisma de seguridad humana, algo totalmente distinto de lo implementado en otro gobierno como “seguridad democrática”, en claro abuso y manipulación de la semántica de las dos palabras.

Es aquella una visión de paz y sobre la paz –total, como política de Estado, según lo define la citada Ley 2272 en su capítulo I/b–, que, por tanto, asume compromisos de acuerdos firmados por quienes le antecedieron, y que pretende crear un marco por seguir de parte de quienes le sucedan. Y que al mismo tiempo, en contra de las concepciones sobre conflicto dominantes hasta ahora, y desde el propio año 1982, cuando arrancó el proceso de negociación del factor armado en el país, reconoce soportes económicos, sociales, políticos, militares, internacionales e históricos –entre ellos, los de incumplimiento y trampa con acuerdos firmados–, como base y oxígeno para que diversidad de conflictos existan y se prolonguen en el territorio nacional, dando paso a Estados de hecho, que emplazan al de Derecho, como lo reconoce y resume Danilo Rueda, actual Comisionado de Paz (1).

Tal revaloración también da paso a reconocer que la paz se debe intentar con la totalidad de factores en armas, unos como actores políticos –para los cuales se ofrece negociación–, y otros como actores criminales “de alto impacto” –para los cuales se abre la puerta del sometimiento–, con beneficios múltiples para unos como para otros.

Esa política de Paz Total, diseñada, según el Comisionado Rueda, resumiendo las lecciones dejadas por los “[…] 24 procesos de negociaciones (vividos por el país desde 1982 y hasta el momento)”, así como “[…] la situación que viven las comunidades en territorios rurales y urbanos “sometidos a violencia”, factores que precisamente arrojan como enseñanza la “[…] imposibilidad de paz definitiva al no incorporar [a negociación] a la totalidad de actores armados” (2).

Tenemos entonces una lectura y una visión integrales del país que somos, y que renuncia a valorar y tomar el vector militar como fundamental, para llevar a negociaciones a uno u otro actor, y, por el contrario, proceder con realismo al reconocer que es imposible erradicar por la fuerza a los actores armados, cualquiera sea su carácter. De ahí la disposición a transformar el contexto social en todos sus aspectos, entre ellos acceso a la tierra por parte de cientos de miles de campesinos desposeídos de ella, tratamiento alternativo de los cultivos ilícitos y del narcotráfico que los propicia, modelo laboral respetuoso de los derechos de quienes venden su fuerza de trabajo, política tributaria con mayor carga para quienes más tienen, entre otros cambios por lograr, pero también a comprometer al Estado con el fiel cumplimiento de lo firmado y así no abrir condiciones como la desilusión, la venganza y otros motivantes para retomar las armas por parte de reinsertados y desmovilizados. En fin, una política que, de ser exitosa, llevaría al Estado de Derecho a retomar su soberanía en territorios donde hoy reinan verdaderos Estados de hecho, como el Bajo Cauca antioqueño y los municipios fronterizos del departamento de Córdoba, por colocar un ejemplo de reciente impronta, donde un actor de “alto impacto” determina la vida diaria de su población.

Es aquel un realismo que lleva, como uno de sus primeros logros, a concertar con el ELN una agenda para la negociación que reconoce e incorpora viejas y reiteradas demandas de esa guerrilla, como un efectivo diálogo nacional que priorice la participación ciudadana, desde lo regional y lo local, para el diseño y la implementación de las reformas por implementar, y para darle paso a un acuerdo nacional sobre la base de justicia social y democracia plena. Una negociación así no condiciona la entrega de las armas por parte de los insurgentes, y deja abierto ese aspecto para ser definido en un marco por construir. Además de asumir que “el plan y los acuerdos que contiene [el Acuerdo de México o Agenda de Diálogos para la paz. N. M.] serán objeto de validación democrática por medio de la participación de la sociedad en el proceso de paz, de principio a fin” (3).

Esa agenda da pie asimismo a la concreción de los acuerdos parciales que se vayan alcanzando, para así ir construyéndole confianza al proceso de negociación, desmontando los motivantes del alzamiento armado. Beneficiarios de esos avances serán las comunidades por tantos años desconocidas en sus reclamos de justicia social. Los acuerdos y los avances parciales surgirán de “[…] la participación democrática de todos los sectores de nuestra sociedad, sin exclusiones, para pactar las transformaciones que requieren las regiones y el país en su conjunto, y emprender un proceso de transiciones que nos conduzca a la democracia plena”.

Un acuerdo concebido así corrige de alguna manera el desliz presidencial de finales de 2022, al anunciar, por el afán de protagonismo y triunfalismo, un cese bilateral de fuegos con quien no lo había concertado. El asunto, por demás, queda subsumido en la agenda acordada por la prioridad dada a la participación social y todo lo asociado con ella. Más de dos décadas de negociaciones fallidas con esta histórica guerrilla se requirieron para construir y firmar una agenda de tal naturaleza; agenda que, igualmente, no es extraña a lo ya iniciado por el gobierno nacional con los diálogos regionales de carácter vinculante, insumos con los cuales se estructuró el Plan Nacional de Desarrollo, en trámite por estas fechas en el Legislativo.

Unas son de cal y otra son de arena, dice el refrán popular. Mientras que con uno de los factores del conflicto se alcanza el avance antes enunciado, con otro se sufre un retroceso. Y así acontece con quien el Gobierno sí había alcanzado un cese bilateral de fuegos, que iba desde el comienzo del nuevo año hasta seis meses después, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, una herencia del paramilitarismo encabezado por los hermanos Castaño, claramente relacionada con el narcotráfico y con hilos que la entrecruzan con unidades del ejército y de la policía.

Es este un complejo factor armado, narcoparamilitar, que en el ensanchamiento que vive desde hace más de una década extiende su presencia, con incidencia en lo extenso de la costa caribe y hasta Santander, dejándose sentir en la frontera con Venezuela, en una disputa por ese territorio que ya arroja víctimas, las que se multiplicarán en los meses por venir. Tal estructura hace sentir su presencia en esos territorios por medio de un variado conjunto de acciones impositivas, productivas, de control social, como boleteo, sicariato, minería, ganadería, trasiego de coca, manejo de parte del transporte, pero que además intermedia ‘servicios’ con variedad de bandas armadas en Barranquilla, Cartagena y otras ciudades.

Esta agrupación, supuesto instrumento de actores económicos y militares que se enquistan en varias instancias del Estado, con tentáculos internacionales, ahora reclama carácter político. Así lo certificaría su presencia como Estado de hecho en municipios ubicados en por lo menos una decena de departamentos. ¿Pretende una agenda similar a la acordada con el Eln? En estas circunstancias, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿En su pretensión de recuperar el control del territorio nacional, llegará el pretendido de Paz Total hasta ese meridiano? De hacerlo, ¿cómo procedería ante el Derecho nacional e internacional, que le niega a este tipo de agrupaciones el acceso a justicia transicional? De así suceder, ¿cómo reaccionarían los actores de claro e histórico carácter político? Y, de no hacerlo ¿qué vendrá? ¿Tal vez la continua tensión de fuerzas con el Estado? ¿Recurrentes paros armados en variedad de regiones del país?

Como sea, las incertidumbres que la ruptura de lo avanzado con el Clan del Golfo le abre al pretendido de Paz Total son amplias e implican, por los amplios escenarios que pueden potenciar o multiplicar, una amenaza latente para su pleno y efectivo desarrollo.

Tal exigencia de actor político está subsumida en el trasfondo del paro minero extendido por más de tres semanas largas en el Bajo Cauca antioqueño, que le abre un cráter a la política de Paz Total, en tanto hasta ahora solo logra avances con las insurgencias, bien con el Eln, bien con el llamado Estado Mayor Central de las Farc –ahora liderado por Iván Lozada–, cuerpo armado que se retiró de las negociaciones que llevaron a la firma del Acuerdo de paz de 2016 en La Habana, y con quien en próximos días se entabla la primera ronda negociadora –para lo cual la Fiscalía levantó las órdenes de captura o autorizó la liberación por tiempo definido de quienes asumirán el diálogo negociador. O con el sector fariano que retornó a las armas luego de su desmovilización y bajo el liderazgo de Iván Márquez, un acercamiento aún no del todo esclarecido en la medida en que el acuerdo de 2016 acoge como norma que quien reincida deberá regirse por la justicia ordinaria. ¿Existirán esguinces posibles para relativizar este aparte del Acuerdo?

Otros avances, locales y con bandas armadas de carácter delincuencial, tienen cuerpo en Buenaventura, Medellín, Cali y Quibdó. De acuerdo al Comisionado de Paz, no es menor lo alcanzado hasta ahora por cuanto distiende el conflicto urbano, con decenas de muertos, cobro de extorsiones y recurrente estado de zozobra para sus pobladores, en estas y otras ciudades capitales y algunas intermedias.

Precisa Danilo Rueda que, en Quibdó, tres de cinco grupos han aceptado participar en la iniciativa de Paz Total. “Los tres hacen un acuerdo. Sus mandos vivieron y fueron engañados en procesos anteriores y volvieron a la violencia”, amplía el Comisionado, e interroga: ¿Qué hacemos con los dos restantes? ¿Los matamos? ¿Los encerramos y se acaba el problema? Es esa una clara alusión a la visión de paz implementada con algunas diferencias entre uno y otro gobierno, pero fracasada, como lo prueba la realidad que hoy persiste en el país.

En Medellín, con 12 mil niños y jóvenes armados, se logra sintonía con 12 de los 14 grupos o bandas allí existentes, “[…] que están esperando que este gobierno abra la posibilidad de transitar hacia el Estado de derecho”. Además, el avance en Buenaventura permite aflojar la confrontación entre los Shottas y los Espartanos, con 2 mil y algo más de jóvenes armados. “Sus mandos son herederos de una frustración con la Ley 975. Controlan el 70% de la ciudad”, recuerda Rueda.

Es esta realidad lo que permite delinear los bordes del marco de la política de Paz Total: “Nada sin las víctimas; ningún acuerdo con impunidad; todos los procesos con perspectiva de género; todos los procesos con clave ambiental; todos los procesos con valoración de los niños y los jóvenes”. Además, para ganar confianza, garantizar “la ética de la vida: no desapariciones, no torturas, no traiciones […]; la ética de la honestidad: quien hace trampa sufre sus consecuencias […], y ganar confianza: con transformaciones efectivas” (4).

Como se puede deducir, es audaz el giro que presenta el actual gobierno en materia de paz, pero también pretencioso, y por ello arriesgado; una propuesta que, por su complejidad y su difícil concreción, se puede traducir en disolución para un amplio segmento social.

Ese giro, en el campo de las reformas económicas, sociales, políticas y ambientales en curso, ya tiene serios obstáculos que permiten concluir que no se darán a plenitud. Sin ellas, el heredado contexto social se prolongará. ¿Esos miles de jóvenes, que hoy aceptan congelar sus actividades violentas en varias ciudades, estarán dispuestos a dejarlas del todo sin recibir a cambio una oferta económica que sea igual o superior a los ingresos que logran cada mes por boleteo, narcomenudeo, sicariato y otras actividades ilícitas? ¿Estarán dispuestos los actores políticos a firmar un acuerdo final de paz sin contar con las reformas que surjan de los procesos de diálogo y acuerdo nacional, y para las cuales el establecimiento no contará con la economía suficiente ni el necesario espacio político que las posibiliten? Pero, además, ¿estará dispuesto el sector mayoritario de la sociedad a convalidar un conjunto de acuerdos de tan disímiles características y que podrían crear una aureola como aquella de “el crimen paga”?

¿Cómo procederá el factor militar oficial –en lo más amplio de la expresión– ante una actuación cada vez más pública del Eln y sin haber dejado las armas, como puede ser uno de los escenarios por presentarse en un futuro no tan lejano si la agenda acordada en México toma cuerpo, haciendo realidad lo expresado en la misma? Veamos: “Las partes, en la toma de sus decisiones en la Mesa y en la realización de sus actuaciones, se rigen […] bajo los principios de rigurosidad y celeridad”.

Esto en el cuerpo nacional. Y en el internacional, ¿hasta dónde están dispuestos los Estados Unidos a permitir un cambio en el juego político, económico, social y militar en nuestro país? En tanto que el narcotráfico es un factor internacional no determinado ni posible de contener solo desde un país y por lo decidido en él, ¿cómo desmotivar la prolongación de ese factor y con él la presencia de actores armados para proteger y garantizar la siembra de las hojas –coca, marihuana–, transformación, trasiego y exportación?

Los interrogantes son muchos más y resumen precisamente la incertidumbre de un proceso que todavía no tiene ni suficientemente claro ni suficientemente seguro su desarrollo pleno y sus resultados, pero que, pese a ello, será el centro de la acción política, social, económica, militar, cultural, e incluso internacional, de Colombia en el tiempo que resta de este gobierno y, por lo menos, los dos que le seguirán.

1. Comisión de Paz, Cámara de Representantes, sesión 28 de febrero de 2023.

2. ibídem.

3. https://www.desdeabajo.info/rotador-incio/item/firman-gobierno-de-colombia-y-eln-el-acuerdo-de-mexico-la-nueva-agenda-de-dialogos-para-alcanzar-la-paz.html.

4. Comisión de Paz, op. cit.

Autor/a: Carlos Gutiérrez M.

Editorial Periódico desdeabajo

Periódico Le Monde diplomatique, edición Colombia Nº230