LA TRAMA INTERNACIONAL DEL MAGNICIDIO EN HAITÍ

El caso Moïse ha adquirido una gran relevancia internacional. Antes de haber transcurrido la primera semana desde el atentado, ya aparecen implicados ciudadanos e instituciones de cinco países: Colombia, Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana y Taiwan.

Eduardo Giordano

El asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse el pasado 7 de julio, ejecutado por comandos de mercenarios extranjeros, sacudió bruscamente a todo el mundo, provocando una inmensa ola de repudio. Acaso por primera vez tras el terremoto de 2010, Haití volvía a ocupar las portadas de los informativos. El ataque contra la residencia presidencial, llevado a cabo por un grupo paramilitar integrado por 26 colombianos y cinco estadounidenses de origen haitiano, contratados por una empresa de seguridad de Miami vinculada al exilio venezolano y colombiano, ha encendido todas las alarmas de la comunidad internacional.

Evoquemos los hechos. Los comandos de ex militares colombianos ingresaron a la residencia presidencial con chalecos de la DEA y gritando que eran funcionarios de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos. Intimidados por sus amenazas de disparar, los responsables de seguridad del presidente se replegaron sin oponer resistencia ni intercambiar disparos. Jovenel Moïse fue asesinado con visible ensañamiento, tenía varios huesos fracturados, un ojo arrancado y recibió más de diez disparos en distintas partes del cuerpo. La esposa del presidente fue herida en las extremidades y trasladada inmediatamente a Miami. Antes de huir, los asaltantes sustrajeron varios objetos de valor que encontraron a su alcance. Extrañamente, Martine Moïse, la viuda del presidente, manifestó cuatro días después desde Estados Unidos su intención de continuar la “batalla” de su marido, y a su regreso declaró que sólo había podido ver las botas de los sicarios que lo acribillaron.

El presidente haitiano no tenía una amplia base social ni demasiados partidarios en su apoyo. Empresario rural y ex secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Haití, Jovenel Moïse se presentó en 2016 como candidato del partido de derecha Tet Kale, enfrentado ideológicamente a la corriente de centroizquierda que lidera Jean-Charles Moïse (Pitit Desalin), próxima al ex presidente Jean-Bertrand Aristide, derrocado en dos ocasiones a instancias de Estados Unidos. El partido Tet Kale venía gobernando el país con candidatos del agrado del Departamento de Estado desde el terremoto de 2010 y la posterior intervención de la ONU liderada por Washington. El predecesor de Jovenel Moïse, Michel Martelly, fundador de ese partido político, fue elegido fraudulentamente en 2010 bajo presiones de la OEA y de Estados Unidos, que forzaron su paso a la segunda vuelta a pesar de haber quedado en tercer lugar, para bloquear la participación del líder izquierdista Jude Celestin, que había obtenido un mejor resultado.

Una situación similar se produjo en las elecciones de 2016. Tras denuncias de fraude que llevaron a repetir las elecciones un año más tarde, Moïse fue elegido con una representatividad muy baja, y su gestión estuvo caracterizada por múltiples conflictos con la oposición, entre otras razones por no haber convocado elecciones legislativas para renovar el Congreso. Al final de su mandato el Senado solo contaba con diez de sus miembros y la Corte Suprema estaba descabezada.

Moïse gobernó el país con rigor y talante autoritario. Durante su gobierno se produjeron estallidos sociales que reprimió sin compasión, y hubo un descomunal despliegue de las bandas criminales que de forma creciente aterrorizan a la población de la capital y el interior del país. El presidente Jovenel Moïse fomentó la expansión de las pandillas, que durante el último año secuestraron a más de mil personas, principalmente en barrios populares y zonas marginales, para exigir rescates millonarios a los familiares, según ha informado la organización de derechos humanos haitiana Défenseurs Plus.

A mediados de 2020, nueve pandillas de la capital crearon una federación conocida como G9, dirigida por Jimmy Cherizier, alias Barbecue, “un expolicía que fue retirado de esa institución en diciembre del 2018, bajo graves acusaciones de violaciones de derechos humanos”. La impunidad con la que actúan ha forzado la salida de la ONG Médicos sin Fronteras de Martissant, un barrio de Puerto Príncipe abandonado por las autoridades y convertido en zona de guerra desde hace dos meses. Además, estas pandillas suelen perpetrar masacres en los barrios de mayoría política opositora para acallar las protestas, tienen comunicación fluida con los jefes de la policía y se ofrecieron como garantes de una victoria fraudulenta de Moïse en las elecciones.

Por otra parte, desde febrero de 2021, el propio Jovenel Moïse se sentía amenazado, evitaba salir de su residencia y denunció que se fraguaba un atentado en su contra. Acusó como inductores a un importante grupo empresarial que controla el monopolio de la electricidad y a la “oligarquía corrupta”, de la que él mismo formó parte, acusado de haber dilapidado en beneficio propio los ingresos de Petrocaribe, la compañía impulsada por Venezuela para abastecer de petróleo subsidiado a los países caribeños. En febrero de 2019 una auditoría del Tribunal de Cuentas reveló irregularidades entre 2008 y 2016 que comprometen a 15 ex ministros y funcionarios, así como a una empresa que dirigía Jovenel Moïse antes de convertirse en presidente. Paradójicamente, su alineamiento con Donald Trump lo convirtió a su vez en un acérrimo enemigo político de Venezuela. Al conocerse esos hechos, la población de Haití estalló enfurecida ocupando las calles y exigió su renuncia. Previamente, en 2018, una manifestación de cientos de miles de personas ya había reclamado su destitución.

El asesinato de Moïse tiene todos los ingredientes de una novela de espionaje, con poderes mafiosos y acción política; dicho esto sin intención de banalizar la situación del país, que por supuesto no es ficticia sino muy real y dramática. La intriga principal de esta trama es el móvil: quién podría haber querido asesinarlo faltando apenas tres meses para las elecciones legislativas y presidenciales del 26 de septiembre, y por qué, cuando él mismo había anticipado que no se presentaría como candidato y la Constitución le prohibía un segundo mandato consecutivo.

El gobierno del presidente colombiano Iván Duque, en gran parte desbordado por la situación política interna tras más de dos meses de Paro Nacional, condenó el brutal atentado y se vio obligado a colaborar con la policía de Haití. El jefe de la policía colombiana confirmó que los 26 mercenarios de esa nacionalidad habían pertenecido al Ejército, del cual se retiraron entre 2018 y 2020. Entre ellos había varios oficiales y suboficiales, y se supo que al menos siete mercenarios sabían cuál sería el desenlace final de la operación. La esposa de uno de los ex militares capturados declaró que a su marido le pagaban 2.700 dólares mensuales y que había sido contratado como vigilante. Se trata de Fancisco Eladio Uribe, quien dejó el ejército colombiano en 2019 y está implicado en una investigación por ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos.

En esta clase de operaciones internacionales es cada vez más frecuente contratar personal militar reciclado para ejecutar operaciones especiales que no quieren acometer directamente los estados. El gobierno de George W. Bush contrató ejércitos privados para hacer parte del trabajo sucio durante la guerra de Irak, y muchos de ellos quedaron envueltos en casos de masacres y torturas. Por las mismas fechas se desplegó también el Plan Colombia, por el cual Estados Unidos envió asesores militares y empresas de seguridad privada para entrenar al Ejército colombiano. Durante la última década, el fenómeno de la “seguridad privada” como tapadera del reclutamiento de mercenarios floreció en Maimi, con Colombia como principal cantera de ex militares, y las mismas empresas que formaron a esos comandos con técnicas de contrainsurgencia de la CIA empezaron a reclutarlos como mercenarios para realizar operaciones terroristas en el exterior. El negocio de la seguridad privada con caladero en Colombia prosperó y rápidamente se internacionalizó, ya que contratar mercenarios norteamericanos o europeos resulta mucho más caro.

Altos mandos del Ejército colombiano expresaron su preocupación por la imagen de la institución en el mundo, ya muy degradada por su historial represivo y de masacres en el interior del país. Entre ellos, el general Jaime Alfonso Lasprilla, ex comandante del Ejército, afirmó que cuando los militares dejan las fuerzas armadas, “si incurren en hechos al margen de la ley no se los pueden achacar a las fuerzas”, añadiendo que “uno asocia estos hechos a los temas de desempleo en el país, y el crimen es una industria que ha venido creciendo y desafortunadamente busca a estas personas”.

En contrapunto, el general (r) William Salamanca aseguró que “cuando uno deja la institución es dueño de sus actuaciones, y aquí es importante que la comunidad nacional e internacional sepa que ellos ya gozaban de su escenario del retiro”. En su opinión, llegado este momento el único compromiso del Ejército es pagar su jubilación. Una pensión que a algunos ex militares les parecerá insuficiente, ya que muchos de ellos se reciclan en el mercado de los servicios sicariales o la “industria del crimen”, que tienen por pantalla empresas legales de seguridad privada estrechamente vinculadas a la extrema derecha y los servicios de inteligencia.

En sus declaraciones a la policía haitiana, algunos mercenarios dijeron haber sido contratados por Christian Emmanuel Sanon, un pastor evangélico haitiano residente en Florida que diez años atrás lanzó una fantasmagórica propuesta de “Liderazgo para Haití” a través de una breve intervención en Youtube, con un video en inglés titulado “La corrupción en la política” en el que se postula para gobernar Haití. Después de esta fugaz aparición, solo se sabe que se declaró en quiebra en 2013 y que dado su nivel de ingresos, nunca podría haber financiado la operación. El costo de la operación, estimado en unos 30 millones de dólares, es otro elemento a favor de la hipótesis de un golpe inducido.

En el primer relato policial de los hechos, Christian Sanon se habría desplazado un mes antes a Haití con la agenda política de derrocar a Jovenel Moïse y asumir la presidencia del país. Según confesó Sanon a una persona de su confianza, citada por la agencia AP, habría sido contactado por agentes de los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos para embarcarlo en la aventura, ofreciéndole la presidencia de Haití como recompensa, tras una operación que en principio sería incruenta porque sólo debía consistir en arrestar a Jovenel Moïse.

Además de Sanon, en la trama interna estaría implicado al ex senador John Joel Joseph, quien habría facilitado las armas a los sicarios, y un ex funcionario del Ministerio de Justicia, Joseph Felix Badio, a quien la policía de Colombia acusa —sin pruebas contundentes, solo por declaraciones de sicarios— de haber dado la orden de asesinar al presidente de Haití. El ministro de Elecciones de Haití, Mathias Pierre, declaró sin embargo a CNN que Badio “efectivamente está en el centro del asesinato, pero creemos que trabaja para peces gordos. Los autores intelectuales son más grandes. Quién financió la operación sigue siendo la gran incógnita”.

La empresa que contrató a los mercenarios, CTU Services (Counter Terrorist Unit Federal Academy), registrada en Doral Beach (Miami), es propiedad del opositor venezonalo Antonio Intriago, muy próximo al autoproclamado 'presidente' de Venezuela Juan Guaidó. Intriago se jacta de haber pertenecido a la oficialidad de la policía venezolana y de “tener vínculos o haber trabajado directamente para agencias de inteligencia de Estados Unidos”. Su compañía vende servicios, cursos de formación y armamento a personal de seguridad de países latinoamericanos. Y es una más de las que actúan desde Florida en operaciones políticas tenebrosas, amparadas en una legislación muy permisiva, a veces en concomitancia con los organismos de seguridad estadounidenses.

Por otra parte, el medio digital venezolano La Tabla reveló que Intriago “es miembro y tesorero de la Fundación Latino Americanos Unidos, organización de derecha con amplia presencia política, social y mediática en toda Florida” y “forma parte de una cofradía llamada ‘Hombres de la Guerra Crisol’. Es una especie de hermandad de participantes de un programa bélico y filosófico de formación de ‘guerreros’ entrenados por exagentes de Navy Seals, Comandantes SWAT, emprendedores Élite y expertos en artes marciales”.

El principal socio del venezolano Intriago en CTU Services es Gabriel Pérez, ex militar colombiano e informante de la DEA reconvertido en empresario experto en seguridad, conocido en círculos de Miami como Arcángel Pretelt. Los ex militares colombianos que actuaron como jefes de los comandos lo conocen desde hace al menos diez años, cuando los capacitó en Cali en métodos de lucha contra el narcotráfico en el marco del Plan Colombia, y mantienen contacto con él desde entonces.

El periódico El Nuevo Herald de Miami recuerda en su edición del pasado 10 de julio que “un golpe fallido en mayo de 2020 en Venezuela involucró de manera similar a hombres de seguridad contratados en Florida”, refiriéndose a la operación Gedeón, patrocinada por Estados Unidos para sabotear Venezuela y derrocar a Nicolás Maduro, a la que también optó sin éxito la empresa de Intriago. El periódico estadounidense concluye: “Miami y el enclave de Doral se han convertido en una especie de taberna de Star Wars para los aspirantes a libertadores y guerreros a sueldo”.

A su vez en la prensa colombiana aparecen los nexos entre Antonio Intriago, el “reclutador de militares-sicarios colombianos”, con el presidente Iván Duque, con quien organizó en 2019 el macroconcierto de Cúcuta contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Intriago, propietario de la marca organizadora “Venezuela somos todos”, se reunió en diversas ocasiones con el presidente de Colombia, previamente durante su campaña electoral y después en ese concierto internacional patrocinado por el gobierno de Estados Unidos, en presencia de la estrella fugaz Juan Guaidó.

El director del Cerac, Jorge Restrepo, constata por su parte que “el crimen organizado en Colombia ha adquirido, unas dimensiones formidables y tiene un alcance de desestabilización regional que no habíamos sospechado”. A diferencia de los ex oficiales citados, Restrepo advierte de “la necesidad de adoptar medidas drásticas en un esfuerzo para prevenir la creación de grupos de mercenarios por parte de militares y de policías en retiro del servicio activo”.

La periodista colombiana María Jimena Duzán completa este análisis: “Muchos de los militares que fueron entrenados bajo el Plan Colombia, la estrategia de Washington para ganar la guerra contra las drogas y contra las guerrillas de izquierda, se están retirando a la edad de 40 años luego de haber prestado 20 años de servicio. Eso ha ido creando un mercado de mercenarios de bajo precio que parecen estar dispuestos a todo. Se estima que hay cerca de 6.000 mercenarios colombianos en el Medio Oriente, unos cuantos han montado compañías de seguridad y otros han terminado prestando sus servicios para secuestrar y/o asesinar a presidentes. Así de simple”.

La trama basada en Colombia no se agota en la aportación de los ex militares que actuaron como mercenarios en la ejecución del crimen de estado. El jefe de seguridad del Palacio presidencial del presidente haitiano, Dimitri Herard, viajó siete veces a Colombia desde el 19 de enero de este año. En el vuelo del 6 de mayo, de regreso desde Bogotá a República Dominicana, coincidió con los jefes de los mercenarios colombianos contratados para cometer el magnicidio. Incluso llegó a mantener una reunión ese día en Santo Domingo con al menos dos ex sargentos integrantes del grupo, Duberney Capador y John Jairo Ramírez, según reveló Interpol Colombia. Meses antes Capador había creado un grupo de whatsapp para ofertar trabajo a ex militares colombianos indicando que se trataba de “prestar la seguridad del presidente del país”. Este actor clave fue abatido por la policía haitiana después del magnicidio.

Según la policía colombiana, en la planeación y organización del ataque también habría participado el ex capitán del Ejército colombiano Germán Rivera, quien sí ha facilitado información sobre los autores intelectuales del crimen. En sus declaraciones a la policía aseguró que hubo reuniones previas a la operación donde se planificó el relevo presidencial, y que “el programa de gobierno lo hizo todo [el empresario colombiano] Gabriel [Pérez] porque Sanon no tenía ni idea”. Gabriel, el ya citado Arcángel Pretel, habría digitado y financiado el cambio de régimen a cambio de asegurarse millonarios contratos con el nuevo gobierno haitiano que esperaba imponer por la fuerza y es ahora la persona más buscada del hemisferio.

Por su parte el jefe de seguridad de la residencia presidencial, Dimitri Hérard, con antecedentes de narcotráfico en los registros de la DEA, declinó declarar ante la Fiscalía de Haití a los pocos días del magnicidio y se ordenó su captura. También quedó detenido por negarse a declarar Jean Laguel, el coordinador de seguridad del presidente. Añadiendo más intriga a esta historia, si cabe, pocos días después del atentado se supo que varios de los ex militares colombianos que intervinieron en la misión delictiva son confidentes de la DEA —que lo admitió en un comunicado —y del FBI. Así pues, todo cobra un giro inesperado cuando el jefe de la Policía de Colombia ‘revela’ que el comando paramilitar pretendía en realidad 'retener' al presidente Jovenel Moïse para entregarlo a la DEA.

Tres de los colombianos detenidos habrían implicado además al primer ministro Claude Joseph en la planeación del asesinato, extremo rechazado por el jefe de la policía haitiana, que está bajo su control. Algunos medios de comunicación colombianos, en cambio, como la emisora Caracol, aseguran que el FBI no descarta esa posibilidad. El móvil en este caso saltaría a la vista. El presidente Jovenel Moïse acababa de sustituir a Joseph designando un nuevo primer ministro, Ariel Henry, ex ministro del Interior de talante supuestamente aperturista con la oposición, rechazado por las élites derechistas del Tet Kale. El momento del crimen podría haber sido perfectamente calculado para que Henry no llegase a jurar el cargo.

Cabe preguntarse finalmente si la policía de Estados Unidos no debería estar bien informada por sus confidentes de quién actuó como cerebro de la operación. Según opinión generalizada entre muchos haitianos, en el país nada se mueve sin que lo sepa Estados Unidos. ¿Cómo podrían ignorar sus servicios de inteligencia que se estaba gestando un hecho de esa magnitud, con semejantes ramificaciones internacionales? Una explicación hipotética sería que el FBI o la DEA no podrían saber a priori los planes de otras agencias de inteligencia estadounidenses, pongamos por caso la CIA, que pudieran haber estado interesadas en conectar los movimientos de Christian Sanon, Antonio Intriago, Arcángel Pretel, Duberney Capador, Germán Rivera, Dimitri Herard y eventualmente Claude Joseph, entre muchos otros, para conseguir la sustitución del autócrata ya desgastado por otro gobernante del agrado de Washington.

Las principales medidas que adoptó el primer ministro Claude Joseph tras la muerte del presidente Moïse fueron tres: autoproclamarse primer ministro (en lugar del nuevo primer ministro elegido por el presidente días antes, que no había llegado a jurar el cargo), declarar el estado de sitio y solicitar el envío de tropas estadounidenses y de la ONU para mantener el control interno. También requirió la colaboración del FBI para investigar y esclarecer los hechos. Varios agentes de ese organismo y de la DEA se desplazaron inmediatamente al país caribeño, del mismo modo que ya desembarcaron en Haití oficiales de inteligencia del Ejército y la policía de Colombia a fin de colaborar con el gobierno haitiano.

El caso Moïse ha adquirido una gran relevancia internacional. Antes de haber transcurrido la primera semana desde el atentado, ya aparecen implicados ciudadanos e instituciones de cinco países: Colombia, Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana (como país facilitador del tránsito de personas y armas) y Taiwan (en cuya embajada se refugiaron 11 de los mercenarios detenidos). Además, la policía colombiana investigó las frecuentes escalas en Ecuador y Panamá de algunos ex militares en sus viajes entre Colombia y República Dominicana. Se atribuye al ecuatoriano Walter Veintemilla la financiación de los pasajes de los mercenarios. Además, la conexión ecuatoriana aparece también con el jefe de seguridad presidencial, Gerard Hérard, quien se formó en 2012 en una Academia Militar de Ecuador y “se movilizaba por el mundo con una cédula de identidad de Ecuador legítimamente obtenida”, según aseguró el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso.

Como bien señala el periódico haitiano Le Nouvelliste en su editorial del 12 de julio, “el caso Moïse es complicado porque están implicados varios países y cada país querrá proteger su imagen, a sus ciudadanos y sus intereses”.

Un duro pronunciamiento del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe muestra el ánimo de los letrados haitianos. Afirman que se trata “de unas prácticas infra-estatales que ilustran el nivel de colapso planificado del Estado mismo”. Para esta entidad, se trataría de un signo de decadencia que pondría de manifiesto la claudicación del Estado ante fuerzas ajenas a sus intereses. Algunos miembros del poder judicial que investigan el asesinato del presidente recibieron amenazas de muerte y pidieron protección especial.

Con todo, no pocos activistas haitianos se oponen a la narrativa del caos como estado permanente (y actual) de su sociedad, ya que esta mirada a la que consideran sesgada es lo que permitiría que el país sea ocupado militarmente de forma continuada por tropas estadounidenses y/o internacionales. Además de los tremendos atropellos reportados durante las prolongadas estadías de militares extranjeros en el país, como los abusos sexuales denunciados contra niñas por cascos azules de la ONU, con más de 2.000 casos documentados entre 2004 y 2017, o la propagación de epidemias de cólera, hay entre los haitianos clara conciencia de que cualquier intervención exterior en tiempo de elecciones solo puede servir para consagrar a un nuevo gobierno derechista en el poder. La retirada de la misión de la ONU (MINUSTAH ) no significó el final de su influencia en Haiti, ya que desde 2017 mantiene una misión civil con un componente policial, que le permite conservar su influencia en la política interna haitiana.

La trama del asesinato presidencial se complica a diario. Los países occidentales, encabezados por la diplomática estadounidense Helen La Lime, representante de la ONU en Haití —conocida en medios populares como la 'reina de Haití'—, permitieron que el primier ministro Claude Joseph continuara a cargo del Ejecutivo, contrariando lo dispuesto por el presidente Moïse, quien ya había designado para ese puesto a su ministro de Defensa Ariel Henry. Al difundirse las sospechas de que Joseph podía estar involucrado en el golpe, Estados Unidos y el llamado core group (Francia, España, Canadá, Brasil, la UE y la OEA) decidieron inclinar la balanza a favor de Henry, quien asumió como primer ministro a los trece días de la muerte de Moïse. En un nuevo enroque de poder, Joseph volverá a ocupar el ministerio de Exteriores.

El nuevo jefe de gobierno forma parte del establishment político de Haití que domina el país desde el golpe contra Aristide de 2004 y que él mismo promovió. A la caída de Aristide, Henry formó parte del ‘Consejo de Sabios’ nombrado para sustituirlo, que impuso un regimen dictatorial y sanguinario. Tras el terremoto de 2010 ejerció como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del gabinete de Michel Martelly y después como ministro del Interior de Jovenel Moïse. Su principal misión como primer ministro sería ahora asegurar la celebración de las elecciones, aunque el día de su investidura dejó sin concretar la fecha en que se celebrarían.

Toda esta estructura internacional paternalista destinada a monitorear la democracia en Haití es un gran lastre para el pequeño país y no aporta ninguna ayuda real. Así lo advierten algunos analistas haitianos, como por ejemplo el periodista Daly Valet, director de Radio Trans Inter, quien afirma en un tuit en francés: “Estados Unidos y ese cartel internacional llamado Core Group deben dejar de tomar a Haití como su posesión de hecho y de derecho. Deben dejar de tomarse por el pueblo haitiano, su Constitución y nuestra Corte Suprema. Los haitianos deben hacer cuerpo contra este Core Group.”

Esta es la temperatura política del país antillano, al que acaba de llegar el ex presidente Aristide, recuperado de la covid-19 tras haber pasado algunas semanas en Cuba. Sin ambiciones presidenciales, su presencia seguramente agitará la campaña de los sectores populares que siguen identificándose con el ex sacerdote salesiano de orientación socialdemócrata y su partido Familia Lavalas. Mientras tanto, en la sociedad haitiana crece el rechazo a la presencia militar extranjera solicitada por sus élites, tras una larga historia de secuestro de la democracia por poderosos intereses foráneos.

En este contexto, una nota editorial del diarioLe Nouvellisteinsta al primer ministro Henry a entablar un amplio diálogo con la oposición, y advierte que si los haitianos no consiguen encontrar un consenso para dirigir el país, “el campo queda libre a la comunidad internacional para imponer su solución. Una apuesta arriesgada cuando se hace balance de las intervenciones extranjeras en Haití desde el golpe de Estado de 1991”.

Hace ahora 30 años Haití pudo haberse convertido, por primera vez en su historia, en un país democrático. Esta esperanza se vio truncada con el derrocamiento del presidente Jean Bertrand Aristide, que triunfó en las elecciones de 1990 con el respaldo de grandes mayorías populares (67 % de los votos). Aristide fue derrocado por el general Raoul Cédras siete meses después de llegar al gobierno con apoyo implícito de Estados Unidos.

La represión dictatorial que impuso el general Cédras produjo cerca de 4.000 muertos y generó un enorme caos, hasta que una coalición internacional tuvo que forzar su dimisión en 1994 y restituyó a Aristide en la presidencia. Después de entregar el poder en 1995 al presidente electo René Préval, Aristide volvió a ser elegido en 2001, pero en 2004 volvió a ser derrocado, esta vez con intervención directa de Estados Unidos, cuyas tropas lo trasladaron a un exilio forzado en la República Centroaficana. Tras su destierro, Aristide quedó excluido de participar en las elecciones.

Uno de los promotores de ambos golpes contra Aristide fue el influyente empresario haitiano Reginald Boulos —con intereses en los sectores financiero, farmacéutico, de medios de comunicación y en la distribución comercial, entre otros—, dueño de una de las mayores fortunas del país. Boulos creó en 2018 un nuevo partido político para optar a la presidencia, el llamado Movimiento Tercera Vía (MTV), con fuertes vínculos en el Congreso de Estados Unidos, y ahora es, junto con el también empresario Dimitri Vorbe, sospechoso de haber actuado como cerebro de la trama local en el asesinato de Jovenel Moïse.

Boulos y Vorbe pertenecen a un puñado de empresarios haitianos de origen blanco y árabe que controlan los principales recursos de un país con un 95 % de población negra, y que se disputan la nominación a la presidencia compitiendo por los favores de Washington. Estas élites conforman lo que se ha denunciado desde la izquierda haitiana como un sistema de appartheid, que excluye a los empresarios negros del control de sectores estratégicos de la economía nacional.

La primera consecuencia internacional del golpe de Estado en Haití y de la inestabilidad política que este agudizó es una tragedia humanitaria de dimensiones continentales. A pocas semanas del magnicidio de Jovenel Moïse, decenas de miles de haitianos están abandonando la isla, la mayor parte con destino a Estados Unidos y en menor medida a Canadá. La mayoría de ellos no se dirigen allí directamente, sino a través de un largo recorrido por seis países de Centroamérica y México, que empieza precisamente en Colombia, el primer eslabón de esta nueva explosión migratoria.

En las costas del Caribe antioqueño, en la pequeña Necoclí, una localidad de 20.000 habitantes, se hacinan en estos días más de 10.000 migrantes, la mayoría de origen haitiano (cerca del 70 %), que esperan poder atravesar la temible selva cenagosa del Tapón de Darién, en la frontera del Chocó con Panamá, para iniciar el arduo recorrido de 4.000 km que los llevará hasta Norteamérica. La distancia por mar entre Puerto Príncipe y Necoclí es en línea recta de unos 1.200 km, la misma que si pudieran viajar directamente a Miami. En plena pandemia, sin mascarillas y hacinados como ganado en las calles, los migrantes haitianos esperan su turno de que una naviera los transporte al lugar de cruce hacia el otro lado de la frontera. Mientras tanto, el alcalde de Necoclí confiesa que todas las capacidades del municipio están completamente desbordadas por la situación. Con una media de llegada diaria de 800 a 1.000 personas, los servicios públicos colapsaron, en particular los servicios sanitarios y el suministro de agua en el casco urbano. La situación de escasez se convierte en paraíso de especuladores. Algunos alimentos, como los plátanos, ya han aumentado de precio en casi el 1.000 %.

La paradoja de esta situación es que Colombia, que ha exportado a Haití los mercenarios que participaron en la generación de este caos, sufre ahora —aunque solo como país de tránsito— un flujo desorbitado de migrantes, de haitianos desahuciados que atraviesan parte del territorio colombiano en el largo rodeo que los llevará a su destino norteamericano. Estados Unidos, como país receptor, debería prepararse para acogerlos de manera digna, por haber creado, tanto ahora como históricamente, las condiciones de ingobernabilidad que propician que esto ocurra.