Ya van 1.222 líderes sociales y 282 excombatientes de las Farc asesinados desde el Acuerdo de Paz
Nuevamente se registra un asesinato contra un líder social el Colombia. Este lunes 9 de agosto fue asesinado Francisco Javier Posada, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Montobello, en el municipio de San Andrés de Cuerquia en el norte del departamento de Antioquia.
Francisco Javier Posada
09 de agosto de 2021
San Andrés Cuerquia, Antioquia
@IvanDuque, con Francisco Javier van 102 líderes asesinados en 2021 y 1222 desde la firma del acuerdo de paz.
Francisco Javier Posada, de 54 años y quien era conocido como Franco, fue asesinado por hombres armados que ingresaron al granero de su propiedad. Aún se desconoce quiénes serían los responsables del hecho, pero se informó que el líder social ya había sido victima de amenazas en su contra.
Organizaciones de DD.HH. y alcaldía de San Andrés de Cuerquia se manifestaron y rechazaron el crimen en contra de Francisco Posada. «Siempre lo recordaremos por su compromiso con los temas de su comunidad y su sonrisa eterna. Un saludo afectuoso a su familia, amigos y comunidad”, expresó la administración municipal.
Juan Pablo Díaz, viceministro de relaciones políticas también rechazó el hecho que ahora es materia de investigación.
Desde @MinInterior rechazamos el homicidio del Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Montebello en el Municipio de San Andres de Cuerquia. Junto a las autoridades competentes daremos con los responsables. Solidaridad con sus familiares y allegados.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo alertó el la Alerta Temprana 011 de 2021 sobre la presencia, disputa y expansión de grupos armados en la zona. El Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz, también informó de la existencia de Ejército de Liberación Nacional (ELN), Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Frente 18 y 36, Los Pachelly y los Caparro.
Con Francisco Javier Posada son 106 los líderes y lideresas sociales asesinadas en Colombia. Según el registro de INDEPAZ, son 1.222 los defensores asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz.
Denuncian el asesinato de un firmante del Acuerdo de Paz en El Paujil, Caquetá
Hernán Estiven Vásquez Gutiérrez
08/08/21
El Paujil, Caquetá
El firmante del acuerdo Hernán Estiven Vásquez Gutiérrez, hizo parte de la ZVTN Heiler Mosquera, ubicada en el municipio de Puerto Asís, Putumayo. Adelantaba estudios en medicina fuera del país.
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Este lunes se denunció el asesinato de Hernán Estiven Vásquez Gutiérrez, un joven excombatiente de las Farc que se acogió a los Acuerdo de Paz firmados en el 2016 y comenzó su proceso de reincorporación.
De acuerdo con las denuncias, el joven fue encontrado sin vida en el municipio de El Paujil, Caquetá, en la vereda La Concordia. En la actualidad estaba realizando estudios de Medicina en La Habana, Cuba y había pedido una licencia para estar en Colombia por algunas semanas. Según la información de los organismos, el 28 de agosto regresaría a la isla para continuar con sus estudios.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) difundió que Vásquez Gutiérrez hizo parte de la Zona Veredal de Transición y Normalización Heiler Mosquera, ubicada en el municipio de Puerto Asís, Putumayo.
“Este hombre fue asesinado en el municipio de El Paujil, donde fue encontrado su cuerpo con impactos de bala. Para este departamento la Defensoría del Pueblo ha emitido cuatro alertas tempranas y en la más reciente se advierte la expansión, control e imposición de pautas de comportamiento, todo orientado a ganar legitimidad y posicionamiento por medio de la violencia”, precisa el organismo.
De acuerdo con la información divulgada, en esta zona de Caquetá hacen presencia el Grupo Armado Organizado (GAO-r) de la Segunda Marquetalia ‘Frente 62 Fernando Díaz’ y el ‘Bloque suroriental de Gentil Duarte’ por medio del frente primero.
Hasta la fecha, según ha indicado este mismo organismo, han sido asesinadas 282 personas firmantes del Acuerdo de Paz desde el 2016 y en lo que va del año 2021, 33 firmantes han perdido su vida en este tipo de ataques.
Los actos de violencia frecuentes y las disputas de territorio entre estos grupos armados tienen encendidas las alarmas en el Caquetá. Este mismo lunes se conoció que cinco docentes de la zona rural de Cartagena del Chairá tuvieron que abandonar el territorio en el que trabajan por amenazas contra su oficio y su vida.
A través de panfletos, que pertenecerían a las disidencias de las Farc, a los cinco docentes se les dio un plazo de 24 horas para salir de la zona rural y en este mismo texto se les indica que quienes no sean oriundos del Caquetá, deben irse por completo del departamento, razón por la que viajaron hasta la ciudad de Florencia.
La secretaria de Educación de Caquetá, Yovana Peña, dijo que los maestros pertenecen a la institución educativa Santa Fe del Caguán, siendo ellos mismos quienes han realizado la denuncia. “Nos preocupa la situación de seguridad de estos docentes”, apuntó.
La razón por la que estas personas están como docentes en este territorio es porque participaron y ganaron la convocatoria Méritos de Posconflicto. Hasta el momento, el caso se puso en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección y se espera una evaluación del riesgo para decidir si los docentes regresan a sus territorios o son reubicados en otras instituciones.
Además, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) envió un documento al defensor del Pueblo, Carlos Camargo, denunciando amenazas y violaciones a los derechos humanos de sus integrantes en diferentes territorios como Cundinamarca, Nariño, Tolima y Cauca.
La llamada alerta temprana, por medio de la cual también se dirigen al presidente Iván Duque, a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y al ministro del Interior, Daniel Palacios, los integrantes de Fecode hicieron un listado de hechos recientes en su contra, que reflejan “la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentran maestras, maestros, dirigencia sindical, social y la juventud movilizada por sus derechos”.
Fecode manifestó que sus integrantes están en una condición de vulnerabilidad alta, por cuenta de las denuncias citadas en el documento de cinco páginas. Además, sus miembros resaltan que tienen el derecho constitucional a la protesta y a la participación en política, y ratifican que disienten con el tratamiento de las posturas que el gobierno Duque le ha dado a la movilización social, considerando que la mayoría de los hechos denunciados tuvieron que ver con eso.
Semana
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