La era Trump y la dependencia en América Latina: una aproximación
SILVINA ROMANO, ANÍBAL GARCÍA FERNÁNDEZ, TAMARA LAJTMAN Y ARANTXA TIRADO
El siguiente informe elaborado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) es un intento preliminar de aproximación al nivel de dependencia económica, política y de seguridad de los países de América Latina y el Caribe respecto de EE.UU. Se trata del inicio de una vasta tarea de sistematización de datos cuantitativos y cualitativos que pueden ayudar a visualizar el modo en que se materializa la presencia de los intereses del gobierno y el sector privado de EE.UU. en la región, a través de ejemplos concretos.
Con la llegada de Trump a la presidencia de EE. UU., numerosos análisis plantearon que vendría un cambio en la relación con América Latina y el Caribe (ALC), augurando una disminución en los vínculos económicos (en virtud de las medidas proteccionistas) e incluso advirtieron sobre el desinterés de la región para el Gobierno republicano, ahondando en la tesis de la insignificancia de ALC para la política exterior estadounidense.[1] Sin embargo, desde su carrera a la presidencia en adelante, ALC está en el centro de las “preocupaciones” de Trump: desde el muro con México y la “cuestión migratoria”, hasta la “amenaza comunista” de Venezuela, Nicaragua y Cuba.[2] Recientemente (en el medio del caos en EE. UU. por el coronavirus y pocos días después de haber lanzado un “Marco para la transición democrática de Venezuela”),[3] Trump ha anunciado un megaoperativo antinarcóticos en el Caribe y el Océano Pacífico con el argumento de que los cárteles de la droga se están aprovechando de la pandemia para amenazar las vidas de los estadounidenses. Semanas antes, el jefe del Comando Sur advertía que en 2020 aumentará la presencia militar de EE. UU. en la región.
La Administración Trump le ha dado un nuevo impulso al histórico expansionismo estadounidense en la región, reforzando la presión económica, política, militar y diplomática contra Venezuela, pasando por la asfixia económica a Cuba, e incluyendo el apoyo a golpes de Estado como el de Bolivia. Todo operacionalizado a través de un tejido institucional instalado hace décadas, especialmente a partir de la Guerra Fría. Estas instituciones y organismos, nacionales y multilaterales, que articulan los intereses del Gobierno y el sector privado estadounidense -en ocasiones fuertemente arraigados en las sociedades locales- constituyen la arquitectura sobre la cual se construye la hegemonía en la región, desplegándose en lo económico, político, y militar, marcando tendencias, organizando con mayor o menor incidencia la institucionalidad (y el tipo de institucionalidad) en estos ámbitos. ¿Cómo hacer visible, diseccionar, identificar los componentes de este proceso de construcción de hegemonía por parte de EE. UU. y el reforzamiento de la dependencia por parte de los países latinoamericanos?
El trabajo a continuación constituye un intento preliminar para aproximarnos a algunas respuestas, utilizando datos provenientes de los programas y actividades del sector público y privado de EE. UU., que suelen estar dispersos o dejados al margen a la hora de comprender la situación económica, política o social de los países de ALC pero sirven para ponderar su nivel de dependencia respecto de EE. UU. Se trata sólo del inicio de una vasta tarea de sistematización de datos que ayudan a visualizar el modo en que EE. UU. construye y aplica herramientas de poder blando y duro para consolidar su hegemonía.
Dependencia
En términos económicos implica, entre otras cuestiones: deterioro de los términos de intercambio de las materias primas, el déficit crónico de las balanzas de pago, la rigidez en la composición de las exportaciones y la descapitalización progresiva.
Pero no se reduce a lo económico, pues se enmarca en las dinámicas centro-periferia propias del imperialismo y el neocolonialismo en el sistema internacional organizado en una estructura de instituciones y de clases de acuerdo al poder. Esta estructura está diseñada por los países centrales y debe ser asumida por los países periféricos, limitando su libertad de acción económica, política y geopolítica, si es que han de evitar las sanciones del sistema.[4]
La dependencia no se mide sólo en términos económicos, sino en aspectos políticos, de seguridad, tecnológicos, culturales y, en última instancia, en la influencia en la construcción de un sentido común/reproducción ideológica sobre “cómo deben ser las cosas”, qué es (o debería ser) el “buen funcionamiento” de la economía, qué debemos entender por democracia, igualdad, etc. Es muy complejo cuantificar aspectos tan cualitativos como las relaciones políticas: una mayor dependencia no emana siempre de la cantidad de reuniones oficiales o visitas diplomáticas; tampoco se reduce a la cantidad de acuerdos para el desarrollo tecnológico o en materia comercial.
Las llamadas telefónicas entre Bolsonaro o Macri y Trump, o las visitas y reuniones entre ellos, valen más en términos cualitativos que cuatro visitas de diplomáticos del Departamento de Estado a cada país. La intimidad de los vínculos no se mide por la cantidad de encuentros sino por el tipo de personalidad (jerarquía) que se reúne y los temas que tratan, así como por la importancia de los intereses en juego. Además, hay que tomar en cuenta las alianzas, acuerdos tácitos y relaciones políticas entre élites gobernantes de EE. UU. y ALC que discurren fuera del ámbito de lo público o, cuando menos, no acaparan los focos. Lo mismo puede decirse para aspectos económicos: la venta de Embraer a la estadounidense Boeing es “una sola”, pero tiene un peso relativo enorme, considerando el rol de Embraer en el complejo industrial-militar y de aviación civil no sólo en Brasil, sino a nivel regional.[5]
La asistencia “para el desarrollo” obedece a una lógica similar: por ejemplo, en el caso de Bolivia, no es de gran relevancia el monto de la asistencia sino los organismos locales que la canalizan y en qué sectores, destacando el ámbito de formación política, de jóvenes líderes y asesoría a partidos políticos, en un escenario de tensión con el Gobierno del MAS, creciente desestabilización y culminación en un golpe de Estado.[6] Del mismo modo, el acuerdo que permite la presencia de una base de asistencia humanitaria de EE. UU. en Neuquén, Argentina, en el área de yacimientos de hidrocarburos clave como los de Vaca Muerta,[7] no se compara con las numerosas bases de las que dispone EE. UU. en Colombia, pero es de un enorme impacto al mostrar la intención de presencia militar a nivel territorial en la Patagonia, extendiendo el ya “tradicional” espectro de control en la Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil.
En el ámbito de defensa, se expresa no sólo en la formación y el adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas respectivas o la coordinación entre las fuerzas de EE. UU. y ALC sino también en términos de la dependencia en la tecnología militar (fabricación de equipos, compras de armamento y repuestos). Esta dependencia tecnológica militar implica ser rehén de un conjunto de intereses geopolíticos y económicos hegemónicos lo que, en última instancia, implica asumir una forma de pensar, de hacer las cosas, incluso la definición de ciertos enemigos.[8] La asistencia y ayuda militar, en términos generales, son un indicador de dependencia pero, además, abren la puerta a la desestabilización de los gobiernos de ALC, especialmente los de la izquierda o progresistas.[9]
Por un lado, entonces, exponemos algunos datos cuantitativos con respecto a los montos en intercambio económico, vínculos diplomáticos y políticos (incluida la asistencia para el desarrollo) y de relaciones en el ámbito de la seguridad. No obstante, en cada tabla presentamos también una serie de aspectos cualitativos que parecen fundamentales para contextualizar los números y dimensionar el tipo de vínculo, la intensidad y profundidad de las relaciones que cada país o gobierno va tejiendo con el sector público-privado de EE. UU.
En consecuencia, la ponderación sobre el nivel de dependencia bajo, medio y alto, en términos económicos, políticos y de seguridad de cada país, obedece a la articulación entre indicadores cuantitativos y cualitativos. México, Colombia, Guatemala y Honduras muestran los indicadores cuantitativos y cualitativos más altos de dependencia, y son el punto de referencia para la valoración de los demás países; a su vez, la ponderación obedece a las continuidades y cambios más significativos en los últimos años, que en general se asocian a los cambios de Gobierno y el tipo de proyecto (neoliberal, neoliberal conservador, progresista, etc.) planteado. Los datos no son exhaustivos, se trata de una aproximación más bien representativa, con el objetivo de contribuir a pensar y debatir en qué medida y en qué aspectos dependen nuestros países de EE. UU. La mayor parte de la información proviene de fuentes oficiales estadounidenses, de modo que tienen la impronta de EE. UU. (qué se mide y cómo se lo mide). A pesar de esta limitación, los datos pueden ser útiles para cruzar con información proveniente de los gobiernos de ALC.
Los países analizados son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. No incluimos a Venezuela, Cuba y Nicaragua, porque plantean procesos políticos y económicos en permanente tensión con EE. UU. Eso no significa que no existan vínculos con Estados Unidos (inversiones y relaciones comerciales, intercambio político, asistencia para el desarrollo, etc.) pero el escenario en el que se desarrollan esas relaciones es el de guerra híbrida permanente y no cabe analizar las mismas categorías insinuando la existencia de una “normalidad”.[10]
Algunas Conclusiones
Países más dependientes
Colombia, México y los países de Centroamérica (Guatemala y Honduras) tienen Tratados de Libre Comercio (TLC) con EE. UU. y muestran mayor dependencia económica, a la vez que tienen acuerdos de seguridad alineados totalmente a la doctrina de seguridad hemisférica antinarcóticos y antiterrorista: Plan Colombia, Iniciativa Mérida, Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI).
Esto se materializa también en una alta dependencia política en el caso de Colombia y Centroamérica, con la excepción de México a partir del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que busca alternativas y “grietas” en una relación previa altamente dependiente (“dependencia estratégica”, según algunos analistas) para implementar una política nacional e internacional soberana.
Llamativo es el caso de Perú, que muestra una “dependencia silenciosa” o desapercibida. Es impactante la capacidad de injerencia de EE. UU. en aspectos políticos, de desarrollo y de seguridad.
Los vínculos económicos
En términos generales, a pesar de las voces de alarma frente al proteccionismo de la Administración Trump, e incluso ante la imposición de aranceles en algunos productos, se conservan las relaciones comerciales de los países de la región con EE. UU., caracterizadas por el expansionismo estadounidense y la lógica neoliberal.
Aún aquellos países que han sido castigados severamente a través de restricciones migratorias y medidas antimigrantes, en general, como México, Guatemala y Honduras, no han mermado su vínculo comercial con EE. UU.
Entre los países con mayor brecha entre lo que exportan y lo que importan de EE. UU. (brecha a favor de EE. UU.) encontramos a Argentina, Chile y Brasil. A su vez, destaca el caso de Bolivia, que mostraba antes del golpe el mayor equilibrio a nivel regional en importaciones y exportaciones.
Con respecto a la Inversión Extranjera Directa (IED), los países con TLCs y alineados a la doctrina de seguridad de EE. UU. son los que reciben mayor inversión: Colombia, México, Honduras y Guatemala. Estos dos últimos conforman el área comercial del Tratado de Libre Comercio entre EE. UU., Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés), que incorpora al Caribe.
Destaca que la mayor inversión de EE. UU. en la región no es en recursos naturales. En Colombia, la mayor parte de las inversiones es en servicios y luego en recursos naturales; en Centroamérica y México destaca la inversión en manufactura. En estos casos, EE. UU. recurre a la mano de obra barata, la cercanía territorial, las ventajas comparativas por exención impositiva y otras medidas de atracción de inversiones, a la vez que utiliza y se ve beneficiado por la histórica presencia institucional de sus empresas y diversos organismos del sector público-privado de EE. UU. que facilitan el “hacer negocios” con empresas estadounidenses (esta trayectoria institucional y tendencias a las joint ventures, etc. data, al menos, de la década de los ’50 en adelante).
Esta presencia institucional se materializa o visualiza especialmente a través de las agencias y proyectos de asistencia para el desarrollo. Si bien la Administración Trump advirtió desde un inicio que recortaría la ayuda (y así lo hizo) esto no significa que tal asistencia haya desaparecido pues, en muchos casos, se ha reconducido, incluso para propósitos para los que no había sido diseñada, como el respaldo al “cambio de régimen” en Venezuela.[11]
Los fondos tendieron a fluir a través del sector privado: agencias como la Overseas Private Investment Corportation (OPIC), la U. S. Trade and Development Agency (USTDA), que se reformaron desde el 2018 mediante la Ley BUILD,[12] o incluso las ya tradicionales fundaciones emanadas del Gobierno y los partidos Demócrata y Republicano, como la National Endowment for Democracy (NED), el National Democratic Institute (NDI), y el International Republican Institute (IRI).
Es clave la presencia de esta asistencia (por la vía bilateral o por la vía privada), pues abarca desde asistencia a sectores vulnerables, como mujeres, niños, comunidades indígenas y el cuidado de la naturaleza, pasando por la promoción de micro-emprendimientos, el asesoramiento para la mejora del aparato legislativo y judicial, hasta la formación de cuadros, jóvenes líderes y democracias transparentes. Es un espectro bastante completo de control en términos de poder blando.
Los países que mayor cantidad de asistencia reciben, y en diversos rubros, son Guatemala, Honduras, Colombia y México, sumando la asistencia antinarcóticos y antiterrorismo que es considerada como parte de la “asistencia para el desarrollo” por el Departamento de Estado. Destaca, en términos generales, el aumento de la asistencia a Brasil en 2019, así como la asistencia a Perú -incluida la asistencia al aparato jurídico y a ONGs dedicadas a transparencia y anticorrupción-. También en México fluye la asistencia en proyectos “anticorrupción” y reformas del aparato judicial, así como estrategias de transparencia democrática, entre otras.
En todos los países es una constante la presencia de la NED, NDI, el IRI; organismos como la Inter-America Foundation y la Pan American Development Foundation, así como las empresas Checchi, Chemonics, TetraTech, en procesos electorales.[13] Otras empresas e instituciones: FHI360; World Vision; RTI International; Mercy Corps; DevTech Systems; Consortium for Elections and Political Process Strenghtening, vinculadas a religión, procesos electorales, salud, etc. Se suma la presencia de universidades estadounidenses, de la cual destaca la Vanderbilt University que está presente en todos los países (es la que elabora la encuesta sobre opinión pública de mayor alcance a nivel regional a través de LAPOP, Latin American Public Opinion Project).
En la mayoría de los países se encuentra la Red Innovación financiada por el Instituto Democrático Internacional (vinculado a USAID y NED), para formación de nuevos líderes, transparencia, gobernabilidad, etc.
- Destaca el estrechamiento de relaciones y la multiplicación de visitas entre la Administración Trump y los gobiernos de Bolsonaro en Brasil, Macri en Argentina y Moreno en Ecuador.
- También el apoyo a los golpistas bolivianos por parte del Departamento de Estado, y el respaldo explícito a los gobiernos de Piñera en Chile y Moreno frente a las protestas sociales suscitadas en sus respectivos países. El mantenimiento de las estrechas relaciones políticas entre los presidentes de la derecha colombiana y chilena con EE. UU es una constante.
- Con México se mantiene el alto intercambio a pesar del cambio de signo ideológico de AMLO. En los casos de Honduras y Guatemala, se observa de manera más nítida el tutelaje estadounidense sobre la política interna a través de un mayor número de comunicados emitidos sobre dicho aspecto.
- En cuanto a influencia (o apropiación) de desarrollo tecnológico, destaca el lugar creciente que va ocupando EE. UU. en la asesoría en el desarrollo nuclear, en joint ventures para patentes en países clave como Brasil y Argentina, a la vez que ha logrado acuerdos sobre ciberseguridad con la mayoría de los gobiernos de la región.
Vínculos en materia de seguridad
- Los países de la región no dejaron de comprar armas al Gobierno de Trump. Por el contrario, en los primeros años del Gobierno de Macri en Argentina y de Bolsonaro en Brasil, aumentaron exponencialmente las compras a EE. UU. Esto forma parte de los objetivos del Gobierno estadounidense de ensanchar su complejo industrial militar, lo que implica lograr mayores ventas.
- Las medidas del gobierno de AMLO en México, han alcanzado el ámbito de la seguridad, articulándose también con una posible diversificación de proveedores, incluyendo la cooperación técnico-militar con Rusia.
- Se mantiene la tendencia de EE. UU. como principal proveedor de armas y cursos de capacitación en la región.
- Lo novedoso es la mayor presencia de fuerzas de seguridad de EE. UU. en países como Brasil y Argentina, que se suma a la presencia ya estable y apabullante en Colombia, Perú y Centroamérica. Esto otorga una dominación de espectro cada vez más completo, al menos desde la perspectiva de una geopolítica hegemónica y dura, que permite cierto control en costas del Pacífico (a través de la alianza con Chile y Perú), en la Amazonía (Perú y cada vez mayor presencia en Brasil) y el Atlántico Sur (Brasil y Argentina).
- En lo que respecta a la asistencia militar, es fundamental el hecho de que el recorte presupuestario en muchos programas (lo que también se verifica en la asistencia para el desarrollo) no significa una disminución de la presencia militar en la región, sino justamente lo contrario. Según el Comando Sur, una mayor presencia militar compensa las pérdidas ocasionadas por el recorte de fondos en cooperación para la seguridad.[14]
[1] Tesis refutada en los trabajos de autores como Atilio A. Boron, John Saxe-Fernández, Telma Luzzani, Mónica Bruckmann, Luis Suárez Salazar, María José Rodríguez Rejas, Ana Esther Ceceña, entre otras.
[2]https://www.celag.org/rol-america-latina-en-las-elecciones-eeuu/
[3]https://translations.state.gov/2020/03/31/marco-para-la-transicion-democratica-de-venezuela/
[4] Definición sintetizada a partir de los aportes de: Dos Santos, Theotonio, La teoría de la dependencia. Balance y perspectivas. Buenos Aires: Plaza & Janes, 2003; Sunkel, Osvaldo y Paz, Pedro, El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. México: Siglo XXI, 1980; Sweezy, Paul, Capitalismo e imperialismo Norteamericano. Buenos Aires: Merayo, 1973; Johnson, Dale “Dependencia, desnacionalización del desarrollo y sistema internacional” en Guder Frank, Andre; Cockroft, James y Johnson, Dale, Economía política del subdesarrollo en América Latina. Buenos Aires: Signos, 1970, pp. 93-192.
[5]https://www.celag.org/brasil-for-sale-bolsonaro-y-estados-unidos/
[6]https://www.celag.org/ee-uu-y-la-construccion-del-golpe-en-bolivia/
[7]https://www.celag.org/argentina-ajuste-militarizacion-alineamiento-ee-uu/
[8] Tellería Escobar, Loreta, “Estados Unidos-América Latina: la tecnología de la dependencia militar”, en Quintana Taborga, Juan Ramón, América Latina en el proyecto de dominación de Estados Unidos. Pautas y perspectivas en el siglo XXI, La Paz, Editorial del Estado, 2019, p. 126.
[9] Saxe Fernández, John, Petróleo y Estrategia. México y Estados Unidos en el contexto de la política global, México, Siglo XXI, 1980.
[10]https://www.celag.org/lawfare-guerra-hibrida-disputa-geopolitica-america-latina/
[11]https://elperiodico.com.gt/mundo/2019/07/17/eeuu-desvia-fondos-destinados-a-centroamerica-para-ayudar-a-oposicion-venezolana/
[12]https://www.usaid.gov/work-usaid/private-sector-engagement/build-act
[13] Cuando fueron las elecciones en Argentina en 2019, se señaló la vulnerabilidad del sistema electrónico. https://www.jornada.com.mx/2019/07/30/mundo/022n2mun
[14]https://dialogo-americas.com/articles/southcom-deploying-more-ships-forces-to-latin-america/
Principales fuentes consultadas entre (febrero-marzo 2020)
https://www.state.gov/
https://securityassistance.org/data
https://www.southcom.mil/
https://explorer.usaid.gov/
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx
https://apps.bea.gov/international/factsheet/
https://ustr.gov/countries-regions/americas
http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Estadisticas_inversiones_directas.asp
https://si3.bcentral.cl/estadisticas/Principal1/Estudios/SE/BDP/IED.html
https://www.investinperu.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0&jer=5652&sec=1
https://www.banguat.gob.gt/estaeco/boletin/envolver.asp?karchivo=boescu47
Fuente:
