No es un secreto que desde que Carlos Fernando Galán se posesionó como alcalde de Bogotá, declaró la guerra al magisterio de esta ciudad.
Esta lucha es de resistencia evidentemente, los docentes bogotanos no pueden dar su brazo a torcer, deben arremeter con más lucha y movilización, la criminalización de la protesta, las amenazas y castigos no pueden permitirse, mucho menos cuando tienen el derecho legal a movilizarse y luchar
Revolución Obrera
Con Isabel Segovia como su coequipera en el sector de la educación, se han empeñado en perseguir, criminalizar y amenazar a los maestros que se atreven a luchar. Sus anuncios van desde descuentos hasta acciones legales por salir a marchar o, por participar en paros convocados por su organización sindical ADE o por la FECODE.
Los docentes bogotanos, igual que el magisterio en todo el país, han tenido que movilizarse por mejores condiciones de salud, pues como es de conocimiento público, los cambios desde el Fondo de Prestaciones del Magisterio (FOMAG) han generado caos en la atención para los docentes. En mayo de 2024 se eliminaron los 10 operadores regionales y se centralizó la atención del FOMAG a través de la Fiduprevisora, una fiduciaria pública sin experiencia en salud, causando inicialmente baja cobertura y finalización de contratos a entidades médicas. Todo esto afectó la atención a los docentes incrementándose el número de reclamaciones y quejas, generando colapso, largas filas, escasez de medicamentos, demoras en citas, retrasos en estudios clínicos, problemas en la plataforma asignada para citas y autorizaciones (HORUS), corrupción, sabotaje, en fin, problemas que sin la movilización y lucha estarían mucho más terrible de lo que aún están.
Pero también los docentes se han movilizado por ejemplo contra la Ley Estatutaria de la Educación y el «arreglo» que la oposición al gobierno actual pretendía incluir afectando gravemente los derechos del gremio. Del mismo modo, ha marchado y protestado para garantizar la discusión de su pliego y presionar las negociaciones con la Secretaría de Educación. Estas demostraciones de lucha se realizan de manera parcial o total, el magisterio bogotano cuando ha ejercido su derecho a la movilización lo ha hecho en la modalidad de media jornada (la jornada mañana trabaja hasta las 9:30am y la jornada tarde ingresa a las 3pm), o en caso de paro sin asistencia al sitio de trabajo.
Vale la pena recordar que como trabajadores los docentes tienen el derecho de … «reunirse, y manifestarse pública y pacíficamente.» de «…libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.» y «…de constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado.» amparado en los artículos 37, 38 y 39 de la Constitución Política de Colombia.
Sin embargo, los docentes como parte de su responsabilidad social con la educación establecen acuerdos con su empleador para reponer el tiempo que dedican a la lucha, asunto que no hace ningún otro sector en Colombia. En acuerdo con la Secretaría de Educación del Distrito, los maestros en Bogotá se comprometieron a reponer para el 11 de julio, el tiempo de su participación en el paro del 24 de abril de 2025. Pero Segovia y Galán, insisten en perseguir y castigar al magisterio y por ello, desestimaron el acuerdo y anunciaron descuentos para quienes participaron en la movilización del 11 de junio convocada por la Cumbre Social y Popular, y apoyada por el gobierno de Petro.
En lugar de preocuparse por mejorar el Plan de Alimentación Escolar, que es uno de los tantos problemas en educación, Isabel Segovia se empeña en concentrarse en las sanciones para los maestros; en lugar de preocuparse por atender los problemas de seguridad en la ciudad, otro de los tantos problemas agudos actualmente, Galán insiste en amenazar y criminalizar la protesta.
Esta lucha es de resistencia evidentemente, los docentes bogotanos no pueden dar su brazo a torcer, deben arremeter con más lucha y movilización, la criminalización de la protesta, las amenazas y castigos no pueden permitirse, mucho menos cuando tienen el derecho legal a movilizarse y luchar. Así mismo, el movimiento sindical, popular y político, la comunidad educativa, los padres y estudiantes deben también rodear a sus maestros, pues la lucha por la educación pública es interminable en un sistema donde la ganancia está al mando y lo que menos importa es brindar una educación de calidad y gratuita a los hijos del pueblo.
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