PAZ, DEMOCRACIA, SOBERANÍA.
DISCURSO INSTALACIÓN EQUIPOS PROGRAMÁTICOS
CAMPAÑA PRESIDENCIAL
Nos hemos convocado hoy para emprender una de las tareas más significativas de la participación política: la de contribuir a construir de manera participativa e incluyente el programa de Gobierno que llevaremos como opción política alternativa a consideración de la sociedad colombiana en el próximo debate electoral. En función de ello en este salón se encuentran personas de las más diversas características y orígenes: Hombres y mujeres con reconocidos títulos académicos y profesionales, jóvenes universitarias abriéndose paso en la vida, experimentados sindicalistas, mujeres trabajadoras y hombres con callos en las manos, todos y todas con el compromiso . Aquí estamos personas de todos los pueblos que componen el gran crisol de razas que integran el alma y la cultura de nuestro gran país.
Nos reunimos en momentos en que amplios sectores de la población dejan de lado la sumisión engendrada por la violencia y el miedo y salen a los caminos, carreteras y calles de Colombia a expresar su inconformidad, su indignación y su rebeldía con la desigualdad, la injusticia y la ausencia de un futuro cierto para sus hijos e hijas y para ellos mismos en la vejez.
Un programa de Gobierno alternativo debe dar respuestas a las demandas sociales que no han estado en el centro del interés de los gobiernos tradicionales acostumbrados a hacer campaña con las necesidades de la gente para seguir gobernando en función de la defensa del estado de cosas existente, del llamado status quo, identificado con privilegios que la democracia apenas ha tocado en la epidermis.
El programa que hoy nos convoca debe surgir de la interpretación de la realidad, de las falencias del Estado y de sus políticas para encontrar el camino más efectivo para transitar la distancia entre lo que tenemos y lo que deseamos, sin caer en el simplismo y mucho menos en la demagogia. Conocemos muy bien los derechos y sabemos que su realización tiene costos. De eso se trata. De establecer la prioridades y redireccionar los recursos con la consciencia de la gobernante, de la profesora de hacienda pública y de la ciudadana honesta que ha aprendido en el trasegar de la academia y de la política que una sociedad que no esté dispuesta a pagar impuestos, no tiene garantizados sus derechos, porque todos, absolutamente todos los derechos, cuestan.
Aunque son muchos los temas que debe abordar un programa alternativo de lo cual da fe en cuadernillo de metodología que se ha distribuido, quisiera centrarme en estas palabras introductorias en cuarto ejes fundamentales que los comprenden en la perspectiva un programa de cambio. Me refiero a la Paz, la Democracia, la Soberanía y la Justicia, particularmente en su acepción social.
Paz
Hoy, finalmente, después de que por décadas desde la izquierda democrática reclamábamos una solución política y negociada al conflicto armado, Gobierno e insurgencia se encuentran en medio de complejos diálogos. Reiteramos que esos diálogos tienen todo nuestro respaldo y que ojalá lleguen a feliz término durante el mandato del Presidente Santos, que acuerden un mecanismo de refrendación al cual podamos dedicar el mejor de nuestros esfuerzos para su aceptación por parte del pueblo colombiano. De otra parte, si se dilaten las negociaciones, también queremos dejar en claro que las continuaremos en caso de salir nuestra propuesta favorecida por el pueblo colombiano.
Cualquier Gobierno que aspire a ser alternativo e innovador debe dedicarle mucho esfuerzo y tiempo a construir una cultura de paz. Es una vieja deuda que tenemos con el pueblo colombiano que ha vivido al vaivén de la violencia estimulada por los sectarismos, los intereses económicos mezquinos de las clases gobernantes y de los partidos tradicionales. En efecto, compañeras y amigos: Me propongo estatuir como objetivo principal del próximo gobierno alternativo ayudar a cimentar una cultura de paz que es tanto como una cultura de la tolerancia y el respeto capaz de transformar radicalmente la concepción intemperante que hemos tenido en las relaciones con nuestros semejantes. Relaciones que no pueden ser de violencia y de fuerza sino de comprensión y respeto por la diferencia, por las creencias y sentimientos de nuestros vecinos y de nuestros contradictores.
Una cultura de la paz no puede ser el resultado del dictamen de un sabio o de una pitonisa ni mucho menos de la imposición autoritaria de una clase dominante. El principal esfuerzo se debe comprometer en las aulas, en la televisión y en el seno de la familia, con la protección del Estado y el ejemplo de los gobernantes. Crear cultura de paz es una tarea titánica que involucra la disposición de respetar las opiniones distintas y las contrarias a las nuestras. Tiene un profundo contenido humano porque involucra el respeto a la vida, a la dignidad y la integridad física, cultural y sicológica de todos y todas. Significa darle vigencia plena al principio que siempre hemos repetido pero que no hemos aplicado: "los derechos propios terminan dónde empiezan los derechos de los demás" y comprende la lección cristiana que está en la base del imperativo categórico kantiano: "Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti" (Mt 7, 12).
Cuando surgen contradicciones entre derechos opuestos es la Ley y no la violencia ni la influencia la encargada de resolverlas, por lo que la cultura de paz exige un sistema judicial impoluto y valga la redundancia, justo, ciego al poder y al dinero, estricto pero misericordioso, que solamente una democracia auténtica puede construir y esa reforma de la Justicia será una de nuestras prioridades.
La construcción de paz y la reconciliación serán las directrices del posconflicto que deberá asumir, no solamente la reparación de las víctimas, la restitución de sus tierras y el compromiso ineludible con la verdad y la garantía de no repetición, sino que deberá afrontar una crisis humanitaria de enormes proporciones de la población que ha recibido en su territorio las peores manifestaciones del conflicto. Haciendo eco de las conclusiones de la Comisión de Memoria Histórica, elaboraremos un plan de urgencia humanitario para los doscientos municipios más afectados por la guerra.
Democracia
Como es fácil de comprender, solo será posible construir una paz que se prolongue en la mente y en la vida de las futuras generaciones si el nuevo ambiente de tolerancia, si la cultura de paz se construye al amparo de una democracia pluralista e integral.
Con el proceso Constituyente 1991, muchos nos hicimos la ilusión de la nueva Constitución que se anunciaba como el pacto de paz entre los colombianos y colombianas, crearía además las condiciones para una democracia ampliada, pluralista, donde la participación del pueblo fuera decisiva en la conducción de los destinos del país. Pero tenemos que afirmar que nos equivocamos porque mientras los sectores de avanzada que participaron en la redacción de la Constitución perfeccionaban la Carta de derechos y los enunciados generales favorables a la democracia y el pluralismo, los representantes del neoliberalismo se sentaron a diseñar una nueva Constitución económica. Fue así como la nueva forma de Estado social de derecho con su garantía de realización de derechos humanos sociales, económicos y colectivos entendidos como derechos judiciables y exigibles, se estrelló con el contenido del capítulo económico que erigió en derechos, igual de fundamentales, la libre competencia, la privatización de los servicios públicos y sociales y la renuncia del Gobierno al manejo integral de la política económica, pieza angular del modelo neoliberal importado, sin beneficio de inventario, en proceso de implantación.
La mayor ingenuidad de los Constituyentes progresistas se revela en la facilidad con que consagraron la reforma de la Constitución. Basta una mayoría calificada de la mitad más uno de una y otra cámara en un procedimiento igual de expedito que el de una ley cualquiera para reformar el consenso originario. Ya van 35 modificaciones, orientadas la inmensa mayoría a arrinconar el Estado social, limitar el pluralismo político y reconcentrar el poder omnímodo de la institución presidencial. Es una Constitución que ha sido desvertebrada en su esencia y que se alejó de los postulados esenciales del Estado social y democrático de derecho que pregona.
Al amparo de esta Constitución desnaturalizada hizo carrera la interpretación contraria del principio de igualdad, tan esencial para la vigencia de una democracia plena. En vez de acción afirmativa a favor de los débiles, se aplicaron las herramientas de política más robustas en beneficio de los más aventajados con el establecimiento de privilegios tributarios y subsidios multimillonarios para las grandes empresas y se abrió paso el fortalecimiento de los monopolios y sus precios de ganancias exageradas que dejan en la imposibilidad de sobrevivir a pequeños y medianos campesinos e industriales para que puedan jugar un papel positivo en el proceso económico nacional. Sin lugar a dudas, la concentración de poder económico se ha traducido en concentración de poder político, lo que afecta seriamente la calidad de la democracia y del sistema de representación que parece responder más al criterio plutocrático de "un dólar un voto" al democrático formal de "una persona un voto". Este déficit de democracia reproduce la desigualdad. Por eso no reviste sorpresa alguna que ostentemos los indicadores de concentración de la riqueza y de los ingresos más acentuados de la tierra. Medidos por el coeficiente de Gini donde lo más cercano a uno es más desigual tenemos un coeficiente de 0,55 en materia de ingresos, de 0,88 en materia de tenencia de la tierra y del 0,80 en propiedad accionaria, que se han desmejorado a partir de la Constitución de 1991.
De manera simultánea, se le notificó por conducta concluyente al aparato productivo nacional que la mejor política industrial o agraria es ninguna política, echando a la basura la experiencia acumulada del Estado en su promoción de de la diversificación productiva, el desarrollo rural integrado, la reforma agraria y la institucionalidad del fomento del trabajo y la empresa nacional; experiencia propia, nuestra, criolla, la que mi maestro Albert Hirschman alguna vez denominó el "manifiesto latinoamericano" que enseñó lecciones al mundo y que en nuestro programa tendremos que recuperar para analizarlas y actualizarlas al tiempo actual y sus problemas.
Con la nueva Constitución económica se consolidó el atraso, el estancamiento y la desigualdad en el campo y las ciudades. La parálisis y el retroceso en el sector industrial se refleja en el significativo aumento de la informalidad y del desempleo alrededor de lo cual se han desarrollado nuevas modalidades de violencia como el secuestro, la extorsión, la violencia contra los niños y las mujeres y el desamparo de quienes viven en la tercera edad. Por eso, lo que planteamos desde el Polo Democrático Alternativo es construcción del Estado social de derecho en toda su dimensión democrática, pero haciendo énfasis en la cuestión social que es donde flaquea el ordenamiento jurídico actual del país.
Queremos democracia para que haya pluralismo en el desarrollo económico del país. Para que la oposición pueda sobrevivir sin estigmatizaciones y sin agresiones verbales y físicas como las que hemos experimentado en esta última etapa. Queremos una verdadera democracia con presencia de la oposición en los órganos rectores electorales, en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en la Junta Directiva del Banco de la República, porque sin la vigilancia de la oposición no puede hablarse de elecciones libres, porque en ausencia de una deliberación sobre las distintas alternativas de política de cara al país, no se puede acertar en la toma de decisiones.
Queremos democracia e igualdad para todas las poblaciones discriminadas. Es tanta la discriminación que estando en la Alcaldía ideamos una campaña pedagógica que sólo alcanzó su primera fase. Se denominaba "Me llevas en tu sangre, no me discrimines" y la ilustramos con indígenas, gente pobre, afrodescendientes, Rrom, Raizales, LBBTI y desde luego mujeres, muchas mujeres. No puede ser que todavía estemos luchando por el control de nuestro cuerpo, por la igualdad con el sexo complementario, por no ser golpeadas por escoger una opción sexual diferente. Piensen por un momento si una sociedad democrática puede tolerar por más tiempo discriminación sobre discriminación.
Ha llegado el momento de decirle otro "¡Basta ya!" a la falta de democracia pluralista en Colombia. La política económica es la savia de la democracia y no puede seguir siendo el monopolio de una tecnocracia que no le rinde cuentas al pueblo. El fundamentalismo de mercado está echando agua aquí y en todas partes. Por eso salen a las calles los indignados de todas las naciones a protestar por la desigualdad, por la falta de consideración, por no recibir un trato igual y digno de parte de las autoridades, en fin, claman y reclaman, clamamos y reclamamos democracia.
Soberanía
El tercer eje de nuestra propuesta programática es el de la soberanía, nuestra casa común, con todas sus acepciones y derivaciones. En efecto, necesitamos soberanía en primer término para defender nuestra integridad territorial, recientemente cercenada con el fallo de la Haya que contó con la observancia y mirada contemplativa de distintos gobiernos que no fueron capaces de vigilar y de participar en los debates del Tribunal Internacional mostrando los derechos de Colombia y de su pueblo raizal que nos han sido cercenados. Soberanía para defender nuestro territorio. Soberanía para que Colombia no pueda ser usada como base militar para agredir a ningún país del mundo y desde luego, soberanía para poder abordar con evidente interés nacional la exploración y explotación de nuestros recursos naturales.
No negamos la posibilidad de la presencia de la tecnología y de los capitales extranjeros sino que consideramos que cualquier clase de inversión y de asistencia técnica debe ir en función de los intereses nacionales. No puede seguir ocurriendo que la mayor parte de las utilidades obtenidas en materia de explotación minera termine como una exportación de capital en detrimento de su utilización para saldar la deuda social con la población. No pueden desconocerse los derechos de posesión de comunidades indígenas, negras y campesinas a los yacimientos que han explotado ancestralmente. En vez de criminalizarlos y despojarlos, el Estado debe proceder a formalizarlos e incluirlos en la necesaria protección ambiental que haga de sus explotaciones modelo de sostenibilidad ambiental.
Requerimos también la soberanía alimentaria cuyo contenido y objetivo principal debe ser el de garantizar, con el apoyo del Estado, que la producción agrícola y también la industrial para satisfacer las necesidades de todo el pueblo colombiano en el presente y en futuro cuando la tierra cultivable empiece a escasear.
Necesitamos ejercer la soberanía en nuestras relaciones exteriores que deben adelantarse con todos los países del mundo, sin importar su ideología, pero basados en el respeto mutuo, el principio de no injerencia en los asuntos internos y la solidaridad de todos los pueblos que habitamos un mundo amenazado por el cambio climático y serias amenazas bélicas. Este principio de soberanía que defendemos con tanto ahínco debe tocar también la necesidad de establecer una nueva modalidad que tiene que ver con el comercio exterior de nuestro país y la autonomía de nuestras autoridades para adoptar las decisiones económicas que más convengan. El ejemplo más claro que tenemos de la falta de soberanía tiene que ver con la suscripción del TLC con los Estados Unidos, cuya aparente inmodificabilidad que sería contraria al derecho internacional de los tratados, hemos conocido por boca de un embajador. ¿Cómo puede ocurrir que el pueblo permanezca ignorante del contenido de los tratados que suscribe el Gobierno cuando tienen tanta trascendencia sobre la vida, la soberanía alimentaria y demás derechos del pueblo colombiano? ¿Es aceptable acaso que Colombia suscriba un Tratado de Libre Comercio que no puede ser modificado ni reajustado? ¿Un tratado de carácter eterno que nos pone en condiciones de desigualdad permanente para el ejercicio de nuestra soberanía económica? ¿Es aceptable que un Tratado de esa naturaleza sea negociado en secreto y se ponga en vigencia a espaldas del propio pueblo colombiano en cuyo nombre se suscribió?
Y ¿qué tal los tratados de seguridad inversionista que colocan al capital nacional en condiciones de desigualdad con la inversión extranjera?
Nuestra propuesta de soberanía no es una propuesta chauvinista. Por el contrario es una propuesta que respeta todas las vertientes del pensamiento político, social, económico y religioso universal. Desde luego, nuestra propuesta alrededor de la soberanía debe incluir una política seria y constructiva en materia fronteriza. Vamos a defender nuestras fronteras y territorios y a respetar las fronteras y territorios de nuestros vecinos. La colombianidad no debe ir de la Capital a la frontera sino de la frontera a la Capital, con una ocupación democrática del territorio que garantice a todos los habitantes la presencia integral del Estado en todas sus dimensiones y no como hoy que se limita, si acaso, a la presencia militar.
Justicia social
El cuarto eje de nuestra propuesta es la justicia social que atraviesa los tres ejes anteriores. Si no hay justicia social se resienten los propósitos de paz y su ausencia es la mejor medida del déficit de democracia. Para nadie es un secreto que sin justicia social es muy difícil edificar una paz duradera y la democracia es una caricatura política cuando no está cimentada en la justicia social. Tampoco puede hablarse exitosamente de soberanía en un país cercado por la desigualdad y la pobreza.
Por más que los distintos gobiernos se interesen en darle un maquillaje a la problemática social es prácticamente imposible negar lo que está sucediendo en Colombia. En lugar de diseñar con sostenibilidad fiscal las políticas sociales de realización de derechos que ordena la Constitución, el Gobierno se limita a entregar subsidios de aproximadamente un 10% de un salario mínimo legal a unas 2.5 millones de familias pobres que a su vez cumple una función electoral, como le refleja un estudio del CEDE de la Universidad de los Andes que encontró una mayor correlación entre el número de familias receptoras del beneficio y los votos por un candidato presidencial que con los niveles objetivos de pobreza en el mismo municipio.
Si bien es cierto que esta política asistencialista por lo menos algo da a los más pobres, lo cierto es que un programa democrático y alternativo no debe limitarse a tan limitado objetivo. Nuestra obligación es la de diseñar políticas públicas a partir de la garantía de derechos, única salida real de la pobreza y la desigualdad.
Una de las manifestaciones más duras de la injusticia social se refleja claramente en la aguda problemática del desempleo. Una ocupación digna, es a la postre, la única garantía para vencer la pobreza de manera sostenible. En la actualidad según los datos suministrados oficialmente por el DANE el índice de desempleo se ubica en guarismos cercanos al 10%. Es una cifra que oculta la realidad de la precariedad del pueblo colombiano. Realmente nos quieren hacer creer que una persona que trabaja unas pocas horas al mes se encuentra ocupada. Lo cierto es que de los 10 millones de ocupados, 5 millones pertenecen al denominado sector informal que no es otra cosa que el rebusque o el trabajo familiar sin remuneración. Por eso, una propuesta alternativa tiene que contemplar la necesidad de un desarrollo industrial sostenido y sostenible que rompa las compuertas de las importaciones de todo lo que producimos y somos capaces de producir eficientemente en Colombia cuando no somos obligados a competir con subsidios extranjeros, precios exagerados por el abuso de posición dominante en el mercado o regulados por una política económica que confunde los intereses colombianos con los foráneos. Me refiero a los precios en que somos campeones en el vecindario por superar con creces los que pagan los otros países de América latina y que restan competitividad a la producción nacional. La lista es larga y significativa: precio de la divisa, margen de intermediación, cemento, kw de energía eléctrica, gasolina, ACPM, gas, fertilizantes, herbicidas, medicamentos, llamadas de celular.
El propósito de reducir a su mínima expresión el desempleo comienza por diseñar verdaderas políticas de desarrollo agropecuario e industrial, articularlas debidamente con la política macroeconómica y ponerle coto a los monopolios y al abuso de posición dominante mediante una intervención certera para la cual existen los instrumento pero falta la voluntad política por eso de que el poder económico termina por concentrar el poder político. Hay que dar apoyo a los pequeños y medianos productores, a los campesinos ricos para que puedan intensificar la producción agrícola sobre la base precios justos y un inteligente apoyo estatal.
El salario mínimo tiene que servir de instrumento de doble función como lo hizo Lula en el Brasil con reconocido éxito. Su aumento sustancial mejoró la calidad de vida de millones a la vez que profundizó el mercado interno para absorber la producción de los empresarios nacionales del campo y la ciudad. Esa capacidad de pago genera también capacidad de ahorro para que con apoyo del Estado se contemplen inversiones sustanciales en materia de vivienda y se desarrollen mecanismos financieros como créditos con intereses subsidiados o sin intereses como vías de acceso al derecho de vivienda.
Nosotros tenemos autoridad moral y política para hablar de la educación y de la salud como derechos porque en Bogotá, a pesar de y no gracias las limitaciones nacionales, nos pusimos a la tarea de construir Estado social desde el Gobierno. Nuestros planes de desarrollo, los del Polo, se diseñaron con una perspectiva de derechos universales. Es un hecho comprobado de economía política: los derechos garantizados a todos tienen mayor posibilidad de sobrevivir, incluso al fundamentalismo de mercado, que las políticas asistencialistas focalizadas solamente hacia los pobres. Es el caso de la pensión mínima garantizada a todo norteamericano cuando cumple 65 años de edad. Sobrevivió a Regan y a los dos Bush, porque es un derecho igual para todos.
Así se diseño la gratuidad escolar en Bogotá. Este año se gradúa la primera generación de jóvenes que han cursado hasta el grado once en gratuidad. En Bogotá todo niña y niña tiene derecho a un cupo gratuito en los planteles públicos, y hasta cuando abandonamos la Alcaldía la gratuidad se acompañaba del refrigerio, de salud al colegio, del transporte a los que viven alejados y hasta el morral de sueños, útiles escolares para quienes no tienen en su hogar cómo obtenerlos.
Lo propio se contempló en salud, no gracias a sino a pesar de la Ley 100 que convirtió ese derecho en una mercancía. Con el programa de "Salud a su Hogar" equipos interdisciplinarios visitaban casa por casa prestando atención primaria en salud. Llegamos en 2011 a más de 2.5 millones de hogares y creciendo. Fuimos los primeros en ofrecer como derecho la vacunación gratuita contra el rotavirus y el neumococo, responsables del mayor número de muertes infantiles y de la tercera edad por enfermedades respiratorias y gastrointestinales e iniciamos la labor de vacunar a las niñas preadolescentes contra el papiloma humanos. Con mis manos vacuné a la primera niña contra el riesgo de cáncer cervical en su edad adulta en Engativá.
Nuestro programa tiene que ampliar esos derechos a todos y todas las colombianas y no quedarse ahí. Tenemos que recuperar el manejo de la salud como derecho de las manos de la intermediación financiera y extender, como corresponde, a un país de nivel de desarrollo de Colombia, la educación de calidad y gratuita al nivel universitario y técnico. Nuestro deber está en la democratización de la enseñanza técnica y universitaria, porque en el mundo de hoy se constituye en la herramienta esencial para superar y vencer la desigualdad social.
Un programa alternativo tiene que contemplar el derecho al mínimo vital en el consumo de agua potable como el que introdujimos en Bogotá para las familias más pobres y el derecho a no pasar hambre que tanto ahínco ha defendido nuestra única mujer parlamentaria, Alba Luz Pinilla en el Congreso de la República. De la misma manera tenemos que pensar en un programa en grande para que todos los colombianos tengan acceso al libro, a la cultura, al deporte y a la práctica de la música y la investigación de nuestro folclor, nuestras lenguas perdidas, nuestras raíces.
Por un programa alternativo que sacuda los cimientos de la desigualdad, que sea a la vez, realista y realizable. Para ello tenemos que seguir insistiendo en la convergencia más amplia de todas las expresiones democráticas y alternativas de Colombia. Necesitamos una nueva mayoría no una tercería pues quién ha dicho que nosotros somos una amenaza cuando nuestro programa es la Constitución. Amenaza la derecha que busca polarizar entre dos derechas, dos maneras de hacer lo mismo que vienen haciendo desde hace años. Lamentamos que Antonio Navarro haya escogido foguearse en una consulta con Enrique Peñalosa. ¿Y si pierde, pondrá a los progresistas a votar por Peñalosa? Creo que no lo acompañarán en esa aventura. Convoquemos pues todos los demócratas a construir un programa alternativo dentro de estos lineamientos generales que todos tenemos que enriquecer, profundizar y corregir cuando concluyamos que hay otra alternativa mejor.
¡Por la Paz en democracia y soberanía!
¡Por la Justicia!
¡Arriba la esperanza que el futuro nos pertenece!
Bogotá, 3 de septiembre de 2013.
http://claralopez.org/Claralopez/Columnas/2013/2013-nota103.htm
