Organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada
La verdadera paz y reconciliación se construye con ética, verdad y justicia
por Organizaciones de víctimas
Las organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada que suscribimos la presente Declaración, saludamos como víctimas del conflicto armado interno, de la violencia sociopolítica y como sujetos sociales, todos los esfuerzos de diálogo hacia la construcción de la paz y llamamos para que vengan acompañados de políticas de justicia social y compromiso de erradicar de la faz de Colombia el crimen de la desaparición forzada hacia el futuro, así como esclarecer y llevar a la justicia a los 18.638 casos calificados como de Desaparición Forzada y los casos de las 74.361 Personas Desaparecidas según los registros oficiales, ocurridas en el país entre 1970 y 2012 cifra que nos ubica como el tercer país en el mundo donde se comete este crimen atroz, después de Irak y Afganistán.
Víctimas de Crímenes de Estado
Como ha constatado la comunidad internacional y recientemente Amnistía Internacional “la desaparición forzada sigue siendo una práctica sistemática y generalizada, obra fundamentalmente de fuerzas de seguridad y paramilitares, en el conflicto interno que sufre Colombia desde hace 45 años. Se cree que al menos 30.000 personas han sido víctimas de desaparición forzada durante el conflicto.” (A.I, Las desapariciones forzadas en América son un crimen del presente, 30.8.12)
Hoy, cuando se inician diálogos de paz en Colombia, el gobierno nacional y las FARC tienen la obligación ética, política y jurídica de asumir la deuda histórica con el Derecho a la Verdad, al esclarecimiento del paradero de las víctimas de desaparición forzada y su derecho a la Justicia, a medidas de satisfacción y a garantías de no repetición. De vital importancia es el reconocimiento de la grave dimensión actual de este crimen de lesa humanidad –que se sigue cometiendo todos los días y no es un problema del pasado, sino una seria amenaza hacia el futuro- y el reconocimiento del serio daño causado individual, familiar y colectivo.
El Estado en su conjunto también debe reconocer que al lado de una gran indiferencia social e institucional durante décadas, la lucha contra las desapariciones forzadas ha sido estigmatizada y las organizaciones de familiares señaladas y objeto de hostigamientos, atentados, vigilancia ilegal, desapariciones, amenazas, exilios, sin que las investigaciones hayan esclarecido la verdad y llevado a juicio a los autores.
Estamos sumamente preocupadas porque los diálogos de paz iniciados están rodeados de un marco legal de impunidad absoluta para los casos de desaparición forzada, Por un lado por la ampliación del fuero militar que permitirá que tribunales militares tipifiquen las desapariciones forzadas como violaciones al DIH para que queden bajo su jurisdicción, por otro lado, por la renuncia a investigar violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado aprobada en el Marco Jurídico para la Paz, así como por el fracaso de la Ley de Justicia y Paz bajo la cual no se ha investigado ni llevado a juicio al 90% de los autores de desapariciones forzadas perpetradas por esos grupos: 32.000 según las denuncias de los Reportes de Hechos Atribuibles al Margen de la Ley que la Unidad de Justicia y Paz recopiló en el proceso de paz con los grupos paramilitares.
Y finalmente por el proyecto de ley que regula el derecho operacional de la Fuerza Pública en tercer debate en la Comisión Segunda de la Cámara que establece que “no podrán invocarse las normas del derecho internacional humanitario, con el objeto de menoscabar (…) la responsabilidad que le incumbe al Gobierno de mantener o restablecer la ley y el orden en el Estado (…)”, para significar que por razones de orden público no se aplicará el DIH.
Si la Mesa de Diálogo no toma seriamente en consideración la gran impunidad que representan estas normas en su conjunto, los miles de víctimas de las desapariciones forzadas quedarán sin posibilidades de búsqueda y establecimiento del paradero y los hogares huérfanos sin saber de sus seres queridos porque se cerrarán los casos, contrariamente a las recomendaciones internacionales hechas por la comunidad internacional en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la Corte y la Comisión Interamericana de derechos Humanos y la Asamblea General de la OEA, del Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Las garantías de legitimidad que debería adoptar el actual proceso de paz en Colombia
La legitimidad de los diálogos de paz que se inician en Colombia depende de si el tema de víctimas incluye un Acuerdo para el respeto de los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas, de las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, así como del cumplimiento que el gobierno dé a sus obligaciones internacionales adquiridas en los tratados de derechos humanos y particularmente depende:
De si el gobierno nacional se compromete seriamente con la lucha contra la impunidad de las violaciones de los DDHH y el DIH, con una garantía de que las negociaciones no incluirán un “Pacto de reciprocidad” para no abrir investigaciones o no sancionar los crímenes de derechos humanos cometidos por agentes del Estado solos o con grupos paramilitares durante el conflicto armado, cerrando los caminos para acceder al derecho a la Justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada.
de si en la mesa de negociaciones en el tema de Víctimas es incluida la voz y la participación de las víctimas de desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad y de si las desapariciones forzadas no son tratados como un tema más, y se considera a los familiares de los desaparecidos con voceros propios.
De si el gobierno al crear una Comisión de la Verdad garantiza claros mecanismos de monitoreo, rendición pública de cuentas y seguimiento a la aplicación o desconocimiento de sus conclusiones y recomendaciones. Del grado de independencia de los comisionados entre quienes no deberían figurar actores armados. De si se garantiza una amplia convocatoria a las víctimas de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH para que participen y acudan a ella y de las facilidades y medidas de protección que se brinde a los denunciantes.
La legitimidad depende de si se garantiza la investigación y desmantelamiento de las bandas criminales, los carteles viejos y nuevos del narcotráfico, de si se fortalecen las políticas y mecanismos anticorrupción. Y de que se prevenga y combata seriamente la discriminación, la violencia contra las mujeres y niños, especialmente la violencia sexual y el reclutamiento forzado.
MINIMOS DE RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE DESAPARICION FORZADA EN LOS DIALOGOS DE PAZ
1.-Suscripción de un Acuerdo Humanitario entre las partes que incluya que ”se levantará información unificada y sistematizada de todas sus bases de datos, concernientes a personas desaparecidas forzadas a lo largo de estas décadas, a fin de posibilitar en la implementación de los acuerdos un esclarecimiento y ubicación de su paradero, o donde puedan encontrarse cuerpos de civiles y de combatientes sin identificar.” (Propuesta de colombianos y colombianas por la Paz).
Compromiso de erradicación de las desapariciones forzadas y las condiciones que las posibilitan como las detenciones arbitrarias ó que la agravan como el uso de tratos crueles inhumanos o degradantes, de las prácticas institucionales y extra-institucionales.
Prevención
2. Impulso a un Acto Legislativo para elevar a rango constitucional los crímenes de lesa humanidad y los derechos a la verdad, la justicia y al esclarecimiento del paradero de los desaparecidos. Penalización de la obediencia ciega en el código penal y abolición de la práctica de la obediencia debida en situaciones que conlleven a violaciones graves de los derechos humanos. Ratificación plena de la Convención de Naciones Unidas sobre desaparición forzada, por parte del Presidente de la República haciendo la Declaración de aceptación del Comité contra las Desapariciones Forzadas ante el Secretario General de la ONU.
Derecho a la Verdad
3. Esclarecimiento y entrega a la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Fiscalía General de la Nación y a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas para lo de su competencia, de un Informe Público con recomendaciones a todos los poderes públicos, específico sobre las desapariciones forzadas ocurridas desde 1977, de sus modalidades, patrones, autores, estructuras que las planificaron, ejecutaron y toleraron, de los lugares de cautiverio e inhumación de las víctimas conocidos y clandestinos, del tipo de tratos inhumanos y degradantes a los que fueron sometidos, del lugar de destino de las víctimas, de la normatividad y contextos en que ocurrieron y de las conexidades de las desapariciones forzadas con reclutamientos forzados, violencia sexual, ejecuciones sumarias y de los impactos en los derechos individuales, familiares, organizativos y colectivos, sobre al tejido social, psicosociales y humanitarios en los niños/as, mujeres, afrodescendientes, indígenas y adultos mayores.. Publicidad y amplia convocatoria para acceder al Derecho a la Verdad en horario Triple A.
4. Presentación para el esclarecimiento de los archivos de inteligencia, de las Órdenes de Batalla y de los archivos de operaciones bajo las cuales se cometieron desapariciones forzadas y de Informes Públicos de las Partes sobre muertos en combate, para su recuperación, identificación y entrega a sus familiares.
5. Reconocimiento público de la grave dimensión de las desapariciones forzadas cuya cifra actual oficial es de 18.638 y podría llegar a 30.000 víctimas, de su comisión por agentes del Estado solos o en complicidad o tolerancia con grupos paramilitares y grupos armados al margen de la ley. Reconocimiento de las causas estructurales del conflicto, las desapariciones ocurridas bajo el trasfondo de intereses transnacionales y de las múltiples vulneraciones a los derechos de los desaparecidos y sus familias, en particular el derecho a la vida cuando las víctimas fueron ejecutadas sumariamente en cautiverio, el derecho a la libertad cuando fueron aprehendidos ilegalmente, el derecho a la integridad cuando fueron sometidos a torturas, a la personalidad jurídica si sus cuerpos fueron ocultados y abandonados como N.N. para dificultar su recuperación e identificación, a la protección cuando las familias y sus organizaciones resultaron amenazadas, desplazadas o exiliadas por sus denuncias.
6. Petición de perdón público a las familiares de víctimas de desapariciones forzadas y dignificación de las comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, religiosas, sindicalistas ó políticas a las que pertenecieron y/o por el uso de sus territorios o propiedades para el enterramiento de víctimas. Medidas de restitución del Derecho al buen nombre cuando sin serlo las desapariciones fueron justificadas bajo calumnias a las víctimas de ser guerrilleras, paramilitares o por causas de “limpieza social”.
7. Reparación. Medidas económicas y sociales específicas e integrales para la reconstrucción del tejido familiar, social y de las comunidades y poblaciones afectadas por las desapariciones forzadas con enfoque diferencial para casos de mujeres, niños, afrodescendientes, indígenas desaparecidos.
8. Búsqueda e identificación de los desaparecidos y derecho a la rehabilitación
Aprobación de una legislación y mecanismos macro para la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada y de programas para la identificación de las personas no identificadas inhumadas en cementerios o en fosas, hasta la devolución a sus familias. Búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas y garantía de investigación de todas las formas de violencia sexual que hayan sufrido en su cautiverio.
Compromiso de implementar un Programa Psicosocial nacional específico de atención a la integridad mental de los familiares de desaparecidos, definido y aplicado con la participación de las víctimas y de organismos especializados independientes. Adopción de las Normas Mínimas de trabajo Psicosocial en procesos de búsqueda e investigaciones forenses para casos de desaparición forzada y ejecución sumaria.
Protección y monitoreo de la situación de derechos humanos
9. Compromiso gubernamental de respeto irrestricto a los derechos humanos y al dih.
Compromiso de fortalecer el monitoreo internacional de la situación de derechos humanos y DIH por parte de la OACNUDH y de no debilitar el sistema interamericano.
Garantías de No Repetición
10. Depuración administrativa de la fuerza pública y de los organismos de inteligencia de agentes involucrados en violaciones de derechos humanos y al DIH.. Ajuste del rol, el tamaño y el presupuesto de las Fuerzas Armadas a condiciones de terminación del conflicto armado, abolición de la doctrina de la seguridad nacional de la estructura castrense y reemplazo por la doctrina de protección a los derechos humanos. Eliminación del servicio militar obligatorio y reemplazo por el servicio social. Penalización de las labores de inteligencia a actividades de defensa de los derechos humanos. Institución de la Policía Nacional bajo la dirección del Ministerio del Interior.
11. Erradicación de los grupos paramilitares, bandas criminales y carteles del narcotráfico.
12. Fuero militar circunscrito a delitos típicamente militares. Compromiso de garantía s para el acceso a la justicia o la extradición de autores de desapariciones forzadas a Colombia.
Derecho a la justicia
13. Constitución de un Tribunal Superior de crímenes de Lesa Humanidad y crímenes de guerra con Salas Especializadas y fortalecimiento del presupuesto de la Fiscalía general de la Nación, de Medicina Legal, de la UARIV y del Ministerio Público para asistir y garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada, la participación y la vigilancia de los procesos judiciales sobre crímenes de lesa humanidad.
FIRMAN:
1. MADRES DE PLAZA DE MAYO – Línea Fundadora, Argentina 2. Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos Humanos 3. Pilar Navarrete, Familiar Desaparecidos del Palacio de Justicia 4. ASFADDES-Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos 5. AFAVIT-Asociación de Familiares de las Víctimas de Trujillo, Valle del cauca 6. Madres de la Candelaria, Línea Fundadora, Antioquia 7. MOVICE-Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado 8. MOVICE-Meta 9. AFUSODO-Asociación de familias unidas por un solo dolor, Barranquilla 10. Familiares de desaparecidos por el Apoyo Mutuo, Familiares Colombia 11. H.I.J.O.S por la identidad contra el olvido y el silencio 12. Madres de Soacha 13. Hijos e Hijas por la Memoria y contra la impunidad 14. Semillas de Dignidad y Memoria y Luz Marina Hache Contreras 15. Luz de la Frontera, Putumayo 16. Sector de Victimas de la Mes Humanitaria del Meta que tiene trabajo en 15 municipios. 17. Familiares de víctimas de Desaparición forzada, asesinatos, Ejecuciones extrajudiciales. De las Masacres de: Mapiripán, 18. Familias Velez de Mesetas, Caño Sibao, San Carlos de Guaroa, familia Pedraza de Granada. 19. ASONAL JUDICIAL Presidente , por los 35 funcionarios judiciales víctimas de desaparición forzada 20. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 21. Corporación Jurídica Libertad, Antioquia 22. Centro de Desarrollo Regional, Valle del Cauca 23. Fundación Proyecto Vida, Meta 24. Civipaz, Villavicencio 25. Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada – Coordinación Colombia Europa –Estados Unidos
Siguen firmas de familiares de víctimas de desaparición forzada
Las organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada que suscribimos la presente Declaración, saludamos como víctimas del conflicto armado interno, de la violencia sociopolítica y como sujetos sociales, todos los esfuerzos de diálogo hacia la construcción de la paz y llamamos para que vengan acompañados de políticas de justicia social y compromiso de erradicar de la faz de Colombia el crimen de la desaparición forzada hacia el futuro, así como esclarecer y llevar a la justicia a los 18.638 casos calificados como de Desaparición Forzada y los casos de las 74.361 Personas Desaparecidas según los registros oficiales, ocurridas en el país entre 1970 y 2012 cifra que nos ubica como el tercer país en el mundo donde se comete este crimen atroz, después de Irak y Afganistán.
Víctimas de Crímenes de Estado
Como ha constatado la comunidad internacional y recientemente Amnistía Internacional “la desaparición forzada sigue siendo una práctica sistemática y generalizada, obra fundamentalmente de fuerzas de seguridad y paramilitares, en el conflicto interno que sufre Colombia desde hace 45 años. Se cree que al menos 30.000 personas han sido víctimas de desaparición forzada durante el conflicto.” (A.I, Las desapariciones forzadas en América son un crimen del presente, 30.8.12)
Hoy, cuando se inician diálogos de paz en Colombia, el gobierno nacional y las FARC tienen la obligación ética, política y jurídica de asumir la deuda histórica con el Derecho a la Verdad, al esclarecimiento del paradero de las víctimas de desaparición forzada y su derecho a la Justicia, a medidas de satisfacción y a garantías de no repetición. De vital importancia es el reconocimiento de la grave dimensión actual de este crimen de lesa humanidad –que se sigue cometiendo todos los días y no es un problema del pasado, sino una seria amenaza hacia el futuro- y el reconocimiento del serio daño causado individual, familiar y colectivo.
El Estado en su conjunto también debe reconocer que al lado de una gran indiferencia social e institucional durante décadas, la lucha contra las desapariciones forzadas ha sido estigmatizada y las organizaciones de familiares señaladas y objeto de hostigamientos, atentados, vigilancia ilegal, desapariciones, amenazas, exilios, sin que las investigaciones hayan esclarecido la verdad y llevado a juicio a los autores.
Estamos sumamente preocupadas porque los diálogos de paz iniciados están rodeados de un marco legal de impunidad absoluta para los casos de desaparición forzada, Por un lado por la ampliación del fuero militar que permitirá que tribunales militares tipifiquen las desapariciones forzadas como violaciones al DIH para que queden bajo su jurisdicción, por otro lado, por la renuncia a investigar violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado aprobada en el Marco Jurídico para la Paz, así como por el fracaso de la Ley de Justicia y Paz bajo la cual no se ha investigado ni llevado a juicio al 90% de los autores de desapariciones forzadas perpetradas por esos grupos: 32.000 según las denuncias de los Reportes de Hechos Atribuibles al Margen de la Ley que la Unidad de Justicia y Paz recopiló en el proceso de paz con los grupos paramilitares.
Y finalmente por el proyecto de ley que regula el derecho operacional de la Fuerza Pública en tercer debate en la Comisión Segunda de la Cámara que establece que “no podrán invocarse las normas del derecho internacional humanitario, con el objeto de menoscabar (…) la responsabilidad que le incumbe al Gobierno de mantener o restablecer la ley y el orden en el Estado (…)”, para significar que por razones de orden público no se aplicará el DIH.
Si la Mesa de Diálogo no toma seriamente en consideración la gran impunidad que representan estas normas en su conjunto, los miles de víctimas de las desapariciones forzadas quedarán sin posibilidades de búsqueda y establecimiento del paradero y los hogares huérfanos sin saber de sus seres queridos porque se cerrarán los casos, contrariamente a las recomendaciones internacionales hechas por la comunidad internacional en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la Corte y la Comisión Interamericana de derechos Humanos y la Asamblea General de la OEA, del Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Las garantías de legitimidad que debería adoptar el actual proceso de paz en Colombia
La legitimidad de los diálogos de paz que se inician en Colombia depende de si el tema de víctimas incluye un Acuerdo para el respeto de los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas, de las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, así como del cumplimiento que el gobierno dé a sus obligaciones internacionales adquiridas en los tratados de derechos humanos y particularmente depende:
De si el gobierno nacional se compromete seriamente con la lucha contra la impunidad de las violaciones de los DDHH y el DIH, con una garantía de que las negociaciones no incluirán un “Pacto de reciprocidad” para no abrir investigaciones o no sancionar los crímenes de derechos humanos cometidos por agentes del Estado solos o con grupos paramilitares durante el conflicto armado, cerrando los caminos para acceder al derecho a la Justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada. de si en la mesa de negociaciones en el tema de Víctimas es incluida la voz y la participación de las víctimas de desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad y de si las desapariciones forzadas no son tratados como un tema más, y se considera a los familiares de los desaparecidos con voceros propios. De si el gobierno al crear una Comisión de la Verdad garantiza claros mecanismos de monitoreo, rendición pública de cuentas y seguimiento a la aplicación o desconocimiento de sus conclusiones y recomendaciones. Del grado de independencia de los comisionados entre quienes no deberían figurar actores armados. De si se garantiza una amplia convocatoria a las víctimas de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH para que participen y acudan a ella y de las facilidades y medidas de protección que se brinde a los denunciantes.La legitimidad depende de si se garantiza la investigación y desmantelamiento de las bandas criminales, los carteles viejos y nuevos del narcotráfico, de si se fortalecen las políticas y mecanismos anticorrupción. Y de que se prevenga y combata seriamente la discriminación, la violencia contra las mujeres y niños, especialmente la violencia sexual y el reclutamiento forzado.
MINIMOS DE RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE DESAPARICION FORZADA EN LOS DIALOGOS DE PAZ
1.-Suscripción de un Acuerdo Humanitario entre las partes que incluya que ”se levantará información unificada y sistematizada de todas sus bases de datos, concernientes a personas desaparecidas forzadas a lo largo de estas décadas, a fin de posibilitar en la implementación de los acuerdos un esclarecimiento y ubicación de su paradero, o donde puedan encontrarse cuerpos de civiles y de combatientes sin identificar.” (Propuesta de colombianos y colombianas por la Paz).
Compromiso de erradicación de las desapariciones forzadas y las condiciones que las posibilitan como las detenciones arbitrarias ó que la agravan como el uso de tratos crueles inhumanos o degradantes, de las prácticas institucionales y extra-institucionales.
Prevención
2. Impulso a un Acto Legislativo para elevar a rango constitucional los crímenes de lesa humanidad y los derechos a la verdad, la justicia y al esclarecimiento del paradero de los desaparecidos. Penalización de la obediencia ciega en el código penal y abolición de la práctica de la obediencia debida en situaciones que conlleven a violaciones graves de los derechos humanos. Ratificación plena de la Convención de Naciones Unidas sobre desaparición forzada, por parte del Presidente de la República haciendo la Declaración de aceptación del Comité contra las Desapariciones Forzadas ante el Secretario General de la ONU.
Derecho a la Verdad
3. Esclarecimiento y entrega a la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Fiscalía General de la Nación y a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas para lo de su competencia, de un Informe Público con recomendaciones a todos los poderes públicos, específico sobre las desapariciones forzadas ocurridas desde 1977, de sus modalidades, patrones, autores, estructuras que las planificaron, ejecutaron y toleraron, de los lugares de cautiverio e inhumación de las víctimas conocidos y clandestinos, del tipo de tratos inhumanos y degradantes a los que fueron sometidos, del lugar de destino de las víctimas, de la normatividad y contextos en que ocurrieron y de las conexidades de las desapariciones forzadas con reclutamientos forzados, violencia sexual, ejecuciones sumarias y de los impactos en los derechos individuales, familiares, organizativos y colectivos, sobre al tejido social, psicosociales y humanitarios en los niños/as, mujeres, afrodescendientes, indígenas y adultos mayores.. Publicidad y amplia convocatoria para acceder al Derecho a la Verdad en horario Triple A.
4. Presentación para el esclarecimiento de los archivos de inteligencia, de las Órdenes de Batalla y de los archivos de operaciones bajo las cuales se cometieron desapariciones forzadas y de Informes Públicos de las Partes sobre muertos en combate, para su recuperación, identificación y entrega a sus familiares.
5. Reconocimiento público de la grave dimensión de las desapariciones forzadas cuya cifra actual oficial es de 18.638 y podría llegar a 30.000 víctimas, de su comisión por agentes del Estado solos o en complicidad o tolerancia con grupos paramilitares y grupos armados al margen de la ley. Reconocimiento de las causas estructurales del conflicto, las desapariciones ocurridas bajo el trasfondo de intereses transnacionales y de las múltiples vulneraciones a los derechos de los desaparecidos y sus familias, en particular el derecho a la vida cuando las víctimas fueron ejecutadas sumariamente en cautiverio, el derecho a la libertad cuando fueron aprehendidos ilegalmente, el derecho a la integridad cuando fueron sometidos a torturas, a la personalidad jurídica si sus cuerpos fueron ocultados y abandonados como N.N. para dificultar su recuperación e identificación, a la protección cuando las familias y sus organizaciones resultaron amenazadas, desplazadas o exiliadas por sus denuncias.
6. Petición de perdón público a las familiares de víctimas de desapariciones forzadas y dignificación de las comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, religiosas, sindicalistas ó políticas a las que pertenecieron y/o por el uso de sus territorios o propiedades para el enterramiento de víctimas. Medidas de restitución del Derecho al buen nombre cuando sin serlo las desapariciones fueron justificadas bajo calumnias a las víctimas de ser guerrilleras, paramilitares o por causas de “limpieza social”.
7. Reparación. Medidas económicas y sociales específicas e integrales para la reconstrucción del tejido familiar, social y de las comunidades y poblaciones afectadas por las desapariciones forzadas con enfoque diferencial para casos de mujeres, niños, afrodescendientes, indígenas desaparecidos.
8. Búsqueda e identificación de los desaparecidos y derecho a la rehabilitación
Aprobación de una legislación y mecanismos macro para la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada y de programas para la identificación de las personas no identificadas inhumadas en cementerios o en fosas, hasta la devolución a sus familias. Búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas y garantía de investigación de todas las formas de violencia sexual que hayan sufrido en su cautiverio.
Compromiso de implementar un Programa Psicosocial nacional específico de atención a la integridad mental de los familiares de desaparecidos, definido y aplicado con la participación de las víctimas y de organismos especializados independientes. Adopción de las Normas Mínimas de trabajo Psicosocial en procesos de búsqueda e investigaciones forenses para casos de desaparición forzada y ejecución sumaria.
Protección y monitoreo de la situación de derechos humanos
9. Compromiso gubernamental de respeto irrestricto a los derechos humanos y al dih.
Compromiso de fortalecer el monitoreo internacional de la situación de derechos humanos y DIH por parte de la OACNUDH y de no debilitar el sistema interamericano.
Garantías de No Repetición
10. Depuración administrativa de la fuerza pública y de los organismos de inteligencia de agentes involucrados en violaciones de derechos humanos y al DIH.. Ajuste del rol, el tamaño y el presupuesto de las Fuerzas Armadas a condiciones de terminación del conflicto armado, abolición de la doctrina de la seguridad nacional de la estructura castrense y reemplazo por la doctrina de protección a los derechos humanos. Eliminación del servicio militar obligatorio y reemplazo por el servicio social. Penalización de las labores de inteligencia a actividades de defensa de los derechos humanos. Institución de la Policía Nacional bajo la dirección del Ministerio del Interior.
11. Erradicación de los grupos paramilitares, bandas criminales y carteles del narcotráfico.
12. Fuero militar circunscrito a delitos típicamente militares. Compromiso de garantía s para el acceso a la justicia o la extradición de autores de desapariciones forzadas a Colombia.
Derecho a la justicia
13. Constitución de un Tribunal Superior de crímenes de Lesa Humanidad y crímenes de guerra con Salas Especializadas y fortalecimiento del presupuesto de la Fiscalía general de la Nación, de Medicina Legal, de la UARIV y del Ministerio Público para asistir y garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada, la participación y la vigilancia de los procesos judiciales sobre crímenes de lesa humanidad.
FIRMAN:
1. MADRES DE PLAZA DE MAYO – Línea Fundadora, Argentina 2. Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos Humanos 3. Pilar Navarrete, Familiar Desaparecidos del Palacio de Justicia 4. ASFADDES-Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos 5. AFAVIT-Asociación de Familiares de las Víctimas de Trujillo, Valle del cauca 6. Madres de la Candelaria, Línea Fundadora, Antioquia 7. MOVICE-Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado 8. MOVICE-Meta 9. AFUSODO-Asociación de familias unidas por un solo dolor, Barranquilla 10. Familiares de desaparecidos por el Apoyo Mutuo, Familiares Colombia 11. H.I.J.O.S por la identidad contra el olvido y el silencio 12. Madres de Soacha 13. Hijos e Hijas por la Memoria y contra la impunidad 14. Semillas de Dignidad y Memoria y Luz Marina Hache Contreras 15. Luz de la Frontera, Putumayo 16. Sector de Victimas de la Mes Humanitaria del Meta que tiene trabajo en 15 municipios. 17. Familiares de víctimas de Desaparición forzada, asesinatos, Ejecuciones extrajudiciales. De las Masacres de: Mapiripán, 18. Familias Velez de Mesetas, Caño Sibao, San Carlos de Guaroa, familia Pedraza de Granada. 19. ASONAL JUDICIAL Presidente , por los 35 funcionarios judiciales víctimas de desaparición forzada 20. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 21. Corporación Jurídica Libertad, Antioquia 22. Centro de Desarrollo Regional, Valle del Cauca 23. Fundación Proyecto Vida, Meta 24. Civipaz, Villavicencio 25. Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada – Coordinación Colombia Europa –Estados Unidos
Siguen firmas de familiares de víctimas de desaparición forzada
http://www.colectivodeabogados.org/La-verdadera-paz-y-reconciliacion
