Actualmente, la concentración de poder económico ha alcanzado niveles históricos
El neoliberalismo progresista, aunque intenta suavizar sus políticas económicas con medidas simbólicas de inclusión y diversidad, rara vez transforma las estructuras económicas que perpetúan la desigualdad
El análisis global y local revela un patrón claro: la alternancia entre versiones de neoliberalismo no busca resolver las crisis estructurales, sino adaptarlas a las necesidades del capital
Por: Lic. Alejandro Marcó del Pont
diciembre 15, 2024
Si no estas prevenido ante los medios, te harán amar al opresor y odiar al oprimido (Malcolm X)
En las últimas tres décadas, los patrones de acumulación de capital en el mundo han cambiado drásticamente. La globalización económica, la financiarización y la reconfiguración del poder económico, tanto a nivel local, regional como global, han sido los motores de esta transformación. Las esperanzas de equilibrio económico que se vislumbraban en los años setenta, representadas por el modelo «fifty-fifty», se desvanecieron sin dejar rastro. Incluso el lenguaje económico ha cambiado, adoptando términos y narrativas que en aquella época habrían sido incomprensibles.
Sin importar en qué lugar del mundo nos encontremos, son las elites quienes configuran las transformaciones en la creación, distribución y concentración del capital. Entre ellas se libra una disputa constante por definir las reglas del juego. En países como Argentina, por ejemplo, esta controversia se ha resuelto. Hace un año, la población eligió a un gobierno que permitió que las corporaciones manejaran el Estado para su propio beneficio, acelerando la destrucción económica del país. Aunque se han generado numerosos análisis y diagnósticos sobre este primer aniversario, las soluciones concretas o modelos alternativos para superar esta situación siguen siendo prácticamente inexistentes.
En el ámbito global, la financiarización —la preeminencia del capital financiero sobre el productivo— ha sido un fenómeno central de las últimas décadas. Aunque muchos la consideran algo reciente, Giovanni Arrighi, en su libro El largo siglo XXI, explica que la financiarización es una fase recurrente que emerge en momentos de crisis y transición hegemónica. En cada ciclo histórico, una potencia dominante combina poder militar, político y económico para liderar la acumulación de capital. Es el caso de Venecia en el siglo XVI, los Países Bajos en el XVII, Gran Bretaña en el XIX y Estados Unidos en los siglos XX y XXI, claros ejemplos de este modelo.
Sin embargo, cuando el sistema productivo de una hegemonía entra en crisis, las elites económicas tienden a volcarse hacia los mercados financieros, buscando maximizar beneficios a través de actividades especulativas. Este cambio no solo genera inestabilidad y desigualdad, sino que también marca el declive de una potencia y el ascenso de otra. Así, la financiarización no es un fenómeno nuevo, sino una respuesta histórica a los límites del sistema económico.
En paralelo, esta transformación global redefine el papel de las elites en el establecimiento de las reglas del sistema. Podemos distinguir entre quienes están obligados a aceptar las reglas, quienes tienen el poder de decidir si las aceptan, quienes las establecen y, finalmente, quienes determinan si las reglas siquiera existen. Desde la década de 1980, estas decisiones están influenciadas por el financiamiento político de las mismas elites económicas, lo que restringe la capacidad de los gobiernos para actuar con independencia.
Un ejemplo representativo ocurrió en 2021, cuando a la senadora estadounidense Nancy Pelosi se le preguntó si el Congreso debería prohibir que sus miembros negociaran en los mercados financieros debido a posibles conflictos de interés. Con un salario anual de 223,500 dólares, Pelosi acumuló un patrimonio declarado de 271 millones de dólares tras casi cuatro décadas en el Congreso. Su respuesta fue: “No… esto es un mercado libre”. Este tipo de situaciones pone en evidencia cómo las reglas del sistema son diseñadas para beneficiar a quienes lo controlan, mientras las consecuencias recaen sobre la población común.
Nancy Fraser, destacada filósofa y teórica crítica, acuñó el término «neoliberalismo progresista» para describir un modelo que combina políticas económicas neoliberales tradicionales —como desregulación, privatización y austeridad fiscal— con valores culturales progresistas como la diversidad, la inclusión y los derechos civiles. Aunque el neoliberalismo progresista se diferencia del conservador en su discurso cultural, ambos comparten los mismos resultados económicos: un aumento en la concentración de riqueza y una profundización de la desigualdad. Las acciones de uno permiten el arribo al poder del otro.
Por ejemplo, durante el mandato de Bill Clinton, se derogó en 1999 la Ley Glass-Steagall, permitiendo que los bancos combinaran actividades comerciales y de inversión. Esto benefició a grandes instituciones como Goldman Sachs y JP Morgan Chase. Sin embargo, la crisis financiera de 2008 expuso las consecuencias de estas políticas: mientras millones de personas perdieron sus hogares y empleos, los rescates multimillonarios salvaron a los bancos globales. Al día de hoy, en 2024, cinco grandes empresas tecnológicas controlan más del 23% del mercado bursátil de Estados Unidos, mientras que la desigualdad salarial continúa en aumento.
El neoliberalismo progresista, aunque intenta suavizar sus políticas económicas con medidas simbólicas de inclusión y diversidad, rara vez transforma las estructuras económicas que perpetúan la desigualdad. Así, tanto el progresismo como el conservadurismo neoliberal resultan ser dos caras de la misma moneda.
Actualmente, la concentración de poder económico ha alcanzado niveles históricos. Según datos recientes, solo 100 corporaciones controlan más del 70% del comercio global, mientras que el 1% más rico del mundo acumula el 63% de toda la riqueza generada desde 2020. Fondos de inversión como BlackRock y Vanguard han experimentado un crecimiento impresionante: BlackRock administra más de 10 billones de dólares en 2024, mientras que Vanguard supera los 8 billones.
Además, este fenómeno se extiende al ámbito militar. El gasto militar global pasó de 1.8 billones de dólares en 2014 a más de 2.4 billones en 2024, impulsado por conflictos en Medio Oriente, la guerra en Ucrania y tensiones en el Indo-Pacífico. Empresas como Lockheed Martin y Raytheon han visto crecer sus ingresos de manera exponencial, y sus principales accionistas, como BlackRock y Vanguard, continúan consolidando su influencia tanto en la política como en la economía mundial.
Argentina, como caso particular, refleja cómo estas dinámicas globales operan en el nivel local. Desde la dictadura militar (1976-1983), el país ha oscilado entre versiones de neoliberalismo conservador y progresista, que comparten un mismo patrón: priorizar la acumulación financiera y la fuga de capitales. Durante el período 1976-2001, las elites económicas lideraron un modelo basado en endeudamiento, fuga de capitales que llevo a la privatización, y a la dolarización. Este sistema culminó con la crisis de 2001, que dejó al país al borde del colapso.
Entre 2015 y 2019, bajo el gobierno de Cambiemos, el capital financiero internacional retomó el control. En este período, la fuga de capitales alcanzó niveles récord, superando los 86 mil millones de dólares, según el Banco Central de la República Argentina. Los principales responsables de esta fuga fueron grandes grupos empresariales como Clarín, Techint y Pampa Energía, que utilizaron el sistema financiero para transferir riqueza hacia paraísos fiscales.
Con el regreso del neoliberalismo progresista tras el colapso de Cambiemos, las dinámicas no cambiaron sustancialmente. Entre 2016 y 2023, los ingresos laborales de los trabajadores se redujeron en más de 101 mil millones de dólares, mientras que los principales beneficiarios seguían siendo los mismos conglomerados económicos. IRSA, Clarín y Techint, entre otros, continuaron utilizando al Estado como herramienta para garantizar su acumulación de capital, mientras la población enfrentaba ajustes y recortes.
Como señaló Antonio Gramsci, las clases dominantes generan sus propios «intelectuales orgánicos» para perpetuar su control. En Argentina, esto se traduce en la captura de las instituciones públicas por parte de los intereses privados. En el actual gobierno, empresas como la Corporación América y Techint colocaron a funcionarios clave en áreas estratégicas como energía, transporte y justicia. Por ejemplo, Techint aseguró el control de YPF a través de la presidencia y la vicepresidencia en exploración y producción, mientras que la Corporación América logró posicionar a sus representantes en el Ministerio del Interior y Justicia.
El análisis global y local revela un patrón claro: la alternancia entre versiones de neoliberalismo no busca resolver las crisis estructurales, sino adaptarlas a las necesidades del capital. En el caso argentino, este ciclo perpetúa la concentración de riqueza, la fuga de capitales y la subordinación de las políticas públicas a los intereses de las élites.
Romper con este modelo exige no sólo un cambio en las políticas económicas, sino también una transformación de las relaciones de poder que permiten su perpetuación. Mientras esto no ocurra, tanto en Argentina como en el resto del mundo, la mayoría de las mayorías seguirán atrapadas en un sistema diseñado para beneficiar a unos pocos.
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