



- La migración es un fenómeno intrínseco a la condición humana, cuyo crecimiento ha sido sostenido a nivel global. A finales del 2022, el mundo contaba con 281 millones de personas migrantes y 117 millones de personas desplazadas, llegando a una de las cifras más altas de las recientes épocas (Organización Internacional para las Migraciones [OIM], 2024). En esa misma fecha, la cantidad de personas en Argentina, nacidas en el exterior con DNI con proceso digital y residencia era de 3.033.786 (Dirección Nacional de Población [DNP], 2022).
- La implementación de esta medida ilustra como el actual gobierno entra en una contradicción en relación al compromiso asumido a nivel internacional, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se establece que todas las personas tienen el derecho a circular libremente y a elegir su residencia dentro de las fronteras de cada Estado (ONU, 1948) y, respecto a la actual Ley de Migraciones (2004) que reconoce que la migración es un derecho esencial e inalienable de las personas, comprometiéndose la República Argentina a garantizarlo, sobre la base de los principios de igualdad y universalidad (Artículo 4). Este análisis es crucial para entender cómo una medida de gobierno puede afectar la vida de las personas migrantes, desafiando los principios establecidos por el derecho internacional y por su propia normativa.
- Esta medida se implementa en un contexto socioeconómico crítico para el país, caracterizado por un aumento en los índices de pobreza, afectando directamente a una población que ya se encontraba en una situación de sistemáticas vulneraciones. En 2022 un tercio de los hogares migrantes se encontraban en situación de pobreza (OIM, 2022)
