¿JUSTICIA AL FIN?

El ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) fue declarado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal por manipular y comprar testigos para que modificaran sus testimonios en otro proceso que se le seguía por nexos con el paramilitarismo. La jueza Sandra Heredia consideró probado que el también ex senador, ex gobernador y fundador del partido político de ultraderecha Centro Democrático sabía lo ilícito de su actuar en las maniobras que realizó por conducto de su abogado, pero no encontró suficientes pruebas para condenarlo por el delito de soborno simple a una fiscal.

Aunque la sentencia se dará a conocer este viernes 1º de agosto y todavía puede ser impugnada en al menos dos instancias, Uribe es ya el primer ex mandatario colombiano en ser condenado por la justicia. El fallo resulta histórico por varios factores, pues no sólo representa un triunfo contra la impunidad de quien ocupó el escalón más alto del gobierno, sino también sobre el conjunto de una oligarquía que por décadas ha regido los destinos del país con puño de hierro mediante el control y la confusión deliberada del poder político, económico y mediático. Para esa élite acostumbrada a dictar la ley y a vivir por encima de ella, la condena de Uribe se experimenta como una afrenta personal, como el final de una era y el inicio de una democratización que le es insoportable.

Al mismo tiempo, las víctimas del uribismo contemplan con frustración que el ex presidente sea sentenciado por delitos que ni siquiera garantizan su encarcelamiento, cuando sobre él pesan acusaciones que deberían llevarlo al estrado como criminal de lesa humanidad. Sólo en este momento, Uribe tiene abiertos 28 procesos en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y más de 180 denuncias en la Comisión de Investigación y Acusaciones del Legislativo, entre las que se cuentan auspicio y conformación de grupos paramilitares, homicidios, masacres y fraude electoral. En su casi medio siglo de vida política, se le ha señalado por usar sus cargos para facilitar los vuelos de los narcotraficantes, dar la protección del ejército a los asesinos armados y financiados por su familia y participar directamente en la conformación de grupos paramilitares, escuadrones de exterminio financiados y dirigidos por terratenientes, empresarios y políticos para liquidar tanto a las guerrillas como a los campesinos y activistas que se oponen al despojo de tierras, la minería depredadora y otras prácticas de violencia contra las comunidades y el medio ambiente.

Como presidente, instituyó un siniestro programa de recompensas para los soldados que entregaran cadáveres de guerrilleros, con lo que desató la crisis de los falsos positivos: civiles inocentes asesinados por las fuerzas armadas para cobrar el botín. A estas conductas ha de añadirse la destrucción de derechos laborales, su papel en la gestación de la crisis con Venezuela, la erosión de la soberanía por su entreguismo a Washington y otros daños de los que Colombia está lejos de haberse recuperado.

Pese a este historial, la lealtad incondicional de los oligarcas que poseen la totalidad de los medios de comunicación le ha permitido mantener importantes simpatías dentro de la sociedad colombiana y hasta la fecha es una de las figuras más poderosas e influyentes del país. Por ello, no está claro si la comprobación de que manipuló testigos se traducirá en un costo político significativo para su partido y aliados o si, por el contrario, facilitará a las derechas construir un relato de victimización y persecución en torno a quien ha sido un feroz represor y perseguidor de la disidencia. En esta ecuación sin duda desempeñará un rol significativo el golpeteo que ya se hace sentir desde Washington, donde prominentes legisladores republicanos exigen a la Casa Blanca castigos colectivos contra Colombia por el atrevimiento de sentar en el banquillo a quien consideran uno de sus principales aliados en América Latina.

A la espera del desarrollo ulterior de los acontecimientos, es necesario felicitar al pueblo colombiano por este verdadero hito de la justicia que rompe con una impunidad de apariencia monolítica, así como desearle sabiduría y fortaleza para resistir los embates que sin duda prepara, con apoyo de sus aliados foráneos, una oligarquía local que se encuentra tocada pero muy lejos de haber sido vencida.

Revolución Obrera

julio 28, 2025

La justicia burguesa falló en el caso del capo de la mafia colombiana Álvaro Uribe Vélez: ¡culpable! dijo la juez que lleva el proceso en su contra por fraude procesal y soborno de testigos; el próximo viernes leerá la sentencia y establecerá la pena.

Esto obedece a las contradicciones que existen y se agudizan entre los de “arriba», es decir, entre las diferentes facciones de la burguesía y los terratenientes que se enfrentan permanentemente, incluso, mandándose a la cárcel entre ellos mismos.

Pero también hay que decir que una gran parte del pueblo oprimido y explotado estuvo al tanto de las audiencias, de las triquiñuelas usadas por la defensa del criminal AUV para dilatar el proceso y presionar a la juez, hubo una parte de las masas trabajadoras que constantemente se pronunciaron en redes sociales en contra del despojador más grande en la historia del país, etc. Esta es una pequeña victoria para el pueblo que vio cómo, aquella despreciable persona que hizo las leyes más regresivas en materia laboral, pensional, en salud; que despojó de sus tierras y desterró del campo a millones de campesinos pobres y proletarios agrícolas por medio de la violencia militar y paramilitar; que constantemente reprimió con sevicia el movimiento popular en las calles; que persiguió con la bota paramilitar al movimiento sindical, popular y revolucionario… es condenada por uno de sus innumerables crímenes contra el pueblo.

Sin embargo, esta victoria es relativa y pasajera. Relativa porque aún le quedan garras filosas a la mafia para apelar el fallo y hacerlo torcer; porque harán hasta lo imposible para que el paraco Uribe Vélez pague su pena en «El Ubérrimo», la gigantesca hacienda propiedad del capo y no en una cárcel común y corriente cómo en las que el podrido Estado burgués encerró a los presos por luchar en las Huelgas Políticas de Masas de 2019 y 2021; porque no está siendo condenado por los crímenes más horrendos que cometió contra el pueblo, cómo por ejemplo, la conformación y comandancia de grupos paramilitares que, en el campo y la ciudad, asesinaron, desmembraron y desplazaron a cientos de miles de personas del pueblo colombiano para favorecer tanto sus intereses personales como los de los más grandes monopolios económicos de Colombia y de los imperialistas, principalmente, de los monopolios estadounidenses; porque no está siendo condenado por los 6491 jóvenes asesinados durante su macabra política de la «Seguridad Democrática» con la que ejecutó el terrorismo de Estado durante sus mandatos presidenciales.

Y es una victoria pasajera porque existe la probabilidad de que en segunda instancia se revierta esta decisión y siga gozando de la impunidad con que ha contado desde que fue gobernador de Antioquia, director de la Aerocivil, presidente y congresista de Colombia. Pasajera porque la lucha continúa, porque sus crímenes más brutales no pueden quedar en la impunidad y depende de la lucha del pueblo que sea juzgado por la justicia burguesa y por la justicia revolucionaria del proletariado. Pasajera porque si bien hoy cantamos victoria, falta por condenar a decenas de burgueses, terratenientes, imperialistas y a sus lugartenientes que han ejecutado todo tipo de atrocidades contra el pueblo.

La lucha continúa por juzgar a los asesinos del pueblo en verdaderos tribunales populares en los que las masas decidan el castigo para sus verdugos. Otra sociedad es necesaria para juzgar a los asesinos del pueblo, la Dictadura del Proletariado será la tumba de los verdugos del pueblo. Es hora de arreciar la lucha en las calles, de salir del somnífero que inoculó el reformismo en el movimiento popular y retomar las Asambleas Populares y la lucha callejera por el conjunto de las reivindicaciones del pueblo que no han sido satisfechas, preparando a la vez el camino y las fuerzas que derriben el poder de la mafia y de las clases dominantes en general.

DIEGO STACEY. CAMILA OSORIO

Bogotá - 28 JUL 2025 - 19:00 actualizado:28 JUL 2025 - 19:44 COT

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe ha sido declarado culpable este lunes en el juicio penal en su contra por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. La jueza Sandra Heredia ha dictado la sentencia y ha señalado que el político de 73 años le pidió a su abogado, Diego Cadena, ofrecer beneficios a distintas personas, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que dieran testimonios a su favor y en contra del congresista de izquierdas Iván Cepeda. “Álvaro Uribe Vélez sabía de lo ilícito de su actuar”, ha dicho al final de su fallo, contra el argumento del exmandatario de que su abogado actuó sin saber lo que él hacía. El veredicto es en primera instancia y hay lugar a apelación.

Con la decisión se vive un día histórico, pues es la primera vez en la historia moderna de Colombia que un expresidente es condenado, una señal de que ni siquiera los más poderosos del país están por encima de la ley. El viernes en la tarde (hora colombiana, en la madrugada en España) se conocerá la sentencia, que contempla penas de hasta nueve años de cárcel, y se abre la posibilidad de que el expresidente cumpla condena en arresto domiciliario.

La audiencia inició con unas palabras de Heredia sobre la justicia. “La justicia ha llegado como debe ser: serena, reflexiva y sin presiones”, ha manifestado la jueza Heredia antes de leer el veredicto. “Este juicio no es un juicio contra la historia política, no es una revancha. Es un acto de justicia y solo de justicia”, ha agregado. Además, ha resaltado la separación entre justicia y política: “Pedimos respeto. Pedimos sensatez. Pedimos que este momento sea entendido con la madurez que merece”.

Las palabras de Heredia no son aleatorias: tanto el expresidente como sus aliados políticos han alegado que las pruebas en su contra no son concluyentes y que, por tanto, una sentencia condenatoria corresponde a un lawfare. “Ninguna persona puede ser condenada en contra de las evidencias que muestran su inocencia”, manifestó Jaime Granados, abogado defensor, en una entrevista con este diario.

La jueza tomó la palabra durante casi todo el día para explicar su decisión y comenzó tumbando uno a uno los argumentos de la defensa de expresidente. Defendió una conversación grabada por Juan Guillermo Monsalve, testigo clave contra Uribe, con un reloj espía, argumentando que era falso que la grabación estuviera modificada. Avaló interceptaciones incriminatorias que hizo por equivocación la Corte Suprema a Uribe, a principios de la investigación de ese tribunal. Y respaldó a Monsalve como una persona creíble, y, por el contrario, desestimó la credibilidad de los testigos que llevó la defensa por sus contradicciones. El expresidente solo fue absuelto de un tercer delito, de soborno simple.

“Hoy es un día para hacer un reconocimiento a la justicia como garante de la democracia”, dijo el senador de izquierdas, Iván Cepeda, al terminar el día. “(La jueza Heredia) ha hecho valer, tal vez por primera vez en nuestra vida republicana, el principio de que nadie puede impunemente mancillar la ley y las instituciones, un principio fundamental de la democracia que hasta hoy exceptuaba a los máximos responsables del Estado”, añadió Cepeda. También hizo un llamado a respetar la justicia, y a la unidad de distintos sectores políticos y económicos para confesar sus crímenes y reparar a las víctimas de la guerra: “Si el expresidente condenado hoy decide transitar ese camino, nosotros también lo estaremos”.

El juicio penal comenzó el pasado febrero tras casi 13 años de intentos por parte de la defensa de Uribe para que el caso fuera archivado. Aunque la Fiscalía apoyó esta postura durante varios años, cuando estaba bajo el mando de Francisco Barbosa —un aliado político de Uribe—, la justicia negó la solicitud en diversas ocasiones. Con la llegada de Luz Adriana Camargo al Ministerio Público, en marzo de 2024, el enfoque de la entidad dio un giro radical y acusó en mayo del año pasado al exmandatario de idear y respaldar “una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal, utilizando a terceros con el objetivo deliberado de forzar las retractaciones de testigos clave”.

El origen del caso se remonta a 2012, cuando el senador Iván Cepeda acusó a Uribe de tener vínculos con los paramilitares. Lo hizo ante el Congreso de la República y con el apoyo de los testimonios que recabó de varios exparamilitares. El testigo clave que sustentó esa denuncia es Juan Guillermo Monsalve, el hijo del capataz de la Hacienda Guacharacas, una propiedad de la familia del expresidente. Según Monsalve, Uribe y su hermano Santiago fundaron y financiaron el Bloque Metro, una facción paramilitar que operaba en esa residencia rural ubicada en el departamento de Antioquia.

El veredicto no entra a dirimir sobre si la denuncia que hizo Cepeda es cierta o no. El núcleo del juicio se centraba en decidir si el expresidente utilizó su influencia para intentar que los testigos como Monsalve cambiasen su versión y se pusiesen en contra del senador. En febrero de 2018, el abogado de Uribe, Diego Cadena, visitó a Monsalve en la cárcel y le ofreció beneficios judiciales a cambio de que retractase su testimonio. Esa fue la conversación grabada por el reloj espía que llevaba el reo.

Ante los hechos, la Corte Suprema de Justicia suspendió la investigación contra Cepeda, denunciado por Uribe por sus acusaciones, y abrió en 2018 un expediente contra el exmandatario por supuesto soborno a testigos. Los magistrados ordenaron en agosto de 2020 su detención domiciliaria por “posibles riesgos de obstrucción a la justicia”. Al verse acorralado, Uribe —en ese momento senador— renunció a su escaño en el Congreso para que la Corte perdiera el fuero para investigarlo. Desde entonces, el caso quedó en manos de la justicia ordinaria. El fallo será apelado, según anunció el partido fundado por el expresidente. El Tribunal Superior de Bogotá deberá decidir si mantiene la sentencia. Y anticipan que, si la resolución de esta alta corte no satisface su postura, “también se acudirá a otras instancias como la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia”.

Las consecuencias de la decisión no son solo jurídicas, sino también políticas. Para quienes han apoyado al expresidente por décadas, inicia ahora una campaña para argumentar que el fallo fue político, y para el Centro Democrático, se abre el gran reto de reinventar su trayecto a las legislativas y presidenciales del próximo año, con su líder condenado por la justicia. Para la izquierda, enemiga natural del expresidente de derechas, la sentencia también puede representar una oportunidad. El rumor en Bogotá es que la víctima principal del proceso, el senador Cepeda, se lanzará como candidato presidencial, aupado por ser el hombre que sentó a Uribe al banquillo de los acusados.

Pero luego hay una pregunta más grande sobre qué significa esta condena para la historia de Uribe, el presidente más popular del país en las últimas décadas, con una opinión favorable que siempre rondaba el 70%. Se hizo popular por su mano dura, regresando la sensación de seguridad a millones de colombianos, pero su Gobierno también fue señalado de graves violaciones a los derechos humanos. Entre los crímenes que se le achacan están el espionaje a jueces y miembros de la oposición y las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes ciudadanos, disfrazados como guerrilleros muertos en combate. Las víctimas de esos crímenes hoy ven que ha llegado la justicia, si bien fue en un caso muy distinto al que denunciaron contra el exmandatario.

La cercanía de Uribe con el paramilitarismo siempre ha sido un fantasma en su carrera política y, como dijo este lunes la jueza, este fallo no zanja la discusión. Lo que sí determina es que el expresidente buscó callar a esos testigos que, como Monsalve, querían denunciar que él y su familia estuvieron muy cerca de grupos paramilitares. La pelea de Uribe probablemente llegará hasta la Corte Suprema de Justicia, la instancia final. Al camino, que ya supera los 13 años, aún le falta un trayecto.

RT. 29 jul 2025

La Justicia colombiana le impuso al expresidente Álvaro Uribe Vélez una medida de prisión domiciliaria, tras haberlo encontrado culpable este lunes de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en un caso de manipulación de testigos, si bien fue absuelto de responsabilidad en el cargo de soborno simple.

"Por las conductas por las que se profiere condena contra Uribe Vélez […] cuya punición parte de un monto superior a cuatro años e inferior a ocho, en tanto el acusado, indistintamente de la pena que se impondrá, se hace merecedor de la prisión domiciliaria como sustitutivo de la pena de prisión", reza el fallo leído por la jueza Sandra Liliana Hernández, quien precisó que la condena se conocerá el venidero 1 de agosto.

De su parte, el representante legal del exmandatario, Jaime Granados Peña, adelantó que apelarán la sentencia en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá. Según expresó, la inocencia de Uribe "se mantiene incólume".

En el fallo, que ha sido considerado histórico por ser la primera vez que un expresidente colombiano se enfrenta a una condena penal, la togada concluyó que se había "acreditado, más allá de toda duda razonable, que Álvaro Uribe Vélez determinó dolosamente a Diego Javier Cadena Ramírez en la ejecución de los delitos de soborno en actuación penal en concurso heterogéneo y fraude procesal en concurso homogéneo".

En concreto, quedó establecido que el exdignatario usó al abogado Diego Cadena para tratar de sobornar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien cumplía sentencia en la cárcel 'La Picota', y luego lo presionó para que vinculara al senador Iván Cepeda Castro con hechos ilícitos.

Se demostró asimismo que el letrado le dio incentivos económicos a los exmiembros del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Eurídice Cortés, alias 'Diana', y Carlos Enrique Vélez, alias 'Víctor', para que cambiaran los testimonios en los que aseguraban haberse reunido con el expresidente en la época en la que ejercía como gobernador del departamento de Antioquia.

La defensa trató de argumentar que Cadena actuó por cuenta propia, pero la jueza aseguró que Uribe Vélez sí estaba al corriente de las acciones que adelantaba su representante legal en las cárceles colombianas; antes bien, en el proceso judicial quedó "suficientemente acreditada la actuación del expresidente en el delito de soborno en actuación penal".