La reforma a la salud pretende remozar la ley 100 y favorecer todo tipo de negocio en el tema de salud. El proyecto debe hundirse
Paro nacional: En Tolima piden retirar reforma a la salud
Crédito: Colprensa / el nuevo díaPersonal de salud en Ibagué marchó desde la calle 37 hasta calle 60 con carrera Quinta en contra de los proyectos 010 del 2020 de Senado y 425 de 2020 Cámara de reforma a la salud.
Entre los diversos temas que motivan las protestas está un proyecto de ley, presentado por el Gobierno nacional, que genera el rechazo de gremios y sindicatos porque fortalecería un modelo de salud mercantilista y privatizado.
Luego de que se hundiera el polémico proyecto de reforma tributaria del Congreso de la República, en la agenda del Paro Nacional se situó un reclamo que poco se había discutido, pero que ahora, junto a otros asuntos de carácter económico y social, tiene vivo el proceso de movilización: el proyecto de reforma a la salud.
Aún ayer, cuando médicos, enfermeras y personal sanitario marcharon en Ibagué, muchos desconocían la iniciativa, presentada por el Gobierno nacional con la concertación de varios partidos, entre ellos Cambio Radical, el cual accedió ingresar al gobierno con el fin de que se tramitara esa reforma, presentada por esa colectividad desde de las elecciones de 2018.
El proyecto, cuya discusión no avanzó en 2020 y tuvo que ser radicado de nuevo en marzo pasado, tiene varios ‘peros’ y esto tiene que ver con que su construcción no vinculó a las universidades, los trabajadores, las agremiaciones y las sociedades científicas, explicó Wilson Cediel, miembro de la Junta Directiva de la Federación Médica Colombiana.
De acuerdo con el médico tolimense, la iniciativa no resuelve por lo menos tres problemas fundamentales del sistema: acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud, no mejora las condiciones de los trabajadores y no resuelve los problemas de corrupción. Para él, no constituye una reforma estructural sino una versión 2.0 de la polémica ley 100.
Uno de los puntos centrales que más ha generado controversia es el referente a cambiar de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) a una denominación legal de Aseguradoras en Salud (AS), con lo cual tendrían mayor control en su funcionamiento, se establece un tope máximo a sus gastos administrativos y se crea el saneamiento financiero del sistema.
También han sido cuestionados los artículos que proponen normas de depuración de las EPS y la regionalización del sistema de salud, es decir, organizar el sistema de salud por regiones, teniendo en cuenta las comunidades, sus espacios geográficos y sus determinantes sociales.
Sobre estos dos puntos, Cediel aseguró que se afianza el modelo de salud privatizado en la medida que mejora las condiciones de mercado y contratación para que grandes capitales internacionales se apropien de los recursos de la salud, en contravía de la ley estatutaria en salud de 2015 y de las disposiciones de la Corte Constitucional.
“Se busca fortalecer el negocio con los recursos de la salud y no el derecho fundamental a la salud, porque se está dando la posibilidad de que unos conglomerados controlen todo el sistema a través de unas pocas EPS grandes que puedan manejar el tema financiero, obtener ganancias y sean otro factor de confianza inversionista para traer capital extranjero”, afirmó.
Como la reforma plantea las alianzas público-privadas, Cediel sostuvo que esa política abre la posibilidad a que inversionistas privados se “apropien” de la red pública privada con la intervención de planta física y su operación. Según dijo, los centros médicos que no encajen a ese modelo deberán reestructurarse o fusionarse.
En la misma línea, Mario Nel Mora, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud y Seguridad Social (Sindess) en Tolima, aseguró que el proyecto es inconveniente, no solo por los puntos que favorecen la intermediación de las EPS, sino porque no fortalece y moderniza el funcionamiento de la red pública, no brinda estabilidad en salarios y prestaciones de los trabajadores, y prioriza al modelo curativo frente al preventivo, entre otros.
El dirigente sindical sostiene que el modelo básico del médico de familia que propone la reforma no es viable porque su operación obliga a que los ciudadanos adquieran pólizas individuales que serán ofertadas por las mismas EPS.
Por estas razones, Mora aseguró que el ministro de Salud, Fernando Ruíz, quien llegó al Gobierno nacional en representación de Cambio Radical, debería renunciar dado que uno de los principales promotores de la iniciativa es el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe de esa colectividad.
Justamente, Vargas reveló hace pocos días que recomendó al ministro Ruiz renunciar a su cargo por la falta de apoyo que ha tenido la reforma, la cual constituyó la motivación principal para que Cambio Radical ingresara al Gobierno. Para Sindess, esta confesión es un chantaje que lo hace preguntar cuál es el interés en esta iniciativa.
Pero esta no ha sido la única oposición que ha tenido el proyecto. Carolina Corcho, representante de la Federación Médica Psiquiátrica, también considera que de ser aprobado el proyecto como está, se profundizará la negación de servicios de salud en Colombia y la fuga de recursos públicos para otros negocios.
Medina no votará la reforma
El representante Aquileo Medina, de Cambio Radical, negó que sea ponente de la iniciativa y que no la apoyará por haber sido reformada totalmente en su articulado, a pesar de que es una iniciativa que acompañó en un comienzo la bancada de su partido.
En concreto, Medina dijo que este año, durante las sesiones de discusión y votación, los congresistas miembros de las comisiones séptimas de Cámara y Senado presentaron 364 proposiciones de cambio en su articulado, de las cuales se avalaron 160, cambiando el articulado, su esencia y el objeto del proyecto como estaba inicialmente.
”El proyecto fue reformado, desnaturalizado y modificado por las comisiones séptimas, lo que llevó a perder la esencia del proyecto, que estaba orientado a garantizar el derecho fundamental a la salud, de representar al afiliado, gestionar el riesgo en salud y garantizar el acceso a la red integral, que el sistema garantizara la atención de los pacientes de comienzo a fin y que cada colombiano contara con un médico familiar”, indicó.
Y agregó: “El hecho de que este proyecto haya sido presentado por la bancada de nuestro partido, no quiere decir que esté sujeto a que tengamos que votarlo cuando ha sido modificado totalmente en su texto. Por eso en plenaria de Cámara mi voto será negativo por los cambios estructurales que se le hicieron”.
La reforma a la salud pretende remozar la ley 100 y favorecer todo tipo de negocio en el tema de salud. El proyecto debe hundirse.
Wilson Cediel. Miembro de la Junta Directiva de la Federación Médica Colombiana.
DATO
Más de 200.000 acciones de tutela son interpuestas cada año por personas que buscan acceder a procesos, procedimientos y medicamentos que están incluidos en el sistema de salud.
Redacción Política
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