https://cr00.epimg.net/radio/imagenes/2021/05/12/nacional/1620817393_893977_1620854740_noticia_normal.jpg
Camilo Gonzalez Posso
Presidente del Instituto de Estudios para la Paz -Indepaz
Se llegó a la segunda semana de protestas multitudinarias en todas las regiones de Colombia y el gobierno no ha respondido a las demandas más urgentes que piden millones de colombianos; en los carteles, gritos y pliegos de reclamos, todos dicen que se sienten acorralados por medidas oficiales que en medio de la pandemia han significado mayor empobrecimiento, odiosa discriminación, subsidios para las grandes fortunas e impulso de estrategias para nuevas guerras.
Durante estos días, bajo el nombre de Paro Nacional Indefinido, se han presentado en promedio 300 acciones diarias de protesta en las cuales se incluyen manifestaciones multisectoriales en 800 municipios de los 1122 que tiene Colombia; protestas desde las casas con caceloras al estilo de las que se hicieron famosas en Chile contra Pinochet, bloqueos de vías por camioneros, movilizaciones de indígenas, campesinos y grupos de comunidades afrocolombianas. Se estima que en estas protestas urbano – rurales han participado más de 15 millones de personas y según encuestas tienen el respaldo de más de 70% de la población mayor a los 16 años, en todos los sectores sociales y en especial entre los más empobrecidos y en las clases medias.
La respuesta del gobierno ha sido de brutal represión y de estigmatización a la protesta, acusada de ser utilizada en un supuesto plan terrorista dirigido a desprestigiar al gobierno y a crear caos al servicio del narcotráfico y de la subversión. El resultado es trágico. Entre el 28 de abril y el 10 de mayo, en medio de las movilizaciones han sido asesinadas 47 personas, 39 de ellas por violencia policial y 28 corresponden a asesinatos de jóvenes en Cali. La Fiscalía General de la Nación reconoce que hay más de 540 manifestantes desaparecidos y las organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que la mayoría se encuentra en centros invisibles en poder de la fuerza pública. 28 jóvenes han perdido un ojo por impacto de bala de caucho disparada por las fuerzas policiales y son varios miles los heridos. (Temblores OGN&Indepaz, 2021)
El detonante en esta coyuntura fue el anuncio en marzo de este año de un paquete de medidas promovidas por el gobierno para la reactivación económica y social, atención a la emergencia del COVID 19 y a la crisis de seguridad. Las centrales sindicales llamaron a un Paro Nacional Indefinido desde el 28 de abril, en contra del proyecto de ley de reforma tributaria entregado por el gobierno de Iván Duque al Congreso de la República que pretendía imponer impuestos duros para los asalariados y las clases medias y en cambio entregar oportunidades de grandes ganancias y exenciones tributarias a las grandes empresas.
Convergieron los reclamos contra una reforma a la salud que en lugar de responder a la angustia en medio de la pandemia dedica los mayores recursos a fortalecer a las empresas de salud que maneja un sistema oligopólico.
También concurren los estudiantes y jóvenes que han sido obligados a retirarse de las aulas por falta de recursos y que no encuentran trabajo ni futuro. Centenares de miles de campesinos, de indígenas y afrodescendientes salen a reclamar porque no se cumplen los compromisos de reforma rural, de sustitución de los cultivos de coca y de garantías a la vida; reclaman por más de 1300 asesinatos de líderes sociales y excombatientes en reincorporación que han puesto al desnudo la negligencia del gobierno en la implementación integral y oportuna de los acuerdos de paz suscritos desde noviembre de 2016. (Indepaz,2021)
Muchos sectores se sumaron exigiendo medidas de alivio ante la catástrofe social sin precedentes y sin respuesta incluyente en medio de la pandemia. En el año 2020 la pobreza monetaria (ingresos de menos de 3 dólares pc al día) abrumó al 42% de las familias, la mitad de las cuales (con menos de 1,3 dólares pc al día) no tienen hoy recursos para una comida completa al día. La Tasa de desempleo promedio se elevó al 20% y entre la juventud urbana y rural supera el 70%. Más de 500.000 pequeñas y medianas empresas han quebrado y las medidas de apoyo al pago de la nómina las concentró el gobierno en las grandes empresas. (DANE, 2021)
A la gente del común le resulta indignante que mientras se les impone sacrificio y se les ofrecen migajas “solidarias”, el gobierno contribuye para que los grupos financieros y grandes empresas anuncien en plena pandemia que han logrado aumentar sus utilidades en el año 2020, y que la ayuda a los grandes bancos les permitió obtener ganancias por encima de $55 billones de pesos (US$15.000 mill) (Super Intendencia Financiera, 2021)
El 2 de mayo, el gobierno decidió retirar el proyecto inicial de reforma tributaria y convocar a un dialogo con diversos sectores para buscar salidas a la crisis; fue obligado por la insubordinación social generalizada, por el aislamiento del gobierno en el Congreso de la República y por las preocupaciones del partido del presidente ante el desprestigio, en medio de la campaña electoral para elegir nuevos integrantes del Congreso de la República y nuevo presidente en 2022.
Pero esas decisiones han sido recibidas con desconfianza porque el gobierno mantiene la orden de “asistencia” de las Fuerzas Militares y de represión policial. Además, en la memoria reciente de la población y de las multitudes movilizadas está el engaño que hizo el gobierno cuando ofreció un gran diálogo para manejar el paro nacional del 21 de noviembre de 2019.
Ese dialogo fue en realidad una opereta en la cual el gobierno escuchó a sus amigos y a algunos ingenuos dialogantes; así logró apaciguar la protesta que había sido golpeada por la brutalidad policial con varios muertos en Bogotá y a renglón seguido, aprovechando la pandemia, impuso la reforma tributaria para ofrecer en exenciones y gabelas $18 billones de pesos (US$5.000 mill) a los grandes grupos económicos y un mini plan de alivio que, en la práctica, en 2020 no superó $3 billones de pesos (US$830 mill) para 4 millones de personas incluidas en programas como el de ingreso solidario, apoyo a cesantes formales, adulto mayor y un irrisorio aporte adicional a las familias en condiciones de miseria. (Kamanovitz S. 2021)
Con ese antecedente de perfidia es difícil para el gobierno manipular la situación frente a la politización y comprensión de lo que está en juego por parte de los jóvenes, mujeres, transportadores y clase media que está en la protesta. El gobierno mantiene la misma política ultra neoliberal como respuesta a la crisis social y económica y piensa que puede simular otro diálogo para reencauchar la política de reactivación que ya formuló para el periodo 2021 – 2026 e incluyó en un documento aprobado en febrero de este año (Conpes 4023/2021), que incluye un plan social frente a la pandemia y la crisis de pobreza que no supera 4 billones de pesos, ni el 1% del presupuesto anual de la nación.
Para poder imponer su programa, el partido de gobierno quiere completar el montaje de la estrategia de seguridad concentrada en una guerra a la supuesta amenaza narcoterrorista, ahora reforzada por teorías neonazis que según el jefe del partido de gobierno se inscriben en una conspiración internacional de lo que llaman la Revolución Molecular Disipada del socialismo y comunismo del siglo XXI.
En una grave situación de violencias y de la presión de la ultraderecha para desatar otra guerra, existen salidas como lo han dicho las asambleas populares que se viene realizando en Cali y en esa región del sur occidente. Desde el epicentro de la protesta y de novedosas formas de poder popular local, se han mostrado rutas para un tramite pacífico de la crisis. Más que diálogos, la gente insubordinada habla de negociar y concertar, lo que exige que sus voceros sean los primeros interlocutores.
Si el gobierno negocia con los camioneros, como debió haberlo hecho desde el año pasado, se podrá tener un repliegue de los bloqueos en grandes autopistas. La movilización puede dar tregua si el gobierno atiende los reclamos de mayor efectividad en la vacunación y en atención a la salud, de implementación de los acuerdos de paz y garantías de seguridad para detener la ola de asesinatos y masacres; si posterga la negociación de la reforma tributaria recurriendo, por ejemplo, a un crédito del Banco de la República y adopta en cambio un gran plan social y de atención a las familias y a la juventud.
En el borde del caos propuestas como el pliego unificado, elaborado desde las comunas de Cali, (ver www.indepaz.org.co) ofrecen un camino de conflictos pacíficos en contravía de la guerra que tanto ha entusiasmado a quienes prometieron refundar la patria a sangre y fuego.
Bogotá D.C. 10 de mayo de 2021
______
Referencias.
DANE. Departamento Nacional de Estadística,2021. Pobreza monetaria en 2020. Consultado en https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2020/Comunicado-pobreza-monetaria_2020.pdf
Superintedencia de Entidades Financieras, 2021, citada en https://www.elespectador.com/economia/utilidades-del-sector-financiero-llegaron-a-los-55-billones-en-2020-cayeron-41-article/
Kalmanovitz S, 2021. La negligencia de Duque, en https://www.elespectador.com/opinion/la-negligencia-de-duque/
Indepaz, 2021. Ver www.indepaz.org.co
Foto: Omar Santiago González
____________
Fuente:
2. BOLETÍN INDEPAZ: PRESIDENTE IVÁN DUQUE. PONGA HOY LA CARA EN CALI Y RESPONDA AL PLIEGO DE LAS COMUNAS
El Consejo Indígena del Cauca ha denunciado la acción combinada de efectivos de la Policía Nacional, con agentes y civiles armados que decidieron atacar en Cali con disparos a la delegación de la Minga y la Guardia Indígena. Este 9 de mayo la agresión se inició en la mañana cuando una caravana procedente del norte del Cauca pasaba por Jamundí y fue interceptada en forma violenta por gente armada. En operación simultánea en varios sitios de la ciudad, en donde la Minga acompañaba a grupos de manifestantes, llegaron personas a disparar directamente contra los comuneros indígenas acusándolos de propiciar bloqueos y desorden. Como resultado fueron heridos 10 comuneros, una de ellas de mucha gravedad. La reacción de la Guardia para protegerse llevó a enfrentamientos y al daño a vehículos de la Minga y también del transporte de los civiles armados que disparaban.
La Minga ha hecho presencia en Cali, como lo ha acostumbrado en otras jornadas de protesta en esa ciudad, en Bogotá y otras, para llevar la voz de los pueblos étnicos y reclamar atención del gobierno a las demandas propias y de la protesta social. En el paro del 21 de noviembre de 2019, la Minga de pueblos indígenas de todo Colombia hizo presencia en Bogotá y de nuevo en diciembre de 2020: su llegada fue acogida con alegría por la ciudadanía y la movilización y contribuyeron con su disciplina y autoridad a mantener el orden de las protestas controlando a grupos o sujetos violentos destructores de bienes públicos y privados. En varias ocasiones las autoridades locales y las universidades han ofrecido garantías de estadía a las mingas indígenas que han encontrado simpatía de la gente y oídos sordos del Presidente que no ha aceptado conversar y concertar soluciones.
En medio de la agresión que ha significado el asesinato de 28 jóvenes en Cali, decenas de heridos y más de 160 desaparecidos, la Minga indígena ha sido un apoyo para proteger la protesta y rechazar la violencia y el llamado vandalismo de infiltrados. En varias ocasiones en estos días de ataques armados en Siloé y otras áreas de Cali, la Minga ha sido clave para salvar vidas. Al mismo tiempo ha acompañado las asambleas y organización del pliego unificado con las demandas del movimiento destinadas a la conversación y concertación con el gobierno y el presidente de la República.
Ha sido ese apoyo, y papel organizador de la Minga, lo que la ha convertido en objetivo militar y de represión desde el gobierno, la fuerza pública y de estrategias paramilitarizadas de ataques armados. No ha faltado el racismo que quiere negar el derecho a los indígenas a ser parte de la protesta y a reclamar la presencia del Presidente, que se ha negado a ir a Cali a buscar soluciones en 12 días de movilizaciones y de hechos violentos contra la protesta. Por el contrario lo que ha propiciado el gobierno es la estigmatización, el señalamiento a la protesta con la repetida acusación de estar promovida e instrumentalizada por terroristas y narcotraficantes.
El reclamo desde la calle en Cali y desde la Minga solidaria es aparentemente sencillo: que el Presidente llegue a Cali y se ponga al frente del dialogo para concertar respuestas al Pliego Unificado construido en asambleas y publicado en la Declaración Política este 6 de mayo de 2021. Se le pide que no repita la maniobra de llegar de urgencia a reunirse con los mismos en un consejo de seguridad sin dar la cara a la gente.
La alternativa de Iván Duque es poner la cara y dar respuesta a los problemas urgentes o seguir en la ruta de la represión. Algunos de sus copartidarios le dicen que si continua en el desgobierno, la alternativa será la renuncia. Antes de que se meta en ese laberinto Duque tiene la opción de ofrecer soluciones a los problemas sociales que han desatado la protesta en lugar de dar la orden de primero militarizar e imponer el orden por el terror para después pensar en como burlar el pliego construido desde las asambleas y comunas. (ver Pliego Unificado de las Comunas en www.indepaz.org.co ) camilogonzalezposso@indepaz.org.co
_________
Fuente:
3. COMUNICADO CONJUNTO TEMBLORES ONG – INDEPAZ
May 09, 2021 Observatorio de DDHH, Conflictividades y Paz
Hoy 9 de mayo de 2021, Temblores ONG e Indepaz, aunamos esfuerzos para expresar nuestra preocupación y alertar a la comunidad nacional e internacional por el recrudecimiento de la violencia por parte del Estado que se ha presenciado a lo largo de todo el país en los últimos 11 días, en el marco del Paro Nacional.
Tras un ejercicio de verificación y triangulación de información asociada a denuncias que se inscribieron en distintas plataformas, al día de hoy, se registró un total de 47 personas asesinadas desde el 28 de abril de 2021, día en que comenzó el Paro Nacional. De estos casos de violencia homicida, ha sido posible determinar que 39 de ellos se dieron por violencia policial.1 De las 47 víctimas de violencia homicida, 2 de eran mujeres y 45 eran hombres. 36 de los casos se presentaron en el Valle del Cauca (35 en Cali y 1 en Yumbo), 3 en Cundinamarca (1 en Soacha y 2 en Madrid), 3 en Risaralda (2 en Pereira y 1 en La Virginia), 2 en Bogotá, 1 en Antioquia (Medellín), 1 en Tolima (Ibagué) y 1 en Santander (Floridablanca). Asimismo, ha sido posible determinar las siguientes modalidades de agresión con respecto al total de casos de violencia homicida: 34 se dieron por arma de fuego, 2 arrollados con tanqueta del ESMAD, 2 por gases lacrimógenos y 3 con arma blanca (6 casos sin información).
A lo anterior se le suman numerosos casos de violencia a nivel nacional por parte de la Fuerza Pública. A la fecha, se han registrado, al menos, 1.876 casos, dentro de los cuales
se pudieron identificar los siguientes:
● 278 víctimas de violencia física
● 963 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes
● 356 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas
● 28 víctimas de agresiones oculares
● 111 casos de disparos de arma de fuego
● 12 víctimas de violencia sexual
Ante estos registros concluimos lo siguiente:
1. La violencia homicida se ha cometido en medio de una decisión del gobierno nacional y de los mandos de la Fuerza Pública de promover un uso desproporcionado de la fuerza y tolerar el uso armas de fuego como método de terror contra la protesta social. En más del 50% de los casos de violencia homicida, familiares y testigos han señalado responsabilidad material de agentes de la Fuerza Pública. En 25% de los casos no se ha señalado a un presunto responsable. En todos los casos el gobierno y los mandos de Fuerza Pública tienen que responder por acción, omisión o complicidad.
2. Se ha mostrado que son completamente falsas las afirmaciones del Ministro de Defensa y de otros funcionarios sobre ataques armados contra la Fuerza Pública, en medio de las movilizaciones de protesta, por parte de grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico y a disidencias. En Cali han asesinado a 35 jóvenes, mientras que no se ha registrado un solo homicidio a miembros de la Policía Nacional o de las FF.MM que hacen parte de lo que el gobierno llama “asistencia militar”. El caso lamentable del asesinato con arma blanca de un Capital de la Policía en el municipio de Soacha, es un hecho aislado que no puede presentarse como parte de un plan o patrón de infiltración o como muestra de propósitos de violencia con armas de fuego por parte de lxs marchantes.
3. Se cuenta con numerosos vídeos de miembros de la Fuerza Pública, policías y miembros de organismos de inteligencia, que arremeten contra concentraciones y reuniones pacíficas. Lo anterior, con armas de fuego en la mano, haciendo disparos de amedrentamiento, sembrando el terror entre los manifestantes y, en ocasiones, disparando en dirección a la multitud.
4. Las autoridades militares, de policía, del gobierno nacional y de los organismos de control, no han atendido las denuncias de los ciudadanos sobre la presencia en las manifestaciones de agentes encubiertos que llegan armados a mezclarse con la multitud, como ha ocurrido en Cali. Tampoco hay respuesta por ataques a puestos de asistencia médica, ni por los casos de patrullaje de civiles armados en presunto apoyo a la Fuerza Pública.
5. La denuncia de más de 500 personas desaparecidas, después de haber sido detenidas en medio de las protestas, muestra la gravedad de las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado. Dos de esos desaparecidos fueron encontrados muertos este 7 de mayo de 2021.
6. La censura que se ha generado en algunas redes sociales sobre los contenidos asociados al Paro Nacional ha despertado preocupación ante la posibilidad de que esto represente un obstáculo para el registro y denuncia de casos de violencia policial.
Cerramos el presente comunicado recordando a las personas asesinadas en los últimos días en el marco del Paro Nacional
Fuente:
En el día 14 del paro nacional la cifra de muertos ascendió a 42; 47 según dos ONGs
3. Colombia: protestas, muertos y visos de diálogo.
Mientras se informó sobre la muerte de dos jóvenes que pasaron varios días en estado crítico, el gobierno de Duque y los líderes de la movilización intensificaron los contactos para sentarse a una mesa de negociación.
12 de mayo de 2021
Imagen: AFP
Al menos 41 civiles y un policía murieron en Colombia en el marco de las protestas contra el gobierno que explotaron el 28 de abril y derivaron en una crisis severa por cuenta de la represión condenada internacionalmente. La cifra divulgada por la Defensoría del Pueblo es menor a la que calculan las ONGs Temblores e Indepaz, que dan cuenta de 47 víctimas mortales, "40 de ellas por violencia policial". En medio de otra jornada de manifestaciones, el presidente Iván Duque viajó ayer a la ciudad de Cali, epicentro de la sangrienta represión que se vivió en las últimas dos semanas, por segunda vez en 48 horas, para reunirse de nuevo con autoridades locales y buscar una salida a la crisis política y social.
De su lado, el ministerio de Defensa sostiene que a la fecha hay 849 policías lesionados, 12 por armas de fuego. Y maneja el dato de 716 civiles que también han sufrido lesiones, aunque sin precisar los heridos de bala. Estos números convierten de lejos las protestas en las más sangrientas bajo el gobierno de Duque desde las marchas multitudinarias de 2019 y la movilización contra la brutalidad policial en 2020. También marcan un precedente en un país empobrecido por la pandemia y en el que no existe voluntad política del gobierno por cumplir el acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016, tras décadas de combate a la extinta guerrilla.
Abusos, a investigación
Las denuncias sobre excesos policiales -alimentadas por una cascada de videos que apuntan a la responsabilidad de los uniformados- están en el centro del malestar social. El lunes fracasó un primer diálogo entre el gobierno y el colectivo más visible de los manifestantes, para desactivar la revuelta que comenzó con el rechazo en las calles a un proyecto de reforma tributaria regresiva planteada para hacer frente a los estragos de la pandemia que deja casi 79.000 muertos.
Duque "fue complaciente con los usos excesivos de la fuerza pública", lamentó la líder estudiantil Jennifer Pedraza, antes de llamar a nuevas movilizaciones para este miércoles.
La reacción de las fuerzas policiales alimentó la ira popular y hoy Colombia enfrenta varios focos de protesta que reclaman un cambio en la conducción del país, ante el aumento de la pobreza que castiga al 42,5% de la población, la desigualdad, la corrupción y el regreso de la violencia después del pacto de paz.
Este martes el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aseguró en W Radio que los "abusos policiales" no solo se "han condenado sino que ya están siendo judicializados". El lunes la policía anunció la suspensión de cinco efectivos y 62 investigaciones en curso por presuntos atropellos cometidos durante las movilizaciones.
El comisionado Ceballos insistió en señalar por igual los "abusos de ciudadanos que hieren a otros ciudadanos" y "a la fuerza pública".
Junto a las marchas que se producen a diario -y que suelen terminar en choques con el cuerpo antidisturbios- hay ciudades bloqueadas por los manifestantes como Cali, donde ya se registran escenas de desabastecimiento.
Una mesa de negociación
Los contactos entre el gobierno y los líderes de la protesta continuaron en busca de una salida negociada. Además del pedido del cese de la violencia a quienes hacen ejercicio legítimo de su derecho a la protesta, el Comité Nacional del Paro exige una renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual, la defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina) y detener las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.
Asimismo, reclama subsidios a las pymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria. En términos educativos, exige la matrícula cero y la no alternancia educativa. La no discriminación de género, diversidad sexual y étnica y el fin de las privatizaciones.
Al respecto, el gobierno planteó seis puntos de discusión: vacunación masiva, reactivación segura, no violencia, protección a los más vulnerables, estabilización de las finanzas públicas y matrícula cero.
El rostro de las víctimas
Este martes se informó sobre la muerte de dos jóvenes que pasaron varios días en estado crítico, a causa de heridas sufridas durante las manifestaciones.
El presidente Duque lamentó el deceso y pidió que se castigue "a los responsables" con "todo el peso de la ley", en Twitter.
La ONG Lazos de dignidad también dio a conocer el fallecimiento de Alejandro Zapata, de 20 años, "herido de gravedad por miembros del Esmad" (escuadrón antidisturbios) durante una manifestación el 1 de mayo en el sur de Bogotá.
Según la alcaldesa Claudia López, se trata de la primera víctima mortal en la capital en dos semanas de agitación social. "Una ONG afirma que [el ataque] fue en la protesta y como tal lo investigaremos", agregó la mandataria local en Twitter.
La ONU, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y países como Estados Unidos denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza para contener las manifestaciones.
_____________
Fuente:
