La "venganza criminal"
I-II-III
Por: Santiago Villa
El abogado penalista Jaime Granados ha utilizado dos veces la misma expresión para desestimar las investigaciones en contra de dos de sus defendidos: el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el ex Fiscal General Luis Camilo Osorio.
El abogado penalista Jaime Granados ha utilizado dos veces la misma expresión para desestimar las investigaciones en contra de dos de sus defendidos: el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el ex Fiscal General Luis Camilo Osorio.
Durante al menos quince años, desde mediados de los años 1990 hasta finales de la primera década del 2000, el Estado ejerció mancomunadamente con los paramilitares un poder sustentado sobre la violación del orden legal constitucional. Al tiempo que se mantuvo la fachada de una democracia, hubo un golpe de Estado.
Mucho se ha hablado sobre la infiltración paramilitar en los organismos estatales; pero la palabra “infiltración” esconde una trampa: desatiende no sólo la aquiescencia de los más altos funcionarios, sino también las instancias en las que los paramilitares obedecieron a aquellos funcionarios. Por ejemplo, en la campaña de desprestigio a la Corte Suprema de Justicia durante los juicios más duros por “parapolítica”, fue imprescindible la participación activa de paramilitares que atendían solicitudes hechas desde el Ejecutivo.
Al utilizar un término tan fuerte como “golpe de Estado”, entiendo que abro las puertas para generar una discusión bizantina en torno a definiciones. Para evitarla, uso el término del abogado francés Olivier Brichet: “El golpe de Estado es un acto de autoridad consistente en un atentado meditado, ilegal y brusco a las normas de organización, de funcionamiento o de competencia de las autoridades constituidas; […]según un plan preconcebido y por motivos diversos, por un hombre o grupo de hombres asociados con el fin de […] apoderarse del poder, o de defender o reforzar su posición en el mismo […], o de producir una modificación en la orientación política del país” (1). Aplica para el caso que nos ocupa.
El que Colombia vivió, aproximadamente, de 1998 a 2008, fue un engranaje de poder que no se limitó a los civiles armados y en camuflado que imaginamos cuando pensamos en un “paramilitar”. En este golpe de Estado participaron miembros del poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y las Fuerzas Armadas. En muchas regiones el paramilitarismo y sus aliados son una estructura indisociable del Estado. Fueron exactamente lo mismo.
Hay una diferencia entre la corrupción mafiosa que generaron los carteles de la droga y hoy ejercen las bandas criminales, y el entramado de empresarios, terratenientes, congresistas, fiscales, militares, policías, narcotraficantes, periodistas, gobernadores, asambleístas y concejales que pisoteó la democracia en Colombia. Que quisieron “refundar la patria”, y que en buena medida lograron hacerlo. La Colombia del 2010 no es la misma de los noventa. Es más conservadora. En muchos lugares del país se vive como si acabáramos de salir de una de una dictadura.
Hace poco más de un año visité La Gabarra, Norte de Santander, y conocí la cárcel de La Sesenta, a unos quince kilómetros del pueblo, luego de cruzar la salida por el río Catatumbo. En realidad no es ninguna cárcel, sino un cobertizo a cielo abierto donde se improvisaron unas rejas y se hacinaba a quienes quebraran la “ley paramilitar”. Todo con la complicidad de las “fuerzas del bien” (como las llama Alonso Sánchez Baute en la importante novela periodística Líbranos del bien).
Los paramilitares son la manifestación más cruel y visible de un entramado de cómplices donde la impunidad es la regla. No hubo justicia transicional. Los principales jefes paramilitares, por ejemplo, nunca fueron juzgados en Colombia, y la mayoría de quienes participaron con ellos en el golpe de Estado siguen libres.
El jueves de la semana pasada entrevisté durante dos horas a un personaje que conoce bien esta dinámica porque la vivió de primera mano, e hizo denuncias graves que fueron ignoradas por el ex presidente Álvaro Uribe. (...)
(1) Brichet Olivier. Étude de coup d´Etat en fait et en droit. (1935). Cita tomada de: Botero, Martín Eduardo. “El país de los mini-golpes de Estado y la Segunda República”
El abogado penalista Jaime Granados ha utilizado dos veces la misma expresión para desestimar las investigaciones en contra de dos de sus defendidos: el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el ex Fiscal General Luis Camilo Osorio.
En 1999, antes de ser presidente, Álvaro Uribe Vélez dio un discurso ante políticos y empresarios de ultraderecha. Fue durante la ceremonia de desagravio a un general del ejército colombiano que fue retirado de su cargo, pues era cómplice en la ejecución de masacres en el Urabá antioqueño: Rito Alejo del Río, quien en agosto del año pasado fue condenado a 28 años de cárcel.
La condena habría podido darse antes si el Estado no hubiese impedido que avanzara la investigación. En el año 2001 había una ya abierta en la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, poco después de su posesión, el entonces Fiscal General Luis Camilo Osorio (2001 – 2005) ordenó archivar aquella investigación. La decisión implicó un golpe a la legalidad y a la institucionalidad. Colombia estaba entrando entonces en la etapa más aguda de una suspensión de la democracia.
El ex Fiscal General Osorio despidió a Pedro Díaz, el coordinador de la Oficina de Derechos Humanos de la Fiscalía, quien era el principal abanderado de la investigación contra Rito Alejo del Río. Díaz denunció que “en este proceso quedó en el aire una denuncia sobre más de 150 asesinatos y más de 100 desapariciones forzadas en el Urabá desde diciembre de 1995 hasta julio de 1997, época en la que el general fue comandante de la Decimoséptima Brigada, esos hechos no fueron investigados, quedaron por fuera".
En el corazón del Estado el golpe fue tan sutil que muchos todavía sostienen que nunca existió. Colombia está en negación. No quiere aceptar que vivió la dictadura más violenta en la historia de América Latina.
El Estado y los dueños civiles de los paramilitares tienen la ventaja de haber creado ejércitos de civiles, en lugar de fortalecer a las Fuerzas Armadas, durante la segunda mitad de los años noventa. Esto les permitió cometer la purga política e intelectual, los genocidios a pueblos indígenas, las desapariciones y las masacres, sin comprometer el buen nombre de las instituciones. Así se lavó las manos, y puede aún decir que los paramilitares no fueron su brazo armado; pero la complicidad demuestra lo contrario.
Entrevisté el 10 de enero a Richard Maok Riaño Botina, quien fue miembro del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación (CTI) hasta el 28 de agosto del año 2002. Maok ha denunciado que el ex Fiscal General Osorio lo despidió por investigar la infiltración paramilitar en la Fiscalía. Él realizó el cruce de bases de datos más grande hasta su momento entre las investigaciones a paramilitares y los datos de funcionarios públicos. Descubrió que 250 funcionarios eran paramilitares. 100 de ellos trabajaban en altos cargos de la Fiscalía.
El lunes 26 de agosto del 2002, Maok le mostró el resultado de esta investigación a Mario Espitia, el Director Encargado Nacional del CTI. Espitia preguntó si él estaba en ese cruce de datos. Revisaron, y sí, el nombre de Mario Espitia figuraba. Maok me dijo que de inmediato Espitia lo recriminó por haber realizado la investigación y que no podía tener esa información. A las 5.30pm del martes 27 Maok fue arrestado y su casa allanada. El 28 de agosto el ex Fiscal General Luis Camilo Osorio lo despidió. La resolución de despido es del 26 de agosto y fue redactada pocos minutos después de la reunión entre Richard Maok y Mario Espitia.
Después de su despido, Maok se reunió con el entonces Representante a la Cámara Gustavo Petro. El Representante Petro le envió un derecho de petición a Álvaro Uribe Vélez entregándole la investigación, y solicitando que un Fiscal ad hoc reemplazara a Osorio y se continuara con el trabajo de Maok sobre paramilitarismo. El ex Fiscal General Osorio negó la existencia de dicha investigación. Álvaro Uribe, a pesar de tener la investigación de Maok en su despacho, jamás la determinó.
El ex Fiscal General Luis Camilo Osorio es investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pero la Comisión no ha querido tomar el testimonio de Richard Maok en este caso. La diligencia ha sido aplazada tres veces sin motivo válido. Lo único que aduce para justificar su ineficiencia, o su complicidad, es que “no ha sido posible” entrevistarlo.
Hubo una investigación en la Fiscalía General de la Nación sobre las finanzas de Carlos Castaño. La investigación se cerró cuando Luis Camilo Osorio ocupaba el más alto cargo de esta institución.
En esta serie de columnas he propuesto la tesis de que en Colombia hubo un golpe de Estado: un proceso gradual de toma ilegal e irregular de las instituciones. Los civiles que participaron en el golpe fueron empresarios (nacionales y extranjeros), terratenientes y narcotraficantes. Ellos crearon y fomentaron la existencia de los paramilitares: su brazo armado ilegal; mientras que los agentes del Estado, que ejecutaron una suerte de “autogolpe”, fueron altos funcionarios de las tres ramas del poder público (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), así como oficiales de las Fueras Armadas y de la Policía Nacional.
Existe una investigación abierta en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el ex Fiscal General Luis Camilo Osorio (2001 – 2005). La Comisión definirá si la justicia colombiana puede acusar a Osorio de haber apoyado al paramilitarismo desde la Fiscalía General de la Nación. Si estas denuncias no prosperan en Colombia, podrían llevarse a la Corte Penal Internacional.
El miércoles 23 de enero entrevisté a un ex agente del Cuerpo Técnico Investigativo de la Fiscalía, que fue víctima de cinco atentados contra su vida. Me solicitó que protegiera su identidad, pero autorizó que usara toda la información que reveló durante una entrevista de hora y media. No puedo publicar el audio de la entrevista porque teme que el análisis de voz delate su identidad. El texto completo, sin embargo, está transcrito. En esta entrega presentaré algunos apartes.
El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en Medellín, mediante interceptaciones telefónicas, capturó en 1999 a Jacinto Alberto Soto Toro, jefe de finanzas de Carlos Castaño y de las Autodefensas Unidas de Colombia. En el operativo incautaron información sobre quiénes financiaron a las AUC: “Nosotros estuvimos trabajando y había conexiones a nivel nacional con empresas grandes, bancos, ganaderos de nombre, y entre esos, por allá, estaba el señor Luis Camilo Osorio, que en ese entonces estaba como, yo no me acuerdo qué era pero en ese momento tenía una relación con la universidad de Montería”, afirma el ex agente.
Fue a partir de esta investigación que se pudo realizar, por ejemplo, el allanamiento a Fonpazcor, centro de operaciones de Salvatore Mancuso, el jefe de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.
“El proceso llega a Bogotá. El proceso empieza a coger auge. Nosotros solicitamos unos allanamientos a Montería. Donde estaban las sedes principales de financiamiento y manejo de dinero. Eran en todo el país, pero de allí era que controlaban todo. Ahí fue cuando nosotros le allanamos la casa [a Salvatore Mancuso] y un compañero de nosotros por accidente mató al escolta de él, que era sobrino”.
El proceso tenía alrededor de 1.200 cuadernos y más de 3.000 anexos.
“Estábamos conociendo toda la estructura del paramilitarismo a través de ese proceso. Estábamos manejándolo a nivel de inteligencia, dedicados tiempo completo tan sólo a ese proceso. El doctor Alfonso Gómez Méndez termina el mandato y viene el doctor Luis Camilo Osorio. Cuando el doctor Luis Camilo Osorio se da cuenta de ese proceso lo manda para Medellín. Me acuerdo que hizo un súper despliegue operativo para custodiar el proceso, supuestamente porque la competencia del proceso era en Medellín. La fiscal [en Medellín] lo precluye en menos de treinta días. No me acuerdo el nombre de la fiscal, pero yo creo que en treinta días no habría tenido tiempo ni para leer el proceso. Ese proceso queda callado”.El jefe de esta investigación fue asesinado en Medellín, cerca del cementerio de San Pedro, por paramilitares. Dos camionetas lo cercaron cuando él iba rumbo a su casa. Lo acribillaron con ráfagas de fusil. Aún así, siguió la investigación.
“Este proceso iba a ser más grande que el proceso 8.000”, dijo el ex agente.
El lunes 28 de enero llamé al doctor Alfonso Gómez Méndez, ex Fiscal General de la Nación(1997 – 2001), para corroborar la existencia de la investigación de la que me había hablado mi fuente.
“Sí, eso es correcto”, dijo el doctor Gómez Méndez. “Esa investigación existió y mi sucesor [Luis Camilo Osorio] la acabó”.
¿Por qué se detuvo una investigación que prometía develar los financiadores del paramilitarismo con pruebas contundentes?
El abogado penalista Jaime Granados Peña me envió ayer una solicitud de rectificación por información que publiqué en mi columna anterior (“La venganza criminal II”, 21 de enero del 2013). Le daré respuesta en la siguiente entrega de esta serie, junto con más información.
Twitter: @santiagovillach
http://www.elespectador.com/opinion/columna-400172-venganza-criminal-iii
