DOSSIER:
1. El presidente Petro convocó una consulta popular para decidir el futuro de las reformas laboral y de salud
La última vez que se llevó a cabo una consulta popular en Colombia fue en agosto de 2018.
El presidente Gustavo Petro le pidió a los colombianos participar en una consulta popular para decidir sobre el avance de dos de las reformas más importantes de su administración. El mandatario indicó que el hundimiento de los proyectos del Gobierno corresponde a un “bloqueo institucional”.
Por: Jonathan Daniel Beltran Gaviria
Crédito: Colprensa
Poder, 11 Marzo 2025 07:03 pm
En una alocución presidencial de este 11 de marzo, el presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno nacional convocará una consulta popular para definir el futuro de la reforma pensional y la reforma a la salud. El anuncio del mandatario se produjo como respuesta a la ponencia de archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado.
“El Gobierno nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y la reforma a la salud. Que sea el pueblo el que decida. Las leyes determinan cómo se convoca y qué tiempos tienen para hacer una consulta popular. El Gobierno convoca a todo el pueblo a decidir”, indicó el presidente Gustavo Petro durante su alocución.
De acuerdo con el mandatario, la implementación de la consulta popular permitiría que sean los colombianos quienes decidan, sin intermediarios, si desean que las reformas clave del Gobierno se aprueben o no. Además, enfatizó en su llamado para que los colombianos respalden el trámite de los proyectos de ley presentados durante la presente legislatura.
El artículo 41 de la Ley 1757 de 2015 establece que la decisión de la consulta será obligatoria cuando se obtenga el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios y haya participado al menos la tercera parte del censo electoral | Presidencia- Joel González
El presidente Petro pidió a campesinos, estudiantes, trabajadores y gremios nacionales participar en las movilizaciones convocadas en diferentes ciudades del país, como un primer paso para mostrar su respaldo a las reformas lideradas por el Gobierno de cara a la eventual consulta popular de carácter nacional.
“El Senado, en su plenaria, a la cual le quisieron impedir la discusión de las reformas por ocho congresistas de la Comisión Séptima, es el que debe decidir en un concepto favorable y en una sola votación antes de un mes. El avance de las reformas implica la justicia social en Colombia”, indicó Petro en compañía de ministros y congresistas del Pacto Histórico.
Finalmente, el presidente indicó que la convocatoria de una consulta popular sobre las reformas busca superar lo que denominó como un "bloqueo institucional" en contra de las iniciativas centrales de su gobierno. Por eso, solicitó que todos los colombianos acudan a las urnas de votación en la eventual consulta popular para garantizar la democracia en el país.
¿Cómo funciona la consulta popular en Colombia?
De acuerdo con lo establecido en el artículo 103 de la Constitución Política, la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana que permite a los ciudadanos ejercer su soberanía. De hecho, a través de la consulta, es posible poner a consideración de los ciudadanos una o varias preguntas sobre un asunto de interés público o colectivo.
Para garantizar que la decisión popular se aplique, las entidades a las cuales les corresponda ejecutar lo decidido en la consulta tienen tres meses para hacerlo | Crédito: Colprensa
En el caso de una consulta popular de carácter nacional, el presidente debe contar con el aval del Senado y el respaldo de todos los ministros que integran el gabinete para consultar al pueblo frente a temas en los que considere que se deba tomar una decisión a nivel nacional, debido que su resolución podría tener incidencia en todos los departamentos del país.
La ley establece que el tarjetón de la consulta popular debe presentar preguntas claras que puedan ser respondidas de forma afirmativa o negativa. Además, la votación debe llevarse a cabo en los cuatro meses siguientes a su aprobación por parte de la plenaria del Senado, que tendrá que evaluar la necesidad de acudir al mecanismo constitucional.
Según el Consejo Nacional Electoral, la consulta popular anticorrupción costó cerca de 300 millones de pesos | Crédito: Colprensa
La primera y única vez que se ha utilizado este mecanismo de participación fue en agosto de 2018 con el desarrollo de la ‘Consulta Popular Anticorrupción’. En esa ocasión, los ciudadanos respondieron siete preguntas relacionadas con prácticas corruptas y la necesidad de reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado.
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Fuente:
2. Presidente Petro convoca consulta popular para viabilizar reformas sociales que están bloqueadas por la oposición de derecha
POR OMAR ROMERO DÍAZ /
12 marzo, 2025
El presidente Gustavo Petro anunció en la noche del pasado martes 11 de marzo la convocatoria a una consulta popular para que los colombianos definan el futuro de las reformas laboral y de salud.
El jefe de Estado aseguró que las fuerzas retardatarias que tienen asiento en el Congreso de la República están liderando un “bloqueo institucional” que no se debe tolerar.
Oligarquía busca perpetuar sus privilegios
La lucha por los derechos laborales en Colombia ha sido una constante en la historia del país, marcada por la resistencia de los trabajadores frente a los intereses de una oligarquía económica que busca perpetuar sus privilegios. En este contexto, la reciente decisión de la Comisión Séptima del Senado de archivar la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro representa un claro atentado contra los derechos de la clase trabajadora.
Si examinamos el papel de los senadores que firmaron la ponencia de archivo y las razones que esgrimieron para ello, se evidencia cómo responden a intereses ajenos al bienestar del pueblo.
El bloqueo de la reforma laboral como estrategia de la oligarquía
El archivo de la reforma laboral no es un hecho aislado, sino una manifestación de una lucha estructural entre dos fuerzas antagónicas: por un lado, la clase trabajadora que exige condiciones laborales dignas, y por el otro, una oligarquía representada por sectores políticos retardatarios que defienden los intereses del capital. La Comisión Séptima del Senado, dominada por partidos tradicionales y de derecha, actuó en defensa de los empresarios y la élite económica, negando la posibilidad de una reforma que beneficiaba a los trabajadores.
El discurso de la “productividad” y el “empleo”
Los senadores que votaron por el archivo justificaron su decisión con el argumento de que la reforma no promovía el empleo ni combatía la informalidad. Sin embargo, este discurso es una falacia repetida históricamente por quienes buscan mantener un modelo laboral precario que garantice mano de obra barata y desprotegida.
Analicemos individualmente a algunos de los protagonistas de esta decisión:
Nadia Blel (Partido Conservador): representante de una colectividad que históricamente ha defendido los intereses de los sectores más privilegiados. Su oposición a la reforma laboral se alinea con la visión conservadora de mantener el statu quo empresarial.
Honorio Henríquez y Alirio Barrera (Centro Democrático): miembros del partido uribista que ha sido la voz política de la gran burguesía y los terratenientes en Colombia. Sus acciones reflejan la intención de perpetuar el modelo neoliberal que ha precarizado el trabajo.
Esperanza Andrade y Miguel Ángel Pinto (Partido Conservador y Partido Liberal, respectivamente): pese a representar partidos con raíces distintas, ambos han demostrado que, en la práctica, defienden los mismos intereses económicos que han dominado Colombia por décadas.
Berenice Bedoya (ASI), Ana Paola Agudelo (MIRA) y Lorena Ríos (Colombia Justa Libres): senadoras que, aunque pertenecen a movimientos con discursos supuestamente alternativos, han terminado actuando en beneficio de la oligarquía, demostrando la cooptación de ciertas fuerzas políticas por intereses económicos.
Un llamado a la conciencia política del pueblo colombiano
El bloqueo de la reforma laboral debe interpretarse como una alerta para la clase trabajadora. La decisión de estos senadores no responde a un análisis técnico ni a un interés legítimo por el empleo, sino a la presión de los empresarios que financiaron sus campañas.
Ante esto, es imperativo que los trabajadores identifiquen a estos políticos como representantes de la oligarquía y actúen en consecuencia en las elecciones de 2026. No se puede seguir cayendo en la trampa de elegir a quienes legislan en contra del pueblo y a favor de los grandes capitales.
La dialéctica de la lucha de clases se hace evidente en cada decisión legislativa que afecta a los trabajadores. El archivo de la reforma laboral por parte de la Comisión Séptima del Senado es una muestra de cómo los intereses de la oligarquía siguen prevaleciendo en la política colombiana. Sin embargo, la historia ha demostrado que la organización y la conciencia política del pueblo son las herramientas más poderosas para cambiar esta realidad.
El desafío ahora es movilizarse, visibilizar a estos “verdugos de los trabajadores” y consolidar un movimiento que permita que, en el futuro, las reformas que dignifican la vida laboral sean una realidad y no un sueño frustrado por los mismos de siempre. Es un imperativo la concientización social y el trabajo de los sectores democráticos y progresistas del país para que en las próximas elecciones se escoja un Congreso que legisle a favor del pueblo.
La consulta popular y la movilización
Ante la imposibilidad de aprobar las reformas por vía legislativa, el presidente Gustavo Petro ha propuesto convocar una consulta popular. Este mecanismo, consagrado en la Constitución de 1991, permite que la ciudadanía se pronuncie directamente sobre asuntos de interés nacional.
Una consulta sobre la reforma laboral y de salud no solo legitima la voluntad del pueblo, sino que también obliga al Congreso y a las élites económicas a respetar el mandato ciudadano.
No obstante, el éxito de una consulta popular depende de una movilización ciudadana masiva y de una campaña pedagógica que informe a la población sobre el alcance y beneficios de las reformas. En un país donde la desinformación y la manipulación mediática juegan un papel clave en la opinión pública, es fundamental que la sociedad civil y los sectores progresistas impulsen un debate basado en datos y evidencia.
