Durante seis meses, el ensañamiento del ejército de Israel contra Gaza ha gozado de una peligrosa y alarmante impunidad.
Por Manuel Bermúdez | edicionmmv@gmail.com
3 abril, 2024
Desensibilización ante el horror del genocidio, impotencia jurídica internacional, abuso de la fuerza, imposición de las armas, impunidad, son los monstruos que engendra el sueño de la razón de quienes gobiernan las potencias que alegremente hoy llaman a la guerra.
Los tambores de guerra, de una guerra global suenan y resuenan con alarmante estruendo en los grandes medios de comunicación y en declaraciones altisonantes y sin juicio en mandatarios irresponsables que con ligereza, y sin consultar con sus pueblos, deciden incrementar su armamento y “fanfarronear a ver quién la tiene más grande”.
Los aires belicosos podrían bajárselos algún buen antagonista político si no fuera porque a los señores de la guerra los amparan sus recursos para difundir el miedo y el cómplice instrumento de la impunidad.
Miles de israelíes, entre ellos numerosos familiares de rehenes secuestrados en Gaza, volvieron a exigir el martes 2 de abril en Jerusalén la renuncia del primer ministro ultranacionalista Benjamin Netanyahu, a quien acusan de haber “traicionado” la confianza popular.El grave efecto de la impunidad destruye el orden social y, en este caso, el concierto de las naciones.
Los organismos del derecho internacional se han desacreditado por sus propias prácticas sesgadas y hoy, ante un mundo convulsionado, esos errores pasan la factura y ponen en riesgo el sustento de un mundo ya de por sí frágil.
“El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones”, Artículo 41 del capítulo VII de la Carta de la ONU.
El recurso suicida guerra
El 29 de diciembre de 2023, Sudáfrica presentó una denuncia contra Israel por “genocidio” en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el tribunal de la ONU encargado de dirimir disputas entre Estados. La demanda iba acompañada de una petición de medidas de emergencia que ordenaran el cese inmediato de las hostilidades.
La medida buscaba contener la brutalidad de la masacre con que Israel se vengaba, luego de los atentados del grupo terrorista Hamás del 7 de octubre donde murieron 1.300 personas y fueron capturados cerca de 200 rehenes, de los cuales 130 se suponen que aún están en manos de los secuestradores.
Pretoria buscaba así una medida cautelar de la Corte que impidiera que continuara el genocidio.
En Europa solo Turquía apoyó la demanda de Sudáfrica, mientras ninguna potencia occidental la respaldó, informaba entonces el medio France24.
La ONU no ha sido capaz de contener los horrores de lo que ocurre en Gaza.
Brasil dijo entonces que esperaba que el caso consiguiera que Israel “pusiera fin inmediatamente a todos los actos y medidas que pudieran constituir genocidio”.
La Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 establece que los Estados pueden emprender acciones legales para impedir que se cometa un delito de genocidio. Obliga a los Estados Partes en la Convención a adoptar medidas para prevenir y castigar el delito de genocidio. Esta obligación, así como la prohibición del genocidio, se consideran normas de derecho internacional consuetudinario y, por tanto, son vinculantes para todos los Estados, estén o no entre los 153 países —incluido Israel— que han ratificado la Convención.
Como la CIJ no dispone de medios coercitivos para hacer cumplir sus veredictos, solo queda un mecanismo de ejecución si un país rechaza un veredicto: pedir al Consejo de Seguridad que apruebe una resolución.
El tribunal emitió una sentencia provisional, pero dijo que, dada la gravedad del caso, el veredicto final sobre la acusación de genocidio podría tardar años.
Tres meses después las pruebas son elocuentes, pero la condenatoria sigue sin llegar y la masacre avanza sin que nada la contenga.
El bombardeo israelí a la oenegé WCK que mató a siete trabajadores humanitarios que llevaban alimento a la población en Gaza causó el repudio internacional.
Ni siquiera las denuncias constantes, las imágenes que recorren el mundo en todas sus formas. Más de 100 periodistas han sido asesinados en Gaza por fuerzas israelíes, denuncia la ONG Reporteros sin Fronteras.
Las escenas de la degradación humana a que ha llegado este genocidio en Gaza son desgarradoras. Aun donde se supondría un poco de compasión por los dolidos y necesitados, como en los hospitales o en los espacios donde se reparte la escasa ayuda alimentaria que el ejército israelí permite pasar, lo que ocurre es sobrecogedor. Decenas mueren ahogados en el mar al intentar capturar desperados un paquete de ayuda lanzado al mar por aviones de auxilio, masacrados por los disparos israelíes contra la muchedumbre que se agolpa alrededor de los camiones de reparto, hospitales reducidos a ruinas donde los cadáveres quedan entre los escombros o son aplastados por los tanques en retirada después de su cruel misión.
Tras seis meses de asedio a la Franja de Gaza, el asesinato de más de 32.000 civiles, mayoritariamente mujeres y niños en los bombardeos y ataques con tanques, una hambruna desatada porque no se permite el ingreso de ayuda humanitaria a los civiles, el ejército genocida, condenado internacionalmente, aunque respaldado por su macabro cómplice, se burla del derecho internacional y responde con impunidad a la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que le exige un cese el fuego.
La Resolución
El lunes 25 de marzo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el texto preparado por los diez miembros no permanentes del Consejo, decisión que fue avalada con 14 votos a favor y la abstención de Estados Unidos.
La resolución exige “un alto el fuego inmediato durante el mes de Ramadán, respetado por todas las partes, que conduzca a un alto el fuego sostenible duradero”. El Ramadán es la celebración religiosa musulmana, que comenzó el 11 de marzo y finaliza el 9 de abril.
El documento señala que “a diferencia de las decisiones tomadas por la Asamblea General, todos los Estados miembros están obligados por la Carta de la ONU a ejecutar las decisiones del Consejo de Seguridad”.
Según el Artículo 25 del capítulo V: “Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta”.
“Por fin sale del Consejo de Naciones Unidas una resolución de alto al fuego en Gaza por unanimidad. Invito a las naciones del mundo a que si Israel rompe este cese al fuego se rompan relaciones diplomáticas con ese país”, escribió en su cuenta de X el presidente de Colombia Gustavo Petro al conocer la resolución.
Pero la postura de Israel, respaldada por EE. UU., es que Hamás debe liberar primero a los rehenes antes de iniciar cualquier diálogo.
“En primer lugar, es una resolución no vinculante, por lo que no tiene ningún impacto, en absoluto, sobre Israel, ni sobre la capacidad de Israel para seguir persiguiendo a Hamás. En segundo lugar, como señalé en mi declaración inicial, no representa ningún cambio en nuestra política”, declaró John Kirby, asesor de comunicación del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Efectivamente, luego de algunas desavenencias expresadas, particularmente por parte de Israel, que resintió que EE. UU. no vetara una vez más una resolución que contuviera el genocidio, las cosas volvieron a su cauce normal con Washington queriendo convencer de sus razones para abstenerse por deficiencias en la redacción del documento y que no se establece explícitamente que se toma la resolución en el marco del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas.
El Artículo 41 del capítulo VII dice que: “El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas”.
Por otra parte, y con carácter urgente, la resolución también reitera su exigencia de que se eliminen todos los obstáculos que dificultan la prestación de asistencia humanitaria a gran escala, en consonancia con el derecho internacional humanitario. Pero Israel respondió de manera contundente.
La impunidad
Una semana después de dictada la resolución, el lunes 1 de abril, un ataque israelí bombardeó un vehículo donde mató a siete trabajadores humanitarios de la organización World Central Kitchen (WCK), una oenegé internacional ampliamente reconocida, del chef hispano-estadounidense José Andrés.
El famoso chef es considerado un referente de la comunidad hispana en Estados Unidos, y en 2015 llegó a ser condecorado en la Casa Blanca por el entonces presidente Barack Obama, a raíz de su tarea humanitaria.
Los trabajadores de WCK asesinados eran “de Australia, Polonia, Reino Unido, uno con doble nacionalidad de Estados Unidos y Canadá, y Palestina”, por lo que la reacción condenatoria internacional fue inmediata.
“A pesar de todos los pedidos para proteger a civiles y trabajadores humanitarios, seguimos viendo víctimas inocentes”, dijo el martes el jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell.
Australia denunció un acto “completamente inaceptable”, España, Reino Unido y Polonia exigieron explicaciones de lo sucedido, mientras China se declaró “conmocionada” por el ataque.
“Espero y exijo que el gobierno israelí aclare cuanto antes las circunstancias de este brutal ataque que se ha llevado la vida de siete cooperantes que no hacían otra cosa que ayudar”, dijo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien se encontraba en una visita al campo de refugiados palestinos de Jabal el-Hussein, en Jordania, como parte de una gira regional por tres países que incluye a Arabia Saudí y Catar.
La muerte de los siete miembros de WCK “lleva a 196 el número total de trabajadores humanitarios muertos en este conflicto, de los cuales más de 175 eran de la ONU”, lamentó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante un discurso ante la Asamblea General del organismo.
“La multiplicación de tales acontecimientos es el resultado inevitable de la forma en que se lleva a cabo actualmente esta guerra”, en la cual se percibe un “desprecio por el derecho internacional humanitario y un desprecio por la protección de los trabajadores humanitarios”, denunció Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general la ONU.
El ejército israelí prometió que abrirá una investigación para “examinar más profundamente este grave incidente”.
Acostumbrado a la impunidad de sus actos en Gaza, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, admitió el martes la responsabilidad, pero se limitó a decir: “Lastimosamente ayer (lunes), se produjo un trágico incidente, nuestras fuerzas golpearon de forma no intencional a inocentes en la Franja de Gaza”.
“Esto sucede en una guerra (…), estamos en contacto con los gobiernos y haremos todo lo posible para que no se vuelva a producir”, añadió sucintamente Netanyahu.
El hospital Al Shifa en el centro de Gaza fue atacado durante dos semanas por el ejército israelí.
Estado palestino
El martes 2 de abril, los palestinos relanzaron oficialmente el procedimiento para convertirse en Estado miembro de pleno derecho de Naciones Unidas, según una carta de su embajador ante la ONU Riyad Mansour, en la cual, “a petición de los dirigentes palestinos”, reinicia la solicitud que se remonta a 2011 y pide al Consejo que la examine “en abril de 2024”.
El 22 de marzo, España, Irlanda, Malta y Eslovenia divulgaron un comunicado conjunto en el que expresaron su disposición a reconocer un estado palestino.
En su gira por los países árabes, el presidente español Pedro Sánchez aprovecha “para intentar convencer a los países árabes que aún no han reconocido a Israel”, como es el caso de los incluidos en su gira, “de que lo hagan”.
El 9 de marzo, el mandatario anunció que propondría al Congreso aprobar el reconocimiento por parte de España del Estado palestino antes de que culminara su actual mandato, en 2027.
Sánchez insiste en que la única solución al conflicto palestino-israelí pasa por el reconocimiento de dos Estados: Israel y Palestina.
La admisión de un nuevo estado en la ONU se decide en la Asamblea General, por mayoría de dos tercios, pero solo después de que el Consejo de Seguridad recomiende el proceso con su visto bueno.
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