GANÓ LA DERECHA Y LAS EPS, PERDIÓ EL PAÍS: HUNDIERON LA REFORMA A LA SALUD

Con nueve votos a favor y cinco en contra, la Comisión Séptima del Senado de Colombia archivó la reforma de salud impulsada por el presidente Gustavo Petro, cuyo objetivo principal es democratizar el acceso a la salud, hoy gestionado por Empresas Promotoras de Salud (EPS) pertenecientes al sector privado.

La Comisión Séptima, controlada por la oposición, convocó a una sesión para adelantar la votación en la que se negaron nueve impedimentos por conflicto de intereses introducidos por los legisladores de la coalición gobernante, Pacto Histórico, refiere RCN Radio.

De esas intervenciones destacó la del senador oficialista Wilson Arias, quien llamó a aprobar los impedimentos, al denunciar que los partidos a los que están adscritos los congresistas que hacen parte de la Comisión recibieron financiamientos de empresas ligadas al ramo sanitario como Keralty, propietaria de Sanitas, intervenida la víspera por el Ejecutivo.

Entre otros argumentos, Arias también aseguró que la constructora brasileña Odebrecht había financiado a parlamentarios y si bien "no era una EPS", se trata de una práctica ilegal que llevó a la cárcel a un excandidato. "Las EPS tienen una norma especial y la ley dice que no está permitida esa financiación", recalcó.

Al hundirse en el Senado, la reforma de no podrá ser presentada nuevamente en el Congreso en lo que resta de período legislativo -vence en 2026–, lo que formalmente cerraría el camino para Petro, quien, no obstante, ha advertido que "el Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma de la salud" porque "el sistema actual no es sostenible".

Sin embargo, el mandatario adelanto que, en el caso de que pueda concretarse una Asamblea Nacional Constituyente, el derecho a la salud, junto a los de educación, pensiones universales y acceso al agua potable, estaría contemplado como una garantía inalienable en el texto resultante.

Asimismo, a propósito de Sanitas y otras EPS intervenidas recientemente en razón de su insolvencia financiera, adelantó algunas de las medidas que guiarán la gestión del Estado en materia de salud, con independencia del destino de la reforma, que incluyen el derecho del paciente a "elegir a su médico libremente", sin menoscabo de que la institución prestadora de salud (IPS) lo haga de manera complementaria.

Del mismo modo invitó "a alcaldes y gobernadores a construir las redes regionales de clínicas, consultorios y hospitales con el Ministerio de Salud", sin exclusión de ninguna IPS, que tendrán, a su vez, "un sistema de anticipo de pagos de acuerdo al grado de estabilidad laboral de sus trabajadores".

"No habrá despidos masivos de trabajadores de las EPS intervenidas. Todos los pacientes continuan con sus tratamientos y la atención continua sin problemas" y "todas las EPS que cumplan los requisitos para mantenerse como aseguradores continuarán como hasta el día de hoy", completó.

Petro explicó que en este caso, "el Gobierno asume su función constitucional de reordenador del sistema de salud", al evitar "una quiebra generalizada y la liquidación abrupta en el sistema de salud propiciada por la actitud de algunos congresistas que recibieron pagos de una EPS en sus campañas, precisamente de la que peor balance tiene en sus estados financieros.

Con la reforma sanitaria, el Gobierno de Petro busca modificar estructuralmente el sistema de salud que rige en el país suramericano desde hace casi tres décadas, al aumentar el control del Estado sobre el manejo de los fondos y la prestación de atención sanitaria, en desmedro de los particulares.

La propuesta contempla que las EPS pierdan la posibilidad de administrar fondos públicos y quedarán limitadas a ofrecer servicios sanitarios, a lo que se suma la ampliación del sistema público hasta hacerlo universal en todo el territorio colombiano, con particular énfasis en las zonas remotas, donde la oferta es precaria.

Entre los alegatos que se ofrecieron para rechazar la iniciativa es la desconfianza acerca de la capacidad del Estado para asumir los costes y desafíos de la gestión sanitaria, como ya ocurrió décadas atrás cuando existía el seguro social. Entonces eran habituales las dificultades tanto en los suministros de insumos básicos como en las finanzas y la operatividad, lo que en la práctica tampoco garantizaba una cobertura universal.

La mayoría de los senadores de la Comisión Séptima votó para archivar el proyecto de ley más importante del ejecutivo. La decisión de los parlamentarios se da después de que el Gobierno interviniera a la EPS Sanitas y a la Nueva EPS

JUAN MIGUEL HERNÁNDEZ BONILLA

Bogotá - 03 ABR. 2024 - 23:26CEST

El Congreso de la República ha hundido este miércoles la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro. La Comisión Séptima del Senado archivó por mayoría absoluta, con nueve votos por el sí y cinco por el no, la ponencia negativa del proyecto de ley que buscaba transformar de raíz el sistema sanitario de Colombia. La caída de esta reforma es la derrota política más dura que ha sufrido Petro en lo que va de su Gobierno. La decisión de los parlamentarios se da un día después de que la Superintendencia de Salud interviniera por problemas financieros a la EPS Sanitas, la segunda más grande del país, con 5,7 millones de afiliados. Mientras se desarrollaba la votación, el Gobierno intervino la Nueva EPS, con más de 11 millones de usuarios.

Desde que llegó al poder, en agosto de 2022, el presidente priorizó el trámite de la reforma a la salud, por encima de sus otras dos grandes reformas sociales: la laboral y la pensional. Petro ha insistido en la necesidad de cambiar el sistema de aseguramiento privado que funciona en Colombia desde 1993 por uno mayoritariamente público en el que el Estado garantice el acceso a la salud para los ciudadanos. El primer mandatario de izquierda en llegar a la presidencia de Colombia está convencido de que es urgente modificar el modelo actual para que la salud no sea un negocio en el que se enriquezcan empresas privadas, sino un derecho fundamental, como lo establece la Constitución. La reforma, en concreto, pretendía eliminar la intermediación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para que el dinero pasara directamente del Estado a las clínicas y hospitales. Los recursos de la salud cada año son de 80 billones de pesos, cerca de 20.000.000 dólares.

La insistencia del presidente en la fallida reforma a la salud le generó una primera gran crisis en el gabinete, que devino en la salida de los ministros más moderados: Alejandro Gaviria, Cecilia López y José Antonio Ocampo, quienes no están de acuerdo con cambiar el sistema actual y hoy en día son algunos de los principales críticos de las decisiones del presidente. El trámite de la reforma también rompió la coalición legislativa que había logrado Petro en el primer semestre de Gobierno, cuando pudo aprobar la reforma tributaria y el plan de desarrollo. Las diferencias sobre la reforma sanitaria, además, generaron el fin de las buenas relaciones del Gobierno con el Partido Liberal, el Partido de la U y el Partido Conservador, que fueron determinantes en el hundimiento del proyecto.

Los nueve senadores que votaron el archivo a la reforma son Norma Hurtado, del Partido de la U; Lorena Ríos Cuéllar, de Colombia Justa Libres; Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del Centro democrático; Nadia Blel Scaff y José Alfredo Marín, del Partido Conservador; Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; Ana Paola Agudelo, de MIRA y Berenice Bedoya de ASI. Todos estos partidos, excepto el MIRA, recibieron dinero para la campaña al Congreso en 2022 del grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas, y del grupo Bolívar, propietario de Salud Bolívar EPS. Los aportes suman más de 365.000 dólares, un porcentaje pequeño del total que recibió cada partido. Por el ingreso de esos dineros, los congresistas presentaron impedimentos por posible conflicto de interés que finalmente fueron rechazados por la comisión.

Norma Hurtado, del partido de la U, fue la senadora que defendió la ponencia de archivo en nombre todos los senadores opositores: “Teníamos la ilusión de que la reforma uniera al país, pero no fue así, lastimosamente la reforma nos ha dividido entre buenos y malos”, se quejó la senadora por la persecución que han sufrido los senadores desde que firmaron la ponencia de archivo, hace unas semanas. “El sistema de salud actual ha salvado millones de vidas”, insistió. La senadora, además, explicó que están de acuerdo varias cosas de la reforma, como la atención primaria en salud y en llevar clínicas y hospitales a los territorios más apartados de Colombia, pero no con cambiar el sistema de fondo. Hurtado terminó su intervención con una crítica a la poca claridad que ha dado el Gobierno sobre los costos de la reforma: “El ministerio de Hacienda ha brillado por su ausencia, no hay aval ni concepto financiero”.

Por parte del Gobierno, intervinieron el senador Wilson Arias, del Polo Democrático, el senador Omar Restrepo, de Comunes y el senador Ferney Silva, del Pacto Histórico. Arias criticó la financiación de los partidos por el grupo Keralty y denunció que había una “toma ilegal del Estado por parte de una multinacional”. Explicó, además, las altas cifras de mortalidad infantil de Colombia, las más graves de la OCDE. Restrepo afirmó con vehemencia que el sistema actual no garantiza el derecho a la salud y proyectó un video en el que se ve el mal estado de varios hospitales y centros de salud de las regiones. Silva, por su parte, insistió en que los privados han administrado de muy mala manera los recursos públicos girados por el Estado a las EPS. E insistió en que el único objetivo de la reforma era buscar el mejorar el servicio y la cobertura para los más pobres. La representante a la cámara, Martha Alfonso, que fue ponente de la reforma, intervino en el debate, criticó la inminente decisión de los senadores y terminó con una frase de Jorge Luis Borges: “La derrota tiene una dignidad que la ruidosa victoria no merece”.

El ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, intervino minutos antes de la votación para intentar defender por última vez la reforma a la salud. Jaramillo insistió en que ante el hundimiento del proyecto, el Gobierno va hacia un proceso constituyente. Sus palabras se refieren a la propuesta que hizo hace unas semanas el presidente de una Asamblea Nacional Constituyente. El último en tomar la palabra fue el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. El ministro responsable de las reformas dijo que respetan la democracia y el orden institucional, pero expresó su desacuerdo con los senadores. “Nadie en esta comisión ha dicho que no se necesita la reforma a la salud, no entiendo por qué quieren archivarla”. Al final, los deseos del presidente tendrán que esperar al menos un año más. Los argumentos del Gobierno no fueron suficientes para salvar la reforma, que llevaba más de quince meses en un arduo trámite legislativo. Nada impidió que la mayoría de la comisión hundiera el proyecto definitivamente. Ahora, si el Gobierno quiere transformar el sistema, tendrá que construir una nueva propuesta de reforma desde cero para presentarla a partir del 20 de julio, en la próxima legislatura. La palabra la tiene el presidente.

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SOBRE LA FIRMA

Periodista de EL PAÍS en Colombia. Ha trabajado en Materia, la sección de Ciencia de EL PAÍS, en Madrid, y en la Unidad Investigativa de El Espectador, en Bogotá. En 2020 fue ganador del Premio Simón Bolívar por mejor reportaje. Estudió periodismo y literatura en la Universidad Javeriana.

En vivo: Comisión Séptima debate la reforma a la salud.

EL TIEMPO

DR

DIANA K. RODRÍGUEZ T. 03 abr 2024 - 4:29 p. m.

En el marco de la votación de la ponencia de archivo de la reforma de la salud, celebrada en la Comisión Séptima del Senado, los congresistas que presentaron la alternativa hundieron el proyecto de ley planteado por el Gobierno.

Con 9 votos a favor y 5 en contra en el recinto se tomó la decisión de archivar el articulado del Gobierno.

Comisión de Séptima del Senado.

EL TIEMPO

Tras hacerse oficial la decisión, Carlos Manuel Meisel Vergara, senador por el Centro democrático, dijo que "celebro la decisión de esta Comisión (...) Esta reforma tuvo suficientes audiencias públicas, tuvo suficiente socialización, tuvo suficientes debates para poder respaldar la decisión que hoy toma esta mayoría de la Comisión. En mi humilde sugerencia, en cualquier proyecto que venga en el futuro, bienvenido sea, pero que el Gobierno tenga por lo menos la voluntad de no imponer, de no imponer por encima de las voces de consenso y de las preocupaciones de todo un país, sus propias ideas y sus propias creencias".

Y Paloma Valencia, también senadora del Centro Democrático, le mandó un mensaje a Petro: "El presidente Petro no reconoce que este es un Estado de Derecho con límites y con una separación de poderes. Y quiero decirle, señor Presidente, que una apelación contra la decisión de la mayoría en la Comisión no es procedente, porque la plenaria no puede suplantar las comisiones. Imagínese que en todas las comisiones, cada vez que se negara un proyecto, entonces simplemente se desconociera la comisión y se llevara a plenaria. Eso es un irrespeto con la comisión y con los senadores".

Argumentos de la decisión

Durante el debate algunos de los congresistas reclamaron el hundimiento de la reforma a la salud, insistiendo que hoy por hoy Colombia está dividida en dos, pero también argumentaron el por qué la reforma debió continuar o no.

El senador por el partido Pacto Histórico, Ferney Silva, debatióó que hoy existe una Colombia olvidada donde hay 13 millones de ciudadanos que demandan atenciones y servicios del sistema.

"El sistema está en crisis y así lo reclaman las posiciones. El día de ayer Sanitas fue intervenida, pero quiero recordarles los parámetros para realizarlas. Los Gobiernos anteriores también lo hicieron, esos requisitos están estipulados en la norma y en la ley", argumentó el congresista.

Igualmente, agregó que archivar la reforma de la salud tiene unas repercusiones como una crisis financiera que "no es culpa de este Gobierno", dijo. Añadió que "el sistema necesita ser reformado, no hay tiempo. Cerca del 80% de las EPS no tiene los requisitos para funcionar y mucho menos para hacerlo financieramente", apuntó Silva.

Por su parte, Norma Hurtado, senadora del partido de la ‘U’ reiteró que indudablemente hay una población vulnerada que en los 30 años de la evolución de la Ley 100 no logró ingresar al sistema de salud, pero que es importante insistir en las herramientas que se pueden utilizar para llegar a esas zonas apartadas.

"Los puestos de salud van a necesitar una nueva figura que es la conectividad, porque se puede usar la telemedicina. Que bueno que el Ministro nos hablara con consistencia y profundidad de la conectividad y de los recursos en esa materia", explicó Hurtado.

También, afirmó que se "en todo el 2023, en esta salud que está en crisis, estuvimos esperando los estudios y cálculos de la UPC y nunca llegaron. Así que no es culpa de los 9 firmantes en contra de esta reforma y no nos hace responsables absolutos de lo que pasa en el sistema".

A su turno, el congresista del partido Verde, Fabián Díaz y quien radicó su propia reforma alternativa a la salud, expresó previo a la votación que "hoy en día se hace necesaria una reforma para solucionar los problemas en la salud, que no son nuevos. Solo cinco EPS cumplen con los requisitos mínimos, eso no es nuevo".

Además, Omar restrepo, senador del partido Comunes, insistió que actualmente “piden recursos para la guerra, pero cuando se trata de salvar vidas ahí sí hay un impacto fiscal. Piden recursos para vías, pero no se movilizan para las comunitarias, para los hospitales. Hay demasiada insensibilidad social frente a una población que pide garantías, con un proyecto que busca prevenir”.

Por otra parte, la representante, Martha Alfonso y quien coordinó la reforma en las plenarias de Cámara aseguró que el articulado incluyó la participación de las EPS, que era algo que no se contemplaba. "Incluyó la modificación de las entidades en Gestoras de Salud y Vida, entre otros muchos cambios. Falta a la verdad de que acá no hubo cambios", señaló.

"Hay cierta falsedad ideológica cuando se dice que la reforma no sustenta el financiamiento. La reforma cuesta 1,5 billones de pesos según las cifras del exministro Ocampo. Acumulados son cerca de 16 billones de pesos y si a ustedes les parece demasiada plata a mi me parece que son unos tacaños con la salud", expresó.