Transformamos las relaciones de propiedad y producción en el campo, o seguimos atados a un viejo modelo de acumulación feudal que genera esta enorme brecha de pobreza para la Colombia rural, de hambre creciente en las ciudades y de un extractivismo que arrasa nuestro patrimonio ambiental y cultural.
Fernando Valencia Rivera
Abogado, docente Universidad de Antioquia, asesor Corporación Viva la Ciudadanía
La plenaria del senado citó al gobierno para un debate de control político alrededor de la reforma rural, en medio de una acalorada discusión nacional sobre un par de decretos que se interpretan como de eventual expropiación de tierras y de llamado a la movilización campesina. Fueron convocados los ministros de Agricultura y Hacienda, así como el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, responsable de la administración del catastro; y el debate tendrá lugar este martes 12 de septiembre, a las 3 pm.
Para entender lo que está en juego hay que abordar el tema de manera integral, pasando por las condiciones que impone el desarrollo a la propiedad privada, las obligaciones del Estado en materia de ordenamiento y planificación territorial, las condiciones en la economía rural y la posición de la comunidad internacional sobre el tema.
Empecemos por advertir que en cualquier lugar del mundo el Estado es el responsable de disponer el ordenamiento del territorio, como una función esencial para el desarrollo sostenible y el logro del bien común. En virtud de esta función, define el manejo de los recursos del subsuelo y los usos de la superficie; delimitando las áreas que deben ser protegidas o reservadas, y las que pueden ser aprovechadas económica o socialmente, señalando en este último caso las condiciones precisas en que puede hacerse.
En desarrollo de esta facultad, el Estado es el único propietario del subsuelo y tiene la posibilidad de extinguir el dominio de los particulares sobre el suelo, o de expropiar el bien en caso de que sea necesario para garantizar el cumplimiento de los fines social y ecológico, o para el desarrollo de proyectos de utilidad pública e interés social.
Esta prerrogativa estatal se convierte en una limitación a la propiedad privada y deja claro que no constituye un derecho absoluto sino relativo, que también acarrea obligaciones con la sociedad y el ambiente, y que no hay libertad predial para hacer lo que se quiere sino lo que esté expresamente permitido. El Estado define qué cosas se pueden hacer, qué tipo de actividades desarrollar, las características de las construcciones o explotaciones y la distribución de las áreas; concede las autorizaciones para el uso de recursos naturales y determina las cargas que deben asumir los propietarios.
Esta regla básica proviene del derecho internacional y está consagrada en instrumentos como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Artículo 17), la Convención Europea de Derechos Humanos (Artículo 1º del primer Protocolo adicional), la Resolución 1803 de 1962 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Pacto de San José, que en su artículo 21 dispone que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, pero que “La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social”.
No obstante, este elemental principio de la planeación y la administración genera un choque permanente con urbanizadores, constructores y hasta con gobernantes territoriales, que buscan el cambio de usos del suelo y la máxima ocupación de los predios, en detrimento del espacio público, las áreas rurales y el ambiente; también con los explotadores mineros, que ven en la protección ambiental y arqueológica una amenaza a sus intereses, y hasta con los acumuladores de tierras, decididos a sumar hectáreas por encima de la necesidad de producir alimentos y desarrollar la actividad agropecuaria.
En nuestro contexto, la propiedad de la tierra es un factor de acumulación de riqueza, pero una de tipo improductivo, con millones de hectáreas excluidas de la actividad económica que genera empleo y bienes para la exportación o el abastecimiento del mercado interno; de esas que ni siquiera compensan el enorme daño porque no pagan los impuestos correspondientes al tamaño de sus patrimonios; no solo porque el Estado ha sido negligente en actualizar sus instrumentos de información catastral, sino también porque alrededor de esta práctica de acumulación de tierras están fenómenos como el despojo a campesinos y la ocupación de baldíos de la nación, bajo el amparo de funcionarios corruptos y hasta de grupos paramilitares.
Tratando de revertir este fenómeno, para desarrollar el campo, dinamizar la economía y avanzar en la soberanía territorial, este gobierno ha propuesto un paquete de medidas, dentro de las cuales están adjudicar y formalizar tierras a las familias campesinas, actualizar la caracterización predial y ordenar la ocupación del suelo a través del catastro multipropósito, resolver los conflictos rurales a través de la jurisdicción agraria y la ampliación de los jueces de restitución de tierras, y fortalecer la organización campesina a través de su reconocimiento como sujeto de derechos, el apoyo a sus formas organizativas en las Zonas de Reserva Campesina – ZRC, la puesta en marcha de programas de desarrollo rural y el apoyo a la movilización para la incidencia en la planeación y ejecución de políticas para el campo.
La meta es clara: la tierra debe estar destinada a cumplir su función económica, social y ecológica, y quien ostente una propiedad improductiva debe pagar impuestos altos para compensar a la sociedad; el Estado debe proveer apoyo técnico y económico para la productividad; invertir en la compra de los predios necesarios para el desarrollo rural, pero también estar dispuesto a extinguir el dominio cuando los propietarios se nieguen a cumplir la función social y ecológica, y a expropiar cuando la necesidad de producir alimentos o proteger el agua así lo exijan, o la reserva de zonas para la producción estratégica de alimentos nos ponga frente a la utilidad pública y el interés social de todo un país.
En esto hay que ser claros y apoyar al gobierno del presidente Petro: Transformamos las relaciones de propiedad y producción en el campo, o seguimos atados a un viejo modelo de acumulación feudal que genera esta enorme brecha de pobreza para la Colombia rural, de hambre creciente en las ciudades y de un extractivismo que arrasa nuestro patrimonio ambiental y cultural. Lo que hoy está en debate público y llega al Congreso necesita ser acompañado por toda la sociedad, hay que evitar que esos parlamentarios que representan a los terratenientes y despojadores sigan imponiendo un régimen legal para favorecerlos.
Edición 841 – Semana del 9 al 15 de septiembre de 2023
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Fuente:
https://viva.org.co/cajavirtual/svc0841/articulo04.html
