Los precios: amenaza y advertencia
Héctor-León Moncayo S.
Todo parece indicar que se ha desatado en Colombia, como en otros países, un proceso inflacionario que, de prolongarse, sería el principal desafío que debería enfrentar el próximo gobierno. El principal obstáculo, sin embargo, es la continuidad de la política macroeconómica que intentarán imponer los grupos de poder.
Lo primero que nos trajo este nuevo año fue un conjunto de alzas de precios y tarifas. Por ejemplo, el transporte, los peajes, algunos servicios del Registro Único Nacional, el pasaje en los sistemas de transporte, incluidos los taxis en las principales ciudades, los cobros por patios y grúas, y el Soat.
Como si fuera poco, y al mismo tiempo, desde el pasado 1 de enero comenzaron a regir los nuevos precios de la gasolina y el diesel. Así mismo se están incrementando otros cobros como avalúos catastrales, matrículas de los colegios, servicios notariales y registrales, multas, sanciones... Todos ellos clasificados entre los regulados o “políticos” porque dependen directamente de decisiones institucionales, bien sea de ley o del Gobierno, o bien de empresas públicas o privadas. La justificación generalizada es la necesidad de realizar unos “ajustes” dada la inflación del año anterior. En algunos casos incluso en la propia ley está previsto que el valor debe reajustarse (indexación) según la variación del índice oficial de precios (arrendamientos) o del monto del salario mínimo, como la cuota moderadora de las EPS (el copago). En esta oportunidad, sin embargo, el Gobierno modificó la normatividad sustituyendo este último, en casi todos los rubros, por la Unidad de Valor Tributario (UVT) que en todo caso subirá 4,67 por ciento en 2022.
Este paquete de alzas, que van a continuar durante las próximas semanas, se sumaba a las que, sin previo aviso, veníamos padeciendo desde el año pasado. El cinco de enero se confirmó oficialmente algo que ya preveíamos: que el año 2021 había cerrado con la tasa anual de inflación más alta de los últimos cinco años. Es decir, la justificación mencionada, que se presume, además, tiene características completamente diferentes pues se cree que las alzas de la inflación no pueden atribuirse a decisiones particulares identificables, sino al “mercado”, como si fuera un fenómeno natural, como un huracán, ajeno a la voluntad de los seres humanos.
Creencia harto discutible. En realidad, lo que predomina en los mercados no es la perfecta e impersonal competencia sino las imperfecciones; desde la menor a la mayor concentración, desembocando en los conocidos oligopolios y monopolios que ciertamente fijan los precios. De manera que casi todas las alzas son decisiones de pocos o de muchos pero con la particularidad de que siempre se justificarán en que otro antes que ellos “ya había empezado”.
Es por eso que si algo vale la pena analizar en el fenómeno inflacionario es, entonces, la propagación, como un proceso, y dentro de éste la cadena de transmisión. Siendo la inflación, no un acontecimiento singular, sino, por definición, un fenómeno que se prolonga en el tiempo, su análisis debe tocar dos aspectos: uno referido a las causas o determinantes de las alzas en el punto de partida (en cierto modo convencional) y el otro a las posibles razones para su perpetuación.
Las cifras y los hechos
Según el informe del Dane, entidad que lleva desde 1954, de manera sistemática y periódica, el registro del movimiento de los precios de los bienes de consumo, a diciembre de 2021 el incremento anual del índice total nacional (IPC) fue de 5.62 por ciento, en contraste con el de 2020 que había sido apenas de 1.61 por ciento, y solamente superado, en años recientes, por la variación anual observada en julio de 2016 cuando había sido de 8.97 por ciento1 (Gráfico Nº 1). En esta medición, claramente se aprecia que el ritmo de crecimiento de los precios se había comenzado a acelerar desde abril del año pasado.
Es cierto que hemos vivido en el pasado periodos inflacionarios de mayor gravedad. En lo que va corrido del siglo podemos señalar el ocurrido al comienzo, que cubrió más de dos años, entre 1999 y 2001, de elevados incrementos, superiores al cinco por ciento, y un pico de diez por ciento anual en mayo de 2000. La inflación cedió un poco y se reanimó luego, durante varios cortos periodos, alrededor de 2003, de 2007 y sobre todo entre 2008 y 2009, con un pico de 7.94 por ciento en octubre de 2008. Sigue una etapa que puede calificarse de muy baja inflación, hasta el periodo ya mencionado, inmediatamente anterior, bastante grave, el cual arrancó a mediados de 2015. El que estamos viviendo tiene que ver, sin duda, con el impacto de la pandemia que inicialmente produjo lo contrario, de manera que podemos decir lo mismo que respecto a la celebrada “reactivación económica”, esto es, que se trata de un lógico rebote, pero, visto lo anterior, la pregunta es ¿cuánto durará? Lo cierto es que el impacto social que tendrá esta inflación es particularmente funesto porque se suma al enorme crecimiento de la pobreza y al persistente desempleo que estamos arrastrando.
Las características en el punto de partida
A primera vista la interpretación parece obvia. Del 5.62 por ciento que ya mencionamos, 2.73 por ciento corresponde a “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (Gráfico Nº 2). Y, en efecto, es la división cuyo índice más crece: 17.23 por ciento anual. La explicación que se está dando en otros países (incluidos los “avanzados” del centro del capitalismo mundial), alude a la interrupción de las cadenas de suministro debidas a las medidas de confinamiento. –Obsérvese de una vez que esta oleada inflacionaria es mundial–. En el caso colombiano, sin embargo, no resulta convincente. Es por eso que el gobierno (no propiamente el Dane) lo atribuye, de manera “políticamente conveniente”, a los “bloqueos” del paro nacional. Empero, si algo incidió, específicamente en los meses de abril, mayo, junio y julio, se limita a algunos bienes (huevos, carne de res y frutas frescas) y en una región (ciudades del suroccidente). En cambio, en otros productos de efecto decisivo como la papa (variación anual de 111%) –cuyos incrementos mensuales por cierto venían del año pasado– la leche, el plátano, carne de aves y otros, la tendencia alcista se acentúa es en el segundo semestre2.
Hay pues un problema con los alimentos; aquellos que provienen directamente del sector agropecuario pero también los elaborados industrialmente, como los aceites de cocina. Es cierto que tienen una ponderación alta (15.05%) en el cálculo del IPC total, pero se debe igualmente a la amplitud de la variación y su persistencia hasta el día de hoy, como se comprueba al examinar individualmente los productos, particularmente en las carnes, la papa, el aceite comestible y las frutas. Obsérvese además, a manera de confirmación, que otro de los rubros que contribuye mayormente a la inflación es el de “Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio”.
Para algunos, siguiendo también los análisis internacionales, se trata, como en todas las coyunturas posteriores a las recesiones, de una recuperación súbita de la demanda. Su efecto, naturalmente, no sería tan fuerte, dado que apenas superaría el nivel de demanda existente antes de la recesión, y en todo caso desaparecería en unos cuantos meses. En Colombia, sin embargo, tampoco resulta convincente. Más plausible sería la hipótesis –ya que evidentemente las alzas no han beneficiado a los campesinos– de una reacción en las cadenas de intermediación, encaminada a resarcirse de las pérdidas ocasionadas por el manejo de la pandemia. Al mismo tiempo debe contemplarse otro factor, en este caso del lado de la oferta, como es la inflación mundial ya sea en los productos alimenticios que en este país se importan cada vez en mayor cantidad, como el trigo y el maíz o la lenteja y los garbanzos, o en los insumos para la elaboración industrial. Un caso destacado es el de los concentrados que han impactado el sector de las carnes y el de los huevos. A dicha inflación mundial, que también incluye el petróleo, hay que añadir la considerable devaluación del peso con relación al dólar.
El hecho de que sean los alimentos el eslabón inicial y más importante de la cadena de alzas hace mucho más gravoso el negativo impacto social. Si en el IPC total nacional su ponderación es alta, mucho mayor es en los niveles de pobres y vulnerables, esto es, 23,78 por ciento y 22,24 respectivamente, y no por azar son estos sectores, en efecto, quienes se ven obligados a dedicar sus exiguos ingresos más que todo a la simple supervivencia. De ahí que la evolución de la inflación ya esté mostrando una ampliación de la brecha de la desigualdad. Si para los sectores de ingresos altos la variación anual es de 4,39 por ciento, por debajo del resultado general, para los pobres y vulnerables asciende a 6,85 por ciento3.
No obstante, hay otros componentes del gasto que contribuyen también de manera importante a la variación anual. Es especialmente el caso de los incluidos en la División “Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles” cuya contribución al total de 5.62, fue de 1.22 puntos porcentuales. Se trata, en su mayoría, de los que conocemos como “servicios públicos”, sometidos a decisiones de política pública nacional o territorial. Antes hicimos alusión al comportamiento de los combustibles que influyen en el transporte pero también en el hogar. Ahora vale la pena destacar el caso de la electricidad que cierra el año con una variación de 9.92 por ciento siendo el gasto básico (subclase) que ocupa el cuarto lugar en importancia por su contribución individual, después de las carnes y la comida fuera del hogar. Sin embargo, aquí vale la pena detenerse un poco en el comportamiento de sus tarifas en los últimos seis años (Gráfico Nº 3). No sólo coincide con la dinámica de las alzas del año pasado sino que muestra una persistente tendencia alcista, que no se morigeró apreciablemente durante el tiempo del confinamiento.
Una tendencia que se hizo visible entre mediados de 2017 y principios de 2019 y que estuvo entre los responsables del periodo inflacionario antes mencionado de 2015 y 2016. El problema de la energía eléctrica en Colombia, sobre todo de la distribución en la costa Caribe, que presenta además una importante concentración de población, es de larga data y bien conocido. Tiene que ver con el modelo empresarial y de mercado que se ha aplicado. Sus escándalos de corrupción son ya proverbiales. Se recordará que, en años recientes, se decidió repartir entre todos los colombianos, a través de las tarifas, el pago de los cuantiosos desfalcos. Sin embargo, es un problema que dista mucho de haberse resuelto; sin duda significa una amenaza permanente de inflación.
La importancia de este componente del gasto pone de presente la pertinencia de tener en cuenta la contribución desigual de las regiones geográficas al fenómeno inflacionario. Como se observa en el Gráfico Nº 4, la ciudad cuya variación anual del IPC supera con creces el promedio nacional es Santa Marta (8.99 por ciento). Allí es justamente la electricidad el componente que más contribuye a la inflación pues, con un incremento de 19.01 por ciento, representa 1.43 puntos porcentuales de la mencionada variación anual de la ciudad. En cambio en Bogotá, ciudad con la menor variación anual (4.62), la electricidad ocupa un tercer lugar después de las comidas fuera del hogar y las carnes. Sea la oportunidad para destacar que el caso favorable de Bogotá se debe no sólo al menor crecimiento de muchos de los precios y tarifas sino al efecto estadístico de la disminución en rubros importantes como servicios de comunicación, prendas de vestir, matrículas y otros, beneficiados con políticas públicas, como los días sin IVA.
Aunque los resultados globales están determinados por la ponderación asignada a las ciudades, lo que se acaba de decir saca a la luz una importante perspectiva de análisis, la geográfica, que va más allá de la descripción. En efecto, es claro que en la inflación hay determinantes diferentes según las regiones (en principio, ciudades). Sin duda hay bienes y servicios cuyo comportamiento se explica por características del mercado nacional pero en muchos es necesario tener en cuenta las particularidades locales, comenzando por las cuestiones de abastecimiento, que nos indicarían si se trata de fenómenos transitorios o tendencias. Igualmente importante, como se acaba de ver, es la incidencia de las políticas públicas que muchas veces en el discurso convencional suelen minimizarse detrás de disquisiciones meramente abstractas sobre un “mercado” carente de sujetos. Todo ello nos permitiría pasar adecuadamente del diagnóstico a las medidas más apropiadas para conjurar lo que aparece inicialmente como un serio brote inflacionario.
¿Qué se puede esperar?
Sin duda estamos en presencia de una situación de desequilibrio que se expresa en varias presiones hacia el alza de los precios de muchos bienes y servicios. Puede apreciarse, estadísticamente, como una elevación del nivel general de precios y en ese sentido indicaría sencillamente que desciende el poder de compra de nuestros ingresos en dinero. Sin embargo, como se señaló al principio, lo más importante sería identificar las posibilidades de perpetuación del fenómeno. Es decir, los procesos de encadenamiento y, lo que es peor, como ya lo estamos viendo en este comienzo de año, de retroalimentación. Se vuelve realidad la imagen de un fenómeno global, donde todos y ninguno son responsables, enteramente ajeno. Es en ese punto donde se vuelve realidad la afirmación atribuida a M. Friedman: “la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario”.
En nuestro país, que es de los pocos donde aún predomina el fundamentalismo neoliberal, en ocasiones en sus formulaciones más primitivas como el monetarismo, es de esperar políticas y “soluciones” puramente convencionales. Se toma uno de los elementos que ha estado en el debate mundial. Al parecer, la gran disyuntiva consiste en que la política monetaria ha estado en casi todos los países encaminada a favorecer la reactivación económica después de las medidas de la pandemia, pero si la inflación se explica por un “tirón” de la demanda entonces convendría adoptar una política restrictiva incluyendo el incremento de las tasas de interés.
De hecho, así han procedido en los principales países capitalistas como Estados Unidos. Sin embargo, al hacerlo, y en eso debe tenerse en cuenta que hay países más sometidos a las dinámicas mundiales y por tanto mayormente vulnerables, se corre el riesgo de ahogar la recuperación. Ahí entra a jugar uno de los dogmas más socorridos de la doctrina económica en boga, según el cual las posibilidades de perpetuación dependen de las “expectativas” (qué es lo que creen y esperan los actores económicos) y por lo tanto del manejo hábil y “transparente” que haga el Banco Central de sus comunicaciones al público4. Ahí estaría la diferencia entre una inflación temporal o transitoria a la que se aspira y una prolongada en el tiempo que sería catastrófica. Como dice Paul Krugman: Apretar o no apretar, he ahí la cuestión5.
En ese particular, la junta directiva de nuestro Banco de la República no va mucho más allá. Y eso que aquí, ni el gobierno desplegó una amplia y robusta campaña de transferencias sociales durante la pandemia, ni la denominada “reactivación económica”, más publicitada que real, le debe su éxito a la política del Banco Central, pese a que sus tasas de interés de intervención ciertamente han estado en un bajo nivel. En su última reunión del 17 de diciembre del año pasado incrementó en 50 puntos básicos la tasa vigente colocándola en 3 por ciento. Hubo, sin embargo, algunos de sus miembros que abogaron por un mayor incremento ya que, según ellos, la política del gobierno (salario mínimo) “crea en la opinión pública una percepción de normalidad de aumentos nominales muy superiores a la meta de inflación, lo que podría contribuir a desanclar las expectativas respecto de ésta, haciendo más exigente la tarea del Banco de la República en el control de la inflación”6.
Más allá de ello, el verdadero problema aquí reside justamente en el dogma. Una política distinta es prácticamente un tabú. Significaría abandonar principios sacrosantos y adoptar prácticamente el “castrochavismo”. Como quien dice, un chantaje para el próximo gobierno. Desde ahora, en plena campaña electoral, se está amenazando con inestabilidad del mercado, nerviosismo en la bolsa de valores y fugas de capitales. La jugada ya se ha aplicado en otros países, desde Brasil en el pasado hasta Chile recientemente, pasando por Perú. Tal es el talante real del debate político de las elecciones presidenciales, incluso desde el llamado “centro”.
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1 Vale la pena destacar que el Dane enfrenta evidentes problemas para la comunicación y la difusión de las cifras. Parece que no se ha recuperado del ataque que sufrió a finales del año pasado. Un ataque bastante sospechoso pues ninguna autoridad de policía o de la fiscalía ha sabido explicar los móviles. Curiosamente se dio en momentos en que la Registraduría, en víspera de unas elecciones, se permitió oficializar unas cifras de población en edad de votar completamente diferentes de las existentes en los registros del Dane.
2 Ver Dane, IPC, Principales resultados, diciembre de 2021. Publicado en enero 5 de 2022. Igualmente la rueda de prensa ofrecida por su Director: https://www.youtube.com/watch?v=tGv7n7biKcY
3 Ver Dane, Ibídem.
4 Ver por ejemplo: Jongrim Ha, M. Ayhan Kose, Franziska Ohnsorge, “Inflationary pressures: Likely temporary but challenging for policy design”. VOX, CEPR Policy Portal (https://voxeu.org). 14 July 2021.
5 Krugman, P., “El año de la infamia de la inflación”, 20 de diciembre de 2021, The New York Times (en español).
6 MINUTAS-REUNION https://www.banrep.gov.co/es/minutas-reunion-junta-directiva-del-banco-republica-del-17-diciembre-2021
Héctor-León Moncayo S.
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Fuente:
Periódico desdeabajo Nº287, enero 20 - febrero 20 de 2022
