DOSSIER:
1. La Fiscalía de Colombia pide cerrar el caso contra Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno de testigos
Según la investigación, el exmandatario habría ofrecido compensaciones a testigos para que proporcionasen testimonios a su favor y lo desvincularan de su aparente relación con grupos paramilitares.
Uribe en una rueda de prensa luego de una audiencia en la CSJ, en Bogotá, Colombia, 8 de octubre de 2019Luisa González / Reuters
La Fiscalía General de Colombia solicitó cerrar el caso contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno a testigos.
En un comunicado publicado este viernes en su cuenta de Twitter, se informa que quien coordina la investigación, Gabriel Ramón Jaimes Durán, introdujo la "solicitud de audiencia de preclusión" ante el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá, lo que significa que el expediente contra el expresidente podría ser archivado y no habría juicio.
La Fiscalía agregó que, tras la "valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida", se determinó que "varias de las conductas" por las que se vinculó jurídicamente a Uribe "no tienen característica de delito" y las que sí lo son, "no se le pueden atribuir como actor o partícipe".
Según el organismo de Justicia, estas conclusiones serán expuestas en una diligencia pública ante el juez penal del circuito que disponga el sistema de reparto y podrán ser controvertidas por el procesado y su defensa, la Procuraduría y "quienes reclaman su calidad de víctimas".
Horas antes de que se anunciara la decisión, el senador colombiano Iván Cepeda, contraparte del proceso contra Uribe por la supuesta compra de testigos, publicó en las redes que Jaimes no tomó en cuenta "miles de pruebas" y que "su solicitud de preclusión no tendrá ningún sustento probatorio y será una vergüenza para la justicia en Colombia".
Uribe, quien gobernó Colombia de 2002 a 2010, es investigado por presuntamente dar compensaciones a testigos para que ofrecieran testimonios a su favor y lo desvincularan de su aparente relación con grupos paramilitares.
El 4 de agosto del año pasado, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la detención domiciliaria de Uribe.
Unas semanas más tarde, el derechista renunció a su curul de senador y, como consecuencia de ello, el 1 de septiembre la CSJ trasladó su caso a la Fiscalía.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, en el municipio de Montería, el 12 de octubre de 2020.Luis Dario Diaz / Reuters
El caso
Este caso contra Uribe se remonta a septiembre de 2014 —aunque las disputas venían de unos años antes—, cuando Cepeda, del Polo Democrático Alternativo (PDA), planteó en el Senado que Uribe había fomentado la presencia de paramilitares en el departamento de Antioquia cuando era gobernador.
En específico, Cepeda ha señalado a Uribe de haber fundado junto a su hermano Santiago el Bloque Metro, una facción de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en la década de 1990.
El senador presentó testimonios de antiguos paramilitares encarcelados para sustentar su acusación. Entre los que testificaron está Juan Guillermo Monsalve, antiguo miembro del Bloque Metro de las AUC, quien cumple una sentencia de 40 años en una cárcel de Bogotá por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.
Iván Cepeda, senador de Colombiawikipedia.org / IvanCepedaCastro/ CC BY-SA 4.0
Según su testimonio, el hermano del expresidente habría coordinado el transporte de votantes para las presidenciales de 2002, en las que Uribe ganó. Además, dijo que en la hacienda las 'Guacharacas', propiedad de los hermanos en San Roque (Antioquia) se planificaron una matanzas que luego los paramilitares habrían ejecutado.
En respuesta a estas acusaciones, Uribe demandó a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por la presunta manipulación de testigos, señalando que el senador buscó entre las cárceles a antiguos paramilitares para desprestigiarlo y, a cambio, les ofreció dádivas y beneficios.
Entre 2015 y 2018, la CSJ investigó a Cepeda y concluyó que los testimonios en su contra eran falsos. Por ello, el caso dio un giro, al determinar que Uribe presuntamente habría sobornado a terceros para testificar contra el senador; entonces la Sala de Instrucción II de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema decidió abrir una indagación contra el expresidente por haber cometido delitos de soborno y fraude procesal.
Varios de los testigos que declararon contra Cepeda han asegurado que Diego Cadena, uno de los abogados de Uribe, les pagó o presionó para que brindaran esos relatos.
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Fuente:
2. El Fiscal que solicitó el archivo del caso de Uribe, un incondicional del exprocurador Ordóñez
Gabriel Jaimes, el escogido por Barbosa para llevar el proceso, formó parte del grupo cercano de Ordóñez en la Santo Tomas y lo ha seguido siempre, habiendo logrando un alto cargo en su Procuraduría
El Fiscal Gabriel Jaimes, quien precluyó a través de un comunicado al Ex Presidente Álvaro Uribe, se crió en Bucaramanga, la tierra de Alejandro Ordóñez con quien interactuó de cerca en la Universidad Santo Tomas de Bogotá. En esta universidad de corte confesional y católica el ex Procurador y hoy embajador en la OEA era palabra mayor, con gran influencia entre las directivas, profesores y alumnos de derecho. A su lado se formó Jaimes, quien luego realizó estudios en derecho procesal y penal en la Universidad Sergio Arboleda, el alma mater de su actual jefe Francisco Barbosa.
Además de ser pupilo en la facultad de derecho, igual que su esposa Rubby Duran, de cuyo matrimonio fue padrino, formó parta de los grupos de cercanos del ex Procurador, a quien acompañaban a la celebración de las liturgias Lefrebvristas en latín. Acompañó a Ordoñez en su aspiración fallida para integrar las listas al Concejo de Bucaramanga.
Entró a la recién creada Fiscalía, mediante concurso y empezó con 28 años en Barrancabermeja y la línea santandereana le favoreció para avanzar. Su llegada al búnker se la proporcionó Luis González, recién nombrado director nacional de fiscalías por Juan Camilo Osorio, un Fiscal del resorte de Álvaro Uribe, y ya en Bogotá, Jaime empezó a navegar dentro de la institución.
Interrumpió su carrera para atender el llamado de su admirado profesor para trabajar con él en el Consejo de Estado y luego le ayudó en su campaña en el senado para la Procuraduría. Elegido Ordóñez, lo reconoció con un súper cargo: lo nombró Procurador delegado para asuntos penales, el jefe de todos los procuradores judiciales del país. Su paso por la Institución dirigida con alguien como Ordóñez con quien tiene viejas afinidades ideológicas conservadoras, y admiración por dirigentes como Álvaro Gómez Hurtado, los acercó aún más y no casualmente le entregó a Jaimes la investigación por el magnicidio del líder conservador, con unos resultados que poco han esclarecido el crimen.
Sin que estén claras las razones de su retiro que le significó dejar un altísimo cargo y la confianza con el Procurador para convertirse en un fiscal anónimo de Fusagasugá , Jaimes regreso a la Fiscalía, vía concurso, en los turbios años de Eduardo Montealegre y Perdomo. Por su parte Ordóñez vinculó a su esposa Rubby Duran a la Procuraduría .
La suerte lo acompañó, cuando de regreso al búnker, después de cuatro años en el pueblo cundinamarqués, entró a la Unidad de delitos contra el crimen organizado en Bogotá. Era el año de 2015, pero fue allí donde conoció en el 2018 a Francisco Barbosa quien había sido nombrado Consejero presidencial para derechos humanos por su amigo el Presidente Iván Duque. Intercambiaron por circunstancias de trabajo sin que jamás se le ocurriera a Jaimes que podría terminar en el tercer cargo en la Fiscalía: coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema de justicia.
La confianza que logro con el fiscal Barbosa dio para que este le entregará el polémico caso del expresidente Uribe, quien decidió renunciar al senado para que su expedienté pasara de la Corte Suprema de justicia a la Fiscalía en cabeza de su copartidario Francisco Barbosa.
Una vez Ordóñez tuvo que dejar la Procuraduría por decisión del Consejo del Estado que le tumbó su nombramiento, se comprometió a fondo con el Centro Democrático y fue uno de los aliados claves de la campaña por el No al Plebiscito por La Paz. Duque terminó nombrándolo embajador suyo ante la OEA en Washington.
Los antecedentes de cercanía de Jaimes con Ordóñez y este a su vez con el procesado Álvaro Uribe, no pesaron a la hora del Fiscal Barbosa entregarle el caso. Esta decisión se convirtió en una carta de tranquilidad para la defensa del ex Presidente Uribe, el penalista Jaime Granados. Y las cosas les salieron. Aunque el caso está lejos de concluir, continúan las audiencias del juicio en las que muy seguramente la defensa del senador Cepeda apelará la decisión de la Fiscalía, el ex Presidente Uribe
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Fuente:
https://www.las2orillas.co/el-fiscal-que-archivo-el-caso-de-uribe-un-incondicional-del-ex-procurador-ordonez/
3. Fiscalía de Colombia pedirá fin de proceso contra Álvaro Uribe
Al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez se le abrió investigación por presunto fraude procesal y manipulación de testigos mientras era senador. | Foto: Proceso
El ministerio público solicitará que se dé por terminado el proceso penal antes de que se celebre un juicio.
La Fiscalía General de Colombia anunció este viernes que solicitará precluir (poner fin) la investigación que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos fraude procesal y manipulación de testigos mientras era senador, en medio de críticas de diversos sectores sobre lo que consideran un nuevo intento de exonerarlo de la acción de la justicia.
A través de un comunicado, el ministerio público dio a conocer que el coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Gabriel Jaimes Durán, solicitará que se dé por terminado el proceso penal antes que se realice un juicio.
Según la Fiscalía, tras examinar los elementos probatorios, Jaimes Durán estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó a Uribe Vélez “no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe”.
Las conclusiones de Jaimes Durán para solicitar la preclusión deberán exponerse ante un juez del Circuito de Bogotá, en fecha aún por determinar.
Medios locales refieren que este paso es importante, pues la tesis de Jaimes Durán es opuesta a la de la Corte que, en su momento, halló que había pruebas suficientes e incluso ordenó la detención de Uribe Vélez.
En las últimas horas también se conoció que el senador Iván Cepeda demandará por prevaricato a Jaimes Durán.
En rueda de prensa virtual, el representante del Polo Democrático Alternativo anunció que la denuncia será presentada en los próximos días y también la suscribirá, en calidad de víctima, el exfiscal general Eduardo Montealegre.
Antecedentes del caso
El expresidente colombiano (2002-2012) era investigado desde el año 2018 por la CSJ en un caso de presunta manipulación de testigos exparamilitares (Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve) mientras era senador.
De acuerdo con la Corte, Uribe Vélez habría sobornado a esos testigos, que guardan prisión y ya habían declarado en su contra, para que no lo señalaran como fundador en el departamento de Antioquia del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, agrupación armada irregular dedicada a múltiples actividades ilícitas.
Con esos pagos se intentó que los testigos modificaran su testimonio y declararan que el senador Iván Cepeda, a cambio de beneficios, los había instigado a mentir para perjudicar políticamente a Uribe Vélez.
El abogado de Uribe Vélez, Diego Cadena, admitió que había transferido los sobornos, presentados como “ayuda humanitaria”.
En agosto de 2020, mientras cumplía una orden de detención domiciliaria de la CSJ, Uribe Vélez renunció a su escaño en el Congreso para procurar que el caso fuese abandonado por la Corte y asumido por la Fiscalía General.
No solo ocurrió esto último, sino que el Ministerio Público puso a un lado la investigación que adelantaba la Corte e inició una propia.
En aquel momento, desde diversos sectores sociales se alertó que se corría el riesgo de que Uribe Vélez fuera exonerado, pues el fiscal general, Francisco Barbosa, es amigo cercano del presidente Iván Duque, protegido político de aquel.
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Fuente:
Por: teleSUR - jdo - JCVM
