Santos cómplice del fraude electoral que prepara la Registraduría
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¿Está adulterado el taxímetro de la Registraduría?
La sentencia que le devolvió tres curules al MIRA cuenta cómo el software electoral fue usado para modificar los resultados de las elecciones de 2014. Lo preocupante es que tenemos exactamente el mismo escenario en 2018.
Carolina Botero
Fundación Karisma
En el fallo que le devolvió tres curules al MIRA se comprobó que las elecciones de 2014 fueron saboteadas de muchas maneras, y evidenció que no se han hecho los ajustes necesarios para garantizar los controles y la transparencia en el proceso electoral. Sobre todo cuando incorporan tecnología.
En una elección basada en papel no hay secretos: todo el procedimiento se puede ver, de principio a fin. Pero cuando las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) entran en el proceso, pasan cosas que no podemos ver. Vemos qué datos entran y qué datos salen, pero no sabemos cómo son procesados. Parecido a lo que ocurre con los taxímetros adulterados en las ciudades.
Los usuarios no saben cómo se calculan las unidades, ni cada cuanto tiempo o distancia se supone que debe subir la tarifa: no tienen más remedio que confiar en esa caja que hace cosas que ellos no pueden ver. Eso no significa que no sea posible detectar que el taxímetro fue saboteado, solo que es necesario investigar mucho para hacerlo.
Eso fue lo que tuvo que hacer el MIRA para conseguir la devolución de sus tres curules. No le bastó la observación de la operación manual, sino que tuvo que deconstruir su viaje en taxi y el de muchos otros, además de conseguir información sobre cada una de las operaciones informáticas por medio de las cuales se hizo el sabotaje.
Al proceso electoral en Colombia se le ha incorporado tecnología y ahora tiene muchas cajas negras. La mayoría de nosotros no podrá entender las cajas negras, pero podemos incorporar también mecanismos para que los interesados y expertos puedan controlar y revisar que todo esté funcionando antes, durante y después del proceso.
Aquí cuatro pasos mínimos, que concluimos de la Sentencia y del trabajo que hemos hecho en el KLAB de la Fundación Karisma* para la Moe, para que el taxímetro electoral no sea la caja negra insondable y que produce datos mágicamente, sino que sea parte de un sistema transparente que cumple una función pública.
1. Todos los actores deben tener pleno acceso a la información
Por ley todos los actores políticos deben tener acceso a la información electoral. De hecho, la observación directa se permite, se promueve y se hace en cada elección. Sin embargo, estas garantías no se han adaptado a los sistemas informáticos que no pueden observarse a simple vista.
Hoy, ni siquiera se garantiza algo tan simple como facilitar oportunamente el acceso de los partidos y la MOE a toda la información que alimenta al software en cada paso y a la que se produce al procesar los datos. El proceso del MIRA ante el Consejo de Estado se demoró sobre todo porque al MIRA le costó conseguir información y procesarla para encontrar diferencias entre los formularios.
Cuando se los dieron, les entregaron documentos en imágenes que no podían procesar y por tanto era difícil ejercer control de los resultados. Además los documentos que les dieron no son los que tienen los efectos legales: para protestar un acta se requiere el formato ‘E14 claveros’, y les daban el ‘E14 delegados’ (Figura 1). Pero además de que no les servían para protestar, se los dieron solo cuando se abrió un proceso y no en durante el escrutinio.
Figura 1: Proceso actual de escrutinio. Imagen simplificada del proceso, porque en realidad el proceso es mucho más complejo. Actualmente se necesita un nivel de experticia muy grande para que una persona entienda los vericuetos del sistema.<
Se debe garantizar el acceso a la información del proceso electoral producida antes y después de cada comisión, igual que a la información generada en su procesamiento tecnológico (Figura 1), con las siguientes características:
- Que sea información oficial,
- Que sea en formato abierto (es decir, en forma de datos planos que puedan procesarse),
- Que se entregue de forma inmediata a su creación, desagregada por mesa y completa, que incluya todos los formularios.
- Que sea trazable. Se debe poder saber desde dónde se creó y dónde se sumaron todos y cada uno de los datos.
- Que la información esté acompañada de elementos técnicos que permitan validar su integridad (Funciones Hash)
2. El proceso debe ser trazable
La ley dice que los archivos de urnas, votos, actas, etcétera deben estar disponibles por el plazo del período electoral. Sin embargo, cuando el MIRA fue a buscarlos, no los encontró.
Las urnas estaban vacías, desaparecieron los documentos de la bodega.
Pero se ha hablado aún menos de lo que sucedió con los registros del proceso informático, que es todavía peor.
“Los equipos utilizados para realizar el escrutinio fueron sometidos a borrado seguro de acuerdo a las exigencias del contrato que indican que pasados 3 meses no debe conservar información del proceso" (Consejo de Estado, 2018, p. 216), según dijo el contratista
Así como es necesario guardar todos los documentos del proceso electoral, se deben también conservar las copias de respaldo y asegurar las máquinas como una garantía de unas elecciones democráticas.
Eso no se hace.
Por eso Consejo de Estado le ordenó a la Registraduría que en estas elecciones “implemente las medidas correspondientes para mantener los ordenadores actualizados y las copias de seguridad necesarias para resguardar la información electoral” (Consejo de Estado, 2018, p. 355).
En el proceso del MIRA la copia del software que la Registraduría entrega para que sea custodiada por la Procuraduría no sirvió “por no existir para la fecha de las diligencias el escenario original del sistema utilizado para el proceso de escrutinio de las elecciones”(Consejo de Estado, 2018, p. 214).
Es decir, guardar una copia del programa en un momento cualquiera no basta. Es necesario asegurarse de que es exactamente el programa que se usó y poder reactivarlo en el escenario original, en las máquinas y con los elementos originales, de lo contrario no sirve.
Tener copias de respaldo para recrear lo sucedido es difícil y costoso. Sin embargo, si se va a usar software en las elecciones y no queremos que sea un taxímetro insondable, debe haber registro de lo sucedido. Si no queremos hacerlo, tal vez no debamos usar TIC para facilitar las elecciones.
El partido MIRA no tuvo acceso ni al archivo físico que desapareció de la bodega, ni a los registros del software. Por eso, tuvo que deconstruir con datos los pedacitos del rompecabezas.
3. El sistema que se use debe ser controlado por el Estado
Alfredo Novoa, Magistrado del CNE, dijo en la audiencia del MIRA “hay dos cosas que el Estado no puede delegar: la seguridad nacional y las elecciones”.
Sin embargo, todo el sistema de elecciones lo contrata la Registraduría con privados, los mismos desde hace 14 años. Ellos son los dueños del software y, además, contratan a todo el personal que lo desarrolla y le da soporte.
A diferencia de lo que sucede en un sistema manual de elecciones, en el sistema híbrido colombiano (que es manual pero incorpora TIC en partes del proceso), nadie --ni la Registraduría--- sabe en concreto cómo funciona por dentro.
No solo porque la Registraduría no tiene la capacidad que le permita saber cómo el contratista hace su trabajo, sino también porque el código fuente se protege con propiedad intelectual.
Aunque la Registraduría quisiera cumplir con su deber constitucional de garantizar la integridad del sistema electoral, no tiene más remedio que confiar en el taxímetro que le proporcionan los privados.
Las experiencias de otros países no invitan exactamente al entusiasmo. En Alemania, la Corte prohibió el voto electrónico porque ni la ciudadanía ni el Estado eran capaces de entender y verificar los resultados de las elecciones. En Holanda, grupos de activistas pudieron comprar una máquina de votación en Internet y hackearla. En Argentina, se han generado dudas sobre la Boleta Única Electrónica usada en las provincias de Buenos Aires y Salta porque la empresa propietaria no revela el software a los actores políticos, pero sí se filtran partes del mismo en internet días antes de las elecciones.
A pesar de esto, muchos países siguen tercerizando las tecnologías que utilizan en las elecciones. Si esto va a ser así, como mínimo los proveedores deberían aceptar que en la democracia se exige la apertura de la información electoral, y no deberían poder esconder el software electoral aduciendo sus derechos de autor.
En la sentencia del Consejo de Estado se estableció que el Estado colombiano está ciego y ordenó a la Registraduría a que “adquiera el software requerido de escrutinios desde y para el Estado, es decir, que sea propio de dicha organización (...) además realice los trámites para designar el personal idóneo para la prestación del servicio de soporte técnico especializado que se requiera, para la vigilancia y control del aplicativo a utilizar” (Consejo de Estado, 2018, p. 355).
Adicionalmente, incluso si el software es del Estado es frecuente que organizaciones internacionales especializadas recomienden usar software libre para este tipo de actividades. El software libre es el que no usa la propiedad intelectual para prevenir el acceso al código fuente, porque, además de ser más económico, permite garantizar los controles y la transparencia requeridos en la democracia.
En Colombia no tenemos ni software público, ni software privado con cláusulas de apertura, ni experticia en TIC en la Registraduría, ni mucho menos software libre.
4. Se requiere de una auditoría independiente
Pero pocas personas entienden que una cosa es auditar resultados --lo que discutimos en los tres puntos anteriores--, y otra es auditar el software.
El K-LAB se ha centrado en este punto, que es exigido por el artículo 45 de la ley 1475 de 2011. Este artículo permite que la MOE y los partidos políticos puedan auditar el software.
Hasta ahora lo que ha hecho la Registraduría es invitar a que los partidos nombren un ingeniero de sistemas que haga las veces de testigo, para que vea el dato que entra y el que sale del ‘taxímetro’ durante el escrutinio.
El ejercicio sirve para controlar lo que se puede ver. Sin embargo, la auditoría a la que se refiere el artículo 45 es precisamente sobre lo que no se puede ver.
La idea de la auditoría es que los auditores puedan mirar si el taxímetro sí procesa los datos como se supone que debe procesarlos, entender e informar si hay problemas y verificar que se hicieron las mejoras necesarias antes de que los monten a los taxis, y así prevenir sabotajes. En el sistema electoral, se busca básicamente lo mismo: revisar todos los componentes del sistema para evitar que pasen cosas como las que el MIRA denunció y demostró.
En una auditoría de software, se puede revisar que la arquitectura y los controles de seguridad del software eviten ingresos indebidos al sistema por ejemplo. En el caso del MIRA, esto no sucedió: los peritos de la Fiscalía informaron que "los archivos log de aplicación tampoco cuentan con un valor hash o huella digital que garantice su integridad e inmodificabilidad" (Consejo de Estado, 2018, p. 215).
En otras palabras, entraron personas al software sin la debida identificación y en horas extrañas, e hicieron cambios sin que el sistema generara alertas.
La auditoría del artículo 45 es una auditoría independiente (que la ley faculta a la MOE y a los partidos), que no puede ser confundida con el simulacro y también debe ser previa al día de elecciones.
Esta auditoría requiere mucho tiempo. Por ejemplo, en México toma casi 3 meses, se hace con el código fuente, con la versión del software final que se va a usar en el proceso. Porque para que la auditoría sea válida se requiere que el software no cambie, o debe existir un control detallado de los cambios posteriores a la auditoría.
En el ejemplo del taxímetro de nada sirve que un operador autorizado sea el que ajuste el taxímetro si el taxista puede también ‘meterle mano’ en cualquier momento y sin ningún registro de qué le hizo.
El detalle del análisis del K-LAB sobre auditorías internacionales está en nuestro informe a la MOE, junto con la propuesta de protocolo de auditoría para aplicar a estas elecciones.
Desde que se implementó el sistema híbrido de elecciones en Colombia el software se convirtió en la última palabra de los resultados electorales. Confiamos tanto en las TIC que olvidamos la necesidad de implementar controles equivalentes a los de antaño.
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*Esta columna es el resultado del trabajo de parte del equipo de KLAB compuesto en esta oportunidad por Pilar Saenz, Joan López y Santiago Hernández con algunas de mis contribuciones y comentarios.
Santos cómplice del fraude electoral que prepara la Registraduría
OSCAR H. AVELLANEDA
El senador Iván Cepeda denunció a través de su cuenta en Twitter los intentos de acallar las alertas sobre las "anomalías en el recuento de los resultados" de las próximas elecciones presidenciales que se celebrarán el 27 de mayo:
“Las alertas sobre peligro de anomalías en el recuento de resultados electorales se intentan censurar como intentos por "desinstitucionalizar" el país. Quieren que en estas elecciones se mantenga la institución del fraude electoral, muy propia de la deforme democracia colombiana”.
El senador hace referencia a las serias acusaciones de fraude que ha hecho el candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro:
"El presidente no garantiza la transparencia electoral. El software de la Registraduría no ha sido auditado por nadie".
“Quién ha dicho que el software de la Registraduría es fraudulento es el Consejo de Estado. Por ello exigió una auditoría técnica, y así lo solicitó el Procurador a tiempo. Fue el Registrador y el CNE, quienes no lo permitieron. No hay auditoría hoy al software de cómputo de votos” señaló.
Como si participara en un programa de cuenta chistes Juan Manuel Santos dijo:
“La extrema izquierda está como la extrema derecha: inventan fraudes donde no existen. Estas serán las elecciones presidenciales más seguras, más transparentes y con mayores garantías de la historia de Colombia”.
El candidato de la Colombia Humana insiste en que se van a realizar elecciones sin que se haya dado una veeduría técnica sobre el programa usado por la Registraduría para el conteo de los votos, y denunció que el Gobierno de Santos prohibió a los expertos de la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea analizar el sistema.
Los medios al servicio de la burguesía de inmediato se pusieron al servicio de la mentira, por lo cual Petro les indicó:
“Señores periodistas un poco más de investigación. Mirar si el software funciona es muy diferente a auditar el software, que implica al menos dos meses de verificar la transparencia de los algoritmos, el acceso al código fuente, y la ausencia de alteraciones”.
“Un simulacro no es igual a una auditoría técnica. CNE invitó tarde a IFES a hacer auditoría porque engavetó solicitud, la fundación rechazó invitación al ser necesario un mes y medio para hacerlo. Nadie hizo ni hará auditoría internacional técnica a software, Gobierno miente”: destacó la futura vicepresidenta de Colombia: Ángela María Robledo.
“La sentencia que le devolvió tres curules al MIRA cuenta cómo el software electoral fue usado para modificar los resultados de las elecciones de 2014. Lo preocupante es que tenemos exactamente el mismo escenario en 2018” había denunciado Carolina Botero, de la Fundación Karisma, el 10 de marzo de 2018
Cómo opera la corrupción electoral en Colombia
Por: Línea Democracia y Gobernabilidad
La Fundación Paz & Reconciliación realizó una investigación detallada sobre diferentes denuncias recibidas a nivel nacional en las que se evidencian irregularidades en los comicios legislativos del 11 de marzo del 2018. Los resultados de la investigación plantean que se trataría de un fraude electoral que pudo haber modificado entre el 10% y 20% del Congreso de la República. Estas evidencias son una lesión grave a la democracia si se tiene en cuenta que, desde las elecciones al Congreso en 2014, existen precedentes de fraude al sistema electoral. Al respecto, el 8 de febrero de 2018, en Sentencia No. 11001-03-28-00-2014-00117-00, el Consejo de Estado emitió un fallo en el cual resolvió en mérito de un acto de corrupción, la devolución de las curules a tres candidatos del partido MIRA. Esto, porque en 2014 se configuró un fraude electoral que incluyó, entre otros, la destrucción de material electoral, la modificación o sabotaje del software contratado por la Registraduría y una estructura organizada para sonsacar las curules del partido MIRA.
La sentencia manifiesta que:
“se tuvieron en cuenta los datos registrados en los formularios E-14, E-24, E-26, Actas Generales de Escrutinio y archivos log, los cuales determinaron la presencia de la irregularidad alegada, pues se evidenció que 3.630 registros (1.412 mesas) correspondían a casos de sabotaje contra los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones (…)”.
La Fundación encuentra con preocupación que las irregularidades relacionadas con el sistema electoral están presentándose en ocasión de la coyuntura y desde comicios anteriores, como se evidenció con el partido MIRA. A esto se suma el hecho de que las capacidades de la Registraduría parecen no ser suficientes para garantizar el cumplimiento de sus funciones, la transparencia en las elecciones y en sus contratos.
Al respecto de esto último, para los comicios del 2018 la Registraduría contrató con la empresa Thomas Greg & Sons la protección y cuidado de los formularios E-11, los cuales se usaron para las consultas interpartidistas de la “Gran Consulta por Colombia” de los candidatos Iván Duque, Martha Lucía Ramírez y Alejandro Ordoñez, y también de la consulta de la “Inclusión Social para la Paz” de Gustavo Petro y Carlos Caicedo el 11 de marzo. Dichos formularios apenas fueron destruidos la semana del 7 de mayo gracias a la intervención de la Procuraduría y la MOE, debido a que la información que contenían podría significar un riesgo a la identidad del votante, su preferencia política, el derecho a la intimidad, el voto secreto y el habeas data. Lo más preocupante de esta situación es que los E-11 fueron destruidos dos meses después de realizadas las votaciones, lo que significó un riesgo inevitable en el uso y el acceso de la información contenida ahí. Si la Registraduría cuenta con problemas para la destrucción de material electoral, es evidente que en problemas más complejos posiblemente no tenga las capacidades para darles manejo. Además, es irregular que ante la búsqueda del contrato en el SECOP, por el cual Thomas Greg & Sons prestó servicio de custodia a los mismos, no aparece.
Es de resaltar que la empresa Thomas Greg se ha visto beneficiada por varios contratos electorales con la Registraduría, entidad que terceriza una gran parte de los servicios que se tienen que prestar en la jornada electoral. Por ejemplo, en los años 2014 y 2015 la empresa se ganó 690 mil millones en contratos en servicios de logística, sumado a 234 mil millones de un consorcio con otras empresas para servicios de escrutinio y digitalización, junto con otro consorcio en el que participó y fue beneficiado por 60 mil millones por inscripciones de cedulas, como lo señala El Espectador.
Otro gran problema asociado a la contratación está en la digitalización del material electoral para su análisis y veeduría de parte de la ciudadanía y las organizaciones interesadas. Es importante revisar cuáles son las exigencias técnicas de la digitalización en los contratos de la Registraduría y lo que efectivamente hacen las empresas contratadas para tal fin. En varias oportunidades, la digitalización de la información correspondiente no está al nivel de calidad exigido para su análisis y tratamiento.
Para la presente investigación, se plantearon varios momentos y escenarios con graves riesgos en el sistema electoral. Un primer momento está relacionado con las precampañas, campañas y el sorteo de los jurados de votación (su distribución y asignación a los puestos de votación). Un segundo momento está relacionado con del día D (el día de las elecciones). Y, por último, el escrutinio.
En el primer momento, los medios de comunicación y centros de investigación han profundizado las denuncias e investigaciones sobre cuestionamientos como el apoyo de grupos al margen de la ley a partidos y candidatos; clanes y estructuras políticas que han gobernado tradicionalmente y buscan poner sus herederos; financiación ilegal de campañas y escándalos de corrupción. Esto corresponde a las precampañas y campañas políticas. Sin embargo, poco se ha profundizado en los riesgos al momento de realizar el sorteo de los jurados de votación.
La Registraduría Nacional del Estado Civil dispone de un software que es alimentado con los datos de registradores a nivel nacional y, posteriormente, con las listas de ciudadanos elegibles suministrados por empresas públicas y privadas; instituciones educativas; partidos y movimientos políticos, mediante el cual se realiza de manera aleatoria el sorteo de los jurados de votación. Una vez se tienen las listas de elegibles, se hace una depuración mediante el cruce de datos con el Archivo Nacional de Identificación y el censo electoral, donde finalmente resultan los nombres de los ciudadanos que pueden hacer parte del sorteo en el software.
Este sistema fue implementado desde las elecciones del 2014 con el objetivo de blindar el proceso de potenciales fraudes, teniendo en cuenta que la Registraduría ha sufrido vulnerabilidades en el sistema. En el 2011 se produjo una filtración en la designación de los jurados de votación, y esto derivó en una manipulación de las bases de datos de cientos de personas elegibles para ser jurados de votación. Cuando la Registraduría y la Procuraduría contrastaron las listas propuestas a las empresas que las enviaron, descubrieron cinco empresas que no tenían la cantidad de empleados que declararon.
A continuación, se exponen dichos casos.
Empresa Transmercar: se seleccionaron 102 jurados y posteriormente se confirmó que la empresa solo tenía 13;
Jardín infantil Castillo Real: aparecieron 22 jurados seleccionados; sin embargo, la rectora del jardín afirmó no haber enviado dicha lista y solamente contaba con tres empleados;
Industria de muebles Pájaro: fueron escogidos 68 jurados, pero esta empresa resultó estar liquidada desde el 2001;
En Maderas del Cesar fueron reportados y elegidos 45 jurados, no obstante, la empresa en realidad contaba con un total de 64 empleados;
Finalmente, en el restaurante Los Arrayanes, con 96 jurados seleccionados, se constató que allí sólo laboraban 2 personas.
A pesar de las acciones hechas por la Registraduría para corregir estos errores, el software actual no ha estado protegido del todo. Desde la conformación de las listas de ciudadanos elegibles se han observado hechos irregulares para las elecciones. Aunque cada Registrador del país, por medio del uso de un usuario y una contraseña, ingresa y procede a hacer la carga de los censos que tienen en sus respectivas jurisdicciones, la Fundación ha rastreado que en elecciones anteriores varias administraciones locales, por ejemplo, enviaron listas de ciudadanos elegibles conformadas, en su mayoría, por contratistas y no por funcionarios de las alcaldías. Esto no es ilegal, pero es atípico.
En otros casos, se ha encontrado que el número de ciudadanos incluidos en algunos municipios sobrepasan la cantidad de listas elegibles que ciudades mucho más grandes. Se encuentran riesgos también en la existencia real de las empresas privadas que alimentan las listas pues, como se mencionó anteriormente, no existen mecanismos eficientes que prevengan los casos en los que las nómicas son de papel y artificiosamente postulan listas de ciudadanos para favorecer a uno u otro candidato.
Globalmente, la Registraduría tendría una responsabilidad parcial hasta este punto, dado que la conformación de las listas es competencia de los entes territoriales y las empresas. No obstante, el sorteo aleatorio de los jurados con el software actual no está exento de riesgos, y es aquí donde existe una duda razonable sobre las garantías que ofrece la Registraduría de la impenetrabilidad del sistema. Si el software opera de forma correcta y transparente, esto debería estar reflejado en auditorías hechas por la entidad, los partidos, las veedurías y órganos de control. El gran interrogante que surge es ¿Dónde están las actas de las auditorías sobre el correcto funcionamiento del software?
De acuerdo con la Registraduría, una de las características más importantes del software es que permite publicar para conocimiento público las resoluciones de nombramiento de jurados, del mismo modo que permite dar cuenta de las modificaciones, todo con el fin de evitar que se hagan cambios a última hora de una manera inadecuada. Sin embargo, esto no responde a profundidad la pregunta. Mediante las auditorias y las actas lo que se debe demostrar es que el software aplique los algoritmos y fórmulas que garantizan la representación de personas de diferentes colectividades en cada mesa; el correcto funcionamiento del código fuente; la veracidad de la información ingresada, cómo es ingresada; y las garantías para que no sean manipulados ninguno de los datos. Esto no se resuelve solamente con las resoluciones de nombramientos. Aquí, la Registraduría a pesar de no ser quien diseñe y ejecute el software, sí es quien lo supervisa, lo contrata y le asigna recursos. Por lo tanto, su responsabilidad no puede ser sustituida o delegada por tratarse de un bien o servicio tercerizado. El riesgo existe y en el caso de que haya alteraciones, manipulaciones o brechas en el sistema, esto debe estar estipulado en las auditorías, y debe ser corregido por la Registraduría.
En suma, el problema de la etapa de precampaña y campaña no solo radica en los hechos documentados tradicionalmente por la opinión pública y centros de investigación, también sucede en el sorteo y asignación de jurados de votación, proceso que no se limita solo al correcto funcionamiento del software y el control de la Registraduría, sino que también tiene puntos flacos desde la elaboración de las listas por parte de empresas y entidades territoriales, a pesar de ser depuradas posteriormente por los registradores.
En el día D (días de las elecciones) también se han hecho esfuerzos para poner la lupa sobre los delitos electorales debidamente tipificados en el código penal, los cuales desde el 2017 pasaron de ser 11 a 16. Se trata del control sobre acciones ilegales como la perturbación al certamen democrático, constreñimiento al sufragante, alteración de resultados electorales, entre otros. Estos delitos se siguen cometiendo a pesar de los esfuerzos hechos por los órganos de control.
Ahora bien, en el día de elecciones, siguiendo la misma línea de la asignación y distribución de jurados, existen también riesgos de alta importancia en cuanto a la correspondencia y veracidad de los jurados que se presentan a las mesas de votación. De acuerdo con los potenciales riesgos, la Fundación encontró que no existe una garantía plena de que los jurados que sean asignados en cada una de las 114 mil mesas de votación corresponden a los que efectivamente atendieron a los sufragantes, manejaron el material electoral, diligenciaron los formularios e hicieron el conteo en cada mesa el día de las votaciones. Es decir, el riesgo no está solo en la presentación de las listas de elegibles y en el sorteo en el software, sino que cabe la posibilidad de que los jurados que se presentan el día de las elecciones y firman las actas y los formularios E-14 no correspondan realmente con los que fueron asignados. Una de las maneras en que se puede amortiguar este riesgo es mediante el cruce de las listas de los asignados por el software en cada mesa y las listas de los nombres en los registros de quienes efectivamente firmaron los formularios E-14. Así, se sabe si coinciden o qué cambios se dieron el día de las elecciones.
De acuerdo con las fuentes de la Fundación, para los comicios del 11 de marzo se habrían cobrado hasta $2.500 millones de pesos por candidato para manipular el sorteo de jurados de votación, modificar los puestos asignados o colar jurados a fines de un candidato en particular.
El escrutinio (E-14 informativo y conteo). Aunque ambos procesos (transmisión y conteo de votos) empiezan desde el cierre de las mesas de votaciones el día de las elecciones, el escrutinio se extiende durante los días posteriores.
Una vez se cumple con el tiempo límite de votaciones, a las 4 de la tarde, se cierran definitivamente las mesas y se inician dos procesos paralelos: lo que se podría llamar el pre-conteo y el escrutinio. Son tres formularios E-14 los que se llenan en estos procesos: de transmisión, de delegados y de claveros. El primero es el que rápidamente se transmite para los resultados electorales. Este proceso, a cargo de los jurados de votación, solo tiene valor informativo, pues el Código Electoral establece que el proceso con valor jurídico es el segundo: el escrutinio o conteo de votos.
De conformidad con lo señalado por la Ley Electoral, los escrutinios son actos realizados por las Comisiones Escrutadoras, conformadas por los registradores ad hoc y el registrador titular, con la finalidad de reflejar de manera exacta los resultados de la voluntad del elector expresada en las urnas. El escrutinio es realizado con base en los 3 formularios E-14, pero con mayor valor jurídico del E-14 de claveros, pues este último es el que determina finalmente cuántos votos obtuvo cada partido y candidato. No obstante, el preconteo y el escrutinio como procesos paralelos, no significa que la no correspondencia en los datos contenidos en los diferentes ejemplares E-14, no sea prueba de la comisión de una falsedad en los registros electorales.
En conformidad con la investigación realizada por la Fundación, se encontraron decenas de casos de no coincidencia entre los diferentes E-14. El formulario E-14 de claveros, con base en las tesis del Consejo de Estado, es el único que tiene peso jurídico, lo que no se ajusta al equilibrio documental que deberían guardar los tres E-14. Cuando el E-14 de claveros se pasa al sistema, es el momento en que se cambian los datos y aquí no existe un control eficiente, porque es cuando menos hay testigos o jurados de revisión. Tampoco existen mecanismos de control de resultados de parte de la Registraduría para depurar el proceso de tener que manejar 3 formularios E-14, su digitalización y la custodia del material electoral. Los 3 E-14 deberían coincidir siempre y, a su vez, deberían coincidir los 3 E-14 con los E-24. Hay videos que dejan ver como durante el escrutinio se trasladan los votos sin ningún tipo de seguridad.
Si bien la Ley Electoral y la jurisprudencia han sido enfáticos en los procedimientos para garantizar la transparencia electoral, las pruebas recaudadas por la Fundación Paz & Reconciliación evidencian modificaciones artificiosas en favorecimiento o desventaja de candidatos o partidos, tanto en el pre-conteo como en el escrutinio. Se trataría de una extensa red conformada por funcionarios y ex funcionarios de la Registraduría, abogados y jurados de votación, quienes cuentan con acceso privilegiado al sistema electoral o han encontrado baches en el mismo, y habrían ofrecido servicios con ocasión de las elecciones del 11 de marzo de 2018 para acomodar los votos de candidatos que quedaron en el filo de la curul. Es decir, aquellos candidatos que resultan muy cerca del último o penúltimo candidato que alcanzó un escaño en su partido, le ofrecen una presunta intervención desde el sorteo de jurados en el software de la Registraduría en el que acomodan a los jurados de su interés para que alteren los formularios E-14 en el preconteo y E-14 y E-24 en el escrutinio, dándole los votos necesarios para que el candidato alcance la curul.
Aquí, según las versiones e investigaciones de la Fundación, no solo se acomodarían jurados, sino que se ofrecería el paquete completo. A esto los políticos le llaman “el colchón electoral”. Los indicios demostrarían que el valor para reacomodar los votos necesarios para una curul en Cámara de Representantes asciende a mil doscientos millones de pesos, mientras que, para Senado, el costo asciende a los mil ochocientos millones de pesos. De ahí para arriba, si el candidato tiene una diferencia de más de 2 mil votos con el último candidato del partido que alcanzó la curul, el costo ascendería a los 2 mil y 3 mil millones de pesos.
En efecto, el análisis de la corrupción electoral se queda corto si se tiene en cuenta solo el estudio de los hechos relacionados a las precampañas y campañas políticas, pues en el día D y en el escrutinio, los riesgos son inminentes.
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Fuentes:
http://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/4844-santos-complice-del-fraude-electoral-que-prepara-la-registraduria
http://www.pares.com.co/home-noticias/como-opera-la-corrupcion-electoral-en-colombia/
