Esbozos históricos de la educación superior 1918- 2018
Nociones para hablar de la universidad como fábrica de sujetos
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La disciplina "fabrica" individuos; es la técnica específica de un poder que se da los individuos a la vez como objetos y como instrumentos de su ejercicio. No es un poder triunfante que a partir de su propio exceso pueda fiarse en su superpotencia; es un poder modesto, suspicaz, que funciona según el modelo de una economía calculada pero permanente. Michel Foucault.
Metástasis del discurso empresarial: una apuesta neoliberal en la educación.
Como resultado del proceso de mundialización, el comportamiento del capitalismo evidencia cambios que afectan no sólo el ritmo y el tipo de explotación, sino las manifestaciones concretas de los procesos que van modificándose en lo que Deleuze (1990) de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control.
En ese orden de ideas, Jorge Martínez Posada (2010) en su libro Universidad productora de productores: entre biopolítica y subjetividad resultado de dos tesis doctorales, plantea siguiendo a Claudio Rama (2007) que en América Latina ha habido tres reformas educativas. En primera instancia plantea la reforma de 1918 protagonizada por los estudiantes de Córdoba Argentina; la segunda corresponde a la denominada como Mercantilización y la educación dual; por último, la tercera reforma se define por la Internacionalización y el control de la calidad.
Es así como el inicio del siglo XX, en América Latina, está marcado por las características insipientes del capitalismo; alta influencia –casi total- de Estados Unidos de Norteamérica; primera guerra mundial; la Revolución Soviética; la crisis económica del 29 y la creación de movimientos y partidos políticos. En esa órbita se mueve la primera reforma educativa que tiene a Córdoba Argentina como epicentro y se extiende por todo el continente impulsando iniciativas con el resto del movimiento educativo latinoamericano. Es decir que “La Universidad no había encarado aún su problemática esencial. Vivía en el campo de las ideologías de prestado y dentro de una corriente de marcado autoritarismo y franco centralismo cultural.” (Sánchez, 1969 en Tünnerman 2008)
Con respecto a lo anterior, la primera reforma constituye la ruptura de la tradición educativa, ya que otorga la oportunidad de un cogobierno universitario que goza de autonomía en sus decisiones administrativas, académicas y sociales. Se caracteriza por exigir la gratuidad de la educación, el estado como financiador y la creación de consejos universitarios que centralizaban las decisiones y orientaban la ruta de las universidades, los pilares de la reforma, si bien, esencialmente se centraron en autonomía y cogobierno, también incluyeron:
1. Autonomía universitaria
2. Cogobierno
3. Extensión universitaria
4. Acceso por concursos y periodicidad de las cátedras
5. Libertad de cátedra, cátedra paralela y cátedra libre
6. Gratuidad y acceso masivo
7. Vinculación de docencia e investigación
8. Inserción en la sociedad y rol de la universidad
9. Solidaridad latinoamericana e internacional
10. Unidad obrero-estudiantil
En el caso colombiano, el contexto de la primera reforma se sitúa en la hegemonía conservadora desde 1886 hasta 1930. Inicia con la victoria conservadora en la denominada “guerra de las escuelas” cuando el liberalismo con la influencia de la revolución francesa, sustituye la educación religiosa por una laica, ante ello, el catolicismo y los conservadores, crean las escuelas privadas para enseñar desde los postulados filosóficos propios. De esa manera, en 1876 estalla la guerra entre liberales y conservadores que diez años después estos últimos sellan su victoria con la constitución política de 1886.
Por otra parte, la segunda reforma educativa, caracterizada por la mercantilización y la educación dual tiene lugar en la segunda mitad del siglo XX, más específicamente las décadas del 80 y 90, caracterizada por un contexto de dictaduras y luchas sociales; fortalecimiento de movimientos estudiantiles que presionaban a los gobiernos en todo el continente; el excesivo incremento de las instituciones privadas de la educación superior; la escasa correspondencia con las necesidades del contexto, entre otras. Lo anterior, no produjo la apertura educativa a la población estudiantil, sino que constituyó el inicio de las restricciones institucionales para el acceso a las universidades, esto abrió el camino del mercado internacional para la creación de instituciones privadas y con ellas, la promoción exacerbada del ingreso a la educación superior.
Dicha reforma inicia en la década de 1980, y en Colombia comienza con una recomposición del sistema político debido a las reacciones que ocasiona el Frente Nacional y su negación constante a los derechos de participación ciudadana. La movilización social que enarbola en los 80’s es etiquetada como subversiva por los sectores que ostentan el poder político, quienes buscaron la solución por medio de la fuerza. Los 80’s comienzan con Turbay Ayala, quien a través del Estatuto de Seguridad, delega a los militares toda clase de funciones, poderes y ‘maniobras’ que por vía de la represión, desaparecen líderes sociales y civiles en general, como campesinos, obreros, indígenas y estudiantes.
Posteriormente, la violencia y la deslegitimación del Estado que se produce posteriormente a la presidencia de Turbay Ayala, deja un abstencionismo del 70% [3] lo cual devela una crisis de los partidos, de los sistemas de representación política y por supuesto de la representatividad, por la que diversos partidos y movimientos sociales de oposición surgen como alternativa fidedigna y viable en tanto representantes de intereses comunes y necesidades de la población.
Por lo anterior, el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) optó por políticas de descentralización y reconciliación, dando lugar al diálogo para la redención de la democracia. En consecuencia, se desarrollan escenarios propicios entre las FARC (Guerrilla para entonces) y el establecimiento, en la que el reconocimiento es uno de los valores más sobresalientes de dicho periodo presidencial; No obstante, la ausencia del Estado en muchas regiones del país, posibilitan el nacimiento de otras estructuras armadas que toman el papel de “seguridad y justicia privada”, las cuales por medio del mercado negro, como el narcotráfico logran fortalecerse y ahondar el conflicto social y armado, estancando los procesos por la democratización y sumiendo al país en la delincuencia y el asesinato, estructuras a las que se enfrenta Virgilio Barco en su periodo presidencial.
Justamente esta década rompe las barreras del bipartidismo, puesto que múltiples sectores sociales, en especial, los más marginales de la etapa desarrollista, se organizan en búsqueda de una democracia participativa real y efectiva, en la que valores como el pluralismo, la libre expresión y el diálogo sean construidos y garantizados.
Por lo anterior, esa ruptura se hizo material en la asamblea nacional constituyente debido a la confluencia de diferentes fuerzas ideológicas y la consolidación de un nuevo proyecto de nación apreciada en la Constitución Política de Colombia en 1991 y sus apuestas por la educación, como se evidencia en el siguiente apartado
“La parte educativa se convierte en pieza importante de esta nueva constituyente, pues articula los valores propios del proceso de la modernización de la Nación-Estado y del nuevo modelo económico: el Neoliberalismo, el cuál necesita la intensificación de los valores de la ciencia, por ende de la tecnología, para instaurarse de manera perfecta y asegurar los procesos de producción capitalista en la cotidianidad de los colombianos, y una de las herramientas adecuadas resulta ser la educación” (Mesa, 2014, pág. 38)
En concordancia con la apertura económica y aunada a ella, la apertura educativa se presenta en esa vía, en la economía de mercado y no en la apertura a los estudiantes, puesto que las características insipientes pero contundentes del neoliberalismo se dan desde este tiempo. El gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994) abrió las puertas del mercado internacional en el país. Su plan de desarrollo se circunscribe dentro de la dinámica del nuevo orden mundial, impulsado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros que priorizaban en la iniciativa empresarial de carácter privado y alejaba el papel del estado en los asuntos de los derechos fundamentales, convirtiéndolos en servicios públicos o bienes comunes.
En ese periodo presidencial se enmarcaron leyes como la ley 30 de 1992 que reglamenta la educación superior, la ley 115 de 1994: ley general de educación. Ley 100 del 1993 correspondiente a la seguridad social e integral; la ley 50 de 1990 que reformó al código sustantivo del trabajo, entre otras normativas. Todas apuntando a lo mismo: la viabilidad del neoliberalismo en Colombia teniendo en cuenta el ejemplo chileno, que ha sido el epicentro del modelo económico del capitalismo en Sur América.
Aunque la ley 115 de 1994 fue denominada general, no incluía la educación superior, durante los dos primeros años de gobierno de Gaviria, el ministerio casi que herméticamente elabora la normativa que rige las universidades e instituciones de educación superior. La ley 30 de 1992 establece el punto de partida para las políticas de aseguramiento de la calidad y además de ello contiene artículos álgidos y nocivos “A pesar de contemplar el régimen especial para las universidades estatales, el efecto general de la política de educación superior se ha concretado en un debilitamiento de su financiación, lo que tiene a las universidades en una crisis sin precedentes, mientras la educación superior privada se ha fortalecido progresivamente”. (Pulido Chaves, 2016, pág. 19)
En concordancia con lo anterior se configura el eje central de la segunda reforma: la mercantilización de la educación y su carácter dual. Debido a la entrada del mercado se incrementó el ingreso a las universidades sin tener en cuenta parámetros o criterios básicos [4] , sin embargo con altos costos de matrícula y sostenimiento académico. En esa medida, se diferencia la educación pública de la privada. Mientras la primera restringía por medio de cupos, exámenes cognitivos y financiación por parte del estado, la segunda restringía debido a los altos costos de su acceso. No obstante, las restricciones no impidieron el declive de la calidad educativa.
Siguiendo con el orden de ideas, el carácter dual de la educación se representa por medio “de lo público y lo privado; alta y baja calidad; universitario y no universitario” (Rama Vitale, 2007) estos elementos marcaron lo que el autor denomina “circuito diferenciador” de la educación superior que originó la creación de mecanismos para evaluar la calidad educativa. Aunque la creación de organismos encargados de supervisar los procesos académicos simulan la rigurosidad administrativa del currículo, se evidencia que no se logra superar estándares de calidad orientados por el libre mercado (precios de matrícula, sostenimiento, entre otros), ya que la proliferación de programas y universidades sin control del estado, producen profesionales no aptos para las necesidades económicas ni sociales del sistema.
Del mismo modo, la exagerada apertura educativa en cuanto al acceso que se dio debido a la mercantilización y la dualidad de la educación suponía mayor acceso, sin embargo, se mostró una segregación de sectores como el de la mujer y comunidades campesinas de la provincia de los países. Además, el fracaso fehaciente del modelo universitario se marcó con la supuesta correspondencia entre precio de las matrículas en las universidades y el salario de los egresados. Las profesiones se vieron fragmentadas debido a las necesidades del capital, los campos de la administración, finanzas, economía, también las ingenierías entre otras disciplinas de las ciencias exactas y aplicadas se expandieron y resultaron opacando los campos del as ciencias sociales y humanas, un claro ejemplo de esto es el cierre del programa Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima.
Estas crisis evidentes de la segunda reforma y el sistema universitario generaron la necesidad de renovar las políticas educativas, las estructuras curriculares y los estándares de calidad. En este periodo, el discurso de la calidad tuvo una importante incursión en los sectores educativos, pero es en la tercera reforma, en donde presenta su mayor desarrollo, puesto que se aceptan y normalizan términos como usuarios, competencias, acreditación de alta calidad, entre otros.
Ahora bien, el nuevo siglo se caracteriza por su concentración sistémica y por la profundización del conflicto social y armado. El neoliberalismo entra en vigor al igual que la guerra contra el terrorismo y las instituciones dan garantía de ello, siendo necesaria la despolitización de las sociedades para su realización. El periodo presidencial de Andrés Pastrana se centró en la lucha contra-insurgente y contra el narcotráfico por medio de la guerra, pese a su intento de diálogo fracasado con las FARC. La alianza fundada entre el poder ejecutivo, las fuerzas militares y el gobierno de Clinton en Estados Unidos, fue denominada Plan Colombia, cuyas funciones financiadas por medio de los recursos públicos, pusieron en peligro la seguridad nacional ya que no existían las condiciones suficientes tanto para las guerrillas, como para los civiles.
La lógica que dio paso en el siglo XXI claramente fue de exclusión, en donde todo aquel que no encajara en el pensamiento político y sistémico del momento, era eliminado. De esta manera, la posesión de Álvaro Uribe Vélez como presidente en el año 2002 promete la Seguridad Democrática basada principalmente en la recuperación del territorio en el cual se habían expandido tanto guerrillas como grupos paramilitares. Este objetivo central tenía como actividad necesaria el fortalecimiento de las estructuras militares, creándose así los batallones de alta montaña. También, por medio de redes de cooperantes, instaban a la sociedad civil a colaborar con información que pudiese ser de gran valor para el ejército a cambio de dinero.
Por consiguiente, los recursos públicos que se destinaban para el funcionamiento del país tenían mayor inversión en el aparato militar y policial lo cual inauguró escenas de crímenes de lesa humanidad por parte del Estado y violaciones a los derechos humanos en general en donde “la figura del desplazado parecería ser la que más dramáticamente encarna nuestros desarraigos” (Sánchez Gómez, 2006) , pues dicho periodo para el país tiene pérdidas irrecuperables. Cabe resaltar que el desplazamiento y el despojo no sólo se debía al conflicto armado sino también a la economía y a los procesos de urbanización que vivió el país, en la que la producción y el mercado interno perdió valor a causa de la política de comercio exterior como lo es el Tratado de Libre Comercio que no trajo un desarrollo equitativo para todos los sectores productivos del país hundiendo al país en la competencia, la guerra por las tierras y el latifundio.
En ese contexto se encuentra la tercera reforma, marcada por el recorte a las transferencias por medio del acto legislativo 01 de 2001 en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y desarrollada por el gobierno de Álvaro Uribe Velez (2002-2006) (2006-2010) en este periodo, principal mente desde el 2000 al 2006 se implementa a la par de recortes a la educación, a la salud y los derechos fundamentales, sobre la base de políticas internacionales como el plan Colombia, anteriormente mencionado.
Ahora bien, durante el Gobierno de Álvaro Uribe Velez desarrolló la política de revolución educativa por medio de los siguientes parámetros en cuanto a la denominada “pertinencia de la educación superior”
1. Exigiremos que toda universidad dé información pública y certificada sobre el éxito laboral o empresarial de los egresados. Serán premiados los programas académicos que incrementen períodos de prácticas en las empresas o el estudio compartido entre la teoría y el desempeño, con becas para maestrías y doctorados, y en otros casos con incentivos para realizar proyectos de investigación.
2. Vincularemos los correspondientes programas de pregrado a las incubadoras de empresas para estimular la creatividad empresarial de los estudiantes. Las incubadoras que acojan universidades serán apoyadas por el fondo para la pequeña y mediana empresa.
3. Aumentaremos la venta de servicios de consultoría de las universidades públicas, y las comprometeremos a gerenciar la ejecución de proyectos que ganen confianza de parte de la comunidad empresarial en sus profesores y estudiantes.
Lo anterior, es fiel reflejo de la subordinación política de los gobiernos frente a las necesidades del mercado internacional y los intereses de los Organismos Multilaterales de Crédito. Expresiones como ‘éxito laboral o empresaria’ ‘vincularemos los correspondientes programas de pregrado a las incubadoras de empresas’ o ‘(…) para que ganen confianza de parte de la comunidad empresaria’ es una característica clara de la inserción neoliberal en la escuela.
En esa misma órbita, durante INFORME DE GESTIÓN A 7 DE AGOSTO DE 2006 (Oficina Asesora de Planeación y Finanzas- Ministerio de Educación Nacional. República de Colombia, 2007) Se presentaron los resultados dirigidos a la conexión con el mundo empresarial, mientras que los avances en investigación, docencia y extensión social no se mencionaron, para el caso de la educación superior.
Por último, El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, en su capítulo VII: Estrategia Territorial: Ejes articuladores del desarrollo y prioridades para la gestión territorial, artículo 222 decreta la acreditación de alta calidad de las licenciaturas de todo el territorio nacional. Esto sumerge a toda la comunidad educativa perteneciente a las licenciaturas en un estudio riguroso de las necesidades expuestas por el MEN y a su vez, las requeridas por su entorno sociocultural.
En ese sentido, esta reforma descrita por la internacionalización y el control de calidad, permeada por la declaración de Bolonia; la declaración mundial sobre la educación superior; las conferencias mundiales y regionales (América Latina y el Caribe) todas enmarcadas en lógicas neoliberales administradas por la OCDE, el FMI, BM, BID y otros organismos multilaterales de crédito que prestan dinero a los países y a su vez ordenan en qué y cómo gastarlo.
En ese orden, la tercera reforma se presenta en el contexto del auge neoliberal y la apertura económica de los países latinoamericanos hacia los discursos mercantiles de la educación. También se da en medio de los avances tecnológicos comunicativos, ello ha fundado como consecuencia, la educación a distancia, la educación virtual y con eso, la propagación del conocimiento sin fronteras, aspecto que conduce a nuevas formas de concebir los sujetos en la educación, las prácticas pedagógicas y los fines de la educación, en esencia, obliga a repensar el modelo curricular.
Esta reforma se identifica “por el pasaje de un modelo dual público-privado a uno tripartito público-privado-trasnacional con fuertes controles de calidad, de tipo global, y altamente competitivo” (Rama 2007 en Martínez 2010) el carácter tripartito se caracteriza por la creación de sistemas de aseguramiento de la calidad, órganos rectores y el planteamiento de nuevos roles del estado con el fin de imponer mecanismos de regulación desde una perspectiva mercantil a través de alianzas internacionales (tratados, conferencias, declaraciones internacionales sobre educación) que legitiman el discurso oficial.
Los objetivos políticos de las reformas han variado, en esta última, producto del caos administrativo que tuvo el incremento exacerbado de la educación pública y privada, disfrazada de requisitos, criterios y precios de matrícula, supuestamente correspondidos con el salario de egresados. La tercera reforma traza como uno de sus objetivos, resarcir esas fallas y fracasos, como también de responder a las necesidades de la globalización y el capitalismo cognitivo representado en la incursión de las tecnologías virtuales, tecnologías de la comunicación o tecnologías informáticas.
Conviene subrayar que las reformas mencionadas han obedecido a intereses sociales, políticos, culturales y económicos, por un lado, a “metodologías y nuevas tendencias educativas” (Martínez, 2010) de manera que impulsa la innovación tecnológica, la investigación y nuevas prácticas pedagógicas. Por el otro lado “políticas de financiación, cobertura, administración e internacionalización” (Martínez, 2010) traducido en el fomento de la ciencia y requerimientos oficiales de acceso. Como se evidencia, ninguna de las reformas-a excepción de la tercera- había planteado sistemas de aseguramiento de la calidad, tan sólo esgrimían instrumentos de verificación del cumplimiento de la norma.
Es por ello que el apogeo del discurso sobre la calidad surge, en un primer momento, gracias a los tratados internacionales como la declaración de Bolonia (1999) los gobiernos de distintos países organizaron acuerdos alrededor de la educación superior en términos de movilidad y aseguramiento de la calidad. En ese sentido se impulsó los intercambios, pasantías internacionales y sistema de créditos de los programas académicos con el fin de homologar títulos fácilmente en el continente europeo, esto con la intención de viabilizar las profesiones hacia el mercado laboral.
A causa de lo anterior, se crean comisiones, programas, entes con el fin de elaborar las condiciones para el aseguramiento de la calidad, por ello, desde el 2006 se establece la creación de la Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES). En esas sesiones, se instauran decisiones que el MEN posteriormente firmará para que se implementen en todas las universidades de Colombia. Pues en las salas de CONACES verifican las condiciones mínimas que deben cumplirse para obtener el registro calificado, y éste surge para reemplazar la acreditación previa.
Ahora bien, la implementación de estrategias propuestas por entes como CONACES para el caso colombiano, establecen criterios de evaluación a los currículos, que en una primera lectura aparentan sanos intereses, sin embargo, desde una lectura Foucaultiana se permite develar intereses de los discursos como el de la calidad, entendiéndolos como un dispositivo que condiciona saberes y por lo tanto, condiciona sujetos. ¿Cuáles saberes deben ser enseñados y aprendidos? ¿Por qué esos y no otros? Preguntas como éstas abren el espectro de análisis educativo. El fortalecimiento de las ciencias aplicadas y exactas, al mismo tiempo el debilitamiento de las humanidades en las universidades es un mensaje claro del sistema, para el capitalismo no es útil un sujeto político, en cambio, es de gran utilidad, un sujeto sujetado y maleable a los intereses de los poderosos.
Debido a lo anterior, es necesario acotar que el discurso entendido como el contenido ideológico del texto está condicionado por aspectos de la esfera socio-económica, política y cultural del contexto de enunciación, en palabras de Foucault:
“En toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad”. (Foucault, 1992, pág. 5)
De modo que hablar del discurso es hablar de problemas o fenómenos sociales, relaciones poder, aspectos culturales, ideológicos; abordar realidades concretas e intereses sociales. Por lo tanto, las apuestas del análisis del discurso, que se abordará de manera más detallada posteriormente, son vigentes en la presente investigación en cuanto brinda herramientas para la interpretación de las redes existentes en el discurso.
En consecuencia, abordar el discurso y sus enunciaciones en la escuela, sugiere establecer relaciones entre ciencias y disciplinas como la pedagogía, la psicología, la sociología entre otras; debido al amplio espectro que configura las relaciones sociales de poder emergidas en la educación. Al respecto Foucault esboza:
“La educación, por más que sea, de derecho, el instrumento gracias al cual todo individuo en una sociedad como la nuestra puede acceder a no importa qué tipo de discurso, se sabe que sigue en su distribución, en lo que permite y en lo que impide, las líneas que le vienen marcadas por las distancias, las oposiciones y las luchas sociales. Todo sistema de educación es una forma política de mantener o de modificar la adecuación de los discursos, con los saberes y los poderes que implican”. (Foucault, 1992, pág. 27)
En otras palabras, los discursos son acciones sociales, que si bien permiten la distribución o reproducción de la ideología oficial, también es ideología en sí. Representan postulados ideológicos y no sólo constituye el medio para enunciarlos.
Por consiguiente Foucault determina tres procedimientos de sumisión o sujeción que delimitan la formación del sujeto desde el discurso: procedimientos de exclusión, subsistemas de exclusión y procedimientos de enrarecimientos (Foucault, 1992) , todos dirigidos por la voluntad de verdad, de saber y de poder.
El discurso está constituidos por enunciados y prácticas, estas últimas pueden ser discursivas y no discursivas, las del segundo tipo constituyen.
Es así como el término de calidad educativa tiene su génesis a la par de servicio público, introduciendo léxico empresarial en la escuela y en la cultura pedagógica como evaluación de la calidad, aseguramiento, control, supervisión, en otras palabras se legitima el discurso del mundo empresarial en la educación. Al respecto, el profesor Renán Vega Cantor dice:
“La universidad empresarial se concibe como un negocio, que no se diferencia de ningún otro, en razón de lo cual la educación se convierte en una “industria”, cuyo objetivo supremo radica en obtener un producto mercantil (un título), para lo cual existen insumos, que son los estudiantes, y administradores de esos insumos que son los profesores. Vistas así las cosas, el proceso educativo es un procedimiento que debe funcionar con todas las características de cualquier proceso productivo, como quien dice se debe buscar la eficiencia, la eficacia, la productividad (rendimientos), la calidad y excelencia del producto final” (Vega Cantor, 2014, pág. 48)
Esta concepción va en dirección de la presentada anteriormente: la escuela como un lugar de encierro y de control. Al equiparar la escuela como una industria o empresa, se concibe al estudiante como un consumidor y al profesor como un administrador del currículo, él –el profesor- debe producir una mercancía útil para el mundo laboral y para ello se asegura la calidad del producto surgido en la empresa educativa, el estudiante como producto debe rendir y ser competente en la sociedad de mercado.
Renán Vega Cantor advierte sobre la calidad cinco componentes centrales: el primero se refiere al papel protagónico del cliente frente a la calidad, el segundo es su “ simplificación de la noción ideológica de calidad de la educación, entendida como rendimiento y productividad” el tercero corresponde a la confusión de la calidad con las condiciones de calidad; el cuarto remite a la dispersión y el quinto y último a la tecnificación (Vega Cantor, 2014) .
En un primer momento, el autor se refiere al cliente como aquella persona que paga el servicio y, además, la persona que lo utiliza, es decir que si el estudiante depende económicamente de sus padres o familiares, son dos los clientes. Ellos eligen, dada las propuestas de marketing (caracterizadas por ofrecer las universidades y sus programas como los mejores productos con el fin de invertir en ellos mismos) su institución donde estudiar, de ahí que el cliente requiera de una gran importancia y se le otorgue garantías como la flexibilidad curricular. Sumado a ello, el profesor Renán Vega, menciona que las universidades que les presenta programas de ciencias sociales y humanas son subvaloradas debido al ingreso económico que tendrán luego de ser egresados; mientras que los programas de economía, finanzas, administración son los que el cliente elige con mayor frecuencia debido a las promesas de un mejor salario y con ello una mejor calidad de vida, o como Eduardo Galeano afirmaba, capacidad de consumo.
En esa misma órbita, Zygmunt Bauman (2007) afirma que la sociedad actual ha transitado desde la sociedad mercantil, hacia la sociedad de consumo. Las personas se ven obligadas a consumir para lograr la aceptación social o validarse como aptos para el consumo. A su vez menciona que los estudiantes de educación superior se constituirán en la Elite del consumo, es decir que son:
“La parte de la nación que promete más beneficios para la economía consumista en los próximos años, pasan entre tres y cinco años de capacitación –obligatoria en todo sentido menos formalmente- en los usos y las costumbres de vivir de prestado y pedir dinero. Se espera que la vida a crédito obligada dure lo suficiente como para convertirse en hábito…” (Bauman, 2007)
En otras palabras, las medidas de invertir en una institución como el ICETEX con el argumento de apoyar la educación es una construcción discursiva con base en falacias lógicas o silogismos lógicos. Todo lo contrario al beneficio de la educación superior, su carácter teleológico es endeudar y controlar al sujeto que invierte en sí mismo.
Teniendo en cuenta este primer componente, el programa de licenciatura en lengua castellana se ve obligada a participar de eventos como expo-universidades organizado por un colegio privado de la ciudad de Ibagué, en donde ofrece los servicios del programa para que los estudiantes se interesen por estudiar, posteriormente se cumplen unos requisitos por parte de la vicerrectoría de desarrollo humano y por la oficina de control y registro académico. (Licenciatura en Lengua Castellana, 2015)
El segundo momento lo menciona puesto que los instrumentos que allí se aplican sirven, eminentemente, para registrar cuantitativamente destrezas, competencias y habilidades, sin tener en cuenta “labores intelectuales” como el análisis, la comprensión, la reflexión, el pensamiento crítico y complejo. Así se entiende el concepto de calidad educativa como una arena de competencia en la que se premia al exitoso y se abandona al perdedor. Los más exitosos son los depredadores que acaban con las presas, aquellas que no lograron superar los estándares de calidad. El éxito de las universidades también es fundamental, puesto que los ubican en un ranking que los clientes consultan para su inversión, por lo tanto, las universidades que no cumplan con los criterios de calidad serán depredadas por el sistema de calidad.
En este sentido es necesario hacer una pausa en el caso colombiano. Los programas académicos que no cumplan los requisitos del registro calificado desaparecerán, y por ello deben, imprescindiblemente, cumplir con los criterios mínimos de calidad consagrados en los decretos y en las leyes del gobierno. Un ejemplo fehaciente de lo anterior se ubican en la Resolución 2041 (Ministerio de Educación Colombiano. MEN, 2016) Por la cual se establecen las características específicas de calidad de los programas de Licenciatura para la obtención, renovación o modificación del registro calificado". En este documento consignan un el nombre del programa, los fines, los propósitos, las competencias, los créditos que deben cumplir, para obtener el registro calificado y cumplir los estándares de calidad, de lo contrario no se puede ofertar nuevamente el programa.
Volviendo a los aspectos que configura Renán Vega, el tercer componente se ubica en el análisis de correspondencia entre el lugar donde se produce la mercancía. Se supone que la calidad está determinada por las instalaciones donde se trabaja, por ello, en los criterios o requisitos, el ministerio exige laboratorios, prácticas pedagógicas (alta cantidad de créditos) investigaciones y pasantías, lo paradójico se encuentra en la financiación para ello, debido a que el estado no cumple su labor de financiar la educación superior.
Un cuarto componente dirige la mirada hacia las inexistentes apreciaciones sociales o éticas, pues al reducir la evaluación de calidad a mediciones de rendimientos académico se aleja la atención del contexto al que se circunscribe el acto educativo, de modo que las pruebas estandarizadas no tienen en cuenta las desigualdades de clase en la escolarización y de ella la educación que según la condición de clase, reciben los estudiantes, Renán Vega, afirma que esto no tiene que ver directamente con la educación, sino con la estructura económica. Estos discursos son autoritarios producidos desde las altas esferas burocráticas de la sociedad y reproducidos por la comunidad académica. Se configura como un acto de irresponsabilidad pretender mejorar las condiciones de la educación, si el estado no brinda las garantías plenas para su realización.
El quinto y último elemento se constituye en la operatividad y el carácter pragmático de la educación dividida en dos elementos: instrumentos para la evaluación de la calidad y artefactos tecnológicos para asegurar la calidad. Por un lado, se cuantifica en instrumentos los resultados en términos de rendimiento, de manera que las cifras y estadísticas simulan un atractivo –falacia argumentativa- para el cliente. Y en segunda instancia, consiste en verificar la cantidad de computadores o aparatos tecnológicos con los que cuenta la institución por estudiante y profesor, como si la condición tecnológica en sí fuese garantía de excelencia académica.
A manera de conclusión, debido a los intereses económicos del mercado internacional, la educación superior y toda la escuela en general, se ha visto fuertemente afectada, de ahí que las reformas dirijan su marcha hacia la privatización. Por ello es urgente que la comunidad educativa reflexione sobre su devenir histórico, su función en la sociedad actual, con el fin de reorientar el rumbo de la educación para la paz; para la libertad; para la autonomía; para una sociedad totalmente distinta, con principios guiados por el buen vivir. Sin duda, este trabajo continuará realizándose para plantear disertaciones y sobre todo, seguir construyendo ciencias sociales desde los saberes pedagógicos y políticos.
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Pulido Chaves, O. O. (2016). Veinte años de la Ley 115 de 1994. Revista Educación y Ciudad. Políticas Educativas: Hacia un nuevo proyecto educativo nacional., 15-26.
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NotasCamilo Sierra, Licenciado en Lengua Castellana, candidato a Magister en Educación de la Universidad del Tolima.
[2] docentes, estudiantes, planes de área, proyectos pedagógicos, en fin, la estructura curricular .
[3] Tomado del capítulo 2.1."Ubicación histórica de la crisis de Medellín", en: GRANDA, Alberto; MEJÍA, Hernán Y LONDOÑO, Carlos Enrique. La Juventud de Medellín y la Construcción de la Democracia . Medellín , UPB, 1994.
[4] Contexto o necesidades de la región, instalaciones o infraestructura, personal docente.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=236739&titular=nociones-para-hablar-de-la-universidad-como-f%E1brica-de-sujetos-
