Instan al Gobierno colombiano a solucionar crisis en el Catatumbo y no estigmatizar
Iván Cepeda abogó para que el Gobierno asuma su responsabilidad. (foto: teleSUR)
El congresista colombiano, Iván Cepeda, dijo ante los campesinos de Catatumbo que el gobierno de Colombia deber reconocer que en ese país hay un escenario de crisis y que, en vez de estigmatizar a los movimientos sociales, debe empezar a resolverlos. Añadió que los campesinos tienen propuestas viables para salir de la crisis que están viviendo actualmente y que el gobierno debe tomarlas en serio. En este sentido, el próximo 20 de julio se solicitará a la Comisión de Paz del Congreso de la República de Colombia que sesione en Catatumbo para que escuche a los campesinos. teleSUR
El congresista colombiano Iván Cepeda, quien forma parte de la comisión de Derechos Humanos para tratar de mediar en los diálogos entre los campesinos del Catatumbo y el Gobierno, afirmó este miércoles que el Ejecutivo debe dedicarse a ofrecer soluciones y no a estigmatizar las protestas.
El congresista colombiano Iván Cepeda, quien forma parte de la comisión de Derechos Humanos que arribó al departamento de Norte de Santander (noreste) para tratar de mediar en los diálogos entre los campesinos del Catatumbo y el Gobierno de Colombia, afirmó este miércoles que el Ejecutivo debe dedicarse a ofrecer soluciones y no a estigmatizar las protestas.
“O se asume el proceso de interlocución u otro tipo de política. No creemos conveniente que por un lado se envíen comisiones y, por el otro, se estén haciendo acusaciones”, sostuvo.
En ese sentido, reiteró que el Estado “debe entender que hay un escenario de crisis y en vez de estigmatizar debe solucionar los problemas”, en relación a las aseveraciones de las autoridades sobre presuntas relaciones entre paramilitares y campesinos.
Aseguró que existe una responsabilidad histórica en esa entidad colombiana que ha sido olvidada durante décadas. “El Gobierno puede solucionarlo, pero le falta voluntad para hacerlo”, aseveró.
En referencia a la exigencia de los labriegos sobre la creación de una zona de reserva, adelantó que “vamos a plantear debates de control político sobre las zonas de reserva campesina, es una disposición a la cual obliga la ley, el Gobierno no esta por encima de la ley, debe cumplirla”.
“Estamos dispuestos a acompañar y hacer las interlocuciones necesarias, y a proteger a los campesinos de la arbitrariedad, pues sería terrible que se repitan nuevamente hechos como en los que murieron cuatro personas producto de la represión policial”, apuntó.
Más temprano, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, urgió al Gobierno colombiano y a los líderes campesinos a reanudar las negociaciones para lograr salir de la crisis que mantiene paralizada a esa norteña región desde hace 38 días.
Otálora reiteró su disposición como mediador para contribuir a un nuevo acercamiento entre el Gobierno y los agricultores, tras el fracaso de tres intentos de negociación.
Mientras tanto, el Ejecutivo intenta hacer presión para que se desbloqueen las vías, pero los manifestantes han reiterado que no lo harán hasta llegar a un acuerdo sobre el pliego de peticiones que exigen, entre ellos la declaración de una zona de reserva campesina.
El paro en el Catatumbo sigue complicándose mientras los labriegos, cansados por un abandono estatal de más de siete décadas, continúan en resistencia enfrentando constantes arremetidas de la fuerza pública quela víspera volvió a reprimirlos con gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y balas de goma.
El presidente Juan Manuel Santos volvió a exigirles a los agricultores que desalojen las vías. En una alocución pública la víspera fue tajante: "Nunca voy a permitir que me impongan el establecimiento de zonas de reserva campesina", sostuvo.
Ese tema de la zona de reserva ha sido uno de los inamovibles del Gobierno en la mesa de interlocución, y la principal demanda de los campesinos, que piden esa declaración para evitar el avance del latifundio que se profundizó en esa región con el paramilitarismo.
Las zonas fueron establecidas en 1994 por la ley 160 como una figura de ordenamiento territorial con el fin de consolidar la supervivencia y la economía rural.
En el pliego de peticiones, los labriegos también insisten en un plan piloto para sustituir los cultivos ilícitos, la situación de los derechos humanos en la zona, subsidios para mitigar la crisis alimentarios y mejores condiciones de vida.
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