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Espacio Público: ¿mercado o derecho?
Aurelio Suárez Montoya
El gobierno distrital ha elaborado el proyecto de decreto Marco Regulatorio de Aprovechamiento Económico del Espacio Público, al que solo le falta la firma del alcalde.
De su propio título se deduce que la premisa inspiradora es “quien consume, paga”. Una visión de mercado, que convierte dicho “bien de uso público” en mercancía, subestimando lo consignado en la Constitución y en instancias judiciales acerca del derecho de la ciudadanía a su pleno disfrute.
Tal como está concebido, los principios doctrinarios al respecto, que también incluyen el derecho al trabajo para su sustento de los venteros callejeros, ambulantes y estacionarios, quedan subordinados al funcionamiento de un “mercado regulado” en el cual la oferta del espacio público crea su propia demanda, como lo define la economía básica fundada en la Ley de Say.
Se argumenta que hay porciones de espacio público en manos de “mafias” y que, en consecuencia, el Distrito les quitará tal negocio para fortalecer sus finanzas. Una reafirmación de que no es la vigencia de los derechos, ni de los ciudadanos ni de los ocupados informales, lo que impele a tal iniciativa. En otras palabras, que lo que corre hacia los bolsillos de carteles encubiertos vaya a las arcas de la Hacienda distrital.
Con respecto a los venteros, además, serán reubicados –arrumados y segregados- en las llamadas Zonas de Aprovechamiento Económico Permanente (ZAEP). Sólo en esas áreas delimitadas podrán desempeñar su actividad; ahí sí, en una oferta restringida, se estimula aún más que factores de fuerza o de clientelismo sean los que, en últimas, determinen quiénes pueden sobrevivir allí por 5 años, tiempo límite fijado para permanecer. Adicionalmente, se desconoce tanto que el derecho al trabajo está vinculado al “sitio acreditado” como que los listados de venteros registrados se quedan cortos frente a los cerca de 110 mil que existen. Hay un grupo “de informales entre los informales”, cuyo destino en el decreto es completamente incierto, y que -como está esclarecido- pertenecen a circuitos urbanos cuya informalidad trasciende la ocupación y está ligada, asimismo, a la vivienda, servicios públicos y modo de transporte, entre otros.
La supeditación, en este esquema, de los derechos del conjunto de ciudadanos y de los informales al nuevo “negocio público”, implica la aparición de agentes que podrán acceder con predominio a los beneficios implícitos en el decreto, quienes por su capacidad económica o nivel de ingreso pueden asegurarse el disfrute del espacio público, donde, cuando, y como deseen o necesiten para su explotación económica. Una inversión de la cual obtendrán ganancias y que, por supuesto, favorece a personas naturales y jurídicas con mayores recursos de capital disponibles para acceder a lugares y equipamientos puestos en subasta.
De nuevo se repite, como en la salud y en la seguridad social, el derecho dividido por categorías. Neoliberalismo puro, donde el acceso al espacio público será para quien pueda pagarlo mejor en un mercado imperfecto. Quienes transitamos por las calles de Bogotá habremos de acostumbrarnos a ese modelo, regido por tarifas regresivas que ni siquiera consultan las condiciones económicas de los eventuales demandantes, como sucede con los impuestos indirectos. Por ende, el músculo financiero será factor decisivo y estímulo para “atraer” inversión, desechando la cautela y garantía del derecho general.
El gobierno distrital decidió que reglamentar el espacio público, tal como es su deber, es sinónimo de cobrar, de esa forma en el decreto de marras crea un mercado, lo privatiza, sobreponiéndolo a derechos constitucionales de los asociados.
Aurelio Suárez Montoya, El Espectador, Bogotá, julio 16 de 2013
