El rezago en infraestructura es tan evidente, que hasta el nuevo director de Planeación lo reconoció y pidió enmendar la plana.
En los últimos días, tanto en su columna en El Tiempo como en una entrevista en el periódico Portafolio, el ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes ha criticado la gestión económica del Gobierno de la “confianza inversionista” y, concretamente le ha dado mazo por el atraso en materia de infraestructura vial. Lo mismo hizo Salomón Kalmanovitz en su columna en El Espectador titulada La recesión que no fue, en la que sugirió que el DANE “masajeó” las cifras de crecimiento de obras civiles que presentó en junio.
Masajeadas o no, el informe del DANE del 16 de junio indica que en el primer trimestre del año la construcción de carreteras, calles, caminos y puentes disminuyó 15 por ciento, y la de vías férreas y pistas de aterrizaje, 40 por ciento. El rezago es tan evidente e inocultable, que el nuevo director de Planeación, Esteban Piedrahíta, reconoció que es un sector con muy bajo ritmo de ejecución y que el Gobierno debe enmendar la plana.
Y si bien el problema no puede achacarse exclusivamente a la administración Uribe porque, como lo reconocen amigos y enemigos, se trata de un problema institucional estrechamente ligado a la politiquería, este Gobierno no solo no ha mostrado la menor intención de cambiar esta perversa tradición, sino que la ha continuado con devoción y gracias a la invaluable ayuda del ministro Andrés Uriel Gallego —que está pavimentando su camino al cielo con buenas intenciones—, y en abierta contradicción con el discurso de la lucha contra la politiquería y de la imperiosa necesidad de hacer obras de infraestructura para mejorar la competitividad con miras al TLC.
La realidad es que al Presidente, más que el TLC, le gustan los voticos. Hartos voticos. Y esa perversa relación entre el sistema vial y las necesidades politiqueras de Uribe, fue demostrada por tres estudiantes del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes —Juan Carlos Rodríguez, Luis Bernardo Mejía y Felipe Botero— con una investigación sobre el periodo 2002-2006, basada en datos e informes oficiales (¿Pavimentando con votos?, revista Colombia Internacional, No. 68, Universidad de los Andes, 2008).
La principal conclusión es que la ejecución en infraestructura vial no respondió a las prioridades establecidas tanto en el Plan de Desarrollo y como en el Plan 2500, sino que sirvió para asegurar apoyos políticos. Criterios políticos y no técnicos definieron el 83 por ciento de la inversión. Solo el 17 por ciento correspondió a obras consideradas fundamentales por el mismo Gobierno y por gremios del sector.
Los investigadores demostraron, en primer lugar, que el Gobierno no solo dio preferencia a carreteras locales y seccionales sobre troncales y corredores viales, sino que privilegió a los municipios donde el Presidente hizo consejos comunitarios. Estos municipios —por lo menos 60— recibieron 14,1 millones de dólares adicionales frente a los municipios que Uribe no visitó.
En segundo lugar, y aunque contrario a lo que tal vez esperaban, la asignación de recursos no estuvo dirigida a satisfacer el apetito de congresistas o políticos regionales, sino que favoreció a los municipios controlados por la oposición. Según los investigadores, “el Gobierno invierte más en municipios con alcaldes no uribistas, lo cual señalaría que él estaría usando el presupuesto para comprar apoyos en los municipios en los que salió derrotado en las elecciones locales”.
¿Cómo será el balance del segundo período? No presagia mejoría. El Presidente dice una cosa y hace otra, y por el camino de ganar y conservar apoyo político se pasa por la faja las instituciones, los procedimientos para asignar recursos, las recomendaciones técnicas, los planes de desarrollo. Uribe podrá ser el más popular de los presidentes de todos los tiempos, pero está dejándole a su sucesor la casa destartalada y, peor aún, muy corta de fondos para restaurarla.
¡Viva Colombia, viaja por ella!