(Primera y Segunda parte)
Cada derecho conquistado ha sido fruto de la organización y la lucha desde las bases
Es momento de exigir el cumplimiento de lo acordado, de rechazar los recortes disfrazados de ajustes técnicos
Si desde las bases del magisterio nos abanderamos de la lucha por reducir las relaciones técnicas para hacer más eficiente y digna la labor pedagógica, no habría que suprimir docentes y, al contrario, habría posibilidad de incorporar más docentes a la educación pública
Revolución Obrera
febrero 2, 2026
(Primera Parte)
A finales de diciembre del 2025, cuando la mayoría de familias trabajadoras intentaban cerrar el año entre deudas, cansancio e incertidumbre por lo que sería el 2026, mientras se volvían a decepcionar con la propuesta de aumento de salario mínimo hecha por las camarillas de las Centrales Sindicales y se ilusionaban con el aumento decretado por Gustavo Petro, una resolución administrativa de la Secretaría de Educación Distrital de Cali (SED Cali) cayó como un golpe silencioso sobre las escuelas y los colegios públicos de la ciudad.
Detrás de una frase técnica: «se distribuye, para el período académico 2026, la planta de cargos de docentes, directivos docentes y administrativos, a cada uno de los establecimientos educativos oficiales», se escondía una realidad concreta: docentes y coordinadores suprimidos, cargos que desaparecen, instituciones debilitadas y una nueva carga de angustia sobre el magisterio de Cali.
Los primeros en enterarse fueron los rectores y luego los docentes. En los primeros días del 2026, un rumor se extendió de los grupos de WhatsApp a las salas de profesores, el primer día de la semana institucional. Los rectores no tenían respuestas claras, pero sí situaciones críticas: coordinadoras que ya no aparecían en la planta, decenas de docentes menos, cierres de sedes y de instituciones educativas… Menos manos para más tareas, menos apoyo para más estudiantes, menos derechos para más exigencias.
La Resolución No. 4143.010.21.0.07395 del 29 de diciembre de 2025, «por la cual se distribuye, para el período académico 2026, la planta de cargos de docentes, directivos docentes y administrativos, a cada uno de los establecimientos educativos oficiales de la secretaría de educación del distrito especial de Santiago de Cali, financiada con recursos del sistema general de participaciones», presentada por la SED y presuntamente sustentada en los cálculos de matrícula del año anterior, pone en escena una vieja tragedia: aulas que existen, comunidades que resisten, pero plazas docentes que desaparecen; no porque no se necesiten, sino porque las cuentas —hechas desde los escritorios de la SED— así lo determinan.
Mientras las instituciones oficiales sufren diariamente la «baja matrícula», cínicamente la SED reconoce que Cali mantiene más de 50 000 estudiantes en cobertura contratada[1], convirtiéndose en la ciudad con mayor volumen de este modelo privatizador en el país. En las hipócritas palabras oficiales, se trata de un modelo que «se busca reducir gradualmente para fortalecer la educación pública», aunque en las proyecciones para 2026 y los acuerdos con el sector privado muestran otra cosa.
El 11 de noviembre de 2025, la propia SED convocó a los representantes de los 105 colegios privados de cobertura, para socializarles el Estudio de Insuficiencias y Limitaciones para 2026; en esa reunión, la secretaria de Educación afirmó: «Gracias a estos encuentros y a esta Secretaría de Educación de puertas abiertas, seguimos trabajando para recuperar Cali». ¿recuperarla para quiénes? Para los representantes legales de colegios de cobertura por supuesto, quienes salieron «tranquilos y felices», manifestando su confianza para continuar el proceso de contratación en 2026, celebrando la estabilidad del negocio educativo financiado con recursos públicos. «Estos espacios nos dan tranquilidad y confianza para continuar el proceso de contratación del año 2026», declaró una de sus voceras en la reunión.
Pero mientras esa tranquilidad se garantiza para los privados, en las escuelas oficiales ocurre lo contrario. El ajuste de planta —basado en una matrícula previamente deteriorada— se convierte en el instrumento que legaliza el desmonte silencioso del derecho a la educación pública con condiciones dignas. Menos estudiantes reportados significan menos grupos; menos grupos, menos docentes; menos docentes, escuelas debilitadas que luego «justifican» nuevas contrataciones privadas.
La Secretaría de Educación justifica este ataque disfrazado de «distribución de la planta de cargos de docentes, directivos docentes y administrativos» apelando a una idea que se repite en los discursos oficiales y en la prensa burguesa: la baja natalidad, la disminución de la matrícula, el decrecimiento poblacional, la deserción escolar... Pero basta rascar un poco la superficie para que esa narrativa se derrumbe.
Las razones no son demográficas, ni pedagógicas, son políticas. No se trata de un error técnico, sino de privatización. La reducción de matrícula oficial no es algo que llegó de manera imprevista; existe porque desde 2010 se ha enviado a decenas de miles de estudiantes a colegios privados —muchos de ellos de garaje— financiados con el dinero de la educación pública, especialmente en territorios históricamente golpeados por la pobreza, la migración y la deserción forzada.
La resolución de la SED va en sentido contrario de los compromisos con el magisterio
En noviembre de 2025, tras la toma del Ministerio de Educación en Bogotá por parte de las organizaciones sindicales de Cali, se estableció el compromiso de reducir progresivamente la cobertura contratada y recuperar esos cupos para el sistema educativo oficial, lo que implicaba fortalecer —no debilitar— la planta docente pública.
Luego de la toma al Ministerio de Educación y las movilizaciones en Cali, la Secretaría anunció que al menos 5 000 estudiantes de cobertura pasarían a instituciones oficiales en 2026. Sin embargo, apenas semanas después, la resolución de ajuste de planta emitida en los últimos días del 2025 va en la dirección opuesta. En lugar de proyectar el ingreso de estudiantes provenientes de la cobertura al sistema oficial, se calcula la planta docente con base en cifras de una matrícula del año anterior y se realizan movimientos de docentes y coordinadores debilitando a la gran mayoría e ignorando deliberadamente los compromisos políticos asumidos y la realidad social de la ciudad.
Cambio en la planta docente
Tabla 1: Comparación entre la Resolución del 29 de diciembre del 2025 y el Estudio de Insuficiencia y Limitaciones de junio del 2025
*En la información de la resolución del 29 de diciembre no se discrimina en columna aparte los docentes de jornada única y se incluyen como docentes de aula
**El EIL (Estudio de Insuficiencia y Limitaciones) es un requisito previo a la contratación del servicio educativo cuando no es posible prestarlo directamente en establecimientos estatales.
Al comparar los cambios en la planta docente hechos por la SED para el año lectivo 2026, a primera vista dan la apariencia de que se aumentan 63 docentes y 3 coordinadores. Sin embargo, esto no es suficiente, puesto que con los movimientos y traslados que genera moviendo coordinadores y docentes en un colegio a otro, terminan afectando a muchas instituciones debido a los criterios de relaciones técnicas adoptados por la SED.
Matrícula Cali
Año lectivo Oficial Contratada Privada Total
Tabla 2 Comparación entre la matrícula reportada en junio del 2025 y la matrícula proyectada por la SED para 2026. Información tomada del EIL 2026.
En ese mismo sentido al comparar la información sobre la matrícula reportada en 2025 y proyectada para 2026 se puede evidenciar que las cifras de la matrícula en los colegios de cobertura apenas se ve reducida en 1 203 cupos, mientras que la matrícula en los colegios públicos se ve reducida en 3 756 cupos. ¿dónde están los 5 000 estudiantes de cobertura que pasarían a los colegios públicos en 2026?
Y peor aún, para crear malestar entre algunos estudiantes y sus familias, la SED levantó la falsa bandera del cumplimiento a los compromisos, e intenta transferir la totalidad de los cupos de un colegio de cobertura a una institución oficial, sin realizar una expansión clara de la planta docente, sin inversión real en infraestructura; acompañado de una resolución que elimina cargos en lugar de crearlos. ¿Cómo recibir más estudiantes en escuelas públicas debilitadas?
El Estado a través de la alcaldía entrega a los colegios de cobertura contratada, cientos de millones de pesos anuales, sin hacer el mismo nivel de control que hace en las instituciones públicas sobre la labor pedagógica, sin las mismas exigencias de infraestructura, y con docentes precarizados que trabajan por salarios miserables. Esta resolución solo deja instituciones públicas debilitadas, docentes trasladados, «liberados» o sobrecargados y comunidades educativas enfrentadas entre sí por cupos, espacios y recursos.
De todo lo anterior es necesario sacar a la luz un problema que atraviesa todo el discurso institucional: la supuesta necesidad de hacer cumplir con lo establecido en el Decreto 3020 de 2002 de relaciones técnicas debido a la «falta estudiantes y exceso de docentes», cuando en realidad lo que sobra es contratación privada y lo que falta es interés político para fortalecer lo público.
La resolución del 29 de diciembre del 2025 se apoya en un criterio normativo que el magisterio conoce bien y padece a diario: las relaciones técnicas, que imponen un número mínimo de estudiantes por docente para que un grupo «sea viable». En la práctica, los docentes deben ejercer su labor en aulas con 32, 35, 40 o más estudiantes, especialmente en zonas urbanas. Grupos hacinados donde el docente debe enseñar, evaluar, contener conflictos, atender problemáticas emocionales, responder a exigencias administrativas y cumplir indicadores de «calidad», todo al mismo tiempo. Así se evidencia otra gran mentira en el discurso del Estado burgués, habla de calidad educativa mientras legisla para garantizar la masificación y el hacinamiento.
Se exige excelencia pedagógica en condiciones que la hacen imposible. No se trata solo de la salud de los maestros —aunque las cifras de estrés, enfermedades laborales y agotamiento son alarmantes—; se trata también del derecho de los hijos del proletariado, de las niñas, niños y jóvenes a ser vistos, escuchados y acompañados en su proceso educativo.
El ajuste de planta, la defensa de la cobertura contratada, la permanente sobrecarga laboral del magisterio y la dilatada discusión sobre reducir el número de estudiantes por aula forman parte de una misma lógica: abaratar costos, transferir recursos públicos al sector privado y disciplinar a los trabajadores de la educación. Mientras tanto, se culpa al docente, se le exige sacrificio, se le pide comprensión y se le amenaza con la «liberación» si protesta demasiado.
Pero la historia del magisterio colombiano demuestra una verdad elemental y es que cada derecho conquistado ha sido fruto de la organización y la lucha desde las bases.
Este artículo desea abrir una discusión urgente y que debe tomarse cada sala de profesores, cada asamblea sindical, cada reunión con padres y madres de familia: La educación pública de Cali no está en crisis por falta de niños, está en crisis por decisiones políticas que favorecen la privatización y profundizan la superexplotación docente. Y frente a eso, el silencio y la resignación solo beneficia a quienes se lucran con la educación del pueblo.
Es momento de exigir el cumplimiento de lo acordado, de rechazar los recortes disfrazados de ajustes técnicos. Es momento de que el magisterio desde la base, empiece a levantar una agenda propia de lucha, sin delegar su destino en mesas que no resuelven nada.
Cada que se recorta un docente, se recorta el futuro de una comunidad, un docente que se elimina hoy es un proyecto pedagógico que se rompe, una comunidad que se fragmenta, una escuela que se vuelve más frágil frente al avance de la privatización. Y como la educación pública no se defiende desde los escritorios, sino desde las calles con la organización consciente y la movilización colectiva, es deber del magisterio consciente responder desde las escuelas, desde los sindicatos y con la lucha organizada.
(Segunda parte)
A nuestro correo revolucionario llegó la continuación del artículo «La superexplotación docente y la falsa excusa de la “baja matrícula” en Cali» segunda parte, explicando en esta ocasión cómo las mismas instituciones de la administración en Cali coadyuva a la privatización de la educación al contratar colegios privados bajo la figura de «cobertura contratada» excusa que está filtrando los recursos públicos en las manos de los privados, asunto contra el cual el magisterio colombiano debe luchar como parte de la defensa de la educación pública.
Cobertura contratada: el negocio que vacía la escuela pública
Inició el año escolar, apenas ha transcurrido la primera semana lectiva y en varias instituciones educativas de Cali ya está presente una sensación de angustia en algunas maestras y maestros debido a que faltan estudiantes en uno o varios cursos de los colegios públicos. Salones que hace diez años rebosaban de niñas, niños o jóvenes hoy tienen treinta pupitres ocupados o tal vez menos.
Los docentes lo saben, el rector también y la Secretaría de Educación lo tiene claro: si el número no «da», el grupo se fusiona; si el grupo se fusiona, el docente queda «liberado»; si el docente queda liberado, la plaza desaparece. Ese es el miedo que hoy recorre los pasillos de los colegios y las escuelas públicas.
Mientras tanto, a pocas cuadras o a varias comunas de distancia, en los colegios de cobertura contratada el panorama es el opuesto: aulas pequeñas, improvisadas, con hasta cuarenta estudiantes apretados; salones separados por delgados muros; voces infantiles agolpadas; calor sofocante y un docente que apenas puede moverse por entre las filas de pupitres, contratado por el salario mínimo y resignado a trabajar todo el día. Allí no hay «insuficiencia», hay sobrecupo, y este es otro sobrecupo que no atormenta al Estado, por el contrario, bien lo paga, renueva el contrato y aplaude la «continuidad del servicio». Son dos realidades opuestas y un mismo sistema injusto.
¿Cómo llegó la educación en Cali a esta situación?
La cobertura contratada según el Estado era una medida temporal, pero en Cali opera oficialmente desde el año 2015, pues fue convertida en política estructural por el Decreto 1851. Año tras año, sin que existan mejoras de fondo en la infraestructura de los colegios públicos, la Secretaría de Educación de Cali ha mantenido una de las matrículas contratadas (privatizadas) más altas del país.
El Decreto 1851, que dio vida a esta forma de privatización, la justificaba debido a que existían problemas de infraestructura que inhabilitaban algunas instituciones oficiales o porque hacía falta personal docente para suplir la demanda. Sin embargo, en la prensa burguesa se promovió también el desprestigio de los colegios públicos señalando a los docentes como los únicos y directos responsables de los bajos resultados en las pruebas estandarizadas.
Los representantes políticos de la burguesía más reaccionaria se han encargado de señalar a los docentes, sus organizaciones sindicales, sus jornadas de lucha y paros por la defensa de la educación pública como los causantes del problema en la educación, ese es su caballito de batalla para promover la privatización de la educación y la persecución a los docentes que se atreven a defender lo poco que aún permanece público. Para la muestra, Paloma Valencia desde el Congreso ha promovido insistentemente los bonos escolares y cualquier cantidad de medidas para perseguir y castigar al magisterio. No contentos con haberse robado la salud dando vida a las EPS quieren hacer los mismo con la educación del pueblo.
Con esta política privatizadora en el año 2015 se pagó a los colegios de cobertura contratada alrededor de $2 500 000 al año por cada estudiante matriculado, mientras que lo que se destinaba en promedio por estudiante en el sistema oficial apenas rondaba el $1 200 000. En el Plan de Cobertura 2024 , presentado durante la alcaldía de Jorge Iván Ospina, la Secretaría de Educación destinó $140 476 006 238 para la matrícula en cobertura contratada, recursos con los que finalmente se atedió a 55 076 estudiantes, es decir, se pagó $2 550 585 por estudiante al año. Según esto podemos estar hablando de miles de millones de pesos desviados del sistema educativo público hacia el sistema privado en la última década.
De acuerdo con los Estudios de Insuficiencia y Limitaciones que la Secretaría de Educación debe presentar al Ministerio de Educación para justificar esta privatización en Cali, en 2015 los colegios de cobertura recibieron 99 393 cupos, para 2016 recibieron 67 169 cupos y para 2017 el regalo fueron 69 538 cupos. Una década después, para 2025, Cali mantuvo 53 125 estudiantes en cobertura contratada, distribuidos en 105 instituciones privadas; todos estos cupos le han representado a la educación pública menos recursos que hoy explicarían por qué no se han solucionado las limitaciones en infraestructura, por qué se liberan docentes y coordinaciones completas, por qué se acaban plazas docentes y se clausuran sedes educativas.
La disminución en la matrícula de la cobertura contratada en estos diez años no hace parte del plan Estatal para el desmonte de esta forma de privatización, sino del «temido» fenómeno que está manifestándose en la educación tanto pública como privada: la «baja natalidad». Ya en 2024 se publicó un estudio a nivel nacional cuyos resultados señalaron que «entre 2019 y 2023, 6 263 instituciones educativas cerraron sus establecimientos, de los cuales el 39,1 % (2 446) eran privados y el 60,9 % (3 817) eran públicos».
La disminución del número de niños, niñas y jóvenes en edad escolar, además de estar relacionada con la baja en el número de nacimientos, debemos también asociarla a las cifras de familias que han migrado a otros países. Esta cuestión merece ser analizada en otro artículo de manera más rigurosa para también desmentir los aparentes impactos que supuestamente también desencadena en las pensiones.
La precarización impuesta con miedo
El discurso oficial insiste en culpar a la «baja natalidad» de la «disminución de matrícula» y en consecuencia la «necesidad de ajustes técnicos» que obligan al movimiento de planta docente y por supuesto su posterior liberación. Sin embargo, los docentes sabemos perfectamente que esta situación ha sido creada deliberadamente y que beneficia solo a las mafias de la educación de cobertura.
En los colegios públicos, por ejemplo, menos estudiantes significan inseguridad laboral y el docente teme que su grupo no alcance el mínimo exigido —32 estudiantes en zona urbana— y que su plaza sea eliminada y se compite entre colegas con la presión por «retener matrícula» lo que aumenta el desgaste emocional.
Por su parte, en los colegios de cobertura el problema de la «baja natalidad» parece no manifestarse. Los docentes trabajan hasta dos jornadas (mañana y tarde) con grupos masificados, sin condiciones pedagógicas, sin tiempo para planificar y calificar, con salarios cercanos al mínimo, sin estabilidad laboral y sin garantías prestacionales reales; convirtiendo el hacinamiento y la precariedad laboral en la base del negocio; y, por si fuera poco, en muchas ocasiones los docentes superexplotados en los colegios de cobertura son despedidos debiéndoles meses del miserable salario y ni la Secretaría de Educación ni el colegio responden.
Al final, todos los docentes y los estudiantes son víctimas, tanto los del público como los de la cobertura. Quienes ganan son los dueños de los colegios de cobertura y la red de intereses políticos que garantizan ese flujo permanente de recursos públicos hacia manos privadas.
Ante las primeras y tímidas quejas de las dirigencias sindicales del magisterio en Cali por el incumplimiento en los acuerdos de disminuir la cobertura contratada, y devolver los estudiantes a la educación pública; los dueños de los colegios privados de cobertura han azuzado a las familias de sus estudiantes para realizar protestas que se opongan al desmonte de la cobertura contratada.
El 28 de enero se cumplió el tiempo planteado por la Secretaría de Educación para presentar una nueva resolución sobre el ajuste en la planta de personal docente y con ella los trabajadores de la educación esperan el cumplimiento de los compromisos en la disminución de la cobertura contratada. Sin embargo, el magisterio desde sus bases debe seguir discutiendo el problema de fondo e ir organizando respuestas a los nuevos ataques que se presentan desde la privatizadora Secretaría de Educación.
Respuestas fuertes y beligerantes que se impongan a las tímidas acciones y los titubeantes pronunciamientos de las dirigencias sindicales es lo que se requiere y, sin importar el sindicato al que se pertenezca, trazar planes de movilización y lucha claros para acabar definitivamente con uno de los principales problemas de la educación pública en Cali: la cobertura contratada.
Debemos ponernos como tarea principal la defensa de la educación al servicio de pueblo y la estabilidad laboral de los docentes, conquistar que los hijos del proletariado regresen a los colegios públicos y así acabar con las justificaciones para fusionar o cerrar sedes.
Si desde las bases del magisterio nos abanderamos de la lucha por reducir las relaciones técnicas para hacer más eficiente y digna la labor pedagógica, no habría que suprimir docentes y, al contrario, habría posibilidad de incorporar más docentes a la educación pública.
Si estamos dispuestos a defender la educación pública en condiciones dignas para los hijos del pueblo, con relaciones técnicas de máximo 20 estudiantes por grupo se podrían atender de manera oportuna los problemas de convivencia en las aulas y fortalecer el aprendizaje.
Está demostrado que la cobertura contratada no soluciona un problema educativo sino que vacía lentamente la escuela pública mientras precariza a quienes trabajan en lo privado. Divide a los docentes, fragmenta la lucha y convierte el derecho a la educación en una mercancía. Este no es un error de planeación, es una decisión política al servicio de la clase de los explotadores.
Esas decisiones exigen como respuesta la lucha colectiva del pueblo, encabezada por los trabajadores de la educación, herramienta indispensable capaz de imponer las decisiones políticas que en verdad sirvan a los hijos del proletariado.
¡A las calles! ¡Gobierne quien Gobierne, la educación del pueblo con lucha directa se defiende!
Continuará…
Un profe lector de RO
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Fuentes:
