¿Quién le dio permiso a un tribunal político de suplantar la voluntad popular?
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Alfonso Luna Geller
proclamadelpacifico.com/06/02/2026
La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de bloquear la candidatura de Iván Cepeda y mutilar las listas del Pacto Histórico no es un fallo en derecho; es una operación de sabotaje institucional ejecutada a plena luz del día. Pero se equivocan de cabo a rabo si creen que con una resolución de escritorio van a detener el mandato de cambio de millones de colombianos.
Para entender la dimensión de este atropello, hay que dejar de llamarles «honorables magistrados» y empezar a llamarlos por su nombre y por sus antecedentes. ¿Quiénes son los que hoy pretenden darnos lecciones de moralidad electoral?
¿Quiénes son los jueces que quieren elegir por nosotros?
No son árbitros imparciales; son activistas políticos con prontuario.
Para entender por qué el Consejo Nacional Electoral (CNE) falló 6 contra 4 para bloquear al Pacto Histórico, hay que mirar quiénes levantaron la mano. Esta decisión no se tomó en derecho, se tomó en una trinchera política defendida por fichas del uribismo, el vargallerismo y los clanes regionales.
Por eso, la indignación nacional no es gratuita. Quienes hoy firman la inhabilidad de candidatos transparentes cargan a sus espaldas expedientes que, en cualquier país decente, les impedirían ejercer cargos públicos:
Hollman Ibáñez (El conjuez decisivo). Es la pieza clave del escándalo. Como la votación estaba trabada, llamaron a este conjuez para desempatar, y su voto fue la estocada final contra Iván Cepeda.
Ibáñez no es un juez neutral; es un abogado que ha trabajado abiertamente al servicio de la firma de Abelardo de la Espriella, reconocido enemigo político de Cepeda y defensor del expresidente Uribe.
Abogados como Miguel Ángel del Río ya anunciaron denuncias penales por prevaricato, pues Ibáñez debió declararse impedido. Éticamente, no podía fallar sobre el rival político de sus antiguos jefes y aliados.
Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), quien lidera la ofensiva contra el progresismo es, paradójicamente, un hombre que enfrenta un juicio penal. Está llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de soborno a testigos y fraude procesal. Es el mismo expediente que tiene al expresidente Álvaro Uribe ante los estrados.
Es una vergüenza institucional: un hombre procesado por intentar torcer la justicia es quien hoy decide quién puede o no ser elegido en Colombia.
Maritza Martínez Aristizábal (Partido de la U), representa los intereses de los clanes de la Orinoquía y carga con una sombra familiar ineludible. Es la esposa y heredera política de Luis Carlos Torres Rueda, exgobernador y exsenador que fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría y procesado por vínculos con el paramilitarismo (aunque su sanción fue revocada años después, el estigma del poder regional ligado a las armas permanece).
Alfonso Campo Martínez (Partido Conservador), es la cuota directa del gobierno anterior en el organismo electoral. Fue el Director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) durante el gobierno de Iván Duque. Su paso de funcionario de confianza del uribismo a «juez imparcial» del petrismo demuestra la puerta giratoria de los organismos de control.
Altus Alejandro Baquero (Partido Liberal / C. Democrático): Su propia legitimidad como magistrado está en entredicho. El Consejo de Estado anuló su elección en junio de 2024 por no cumplir con los 15 años de experiencia requeridos para el cargo. Sin embargo, a través de tutelas y maniobras jurídicas, se ha mantenido en la silla, legislando sobre la legalidad de otros cuando la suya propia ha sido tumbada por el máximo tribunal administrativo.
Benjamín Ortiz Torres (Partido Liberal), aunque se presenta como técnico, representa la maquinaria tradicional del Partido Liberal que ha hecho oposición a las reformas del gobierno. Fue Secretario General de la Registraduría durante la cuestionada gestión de Alexander Vega.
El desmembramiento legislativo
La operación de sabotaje tiene un segundo capítulo aún más letal: el desmembramiento de las listas al Congreso. Con una frialdad burocrática aterradora, el CNE revocó la inscripción del Pacto Histórico a la Cámara en Bogotá, en el Valle del Cauca, y al parecer, en el departamento del Cauca, donde está la fortaleza electoral del Pacto Histórico. Bajo el pretexto de un supuesto incumplimiento en el ‘acuerdo de voluntades’ y tecnicismos sobre coaliciones con la Colombia Humana, los magistrados borraron de un plumazo la opción política de millones de ciudadanos en estas regiones. No se trata de una simple sanción administrativa; es una cirugía de alta precisión diseñada para dejar al Gobierno sin bancada y al proyecto de cambio sin escuderos legislativos.
El objetivo estratégico es evidente: como saben de la derrota en las presidenciales, buscan instalar un presidente asediado y un Congreso hostil fabricado por decreto. Al tumbar estas listas, el organismo electoral altera artificialmente la composición del Legislativo antes de que se abra la primera urna. En la práctica, buscan la eliminación del competidor, aplicando la vieja máxima de los regímenes autoritarios: lo que no se puede ganar con votos en la plaza pública, se arrebata con resoluciones en los despachos cerrados.
El miedo a las urnas
¿Por qué esta persecución temeraria? La respuesta es aritmética simple: Tienen miedo. Saben que en las urnas no tienen los votos para derrotar el proyecto popular. Por eso, han activado el «Plan B»: ganar en los despachos lo que pierden en la calle. La tesis de inhabilitar a Cepeda por una consulta interna es un sofisma jurídico diseñado para romper la unidad del Pacto Histórico y dejar al próximo gobierno sin fuerza parlamentaria.
La respuesta ciudadana: Dignidad y Voto
Ante este escenario, los colombianos que decidieron apostar por el cambio tienen herramientas poderosas contra la tiranía del bolígrafo:
Podría pensarse en hacer ejercicio de la tutela masiva, pues el derecho a elegir es fundamental. Cada ciudadano es una víctima directa de esta decisión y debería inundar los juzgados exigiendo el restablecimiento de su derecho.
Por otra parte, lo que más ha de dolerles es que si cerraron la puerta de la consulta de marzo, tumbaron el muro de contención para mayo. La respuesta debe ser una votación histórica y unificada en la primera vuelta presidencial.
También hay que activar la memoria colectiva para no olvidar esos nombres que encabezan Prada, Ibáñez y sus aliados. La historia los recordará no como árbitros de la democracia, sino como los sepultureros de la confianza institucional.
El CNE puede tener los sellos y las firmas, pero no tiene la gente. Podrán anular una inscripción, pero jamás podrán anular la decisión soberana de un pueblo que ya aprendió a no tener miedo.
¡Nos vemos en las urnas!
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