La administración de Carlos Fernando Galán representa la continuidad de un modelo de ciudad que beneficia los intereses urbanísticos sobre la protección del entorno natural y la participación comunitaria.
Autor/a: Felipe Torres*
23 octubre, 2024
La administración de Carlos Fernando Galán heredó un modelo de ciudad que prioriza el cemento sobre la protección ambiental. Mientras la crisis climática avanza, su gestión se caracteriza por decisiones que impactan gravemente los humedales y cerros, enfrentando incluso las medidas del gobierno nacional para restaurarlos. Este texto explora cómo las acciones urbanísticas actuales ponen en riesgo no solo los ecosistemas, sino también el derecho de las personas a un ambiente sano.
La alcaldía de Carlos Fernando Galán destaca por enfocarse en sectores como la seguridad y la movilidad, dejando de lado temas fundamentales para la ciudad como la gestión del ambiente, la conservación y restauración de los ecosistemas que componen la Estructura Ecológica Principal –EEP– y el derecho humano a un ambiente sano, lo que por sí mismo resulta aún más preocupante por la crisis climática y de desabastecimiento de agua que enfrenta actualmente la capital.
Cual improvisador, el alcalde Galán se ha dedicado a enfrentar las problemáticas ambientales más urgentes de manera superficial, como ha sido el caso de los incendios en los Cerros Orientales y el desabastecimiento de agua. Para ambos casos, las acciones de la administración han sido contestatarias a las problemáticas, pero negacionistas del cambio climático, pues no se establecen políticas que busquen abordar la situación de manera profunda. Ante los incendios, la respuesta: arrojar agua, y ante el desabastecimiento de agua: cortar parcialmente el servicio, sin que ninguna de las dos acciones garantice encarar ambas problemáticas desde las causas del problema, pues la administración le ha dado la espalda a discusiones relevantes como la gestión comunitaria del riesgo, la venta de agua en bloque a municipios aledaños y la pedagogía en las dinámicas de consumo de las personas, pero sobre todo de la industria que usa el agua de Bogotá de manera irresponsable.
Estas omisiones se suman al accionar depredador y destructor de la naturaleza, que ha caracterizado a la Alcaldía de Bogotá desde la administración de Enrique Peñalosa, al igual que Claudia López, su sucesora, y ahora por el alcalde Galán, quienes se han encargado de trasladar su negocio del cemento hasta los humedales, bosques y páramos de la ciudad, además de talar indiscriminadamente árboles priorizando la construcción de andenes, calles e infraestructuras en general, por encima del derecho de las personas a un ambiente sano, y de los derechos de la naturaleza misma.
Ejemplo de ello, son los más de 2.000 árboles retirados en la localidad de Puente Aranda para la construcción de la troncal de Transmilenio de la Av. 68; causando un grave impacto ambiental a esta localidad que no solo soporta la tala de árboles y la falta de espacios verdes, sino que es una de las localidades más contaminadas por la industria que allí opera.
Inicialmente, la Alcaldía aseguró que el traslado y la tala de estos árboles sería compensada, pero lo que no especificó es que la compensación no necesariamente se realiza en el lugar afectado, sino que se hacen plantaciones arbóreas en las afueras de la ciudad y las siembras que se ejecutan en los barrios afectados se reducirán a especies de jardinería que no cumplen con la función purificadora que sí realiza un individuo arbóreo. Es decir que, además de los atrasos que presenta esta obra, la cual se señala será entregada después del 2026, están condenando a los habitantes de Puente Aranda a vivir de manera permanente en medio del aire contaminado, entre el gris del cemento y la promesa incumplida de una Troncal de Transmilenio que no soluciona los problemas de movilidad de la localidad.
Aunado a ello, es importante señalar que distintos humedales de Bogotá han sido gravemente afectados por la construcción de obras de infraestructura desde hace más de seis años, las cuales pretenden ser continuadas por el alcalde Galán. Estas intervenciones urbanísticas sobre humedales se caracterizan por usar materiales como el concreto, de manera excesiva, además de no respetar los Planes de Manejo Ambiental –PMA– establecidos para cada humedal y por alterar las dinámicas naturales de estos ecosistemas, las cuáles son fundamentales para la conservación de las especies de fauna y flora que los habitan.
Esto, con el agravante de que los humedales afectados negativamente en mayor medida, Tibabuyes, Jaboque y Córdoba, están catalogados como áreas Ramsar, es decir, de importancia internacional y la obligación de la Alcaldía de Bogotá es restaurarlos y preservarlos. Sin embargo, entidades de la Alcaldía como la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA–, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –EAAB– y el Instituto de Recreación y Deporte –IDRD–, se han encargado de funcionar como empresas constructoras y han autorizado y ejecutado construcciones urbanísticas innecesarias sobre estos importantes cuerpos de agua; ejemplo claro de ello es la construcción al interior del Humedal Tibabuyes, en el que la EAAB construyó innecesariamente una barrera de más de 70 metros cuadrados de cemento, afectando en gran medida el equilibrio ecosistémico del humedal.
En respuesta al grave deterioro ambiental ocasionado por la Alcaldía desde años atrás, y por las claras intenciones de la actual Administración de continuar destruyendo los humedales de la capital, el gobierno nacional, por medio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se vio en la obligación de expedir la Resolución 0421 de 2024 la cual ordenó:
La suspensión inmediata de las obras de endurecimiento que estaban alterando las funciones ecológicas de los tres humedales. La realización de los estudios de impacto ambiental por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente para cada humedal. La ejecución de acciones de recuperación para los tres humedales, por los daños ocasionados para recuperar las funciones ecológicas de estos ecosistemas. Y la prohibición de ejecutar obras en estos humedales que no cumplan con las normativas ambientales y que no cuenten con los estudios de impacto ambiental.
Ante las medidas de protección impuestas por el Ministerio de Ambiente, el Alcalde Galán, de manera irreverente y descarada se enfrentó al gobierno nacional y declaró “no podemos permitir que el gobierno nacional desconozca la autonomía territorial de Bogotá. Si no están de acuerdo con nuestras políticas, eso no justifica vulnerar nuestros derechos como entidad autónoma”.Declaraciones sumamente irresponsables, pues ante el deterioro sufrido en la Estructura Ecológica Principal de Bogotá, se esperaría que la Alcaldía facilitase la articulación institucional para la restauración y la conservación de los ecosistemas. Pero, por el contrario, las declaraciones del Alcalde dejan en evidencia que él es el actual heredero del modelo de destrucción de la naturaleza que dejaron las últimas dos administraciones de Bogotá.
En paralelo, los Cerros Orientales también están siendo gravemente afectados por obras de endurecimiento, como sucede con la Serranía del Zuque, ubicada en el Páramo de Cruz Verde en la Localidad de San Cristóbal –suroriente de la ciudad–, en donde la Alcaldía, por medio de la SDA adelanta una obra civil de endurecimiento, en un ecosistema de páramo, a una altura de más de 3.150 msnm, en contravía del Plan de Manejo Ambiental –PMA– de los Cerros Orientales y con el agravante de que la obra se encuentra en una Zona de Alto Riesgo No Mitigable, sin que esta entidad adelantase obras de mitigación del riesgo para evitar que por el uso de maquinaria pesada y materiales duros, la montaña se derrumbe sobre los trabajadores de la obra y los habitantes de los barrios aledaños, como ocurrió en el año 1994, cuando en ese lugar se extraía material para la producción de asfalto y se produjo una avalancha denominada “El Armerito Bogotano”, la cual le arrebató la vida a 6 personas y dejó damnificadas a decenas de familias.
Gracias a la gestión comunitaria y la investigación de distintos colectivos ambientales y de derechos humanos, se logró determinar que la SDA está usando materiales duros (es decir prohibidos) en una zona de reserva ambiental, además de sobrepasar las áreas que inicialmente la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR– le permitió intervenir, por lo que actualmente la obra se encuentra suspendida por orden de esta misma Corporación y del Ministerio de Ambiente.
De igual forma, la Contraloría de Bogotá coincidió con los planteamientos de la comunidad y recientemente presentó un informe fiscal en el que determinó, entre otros aspectos, que esa obra nunca se debió realizar en ese lugar de la reserva, pues resulta sumamente nociva para el ecosistema de páramo, va en contravía de la normatividad vigente, desconoce la participación comunitaria y pone en riesgo la vida de trabajadores y ciudadanos; además el órgano de control fiscal presentó el hallazgo de un presunto detrimento patrimonial del dinero de la población bogotana por más de $6.300 millones de pesos malversados en esta obra (cifra que podría ir en aumento si se continúa ejecutando).
Lo más preocupante resulta ser que la Alcaldía insiste fehacientemente en continuar con la ejecución de la obra, sin considerar el cambio de los materiales que están destruyendo el ecosistema y aumentando el nivel de riesgo en la montaña, por materiales de bajo impacto acordes a la normativa ambiental.
Todas estas acciones, que adelanta la Alcaldía, y las que no se alcanzan a mencionar en este artículo, como la expansión urbana en la ruralidad de Usme, la explotación minera en los cerros de Ciudad Bolívar, la construcción en los cerros en Usaquén y Chapinero, la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente tramo Norte sobre ecosistemas de Suba y Engativá y el manejo inadecuado de humedales en Kennedy y Bosa, son contrarias al bienestar ciudadano, a los derechos de la naturaleza y a la normativa ambiental. Además, son el reflejo de la continuidad de un modelo de ciudad basado en el negocio del cemento por encima de toda forma de vida, facilitando el turismo descontrolado sin preservar los ecosistemas, pues los dirigentes políticos, como el alcalde Galán, entienden a la naturaleza como una mercancía que el Estado le vende a los inversores privados para obtener ganancias monetarias, pero que a la larga resulta nocivo para las personas pues destruye los lugares de nacimiento y almacenamiento de agua, extermina la vida silvestre y aumenta el riesgo de sequias, incendios, deslizamientos de tierra y facilita el deterioro de la calidad del aire que se respira en la ciudad.
Ahora bien, es necesario señalar que el Plan Distrital de Desarrollo –PDD– “Bogotá Camina Segura” 2024-2027, no contaba inicialmente con un enfoque de participación comunitaria en los temas de restauración ecológica a cargo de la EAAB y la SDA, pues al parecer este no es un asunto relevante para la actual administración, al igual que las dos anteriores, pero desde el Concejo de la ciudad se logró incluir en algunas metas el enfoque participativo para la restauración en las zonas que están a cargo de la SDA (780 hectáreas susceptibles de restauración), sin embargo, a la fecha, no existe claridad alguna de cómo la Alcaldía de Bogotá va a garantizar la participación de las comunidades.
Causa perdida resultó ser el mismo asunto con la EAAB, que se negó a garantizar en las metas y el articulado del PDD la participación comunitaria en las áreas de restauración ecológica que son de su competencia (2.800 hectáreas susceptibles de restauración), bajo el argumento de que esto ya ha sido contemplado por su entidad años atrás, cuando precisamente han sido las organizaciones ambientales las que denunciaron la destrucción de los humedales por las intervenciones lesivas en las rondas hídricas a cargo de la EAAB como en el Tibabuyes, Jaboque, Conejera, Salitre, Córdoba, Capellanía, por mencionar algunos de estos.
De igual forma, desde el Concejo de la ciudad se logró incluir en el articulado del PDD la implementación de Alianzas Público–Comunitarias para acuerdos de conservación, pago por servicios ambientales (PSA), herramientas de manejo de paisaje, bosques urbanos, conectores ecosistémicos, soluciones basadas en la naturaleza –SBN–, otras medidas de adaptación del cambio climático, entre otros. Sin embargo, a la fecha tampoco se conoce como será la metodología y el presupuesto exacto que destinará la Alcaldía para impulsar las alianzas entre los actores públicos y comunitarios en materia ambiental. Es importante indicar que el PDD que inicialmente presentó el alcalde Galán no contemplaba las Alianzas Público–Comunitarias en materia ambiental, sino únicamente las Alianzas del sector público con el sector privado.
Para terminar, es posible concluir que:
La administración de Carlos Fernando Galán representa la continuidad de un modelo de ciudad que beneficia los intereses urbanísticos sobre la protección del entorno natural y la participación comunitaria.
Para enfrentar la crisis climática, es necesario que la Alcaldía demuestre disposición para abordar discusiones que lleven a la construcción de políticas públicas que aborden las causas profundas que generan los incendios y el desabastecimiento de agua, como desarrollar la gestión comunitaria del riesgo y las medidas contra el consumo irresponsable de agua por parte de la industria y de algunos ciudadanos.
Sin embargo, la Alcaldía de Bogotá insiste en continuar con las obras de infraestructura que han afectado gravemente los humedales y Cerros Orientales, afectando el equilibrio ecológico y las principales fuentes de agua de la ciudad. Estas acciones no solo ponen en riesgo a las especies que habitan los ecosistemas, sino que afecta a las presentes y futuras generaciones de personas y sus derechos al ambiente sano y a la vida en condiciones dignas. Por lo tanto, la Alcaldía debe desplegar una estrategia clara y participativa que garantice, el liderazgo comunitario en la gestión, conservación y consolidación de los ecosistemas de vida de la ciudad y la implementación de las Alianzas Público Comunitarias para la protección, restauración y preservación de estos.
__________________________________
* Abogado, Defensor de Derechos Humanos y de los Derechos de la Naturaleza; especialista en Derecho Administrativo con estudios en Administración Ambiental; Asesor Jurídico del Concejo de Bogotá.
__________________
Fuente:
