PACTO EUROPEO SOBRE MIGRACIÓN, LOUEILA MINT EL MAMY
El espacio conquistado por la extrema derecha ha marcado la deriva del Pacto de Migración y Asilo hacia el refuerzo de medidas securitarias, que consolidan la visión de la migración como amenaza y de las fronteras como espacios sin derechos
MERITXELL RIGOL
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Más personas detenidas en las fronteras, y durante más tiempo, inclusive niños y niñas. Más refuerzo de la estrategia de externalizar las fronteras, sin responsabilizarse de cómo lo hacen los países terceros a los que se encarga que frenen la inmigración. Más dificultad para acceder a evaluaciones personales y completas de las solicitudes de asilo. E incluso puerta abierta a la posibilidad de obviar la obligación de garantizar el acceso a protección internacional, en situaciones consideradas de crisis o fuerza mayor. El Pacto sobre Migración y Asilo, el paquete reglamentario aprobado el pasado miércoles para poner en marcha el sistema común de gestión de la inmigración en la Unión Europea, incorpora en la normativa comunitaria prácticas que vulneran derechos que, si bien ya han pisoteado vidas en las fronteras europeas, no contaban hasta ahora con un marco que las regularizara y convirtiera en política común.
“Es deshumanizante porque mantiene el foco en las llegadas irregulares y lo que pretende es devolver a la gente a su lugar de procedencia, no ver la realidad de cada una de las personas que llega”, resume la abogada experta en migraciones Loueila Mint el Mamy, dedicada a acompañar a supervivientes de una de las rutas marítimas más peligrosas del mundo para las personas migrantes, la que lleva a la costa de Canarias.
El espacio conquistado por la extrema derecha ha marcado la deriva del Pacto de Migración y Asilo hacia el refuerzo de medidas securitarias, que consolidan la visión de la migración como amenaza y de las fronteras como espacios sin derechos. Ahora bien, Mint el Mamy plantea que, de hecho, el nuevo pacto no permite prever un escenario completamente nuevo. “Novedad sería que la Unión Europea apostara por una política común basada en garantizar vías legales, seguras y dignas, para que la gente no se vea forzada a lanzarse al mar para solicitar asilo; nuevo no es que criminalice la movilidad humana”, plantea la abogada.
¿Qué escenario, o qué lectura política del escenario, da pie a una nueva política europea para gestionar la migración?
El nuevo pacto de migraciones y asilo no es propiamente un pacto nuevo, sino que continúa en la línea de las políticas de hace muchos años. Cuando yo tenía nueve años y estaba saliendo de los campamentos de refugiadas [saharauis] de Tinduf [en Argelia], y viviendo en el Estado español, en 1999, la Unión Europea, a través de sucesivas normas, ya intentaba regular el marco migratorio y de asilo para restringirlo de manera que nadie pudiera entrar porque sí. Es decir, que la gente que llegue lo haga para producir, con contratación en origen, o con autorización de residencia por reagrupamiento familiar, o porque está perseguida ‒acreditadamente‒ en su país de origen. O que entre para hacer turismo.
Por tanto, el pacto no surge a causa de una situación migratoria concreta, sino que se deriva de años de políticas migratorias basadas en el miedo a la finalidad migratoria: llegar, quedarse y conseguir el arraigo social para poder trabajar con contrato años después. Las llegadas de muchas personas refugiadas [de Siria, Afganistán e Irak] durante la mal llamada crisis del 2015 puso en jaque el funcionamiento del reparto equitativo entre Estados de la Unión Europea, ya que siempre asumen más, en lo tocante a recursos e identificación de las personas que llegan, los primeros países de llegada, como Italia y España. Este es el marco en que han negociado la armonización de las políticas a escala europea para intentar, de alguna manera, que se lleven a cabo estas medidas más restrictivas, porque la Unión Europea sabe que sus políticas migratorias han sido un fracaso.
¿En qué te basas para hablar de fracaso?
Un ejemplo muy representativo de esto son las 35.000 personas que han sobrevivido a la travesía hasta las islas Canarias: personas que han entrado de manera irregular y a las que hay que aplicar la normativa de migración, extranjería y asilo, y que no serán devueltas, por mucho que se gasten dineros en Frontex para que detecte de dónde salen… Las personas seguirán saliendo. Es un fracaso.
Y está claro que podemos continuar reformulando las políticas de contención, pagando miles de millones de euros a países amigos como Marruecos, Túnez, Libia y Turquía, que se supone han de proteger las fronteras europeas; y continuar reforzando organizaciones criminales, haciendo que las personas pongan en peligro la vida, y que se active toda la contención contra quienes consigan llegar: servicios de emergencia, centros de atención temporal, centros de internamiento de extranjeros, brigadas de extranjería y fronteras…
Todo esto para finalmente no expulsarlas en su mayoría y decirles que pueden continuar su camino, después de criminalizarlas. Pero la alternativa que también podemos tener es dotar de mecanismos que permitan a la gente salir de manera regular. Es un fracaso para la seguridad de las fronteras una política que promueve que las personas no lleven pasaporte, que mientan sobre la edad, que mientan para sobrevivir.
Al contrario de esta alternativa, el resultado del Pacto ha sido el establecimiento de medidas todavía más restrictivas para las personas migradas y refugiadas que llegan en situación irregular. Centenares de organizaciones sociales y antirracistas han denunciado que se trata de un marco que deteriora gravemente la protección prevista legalmente para las personas migradas y refugiadas. ¿En qué se nota?
Cuando se plantea, como se ha hecho, de manera opaca y no se hace con las personas migradas, sino para las personas migradas, no se hace para garantizar los derechos humanos de las personas migradas y refugiadas, que son dos categorías que establecemos, pero que muchas veces están muy vinculadas y muy a menudo resulta ser una categorización ficticia. Hay una clara línea de acción de la Unión Europea, que es intentar frenar los procesos migratorios. Los miles de millones que se gasta en política migratoria se destinan a tratar de contener a las personas que migran, en vez de facilitar vías para migrar que sean seguras, legales y dignas. Es el eje sobre el cual debería girar cualquier pacto de migración y asilo.
Máxime cuando hablamos de asilo, es decir, de personas refugiadas, que son personas que vienen perseguidas, por motivos políticos, ideológicos, de orientación sexual, de identidad de género, de violencia de género… Es gente que se ha visto obligada a irse y a la que se aplica una normativa orientada a la contención. El perfil de las personas con las que trabajamos, las que sobreviven a la travesía hasta Canarias, no corresponde a personas que han decidido abandonar su país porque sí ‒que también las hay‒, sino que son personas que están siendo asfixiadas en su país de origen y no han tenido otra posibilidad que poner en peligro su vida, a la deriva hacia Canarias.
¿Afectará este paquete reglamentario europeo sobre migraciones y asilo a lo que está previsto en el marco estatal?
En el Estado español tenemos la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de las personas Extranjeras que, en la práctica, no se puede materializar. Los escenarios son tan dispares que ni siquiera se puede aplicar la normativa de extranjería, que estipula que a cualquier persona que pretenda entrar de manera irregular se aplicará un procedimiento para devolverla a su país. El procedimiento de devolución tiene un plazo de prescripción de dos años por entrada irregular, es decir, tienes dos años para ejecutar la devolución de una persona que has detectado que ha entrado irregularmente. A esto se aplican unas medidas cautelares, porque las 72 horas que tienes para devolver a las personas nunca se cumplen, entonces la medida cautelar consiste en el ingreso en un centro de internamiento de personas extranjeras (CIE).
Estos escenarios de la ley hoy por hoy no están aplicándose, porque ni se dispone de los recursos para hacerlo no existen acuerdos bilaterales con países que te acepten ciudadanos que están indocumentados. Por suerte es así, ya que esto permite que los y las menores y las personas en situaciones vulnerables y solicitantes de asilo puedan quedarse. Tampoco se aplica la ley reguladora del derecho de asilo, puesto que no hay personal para tramitar todas las solicitudes de asilo. La directiva europea de 2013 dice que hay que registrar una solicitud de asilo en tres días. No lo he visto en ninguna parte. El papel lo aguanta todo, pero si a la hora de aplicarlo no tienes medios ni acuerdos bilaterales para garantizarlo, difícilmente se podrá hacer.
Por tanto, ¿no esperas que comporte un cambio significativo?
Pueden darse muchos escenarios. Si un reglamento europeo es contrario a la ley estatal reguladora del derecho de asilo, habrá que iniciar procedimientos y podemos encontrarnos con sentencias judiciales dispares, y entonces habrá que pedir que se armonicen estas sentencias. Sinceramente, pienso que este nuevo Pacto de Migraciones y Asilo constituye una expectativa muy alejada de la realidad y esto tiene que ver con el hecho de que las personas legislan desde un despacho y no ven la realidad que hay en un centro de atención temporal de extranjeras en Lanzarote o Tenerife. No sé cómo se podrá materializar el escenario de una devolución que prevén y otras figuras de procedimiento acelerado o preferente, cuando la ley reguladora del derecho de asilo estatal ya lo contempla, y el Tribunal Supremo ya ha obligado a la Oficina de Asilo y Refugio a admitir en plazo preferente a personas que están privadas de libertad.
¿No te preocupa demasiado, por tanto?
Está por ver el papel de Frontex en los centros de internamiento temporal de personas extranjeras y sobre la posibilidad de las personas de continuar el trayecto, o bien si se entenderá que Canarias es un punto fronterizo como Lesbos y que la gente ha de permanecer allí atrapada durante meses.
Lo que han denominado reparto solidario es una responsabilidad y debería ser una obligación porque, si no, no se producirá. En Canarias vemos que no se produce ni en el caso de menores, ni entre las comunidades del propio Estado español. Sin obligación, también es un fracaso de la política.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) advierte que el acuerdo europeo va en contra del derecho de asilo porque puede acarrear procedimientos acelerados discriminatorios por nacionalidad y contrarios a la evaluación individualizada. Visto que ya actualmente es muy difícil que se reconozca la protección internacional a las personas, ¿crees que se puede obstaculizar más?
Hay que añadir que lo que ahora quieren la Comisión Europea y el Parlamento Europeo es que Frontex tenga más control, y puede hacer que Canarias se convierta en lo que vimos en Lesbos, y que quien se encargue de hacer las solicitudes de asilo y de hacer el cribado no sea un agente de la policía nacional con una ONG como CEAR, sino que será con Frontex. Y sabemos el criterio que aplican: “¿Vienes de Marruecos? Es un país seguro, tú no vienes perseguido.” Ojo, porque la persecución puede ser por orientación sexual, que allí está castigada penalmente, o por formar parte de una minoría étnica, o por otros motivos de persecución que, si no se tienen en cuenta, suponen hacer un cribado que deja fuera a muchas solicitantes de asilo.
Y por mucho que las dejes fuera fuera del sistema de protección como solicitantes de asilo, no las dejarás en la calle. En Canarias, de las 35.000 personas que han llegado, el 99 % han sido puestas en libertad porque no se ha podido ejecutar la devolución. Si el país de origen no te acepta a esta persona de su nacionalidad, ¿qué haces con ella? Si la dejas en situación de desamparo y exclusión, también supone un elemento de desequilibrio para los municipios y comunidades. Como decía, el papel lo aguanta todo, pero los de la realidad son escenarios muy complejos.
¿Prevés que el aumento de los mecanismos restrictivos, y represivos, se traduzcan en menos personas intentando llegar a Europa?
Si a una mujer que puede venir, por ejemplo, de Costa de Marfil, Malí, Senegal o Gambia, potencial solicitante de asilo, víctima de mutilación genital femenina o de otras violencias por motivo de género o de otra índole, no le permites agarrar a sus criaturas y a su familia e irse de una manera digna, legal y segura, estás abocando a mujeres como esta a entrar en redes de tráfico de personas para la explotación. La estás abocando a la revictimización en el proceso migratorio, a la deshumanización y a la explotación sexual o laboral en el Estado español.
No pedimos que seáis generosos cuando la persona llega, sino que Europa asuma las consecuencias de la neocolonización. O parar la neocolonización o asumir lo que comporta la necolonización, que es que las personas se irán de sus países. Y hemos de dotarnos de mecanismos para que la gente pueda irse. Es de sentido común, pero no quieren hacerlo.
Quieren limitarlo en la medida de lo posible… Que llegue quien sobreviva y que al cabo de 6 u 8 años o más consiga regularizar la situación. Las políticas de contención de la migración han creado un sistema inútil e ineficaz, lo digo como abogada. Si los mensajes de los gobiernos que dicen que “no queremos que las mafias jueguen con la vida de las personas” son reales, hay una solución. Imagino que 27 Estados europeos, con todo el gasto que dedican a Frontex y a los centros de inteligencia para saber de dónde sale la gente y cómo sale la gente, a quiénes paga y de qué manera, alguna idea deben de tener para ver que sus esfuerzos por contener la migración son inútiles.
Uno de los elementos del nuevo Pacto que genera preocupación entre organizaciones de derechos humanos es el Reglamento de crisis, que permitirá a los Estados alegar una situación de crisis, instrumentalización o fuerza mayor para incumplir las obligaciones de acogida. ¿Prevés escenarios inéditos, o bien que se normalicen situaciones que ya se han visto?
Cuando estableces un procedimiento de excepcionalidad, permites saltarte todo el procedimiento establecido. Es lo que conocemos como vías de hecho, o irregularidades en procedimientos administrativos, en defensa de la frontera y que vulneran derechos humanos. Para mí es el ejemplo que vemos en Ceuta y Melilla, cuando se establece la excepcionalidad como mecanismo de rechazo en la frontera, que te permite devolver sobre la marcha a menores o solicitantes de asilo, sin saber ni siquiera quién son, ni si cumplen los supuestos de no devolución.
Hay convenios internacionales en que reconocemos el derecho a la vida, el principio de no devolución, a la integridad física, a la dignidad, el derecho de acceso al procedimiento de asilo, el derecho a la asistencia jurídica… Está por ver cómo se encuadrará aquí el Reglamento de crisis, porque, remarco, no estamos viviendo ninguna crisis. Las personas que entran en situación irregular suponen un porcentaje ínfimo en comparación con las que entran en avión y acceden al procedimiento de asilo.
El perfil principal de refugiadas que tenemos no viene de Costa de Marfil, Malí, Senegal, Marruecos o Argelia. Viene de Venezuela, de Colombia, Cuba o Perú. Hemos de andar con cuidado, porque cuando se genera un discurso de alarma, el mensaje de que existe una crisis migratoria, un aluvión, una entrada masiva en Canarias, es cuando puede considerarse necesario el mecanismo que han creado.
¿La práctica en las fronteras ya está saltándose las garantías que contempla la legislación?
Totalmente. Hemos legislado y nuestra propia legislación no sirve en la práctica. No se aplica la propia normativa. Que alguien esté en un CIE durante un año, que algún solicitante de asilo haya sido asesinado junto a la valla de Melilla, que una mujer pase dos años para llegar a Canarias de manera deshumanizante, que haya criaturas en un CATE, que es un centro de detención custodiado por la unidad de intervención policial… ¿Eso es un Estado de derecho? Esto ya está pasando. Creo que lo peor ya lo estamos viviendo. La deshumanización, la vulneración de derechos, ya es un hecho.
Para mí, lo que se ha aprobado es un Pacto europeo muy teórico y poco práctico. Muy en la línea del discurso de la Europa dura, de la Europa fortaleza, pero después, en la práctica, te encuentras con que Marruecos no te acepta ciudadanos suyos indocumentados, de la misma manera que Senegal y otros. Hay que crear mecanismos que permitan migrar de manera segura y digna, a quien lo desee, también a la gente que actualmente viene de manera irregular porque no le permiten obtener un visado. El Estado lo ve como la inmigración de las mafias. Pero acabas con las mafias, a las que la gente ha de pagar miles de euros, si dejas a la gente venir en avión. Cuando reprimes tanto una cosa, resulta de la peor de las maneras.
¿Qué posición ha mantenido la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en estas negociaciones? ¿Se esperaba que favoreciera una normativa más garantista?
No lo sabemos porque ha habido mucha opacidad, pero lo podemos imaginar, después de los viajes de Grande-Marlaska a Canarias. Podemos formarnos una idea de por dónde van los tiros, como el Estado más afectado y teniendo en cuenta que el gobierno de España mantiene en el cargo a Grande-Marlaska después de la masacre a Melilla. Porque, a través de este ministro, lo que necesita es acreditar, y silenciar, las voces más de extrema derecha en relación con la migración. Te cargas a la ministra de Igualdad y te quedas con el de Interior. Es un ejemplo de cómo facilitas el discurso de la derecha y entras en un juego que hace mucho daño.
Yo, las peores políticas que he visto en mis años de abogada es con el ministro Grande-Marlaska. O sea, con un gobierno de unión progresista. La masacre de Melilla se produjo con el PSOE en coalición con Podemos. Les futuras violaciones sistemáticas de derechos contra personas migrantes las veremos con las personas que también hablan del derecho a migrar, pero que firman acuerdos que vulneran de manera clara estos derechos.
Meritxell Rigol /Directa
Traducción: viento sur
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Loueila Mint el Mamy es abogada especializada en migraciones.
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