LA VERDADERA LUCHA ES CONTRA LA LEY 100 Y LA PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD EN COLOMBIA

Revolución Obrera

En los últimos días ha vuelto a ser noticia la reforma a la salud pues ya superó el segundo debate en la Cámara de Representantes. Falta la discusión en el Senado que esta para marzo del año entrante. Y aunque llegara a ser aprobada sin mayores cambios, el proletariado debe saber que la reforma no resuelve el problema fundamental que es la privatización de la salud, producto de la Ley 100 y las nefastas EPS.

Recordemos que, el 23 de diciembre de 1993, el Congreso de la República implementó la Ley 100, qué reemplazó al antiguo Seguro Social, que pese a las dificultades y a la corrupción que existía, presentaba aspectos positivos como mayor capacidad en las entidades territoriales y atención de calidad en centros médicos de alta y mediana complejidad para quienes estaban afiliados al Seguro Social.

La Ley 100 fue presentada a los colombianos con el sofisma de que se buscaba lograr una cobertura universal creando un sistema de seguridad social integral, aumentar la eficiencia en la asignación de recursos y mejorar la calidad de los servicios de salud. Se argumentó que para superar la ineficiencia en la prestación de servicios de salud era necesario transformar los hospitales públicos —que hasta ese momento se financiaban a través de transferencias gubernamentales— en entidades autónomas obligadas a gestionar sus propios recursos bajo un modelo de competencia del mercado (compiten por los pacientes) y a alcanzar la autosostenibilidad mediante una mejor gestión administrativa y financiera.

La eterna mentira burguesa de que al generar competencia se mejora la calidad, el perpetuo engaño de que se debe financiar la demanda y no la oferta (como arguyen ahora respecto a la educación pública); como si la calidad no estuviera determinada por la inversión que garantiza infraestructura adecuada, inversión tecnológica, personal capacitado e idóneo…

Bajo la privatización de la salud que fue la Ley 100, los hospitales públicos han luchado por alcanzar el equilibrio financiero, pero ello ha sido imposible debido al incumplimiento en el giro de los recursos por parte de las EPS; esta falta de financiamiento ha llevado a una escasa inversión en tecnología, afectando la productividad y la eficiencia de estos centros de salud.

Igualmente, bajo la Ley 100, en lugar de trazarse unas metas sanitarias a nivel nacional para, a partir de allí determinar cuál es el desempeño de los hospitales y cuánto contribuyen a alcanzar esas metas, en lugar de medir la efectividad de los hospitales en la atención centrada en el paciente y los resultados clínicos, se realiza una evaluación basada en el empleo eficiente de los recursos, lo cual ha contribuido a la disminución de la calidad de los servicios de salud, puesto que las EPS para ahorrar costos no contratan personal suficiente y las condiciones para sus trabajadores son precarias, lo cual incrementa la superexplotación y el desempleo médico, y rebaja considerablemente la calidad de la atención.

Además, la situación se agrava porque los hospitales públicos atienden a los sectores más pobres de las clases trabajadoras, y por ello no pueden generar capital suficiente para invertir en nuevas tecnologías. De allí que el proletariado y el campesinado colombiano deba dar la pelea para obligar al Estado a inyectar todo el capital necesario para garantizar calidad y accesibilidad al pueblo. Las carencias en las instituciones de salud del sector público (falta de insumos, atraso tecnológico y escasez de personal) son reflejo de la insuficiencia de recursos financieros, pues los fondos públicos han sido desviados hacia la corrupción de las EPS que al pueblo solo le han traído enfermedad y muerte.

Con la implementación de la Ley 100 en Colombia, las EPS, es decir el capital privado, asumieron la administración de los recursos públicos para gestionar y girar fondos a hospitales y clínicas. Esto es que el dinero que el pueblo colombiano paga en impuestos sea utilizado para garantizar que la minoría rica y parásita de este país sea más rica a costa de la enfermedad y la muerte de las amplias masas trabajadoras, aumentando la concentración de poder y recursos en manos de unos pocos. Para la muestra un botón: la EPS Sura, perteneciente al Grupo Sura, forma parte del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), junto con los grupos Argos y Nutresa; entre los principales accionistas del Grupo Sura se encuentran Argos (27.8 %), Nutresa (13.2 %), y JGDB Holding, de la parásita familia Gilinksy, con el 38 %.

Además del enriquecimiento legal, la chupasangre burguesía colombiana se ha engordado a través de toda la corrupción generada por la intermediación de las EPS. Día a día se ha denunciado corrupción en varias EPS, evidenciando la falacia de que con la Ley 100 se iba a mejorar la gestión administrativa y financiera.

En 2011, la Superintendencia de Salud intervino la EPS Saludcoop después de descubrir actividades administrativas y financieras irregulares. Saludcoop desvió los recursos destinados a la salud para adquirir otras EPS como Cafésalud, Cruz Blanca, además de clínicas, centros médicos, droguerías, una empresa de construcción, un club deportivo y cuatro firmas extranjeras en países como México y Chile. Por ello, el expresidente de Saludcoop, Carlos Palacino, estuvo preso en la cárcel La Picota en 2019 por malversación de fondos de salud, pero (como siempre le ocurre a los corruptos empresarios y políticos colombianos) ese mismo año el Tribunal Superior de Bogotá ordenó liberarlo por vencimiento de términos. En 2022, Palacino fue condenado a 10 años de prisión por la apropiación ilegal de 400.000 millones de pesos que debían dirigirse a la salud, se le impuso una multa de solo 297.000 millones de pesos (es decir, tuvo que devolver apenas el 74.25 %, un poco menos de la tercera parte de lo robado) y la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos.

Según las cifras oficiales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en Colombia el gasto per cápita en salud fue de solo 1336 dólares al año (en 2020); en contraste, Estados Unidos, país imperialista que lidera, tiene un gasto per cápita de 12.318 dólares. La brecha entre ambos países revela lo atroz que es el acceso a la salud en Colombia.

Bajo el marco de la OCDE, Colombia se encuentra inmersa en una cruda realidad en cuanto a su sistema de salud, según el informe de 2020 presentado por la entidad. El desolador panorama se refleja en la falta de profesionales de la salud en el país: por cada 1000 colombianos solo hay disponibles 2.2 médicos y 1.3 enfermeros, sumando un total de 3.5 profesionales de la salud por cada millar de habitantes; por ello Colombia se sitúa el último lugar de la tabla de países de la OCDE. En comparación, Noruega, líder de la lista, cuenta con 4.8 médicos y 17.8 enfermeras por cada 1000 habitantes.

A pesar de que en Colombia se cuenta con 10.635 centros de salud, la disponibilidad de camas hospitalarias es alarmantemente baja. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 25 y 40 camas hospitalarias por cada 10.000 habitantes; Colombia se encuentra muy por debajo de esa recomendación con solo 17.4 camas por cada 10.000 habitantes, por lo que se posiciona como la tercera nación del mundo con menor disponibilidad de camas, evidenciando una grave falta de infraestructura para atender las necesidades de la población.

En Colombia solo Sucre, Cesar y Atlántico presentan un número de camas superior o igual al recomendado, mientras que Vichada, Guainía, Vaupés y Cundinamarca requieren, en promedio, más de 15 camas adicionales por cada 10.000 habitantes para alcanzar el número de camas recomendado.

Igualmente, se observa que las regiones con mayor número de personal médico especializado son Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Mientras que las regiones Orinoquía-Amazonía y Pacífica (sin Valle del Cauca) tienen en promedio el menor número de especialistas. Una situación similar se presenta para el personal de salud (incluye profesionales, técnicos y tecnólogos, y auxiliares), donde Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca tienen el mayor número y la región de Orinoquía Amazonía presentó el menor número.

Estas cifras revelan que ni al capitalismo ni a su Estado les interesa siquiera garantizar la vida y la salud de quienes producen su riqueza. Así las cosas, el deber del proletariado y del campesinado es la lucha decidida y urgente por conquistar en lo pronto un sistema que garantice el acceso, mientras se destruye este Estado y el sistema hambreador que defiende, para construir una sociedad donde los derechos del pueblo no se transformen en simples negocios que favorecen solo a las clases dominantes.

Para ello, es preciso generalizar y consolidar las formas asamblearias de organización de las masas, surgidas desde la base al fragor de los paros y las huelgas políticas. Debemos fortalecer y consolidar las formas de lucha directa y de organización (Grupos de Choque o Primera Línea, Guardias o Milicias Obreras y Populares) para avanzar a formas superiores necesarias para la derrota definitivamente a los enemigos del pueblo, que por años nos han condenado a la enfermedad y la muerte.

Con la falacia de que se daría paso a lograr una cobertura universal a través de un sistema de seguridad social integral, que se aumentaría la eficiencia en la asignación de recursos y mejoraría la calidad de los servicios de salud fue aprobada la Ley 100 y con ella se justificaba la privatización de la salud para todos los colombianos del campo y la ciudad; no obstante, 30 años después ninguna de esas promesas se ha cumplido y menos para los campesinos.

Hasta septiembre de 2022 las cifras de aseguramiento en salud del Ministerio indicaban que el 98.81 % de los colombianos estaba dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), ya sea en un régimen contributivo (23.408.478 ciudadanos), subsidiado (25.491.507) o excepcional/especial (2.231.162).

Sin embargo, estas cifras no reflejan el efectivo acceso a la atención médica, pues estar afiliado no es sinónimo de tener garantizado el servicio, ya que la falta de oportunidad en citas, la ubicación geográfica de los puntos de atención y la burocracia administrativa obstaculizan el acceso real. El informe del Consejo Privado de Competitividad (CPC), publicado en 2022, señala que ese tipo de dificultades impidieron que 1 de cada 5 personas tuviera acceso a los servicios cuando se les presentó un problema de salud; con lo cual se muestra claramente la desconexión entre las cifras de aseguramiento y la realidad de la atención médica.

Según los mismos datos del CPC, al 25 de febrero del 2021 (cuando se suponía que ya se contaba con las mejoras que hizo el Gobierno de Duque a causa de la pandemia por Covid-19), la oferta de UCI era escasa en varios departamentos, siendo Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés los más afectados, pues carecen por completo de UCI.

Además, dado que los indicadores de la calidad de un buen sistema de salud son las cifras de acceso y cobertura, en Colombia municipios de las regiones del Pacífico, Orinoquía y Amazonía, tienen menos del 50 % de la población cubierta, como lo demuestran los últimos datos del Ministerio de Salud, de septiembre de 2023. En municipios como Mirti-Paraná, Puerto Santander, Tarapacá, Pacoa, Yavaraté, El Litoral de San Juan, Carmen del Darién y Riosucio las cifras de aseguramiento son vergonzosamente bajas, oscilando entre el 1.57 % y el 46.12 % de población cubierta.

Esta situación se explica por la típica contradicción del capitalismo entre la ciudad y el campo: como para los parásitos capitalistas la salud no es más que una mercancía, la inversión privada en hospitales se concentra mayormente en áreas urbanas más rentables y no en comunidades rurales consideradas menos rentables.

El desprecio del Estado burgués por el campo se refleja en la escasa construcción de centros de salud y laboratorios desde el sector público. Esta falta de inversión contribuye significativamente a la disparidad en la atención médica en Colombia.

Así pues, si desde el Congreso los ricos siguen burlándose del pueblo, no solo recortando la tímida reforma propuesta por el Gobierno, sino impidiendo completamente su avance e incluso proponiendo una que empeora aún más la situación el pueblo, este debe volver a levantarse en una gran Paro Nacional y en las calles luchar y conquistar un sistema de salud que garantice el acceso a la atención médica de calidad, independientemente de la ubicación geográfica.

El Instituto Nacional de Salud (INS) reveló, en el informe Mortalidad evitable en Colombia para 1998-2011, la alarmante cifra de que en los casi últimos 13 años hubo en Colombia 1.427.535 muertes clasificadas como «evitables»; cifra que contrasta con las víctimas de la guerra reaccionaria que, según el Informe Final de la Comisión de la Verdad, causó 450.664 homicidios entre 1985 y 2018 (33 años). Es decir, al pésimo sistema de salud colombiano le tomó la tercera parte del tiempo llegar a generar tres veces más muertos que la guerra reaccionaria.

Aquí cabe tener en cuenta que el INS define una muerte evitable como aquella que podría prevenirse con los conocimientos médicos actuales y la tecnología disponible, sumado a que el Estado cumpla con sus responsabilidades más allá de los límites de las instituciones de salud, como garantizar el cuidado del agua potable, la preservación del medioambiente…, ya que son elementos cruciales que inciden en el aumento de las enfermedades.

Dentro de las causas de muertes evitables están: úlcera péptica, VIH, cáncer colorrectal, cáncer de mama, accidentes cerebrovasculares, hipertensión, enfermedades respiratorias crónicas, anomalías congénitas del corazón, leucemia, lesiones por vehículo motorizado de dos ruedas…

Este dato es un llamado urgente para el proletariado y el campesinado a levantarse contra un sistema de salud verdugo que, lejos de preservar la vida, condena al pueblo a una muerte prematura y evitable.

¿Cuántos trabajadores se podrían haber salvado si el derecho a la salud no fuese un simple negocio de los capitalistas? La salud, un derecho fundamental, no puede seguir siendo un privilegio de unos pocos a expensas de la vida de la mayoría, el llamado a la lucha debe resonar con más fuerza, por la transformación radical del sistema de salud hacia un sistema universalmente público, con la eliminación definitiva de la Ley 100 y de todas las EPS, y donde se priorice la salud preventiva.

En Colombia, la carga de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT, las más comunes son el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la enfermedad crónica respiratoria y la renal crónica) ha experimentado un preocupante aumento, pasando del 40 % de defunciones atribuidas a estas enfermedades en 1979 al 61 % en 2019; es decir, con la privatización de la salud aumentó en un 21 % las muertes por ECNT. El porcentaje de muertes «prematuras» por estas enfermedades, dentro del total de las muertes de menores de 70 años, ha pasado del 31 % en 1979 a cerca del 52 % en 2020, con un mayor incremento en las muertes por cáncer; es decir, con la privatización de la salud aumentó en un 21 % las muertes «prematuras».

Por otro lado, en el sector salud se cuenta con guías de práctica clínica (GPC) que son una herramienta para mejorar los resultados de los pacientes y evitar gastos innecesarios. Sin embargo, un análisis revela que solo el 15 % de 324.000 pacientes con diabetes afiliados a las EPS en Colombia reciben todos los exámenes recomendados, incluyendo la medición anual de glicemia, colesterol y función renal.

Así las cosas, pese a que el Estado capitalista presume del aumento en la cobertura en salud, pasó del 29 % en 1995 al 99 % en 2022, es claro que la cobertura no se traduce en buena atención en salud.

Que el sistema de salud colombiano es pésimo también se revela contundentemente a través de las innumerables tutelas interpuestas anualmente en el sector salud. El Informe anual de acciones de tutela en salud, del Ministerio de Salud y Protección Social, revela que entre 2015 y 2021 (en solo 6 años) se presentaron 1.117.296 acciones de tutela.

Durante el año 2021, de las 31.933.521 personas atendidas, se interpusieron 80.325 acciones de tutela (y eso que en departamentos como Chocó y Amazonas se interponen pocas tutelas pese a las barreras para acceder a servicios sanitarios en esas regiones); el 56.47 % de estas tutelas fueron presentadas por personas que pertenecen al régimen contributivo, mientras que el 38.82 % provino de usuarios del régimen subsidiado.

El informe destaca que las EPS más entuteladas en 2021 fueron Coomeva EPS (con 47,8 tutelas por cada 10.000 afiliados), Medimás EPS (con 45.9 tutelas por cada 10.000 afiliados) y Servicio Occidental de Salud (25.5 tutelas por cada 10.000 afiliados).

Las regiones con más tutelas en salud durante los primeros 9 meses del 2022 fueron: Antioquia con 19.016 acciones que representó el 17.31 % del total nacional; Valle del Cauca con 12.286 (11.19 %); Bogotá con 10.391 (9.46 %); Norte de Santander con 9211 (8.39 %); Santander con 6957 (6.33 %).

El defensor del pueblo, Carlos Camargo, reportó que entre enero y septiembre de 2022 se presentaron 109.825 tutelas que invocaron el derecho a la salud, es decir, 12.203 tutelas mensuales en promedio. En su informe Camargo señalo que: Sigue siendo inaudito que las personas tengan que seguir acudiendo a las acciones de tutela para que las autoridades judiciales les ordenen a las EPS cumplir con las obligaciones que ya están consagradas en la legislación colombiana. El derecho a la salud, es el segundo derecho más tutelado y representa el 24.47 % del total.

Es inhumano que las EPS le nieguen o entreguen de manera inoportuna o insuficiente servicios, tecnologías o medicamentos vitales para los pacientes como el oxígeno, para el control de la diabetes como la insulina, para el control de la hipertensión arterial; las consultas por medicina especializada, los tratamientos contra el cáncer, diversos procedimientos quirúrgicos… y resulta aún más inhumano que las reformas a la salud pretendan que estas instituciones sigan existiendo.

Todo lo anterior evidencia que el pueblo colombiano debe ir más allá de la legüleyada y levantarse para quitarle el negocio de la salud de las mezquinas y ensangrentadas manos de los capitalistas y obligar al Estado a que garantice el derecho fundamental a la salud.

Con el argumento de que se aumentaría la eficiencia en la asignación de recursos y mejoraría la calidad de los servicios de salud, la Ley 100 de 1993 le abrió paso a la privatización de la salud, lo que hoy tiene al pueblo colombiano, especialmente a las mujeres, padeciendo de la ineficiencia en la prestación de servicios de salud.

Uno de los indicadores que subraya la lamentable calidad de la atención médica y la insuficiente inversión en salud en Colombia es la tasa de mortalidad materna. Este indicador cuantifica la cantidad de muertes de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio (desde el final del parto hasta la primera menstruación) por cada 100.000 nacidos vivos. Según los datos de la OCDE, en 2019, Colombia registró una tasa de mortalidad materna de 50.7 %.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que la mayoría de las complicaciones que llevan a la mortalidad materna (hemorragias graves, infecciones postparto, hipertensión gestacional, complicaciones en el parto y abortos peligrosos) son prevenibles o tratables.

Es crucial destacar que, aunque el régimen subsidiado exhibe los mayores casos de mortalidad materna, el régimen contributivo también evidenció un incremento en la tasa, aumentando de 29.94 % en 2019 a 75.00 % en 2021.

Las EPS del régimen contributivo con peores indicadores incluyen a Famisanar, Compensar, Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y SOS. En el régimen subsidiado Comfaguajira, Mallamás, Comfachocó, Anaswayuu, Dusakawi y Emssanar son señaladas por sus niveles elevados de mortalidad materna, especialmente en Chocó, La Guajira y Arauca, según la Superintendencia Nacional de Salud. Las regiones más afectadas como Chocó, Vichada, Arauca, La Guajira y Amazonas, sufren por la falta de hospitales suficientes.

Este panorama contrasta de manera drástica con países como Eslovaquia, Luxemburgo, Noruega, Islandia e Irlanda, cuyas tasas de mortalidad materna son de 0.0. Estos países han logrado prácticamente eliminar la mortalidad materna, lo que indica lo urgente de que con la lucha directa se conquiste una salud gratuita y de calidad para las mujeres de Colombia.

En un país donde las mujeres enfrentan riesgos inaceptables al gestar un hijo, la lucha por un sistema de salud que garantice la seguridad de la maternidad es imperativa. Las mujeres revolucionarias, las obreras y las campesinas debemos ponernos de pie y luchar contra un sistema de salud que perpetúa la desigualdad.

La mortalidad infantil es otro indicador de la calidad de atención médica y la inversión en salud de un país. Este término abarca las muertes de bebés ocurridas entre el nacimiento y el primer año de edad, clasificándose como mortalidad neonatal si el fallecimiento se produce antes de los 28 días.

Según las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que consideraron datos de defunciones no fetales y nacimientos en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, la alarmante tasa de mortalidad infantil para 2021 fue de 11.9 % por cada 1000 nacidos vivos, donde las zonas rurales presentan las tasas más elevadas.

Así pues, el actual sistema de salud colombiano es una afrenta a los niños, las mujeres, los campesinos y a todo el pueblo colombiano en general. La resignación del pueblo, que por 30 años lo ha llevado a aguantarse la asesina Ley 100 debe transformarse ya en rebeldía y lucha contra sus verdugos.

Para las mujeres y hombres del proletariado y el campesinado estas cifras deben ser más que una estadística; es un llamado urgente a pelear para garantizar que los niños del pueblo, independientemente de su ubicación geográfica, tengan garantizado el acceso a servicios de salud; que con la lucha en las calles conquistemos un sistema de salud que priorice la vida y el bienestar de los trabajadores desde el inicio mismo de la existencia.