Ocho importantes bancos estadounidenses, europeos y brasileños encabezan las entidades que al financiar negocios de petróleo y gas impulsan la destrucción climática y de la biodiversidad en la Amazonia, de acuerdo con una investigación que ha visto la luz el martes 25 de julio
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“Los bancos y otras compañías que invierten en la región, y cuyas ganancias se derivan de la explotación petrolera, son cómplices de la muerte de nuestros líderes, culturas y formas de vida”, deploró Fany Kuiru Castro, coordinadora general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).
Coica y la organización ambientalista Stand.earth, basada en Canadá, adelantaron la investigación “Capitalizing on Collapse (Aprovechando el colapso)”, en la que muestran cómo la banca ha financiado proyectos de hidrocarburos que han contribuido a la destrucción de la naturaleza en la Amazonia.
Esos financiamientos alcanzan a 20 000 millones de dólares en 15 años (2009-2023), de los cuales 11 000 millones fueron proveídos por ocho grandes bancos, y los restantes 9000 millones por otras 152 entidades.
“La degradación combinada y la deforestación nos enfrenta a un inminente punto de no retorno que, para nuestros pueblos, se traduce en enfermedades crónicas como consecuencia de la contaminación de nuestros alimentos debido a los metales pesados que se encuentran en los peces y el agua que bebemos, la pérdida de soberanía, y la violencia sistemática contra los que defienden nuestro hogar”: Fany Kuiru Castro.
Encabezan la lista los estadounidenses JP Morgan Chase y Citibank, con 1913 y 1850 millones de dólares, respectivamente, seguidos del banco brasileño Itaú, con 1743 millones, y el británico HSBC, con 1300 millones de dólares.
Le siguen el español Santander, con 1271 millones de dólares, el estadounidense Bank of America con 1188 millones, el brasileño Bradesco con 1015 millones de dólares, y Goldman Sachs, de Estados Unidos, con 742 millones de dólares.
Mapa de la Amazonia que muestra las áreas consideradas intactas (verde oscuro), con baja degradación (verde claro), alta degradación (rosado) y ya en transformación (rojo). Detener la degradación es posible, pero requiere medidas urgentes por ejemplo para frenar la deforestación.
Los financiamientos se han relacionados principalmente con actividades de petróleo y gas áreas amazónicas de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, donde durante décadas las quemas y derrames de petróleo han contaminado suelos y vías fluviales.
La producción de hidrocarburos favorecida por el financiamiento bancario ha conllevado un incremento en las emisiones de carbono a la atmósfera, con costo y daño seguro para el clima, de acuerdo con el análisis de los investigadores.
El estudio, divulgado por la red latinoamericana Periodistas por el Planeta, destacó como “la mayor bomba de carbono de la Amazonia”, al brasileño Complejo Gasífero de Paraíba (en el nororiental estado de Maranhão) que es capaz de liberar dos gigatoneladas de carbono durante su vida útil.
También se muestra cómo la opacidad en los datos financieros, y la debilidad en las políticas de riesgo social y en el ambiente bancario pueden crear condiciones para que el financiamiento fluya hacia los combustibles fósiles, incluso cuando los bancos hacen compromisos explícitos sobre clima, derechos humanos y biodiversidad.
La investigación se divulga mientras se aceleran los preparativos para la cumbre de mandatarios de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (Otca), los días 8 y 9 de agosto, en esta ciudad norteña en la desembocadura del río Amazonas, y con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva como anfitrión.
Devastación en la selva amazónica.El documento reconoce que algunos bancos han dado un paso al frente para abordar su complicidad en la destrucción de la Amazonia.
En mayo de 2022, el mayor banco francés, BNP Paribas, se comprometió a dejar de financiar o invertir en empresas que en la cuenca amazónica produzcan a partir de reservas de petróleo y gas, o desarrollen infraestructura relacionada.
El pasado diciembre HSBC modificó sus políticas para excluir todos los nuevos servicios financieros y de asesoría para cualquier cliente de petróleo y exploración, evaluación, desarrollo y producción de proyectos de gas en el bioma amazónico.
Esos dos grandes bancos, y otros más pequeños “están enviando señales importantes de que los bancos deberían estar dispuestos a revisar su relación con la destrucción del Amazonas y tomar medidas para gestionar ese riesgo”.
Angeline Robertson, investigadora principal en el grupo Stans.earth, destacó que “los bancos tienen un papel fundamental que desempeñar para cambiar la economía energética detrás de la crisis climática”.
La Amazonia “es una región clave para que los bancos introduzcan políticas globales audaces que puedan cumplir con la intención de defender los derechos humanos, proteger la biodiversidad, y mantener el calentamiento global a 1,5 grados centígrados”, agregó Robertson.
En el Acuerdo de París de 2015, la inmensa mayoría de los países fijó como meta que la temperatura del planeta no aumente más de 1,5 grados centígrados sobre los niveles de la era preindustrial (1850-1900) hacia el año 2050, lo que requiere una drástica reducción de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases.
Las instalaciones para la explotación de petróleo y gas en Urucu, nordeste brasileño, figuran entre las explotaciones de hidrocarburos que, apuntaladas por financiamiento de grandes bancos, generan cambios que pueden ser irreversibles para el clima, la biodiversidad y los pueblos indígenas.
Metástasis o destrucción irreversible
El estudio recoge información según la cual la Amazonia se encuentra en medio de una crisis con punto de inflexión hacia lo irreversible, ya que la deforestación y la alta degradación combinadas ya han alcanzado a 26 % de la región.
El punto de inflexión “debe entenderse como el comienzo de una metástasis o la destrucción irreversible del ecosistema. Como resultado, allí ya se está produciendo una sabanización”, dice el informe.
“Sin embargo, aún es posible preservar 80 % de la Amazonía para 2025. Esa meta requiere medidas urgentes para salvaguardar el 74 % restante (629 millones de hectáreas) de la Amazonia que son Áreas Prioritarias Clave Intactas (33 % del espacio amazónico) y con Baja Degradación (41 %)”.
La preocupación se dirige en primer lugar a Bolivia y Brasil, países que concentran 90 % de toda la deforestación y degradación combinadas de la región, aunque la actividad hidrocarburífera también ha afectado a otras naciones y amenaza los ecosistemas y hábitats de la Amazonia.
En la región hay más de 500 pueblos indígenas, con decenas de ellos que reivindican el aislamiento voluntario, que hablan más de 200 idiomas y suman más de tres millones de habitantes.
Kuiru Castro sostuvo que “la expansión petrolera en la Amazonia no solo es una amenaza latente para los territorios indígenas y ecosistemas vitales en Perú, Ecuador, Brasil y Colombia, sino que también pone en riesgo a decenas de indígenas no contactados, pueblos cuya existencia depende de la intangibilidad de sus territorios”.
“La degradación combinada y la deforestación nos enfrenta a un inminente punto de no retorno que, para nuestros pueblos, se traduce en enfermedades crónicas como consecuencia de la contaminación de nuestros alimentos debido a los metales pesados que se encuentran en los peces y el agua que bebemos”, expresó.
También se traduce en “la pérdida de soberanía, y la violencia sistemática contra los que defienden nuestro hogar”, dijo Kuiru Castro, del pueblo uitoto que habita entre Colombia y Perú.
Delimitación de la Amazonía en Suramérica.
“Hay una correlación directa entre la destrucción de nuestro hogar y los asesinatos de líderes indígenas, defensores de nuestros territorios”, dijo por su parte el ex coordinador de Coica, José Gregorio Díaz Mirabal, del pueblo curripaco en el sur de Venezuela.
“Hemos constatado que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonia es una solución urgente para salvaguardarla. Todos debemos actuar en unidad, y debemos hacerlo antes de 2025”, concluyó Díaz Mirabal.
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