Distinguir entre violencia política, paramilitar y criminal no es tarea fácil. Por ejemplo, ciertos grupos disidentes de las FARC-EP son elegibles para negociaciones, mientras que otros no.
Por Marleen Bosmans
Fuentes: Rebelión [Foto: Negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el ELN en 2018 (Gobierno de Ecuador, Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0)]
Ya durante su campaña electoral Gustavo Petro subrayó que la paz sería la punta de lanza de su gobierno: «La paz es que alguien como yo pueda llegar a la presidencia o alguien como Francia pueda llegar a la vicepresidencia». Ganó. Este lunes 7 de agosto de 2023 Colombia hace el balance de un año de Petro. Fue un año turbulento. El camino hacia la paz no está exento de choques ni obstáculos, pero se sigue caminando.
Que callen los fusiles
Jueves 3 de agosto de 2023: cese de las hostilidades entre el ejército colombiano y la guerrilla más grande del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Al menos por algún tiempo. Se acordó un período de prueba de 180 días, prorrogable si la evaluación es positiva. Es un momento histórico, un hito en la política de Gustavo Petro para poner fin a casi 80 años de violencia política. Silenciar más de medio millón de armas (5.000 del ELN y 500.000 del ejército y de la policía) no es poca cosa. No obstante, ambas partes decidieron lanzarse.
Petro ya había anunciado en diciembre del año pasado que se había llegado a un acuerdo, pero eso pareció un tanto prematuro. Fue como si la delegación del gobierno hubiera dado por sentados sus deseos. Siguieron unos meses tensos pero que finalmente desembocaron en resultados concretos.
En Colombia no hay quien cuestione la urgencia del proceso de paz, bien que la interpretación de esa «urgencia» pueda variar. Para el presidente de Colombia se trata más bien de una carrera contra el tiempo. Persigue ambiciones muy altas, pero su mandato tiene una duración de tan sólo cuatro años. Los negociadores del ELN, por su parte, tienen una relación diferente con el concepto de «tiempo». «Los tiempos nuestros son más rurales», dijo Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, el jefe de la delegación del ELN. El ELN quiere tomarse el tiempo que sea necesario y no está interesado en desperdiciar toda una vida de lucha por reformas estructurales en una mesa de negociación. Quiere avanzar con celeridad, pero también con la seriedad y la disciplina necesarias.
Foto: Israel Ramírez, ‘Pablo Beltrán’ (Rebeldía Entremuros, Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0]
Escalada de la «violencia de alto impacto»
Doscientos doce municipios en veinte departamentos repartidos por las regiones más afectadas por la violencia política anhelan la llegada de tiempos mejores, pero siguen alerta. El cese de fuego solo aplica al ELN y el ejército colombiano. Es un secreto a voces que los vínculos entre el ejército y las organizaciones paramilitares, como el infame Clan del Golfo, se encuentran lejos de ser cortados. Desde hace décadas el paramilitarismo es una parte intrínseca de las estructuras de poder tradicionales del país. El mecanismo es sencillo: la inteligencia militar recopila la información y los paramilitares se encargan del trabajo sucio.
Según el último informe de la Misión de Verificación de la ONU que monitorea la implementación del acuerdo de paz con las FARC-EP – esa otra organización guerrillera que dejó las armas en noviembre de 2016 -, la violencia afecta principalmente a excombatientes de las FARC-EP, defensores de los derechos humanos, líderes sociales y miembros de las comunidades afrocolombianas e indígenas. Los asesinatos, las desapariciones, los masacres, las extorsiones y los reclutamientos forzados siguen siendo parte de la realidad de cada día. En el periodo comprendido entre enero y mayo de este año hubo casi 20.000 personas desplazadas a la fuerza.
Distinguir entre violencia política, paramilitar y criminal no es tarea fácil. Por ejemplo, ciertos grupos disidentes de las FARC-EP son elegibles para negociaciones, mientras que otros no. En marzo de este año el gobierno de Petro presentó al Congreso un proyecto de ley para acabar con las «estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto». Con estas no se negociará. Pero gracias a la «Ley de Sometimiento» solo tendrían que ir a la cárcel entre seis y ocho años, seguidos de un período de libertad condicional de cuatro años, a cambio de confesiones completas, raparaciones para las víctimas y el desmantelamiento total de las estructuras. Le toca a la justicia tomar las decisiones al respecto. Para poder optar a estas penas alternativas, también deberán revelar los nombres de sus comitentes. La casi impunidad con la que estas organizaciones han podido operar hasta la fecha es quizá la mayor amenaza para el proceso de paz en el país. Desde hace meses el proyecto de ley encuentra una fuerte resistencia en el Congreso. Los narcotráficos están excluidos de este arreglo.
Hace unos días la Academic and Research Institute (ACAPS, Institución Académica y de Investigación) de Suiza publicó un informe de estudio que demuestra que el espacio «liberado» por un cese de fuego con solo una o unas cuantas organizaciones muy rápidamente es ocupado por otros grupos armados en un afán de expandir su territorio. Cuanto más se demora el Congreso, mayor será el riesgo de que la violencia en Colombia siga escalando y se salga de control definitivamente.
Un año es poco para una reversión fundamental de la situación, pero es innegable que se están produciendo avances importantes. Según Petro, la confrontación armada no es la solución. «Yo creo que la sociedad colombiana se merece la construcción de un camino pacífico. En el mundo de la guerra solo se ha empoderado el narcotráfico», dijo en su cuenta de Twitter.
«Una paz chiquita» no es una opción
Durante su campaña electoral Petro ya dejó en claro que la paz estaría en el centro de su programa de gobierno. “Una paz chiquita», como la llamó, no es una opción. Petro es crítico del acuerdo de paz con las FARC-EP porque no aborda suficientemente las causas estructurales de la violencia política: la gran desigualdad, la exclusión política y la precaria situación de los campesinos. No quiere que se repitan las experiencias con los Gobiernos colombianos respectivos en el pasado respecto al cumplimiento de los acuerdos de paz. Para sus antecesores no fue una prioridad respetar los compromisos con las FARC-EP. Incluso hay quienes dicen que el presidente Duque tenía un solo objetivo en la mente: el aniquilamiento de la guerrilla.
El cumplimiento de los acuerdos con las FARC-EP y el logro de una «paz total» son prioridades mayores en el “Plan de Nacional de Desarrollo 2022-2026. Colombia: potencia mundial de la vida”. Petro arrancó inmediatamente con las reformas agrarias acordadas, incluida la tramitación adecuada de las más de 36.000 demandas de regularización de títulos de tierra, muchos expedientes de las cuales ya llevan más de 60 años acumulando polvo. Pero Gustavo Petro quiere ir aún más lejos. Tras meses de disputas entre la oposición y los partidos del gobierno, el Congreso reconoció finalmente el 13 de junio de 2023 los derechos de los campesinos, derechos que también quedarán consagrados en la Constitución.
Foto: Firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP en Cuba en 2016 (ACN)
Participación es la palabra clave en la política de Petro. Esto también se aplica a las negociaciones de paz, lo que además se acordó explícitamente con el ELN en abril de 2023, cuando se pactó la agenda de diálogos. Las decisiones importantes ya no se toman exclusivamente en los cenáculos de los partidos en Bogotá. Al igual que el presidente y el vicepresidente, los ministros y funcionarios toman constantemente el pulso con numerosas visitas sobre el terreno hasta en las zonas más remotas del país para explicar las políticas y reajustarlas conjuntamente cuando sea necesario. Prueba de esto son los numerosos «posts» en las redes sociales, donde cualquiera puede seguir los encuentros y consultarlos posteriormente. Para orientar las negociaciones de paz, el 3 de agosto también se instaló oficialmente el Comité Nacional de Participación, que fue creado especialmente para este fin.
Movilización masiva contra “la guerra blanda”
El hecho de que Petro no quiera ser solo el presidente de las élites poderosas está provocando reacciones fuertes entre los grupos de interés político y económico. Abundan las campañas de difamación y los ataques en la prensa contra el primer mandatario. Las empresas de encuestas están haciendo buenos negocios. Basta una búsqueda rápida para comprobar los malabarismos que se están haciendo con los números y los datos en su afán de mostrar que la popularidad de Petro y su equipo está cayendo catastróficamente.
Los ataques provienen tanto de la oposición como de sus propias filas, incluso de su propia familia. La prensa nacional e internacional se está relamiendo con el escándalo que rodea a su hijo. Hace unos días fue detenido por blanqueo de dineros y malversación de fondos para la campaña electoral de su padre. El hecho de que la fiscalía no haya encontrado hasta ahora el menor indicio de que el presidente sea cómplice ha recibido poca atención.
Gustavo Petro tiene que hacer frente casi a diario a una cascada de calumnias y ataques en su contra. Ya ha reorganizado su gabinete dos veces y en la prensa corren los rumores de que pronto lo hará por tercera vez. Quien obstaculice la ejecución de lo acordado en el Plan Nacional tiene que irse. Quienes intentan aprovecharse de su posición para obtener un trato preferencial para familiares o amigos, también.
Según dice Petro, ya ha sobrevivido a varios «golpes blandos». Apenas lleva un año al frente del gobierno. La lucha por el respeto a la voz del pueblo también se libra en las calles. El 7 de junio decenas de miles de colombianos de todas las edades, clases y orígenes marcharon para mostrar su apoyo a «su presidente». Petro no se anduvo con rodeos ante una multitud entusiasmada en la Plaza Bolívar en la capital de Bogotá: “Quieren hundir las reformas y luego destruir al presidente […], es decir, llevarlo a la cárcel y cambiar el Gobierno por un nuevo presidente, no elegido por el pueblo.” Y advirtió: “Que no se atrevan a romper con la democracia en Colombia porque se encontrarán con un gigante: el pueblo de Colombia en las calles de este país.”
No habrá paz sin el apoyo de América Latina y el Caribe
La participación activa de la población en todo el proceso de paz es crucial, pero sin el apoyo activo de América Latina y el Caribe, Petro nunca habría podido lograr avances sustanciales en tan poco tiempo. Tras años de estancamiento Venezuela fue el país anfitrión para reiniciar el proceso (noviembre de 2022). En México se logró un acuerdo entre el Gobierno y el ELN sobre la agenda de diálogos (abril de 2023). Cuba desempeñó un papel clave para pactar un acuerdo de cese de fuego (junio de 2023). Junto con Brasil, Chile y Noruega (como único país no latinoamericano) han asumido la responsabilidad de velar por el buen desarrollo de las negociaciones como «países garantes». Venezuela también acogerá la reanudación de las negociaciones con el mayor grupo disidente de las FARC, el Estado Mayor Central (EMC).
Este compromiso responde plenamente a la declaración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) de hacer de su región una «Zona de Paz», lo cual no siempre es del agrado de – otra vez – Estados Unidos. Desde 2018 Cuba figura en la lista de países terroristas de Estados Unidos por negarse a extraditar a los negociadores del ELN. Ningún país del mundo ha tenido que pagar un precio tan alto por su apoyo total a la búsqueda de una paz duradera a través de la mesa de negociaciones.
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Traducción hecha por la autora. Artículo original publicado en De Wereld Morgen, Bélgica, 7 de agosto de 2023, bajo el sistema de Creative Commons: https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2023/08/07/in-colombia-loopt-de-weg-naar-de-vrede-over-een-politiek-mijnenveld/
Marleen Bosmans es politóloga y trabajó durante más de 40 años como experta de derechos humanos en distintas áreas de la cooperación internacional de Bélgica en América Latina y el Caribe, África y Asia.
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