DOSSIER:
A la obstrucción constante que la CPI ha sufrido por parte de Washington se une el último golpe dado este jueves en forma de orden ejecutiva por el presidente estadounidense, Donald Trump...
La CPI lanzó una investigación después de que el examen preliminar de los fiscales en 2017 encontró motivos razonables para creer que soldados estadounidenses cometieron crímenes de guerra en Afganistán...
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1. Golpe preventivo a La Haya por investigar la invasión de Afganistán
Estados Unidos anunció sanciones a funcionarios de la Corte Penal Internacional
Imagen: AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (foto), ordenó ayer sanciones contra cualquier funcionario de la Corte Penal Internacional (CPI) que procese a militares estadounidenses, en un momento en que el tribunal estudia presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas en Afganistán.
En una orden ejecutiva, Trump anunció que Estados Unidos va a bloquear las propiedades o activos de cualquier funcionario del tribunal de La Haya que esté involucrado en la investigación. La Casa Blanca también autorizó que se emitan restricciones de visas para entrar a Estados Unidos, lo que también afectará al resto de la familia de los funcionaros sancionados.
"Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque contra los derechos del pueblo estadounidense y amenazan con infringir nuestra soberanía nacional", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, en un comunicado. En ese texto, el gobierno de Estados Unidos recordó que su país no forma parte del Estatuto de Roma y ha rechazado reiteradamente las afirmaciones de que la CPI tiene jurisdicción sobre el personal de Estados Unidos.
El gobierno de Trump revocó el año pasado la visa de la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, buscando presionarla para que desistiera de investigar incidentes durante la larga guerra en Afganistán. En marzo el tribunal autorizó en una apelación la apertura de una investigación por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Afganistán. Bensouda desea examinar no solo los supuestos crímenes cometidos desde 2003 por los soldados talibanes y afganos, sino también los que hubieran podido cometer las fuerzas internacionales, sobre todo las tropas estadounidenses. La fiscal también busca investigar acusaciones de tortura que pesan sobre la CIA.
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió a los aliados de su país que la investigación también los concierne. "Es un mensaje para varios aliados cercanos en todo el mundo especialmente aquellos países de la OTAN que lucharon contra el terrorismo en Afganistán del lado de Estados Unidos", señaló.
El fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, a su vez acusó a Rusia de "manipular" la CPI. "Potencias extranjeras como Rusia también están manipulando la CPI para adelantar sus propios intereses", indicó Barr a los periodistas.
En cambio la ONG Human Rights Watch criticó la decisión del presidente estadounidense. "La orden de Trump demuestra un desprecio por el Estado de Derecho global. Este ataque contra la CPI es un esfuerzo para impedir que víctimas de crímenes muy graves, ya sea en Afganistán, Israel o Palestina busquen justicia", afirmó en un comunicado.
En La Haya, un portavoz del tribunal indicó que estaban al tanto del anuncio en Washington y que emitirán una reacción tras examinar su contenido.
La corte con sede en La Haya, fundada en 2002, basa su investigación en que sí tiene jurisdicción sobre el país.El tribunal internacional enfrenta una crisis profunda en un momento en que varios países de África cuestionan al organismo e ingnoraron un mandato de detención internacional contra el expresidente de Sudán Omar al Bashir.
Trump ha emprendido una campaña contra instituciones multilaterales que considera que van en contra de los intereses de su país y recientemente anunció el retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por sus críticas a la respuesta frente al coronavirus.
El rol de la Corte ya había sido criticado por anteriores administraciones como el gobierno del presidente republicano George W. Bush, que alentó a los países miembros a cerrarla. Su sucesor Barack Obama adoptó un tono menos belicoso, aunque sin adherir tampoco al Estatuto de Roma.
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/271802-estadoa-unidos-anuncio-sanciones-a-funcionarios-de-la-corte-CORTE PENAL INTERNACIONAL
2. Trump dicta sanciones contra funcionarios de la Corte Penal Internacional
La Casa Blanca castigará económicamente y con restricciones en sus viajes a quienes pretendan investigar la actuación del Ejército de EE UU
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Foto de archivo de Donald Trump en Afganistán.TOM BRENNER / REUTERS
YOLANDA MONGE
Washington
Estados Unidos ha vivido siempre de espaldas, incluso en la guerra, a la Corte Penal Internacional (CPI). Desde su fundación en 2002 con el objetivo de ser “la mejor defensa contra la impunidad”, como dijera el antiguo secretario de la ONU Kofi Annan, Washington se desmarcó del “eslabón que faltaba en el sistema jurídico internacional” (palabras de Annan). Bill Clinton quiso dar un golpe de efecto y firmó su entrada en la CPI un día antes de abandonar el poder, pero la Administración de George W. Bush se apresuró a retirar su firma del estatuto del primer tribunal permanente, con sede en La Haya.
A la obstrucción constante que la CPI ha sufrido por parte de Washington se une el último golpe dado este jueves en forma de orden ejecutiva por el presidente estadounidense, Donald Trump. El mandatario ha autorizado sanciones económicas y restricciones de visados de viajes contra los funcionarios de la CPI directamente relacionados con investigaciones sobre los efectivos del Ejército de Estados Unidos y agentes de la inteligencia por posibles crímenes de guerra. Entre estas medidas figura el bloqueo de propiedades que estos funcionarios puedan tener bajo jurisdicción estadounidense.
“Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque a los derechos de los estadounidenses y amenazan con socavar nuestra soberanía nacional', señaló la Casa Blanca a través de su jefa de prensa, Kayleigh McEnany. Además, por enésima vez, la Casa Blanca ha recordado que Estados Unidos no es firmante del Estatuto de Roma y que, por tanto, considera cualquier acción por parte de la CPI “un ataque".
En opinión de la Casa Blanca, la Corte adopta “investigaciones por motivos políticos”, sin aludir directamente a la decisión del CPI de autorizar una indagación formal por los presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, en los que quedarían incluidas también las tropas de Estados Unidos. Como consecuencia, añade McEnany, “el presidente ha autorizado sanciones económicas contra funcionarios de la Corte directamente implicados en un esfuerzo para investigar a personal de Estados Unidos sin el consentimiento de Estados Unidos”.
El secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, este jueves. En vídeo, Pompeo explica las sanciones a los funcionarios de la Corte Penal Internacional. AP | REUTERS
“El CPI se creó para que rindiesen cuentas criminales de guerra, pero en la práctica ha supuesto una burocracia internacional ineficaz que ataca y amenaza al personal de Estados Unidos, así como al de nuestros socios y aliados [en referencia a Israel]”, ha esgrimido la portavoz de Trump. En su discurso ante la ONU, en 2018, Trump rechazó la “legitimidad y autoridad” de la Corte, por considerar que se extralimita en sus decisiones y vulnera la soberanía del país.
La orden ejecutiva firmada por Trump es el penúltimo asalto de su Administración contra aquellas organizaciones internacionales, tratados y acuerdos que no se ajustan a sus políticas. Desde que llegó al poder, Estados Unidos se ha retirado del Acuerdo del Clima de París, del Acuerdo Nuclear con Irán y otros dos tratados para el control de armas con Rusia. Trump ha sacado al país del Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Unesco (la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Su último golpe al internacionalismo se lo ha asestado a la Organización Mundial de la Salud, al anunciar el fin de la cooperación, en plena pandemia de coronavirus, con el organismo internacional.
Fuente:
3. La UE y la ONU consideran "preocupante" la decisión de EE.UU. de sancionar a funcionarios de la Corte Penal Internacional
Washington impuso sanciones económicas contra empleados del organismo que investigaban posibles crímenes de guerra en Afganistán.
Sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica. 19 de febrero de 2020.Yves Herman / Reuters
Tanto la Unión Europea (UE) como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han expresado su preocupación por la decisión de EE.UU. de imponer sanciones económicas contra funcionarios de la Corte Penal Internacional que investigan posibles crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de seguridad estadounidenses en Afganistán.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, afirmó que es "muy preocupante" que Washington tome represalias contra cualquier funcionario de la corte la corte que busca esclarecer si se cometieron crímenes de guerra.
Trump autoriza sanciones contra funcionarios de la Corte Penal Internacional por investigación de crímenes de guerra en Afganistán
En la misma línea se manifestó la ONU asegurando que seguirán de cerca los acontecimientos. "Contamos con que cualquier restricción en relación a personas concretas no vaya en contra de las obligaciones que tiene EE.UU. como país anfitrión de la ONU", declaró Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de las Naciones Unidas.
El presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva autorizando sanciones contra funcionarios de la CPI que investigaban si Washington cometió o no crímenes de guerra en Afganistán. La orden autoriza bloquear los activos en EE.UU. de los empleados de la CPI y la "ampliación de las restricciones de visa" contra los funcionarios de la corte y sus familiares.
La Administración Trump basó su decisión en que la investigación "está siendo impulsada por una organización de dudosa integridad". Washington describió las acciones de la corte como "un ataque a los derechos del pueblo estadounidense" y una amenaza a su "soberanía nacional".
Trump ha atacado reiteradamente a la corte con sede en La Haya, creada para procesar crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. La organización tiene jurisdicción si un estado miembro no puede o no quiere enjuiciar las atrocidades por sí mismo.
4. Trump autoriza sanciones contra funcionarios de la Corte Penal Internacional por investigación de crímenes de guerra en Afganistán
La Administración Trump basó su decisión en que la investigación "está siendo impulsada por una organización de dudosa integridad".
Foto: Kevin Lamarque / Reuters
El presidente de EE.UU. Donald Trump ha firmado este jueves una orden ejecutiva autorizando sanciones contra funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) que investigaban si Washington cometió o no crímenes de guerra en Afganistán.
Un alto funcionario de la Administración Trump, sin dar detalles, señaló que la investigación de la CPI "está siendo impulsada por una organización de dudosa integridad" y acusó a Rusia de estar involucrada. La orden autoriza a bloquear los activos en EE.UU. de los empleados de la CPI y negarles la entrada al país.
La oficina de prensa de la Casa Blanca destacó que el mandatario estadounidense también autorizó la "ampliación de las restricciones de visa" contra los funcionarios de la corte y sus familiares.
Washington describió las acciones de la corte como "un ataque a los derechos del pueblo estadounidense" y una amenaza a su "soberanía nacional". La Casa Blanca considera que aunque el organismo se estableció "para proporcionar responsabilidad por crímenes de guerra" en la práctica se ha vuelto "inexplicable e ineficaz".
Trump ha atacado reiteradamente a la corte con sede en La Haya, creada para procesar crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. La organización tiene jurisdicción si un estado miembro no puede o no quiere enjuiciar las atrocidades por sí mismo.
La CPI lanzó una investigación después de que el examen preliminar de los fiscales en 2017 encontró motivos razonables para creer que soldados estadounidenses cometieron crímenes de guerra en Afganistán.
El fiscal de la CPI, Fatou Bensouda ha mostrado su interés en investigar posibles crímenes cometidos entre 2003 y 2014, incluidos presuntos asesinatos en masa de civiles por parte de los talibanes, así como la supuesta tortura de prisioneros por parte de las autoridades afganas y la participación de las fuerzas estadounidenses y la CIA en estos crímenes.
Fuentes:
5. EEUU presionó y logró que la Corte Penal Internacional no investigue sus crímenes en Afganistán
Mirko C. Trudeau *
Presionados por Washington, los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazaron una petición de abrir una investigación por los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por fuerzas militares y mercenarias estadounidenses en Afganistán, una decisión que Estados Unidos tildó de “gran victoria”.
El anuncio es un duro revés para la fiscalía, y fue rápidamente criticado por grupos de defensa de derechos humanos para los que s un “golpe devastador” para las víctimas del conflicto afgano iniciado en 2003.
“Los jueces decidieron que una investigación sobre la situación en Afganistán en este momento no serviría a los intereses de la justicia”, indicó en un comunicado la corte con sede en La Haya, pese a haber admitido que existía “una base razonable que permite considerar que se puedan haber cometido crímenes en Afganistán que son de la competencia de la CPI”.
Sin embargo, han rechazado que la investigación y el proceso judicial pudieran llevarse a cabo con éxito en la situación actual y por la “previsible ausencia de recursos adicionales para el presupuesto de la corte”, “En consecuencia, es poco probable que la continuación de una investigación conduzca al logro de los objetivos enumerados por las víctimas a favor de la investigación”, concluyeron los jueces.
El rechazo de Estados Unidos se hizo patente desde que la Fiscalía solicitara en noviembre de 2017 abrir la investigación sobre Afganistán, y el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, amenazó en septiembre con imponer sanciones económicas contra el personal de la corte. Además, hace un mes anunció que prohibiría la entrada a EEUU de los juristas de la CPI y cumplió su palabra la semana pasada, cuando le retiró el visado a la fiscal general, Fatou Bensouda.
Así, por medio de presiones y sanciones, EEUU logró impedir cualquier investigación por la institución de las múltiples violaciones de los derechos humanos de las tropas estadounidenses desplegadas en Afganistán o en otros países, así como las de su aliado régimen israelí.
Pompeo reveló que la Administración del presidente Donald Trump tiene también planes para imponer embargos económicos a la CPI si “no cambia su actitud”. Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma que en 2002 constituyó la CPI, cuyo objetivo es llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidios. Obviamente porque podría investigar sus genocidios en Afganistán, Irak y otros países.
Varias organizaciones humanitarias reprocharon a la Corte Penal Internacional (CPI) su rechazo a investigar a tropas estadounidenses, talibanes y autoridades de Afganistán por crímenes de guerra y de lesa humanidad en ese país. “Los jueces han dejado que las consideraciones políticas superen a los derechos de las víctimas”, indicó la directora asociada de Human Rights Watch (HRW) Param-Preet Singh, que calificó la decisión de “golpe devastador para las víctimas”.
“La decisión será vista como una capitulación ante la intimidación y las amenazas de Washington”, afirmo en un comunicado el director de Asia del Sur de Amnistía Internacional, Biraj Patnaik, quien tildó el rechazo a la investigación como “sorprendente” y auguró que “debilitará la ya cuestionada credibilidad de la corte”.
El presidente Donald Trump habló el viernes de una “gran victoria” para el “Estado de derecho”. Su secretario de Estado, Mike Pompeo, indicó: “Estoy contento de que la corte haya reconsiderado sus actos”, dijo.
Bensouda anunció en noviembre de 2017 que iba a pedir a los jueces la autorización de abrir una investigación sobre los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto afgano, en especial por el ejército estadounidense. La oficina de la fiscal abrió un examen preliminar en 2006. La fiscal no excluyó presentar un “recurso” ante la CPI.
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*Economista-jefe del Observatorio de Estudios Macroeconómicos (Nueva York), Analista de temas de EEUU y Europa, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
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