Una clara operación de asedio a Venezuela
1. Con la vergonzante obsecuencia del gobierno de Duque, otra vez Washington viola soberanía colombiana para amedrentar militarmente a Venezuela
“La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio”, (art. 250 Constitución Política de Colombia).
OCTAVIO QUINTERO
Amenaza a la paz regional. Con el falso y desgastado pretexto de la “lucha contra el narcotráfico”, Washington determinó enviar una Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB) compuesta por 800 soldados estadounidenses a Colombia, en una clara operación de asedio a Venezuela, pues sus operaciones se desarrollarán coincidencialmente en el Catatumbo (Norte de Santander) y el departamento de Arauca, regiones limítrofes con la nación bolivariana.
Esta imposición de Washington constituye otra de las mayores vergüenzas para Colombia, y la demostración de la condición del gobierno de Iván Duque como títere de los Estados Unidos. Como ha ocurrido en las últimas décadas, la “guerra contra las drogas” justifica todo para la indigna clase gobernante colombiana. No importa que se violente el orden constitucional y se pisotee la soberanía nacional.
La Brigada que enviará Estados Unidos a Colombia la componen 800 oficiales y suboficiales para acciones de combate. No son asesores como dice el gobierno de Duque. Van a operar en puntos críticos fronterizos.
El pasado 23 de enero 75 paracaidistas y 40 militares estadounidenses realizaron ejercicios castrenses en Colombia. El 3 de marzo hicieron ejercicios conjuntos en la Guajira con pretexto humanitario en el llamado “Ejercicio Vita”. Ahora llegan nuevos efectivos. Es un plan de la administración de Donald Trump ejecutado por el gobierno obsecuente de Duque.
Al enorme despliegue por parte del Comando Sur de barcos de guerra en el Caribe frente a la costa de Venezuela participan 300 soldados norteamericanos, cuya acción de tratar de acorralar, amedrentar y bloquear a este país, se verá fortalecida con los 800 efectivos que operarán en Colombia.
Lo mismo que antes
La decisión es copia al carbón de la misma decisión tomada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), el 30 de octubre del 2009, cuando también, violando la Constitución, autorizó la instalación de siete bases militares en distintas partes del territorio colombiano.
El argumento es el mismo: “combatir con mayor eficacia el narcotráfico y el terrorismo en Colombia”, decía el acuerdo suscrito entre Uribe y el mandatario estadounidense Barack Obama. Si 11 años después hay que recurrir a la misma estrategia es, llanamente, por una de dos: o que las tropas norteamericanas no vienen a este país suramericano, fundamentalmente, a combatir el narcotráfico y el terrorismo en Colombia, o que, la estrategia es un fracaso. Si no vienen a eso, ¿a qué vienen? Nos merecemos una explicación; si es un fracaso, ¿por qué se insiste en lo mismo? También amerita explicación.
Lo mismo que ahora, la incursión de militares estadounidenses en operaciones en territorio nacional generó un intenso y extenso debate jurídico, político y público, el cual resolvió la Corte Constitucional, un tanto salomónicamente, tomando la decisión de:
Primero.- REMITIR al Presidente de la República el denominado “Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América”, suscrito en Bogotá el 30 de octubre de 2009, para que le imparta el trámite constitucionalmente previsto para los tratados internacionales.
Segundo.- DECLARAR que el denominado Acuerdo (…) no puede surtir efectos en el ordenamiento interno colombiano hasta tanto (SIC) cumpla con el trámite constitucional previsto para los tratados en forma solemne, de conformidad con lo establecido en los artículos 150.16, 154, 157, 158, 160, 165, 224 y 241 numeral 10 de la Carta Política.
El comunicado con el que se informa a los colombianos “la llegada al país de una brigada norteamericana”, no solo es un acuerdo avalado por el Gobierno nacional, sino que, además, se le relega a segundo plano al decir: “La Embajada de Estados Unidos y el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, informan…”. Como diría Perogrullo, primero está el uno que el dos.
Almirante Craig S. Faller, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, encargado de asediar en las aguas del Caribe a Venezuela.
Obstinación
En tanto que las altas Cortes o las denominadas IAS (entidades de vigilancia y control: Fiscalía, Contraloría y Procuraduría), no tomen una decisión que aleccione la conducta recurrente de los altos funcionarios del Estado de violar la Constitución o incumplir, olímpicamente, sentencias ya decantadas jurídicamente, Colombia seguirá siendo mera ‘Banana Republic’.
El caso específico de la presencia de militares estadounidenses en Colombia en distintas actividades misionales conlleva violación de la Constitución con consecuencias que resultan o pueden resultar gravísimas. En momentos en que la tensión con Venezuela es evidente; en que se acaba de abortar un plan para derrocar a Maduro (operación Gedeón), en el cual la implicación de Colombia también es evidente; en cuyo derrocamiento Estados Unidos reconoce que “todas las opciones están sobre la mesa”, permitir el ingreso de la brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB en inglés) a territorio colombiano puede ser tomado como una provocación a Venezuela, configurándose así un delito en cabeza del presidente Duque:
“El colombiano… que realice actos dirigidos a provocar contra Colombia guerra u hostilidades de otra nación, incurrirá en prisión de 160 a 360 meses” (art. 458, Código Penal).
¿No es este trabajo de los jueces y fiscales investigar posibles delitos?
“La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio”, (art. 250 Constitución Política de Colombia).
¿Tendremos que seguir haciéndolo la sociedad civil ante la inacción o permisividad de las altas cortes (sentencias moduladas en sus efectos) y los entes de control que tienen la obligación de hacerlo? ¿A que nos conducirá el nuevo debate sobre lo mismo ya juzgado hace 11 años? ¿A más blablablá? ¡No puede ser!
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2. George Floyd y los tres detonantes de las protestas en EE.UU.
Foto: Flickr/
El asesinato de George Floyd, puso en evidencia la discriminación que aún vive Estados Unidos. Y este hecho ha dado pie a una serie de protestas en contra del racismo en un país donde, según un estudio publicado por la Academia Nacional de Ciencias en 2019, aproximadamente 1 de cada 1.000 hombres y niños negros puede esperar morir a manos de la policía, y la población afro representan el 13,4% de su demografía.
Para Gimena Sánchez de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) la ola de protestas que desató el asesinato de George Floyd es la suma de varios factores, entre ellos el histórico racismo estructural que ha vivido el país después de la guerra civil; las más de 104.000 muertes en EE.UU. por covid-19, la crisis de los empleos que ha llevado a que más de 2,12 millones de personas a solicitar el subsidio por desempleo y por último, pero no menos indignante, la gestión del presidente Donald Trump.
Y es que el mandatario se ha referido a las protestas que han dejando a más de 4.400 personas bajo arresto desde que comenzaron, como «terrorismo nacional», afirmando que “si una ciudad o estado se niega a tomar las medidas necesaria, entonces desplegaré el ejército de los Estados Unidos”, instando a los gobernadores a actuar contra los manifestantes. Un anuncio en ese sentido se conoció al cierre de esta nota.
«La crisis destapo que el sistema realmente solo apoya a personas que tienen dinero, mostró la quiebra del sistema de salud y cómo ha afectado a personas en situación de pobreza como latinos y afrodescendientes», de hecho George Floyd trabajaba como personal de seguridad en un restaurant, pese a ello debido a las medidas de confinamiento por la pandemia fue una de las muchas personas que perdió su empleo. (Le puede interesar: 75 años después, Auschwitz y las nuevas caras del fascismo)
Aunque las protestas se han multiplicado en al menos 45 ciudades, la mayoría pacíficamente, también han incrementado los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y algunos ciudadanos, mientras en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Miami, Detroit, Washington se ha extendido el toque de queda, cerca de 5.000 soldados de la Guardia Nacional también se han desplegado en 15 estados.
«En las noches hay saqueos organizados entre otros, por grupos de extrema derecha que creen que debe haber una limpieza a través de una guerra racial», relata la defensora de DD.HH. (Lea también: Informe revela las inhumanas acciones de EE.UU. con migrantes centroamericanos)
La violencia de las autoridades también es un tema de preocupación, tan solo en 2017, la Policía de Estados Unidos mató a 987 personas, mientras que en 2016, de las 509 personas asesinadas por la fuerza policial, 123 eran afroamericanas.
El racismo estructural sigue vigente
Pese al trabajo del movimiento de derechos civiles en los sesenta, pese a figuras como Martin Luther King y las reformas que se han hecho buscando una igualdad, medios locales coinciden en que después de la victoria electoral de Trump en el 2016, grupos supremacistas, neonazis se sintieron legitimados.
Por su parte Sánchez señala que con la llegada de Barack Obama a la presidencia de los EE.UU. existió una falsa noción de que se estaba viviendo en un momento post-racial, pero el asesinato de George Floyd, las políticas de la administración Trump de cara al Covid-19 y la crisis económica han evidenciado lo contrario.
Dicha desigualdad es más clara cuando se revisan los registros de contagios de Covid- 19 en Estados Unidos que revelan cómo las comunidades de color han sido mayormente afectadas, pues según epidemiólogos, los condados con mayor proporción de población negra representaron más de la mitad de todos los casos y casi el 60% de las muertes durante el mes de abril, dejando al descubierto que la población afro tiene menos acceso a los servicios de salud, y sufren frecuentemente de otras enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad y asma. (Le recomendamos leer: «No puedo respirar”)
El «racismo estructural y sistémico del que han advertido, no solo permea el sistema de salud, sino que llega a otras dimensiones como la laboral, la económica y social, pues se trata de una población con menos garantías de salud con relación a otros sectores, reciben menos ingresos y siguen trabajando en las calles durante la pandemia.
Las protestas van a generar un cambio en los EE.UU.
«Es muy positivo lo que ha pasado porque la mayoría de las personas están despertando» afirma Gimena Sánchez, pues cree que las protestas y el accionar de la ciudadanía abren la posibilidad de que existan nuevos liderazgos a nivel local para realizar reformas «pues sienten que los dos partidos tradicionales, democrata y republicano no están con la gente, por lo que se requieren nuevas ideas», más allá de saber quién ganará las elecciones presidenciales de noviembre de este año.
Sáchez compara la doctrina del enemigo interno que existe en Colombia y que se aplica contra defensores de DD.HH, organizaciones sociales y diferentes gremios con una situación similar en los Estados Unidos que vincula directamente a la Policía, de la que advierte ha sido militarizada con el pasar de los años al otorgarle armas y vehículos usados en Irak, por lo que, advierte se requieren cambios legislativos.
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