Gobiernos de Washington y Bogotá, cómplices de la impunidad abierta y organizada del paramilitarismo en Colombia
El jefe paramilitar Salvatore Mancuso regresará a Colombia, pero después de 12 años en Estados Unidos de silencio queda clara la impunidad organizada entre los gobiernos colombiano y norteamericano con los crímenes de lesa humanidad cometidos por las bandas autodenominadas de defensa que han masacrado, desaparecido, torturado y violado miles de civiles en prácticamente toda las regiones de la geografía colombiana.
Mancuso retornará a Colombia después de que el 13 de mayo de 2008 el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, anunciara la extradición a ese país de 14 líderes paramilitares acusados de narcotráfico. Como parte de sus esfuerzos por controlar territorio y rutas de la droga, estos líderes asesinaron a miembros de los movimientos sociales y de la sociedad civil en general a quienes percibían como amenazas. Aunque las autoridades norteamericanas aseguraron que la extradición no interferiría en los esfuerzos de Colombia de buscar justicia por las atrocidades cometidas, esta medida tuvo consecuencias terribles para las víctimas e impidió la cooperación de los extraditados en las investigaciones de violaciones de derechos humanos y crímenes en Colombia. El gobierno de Estados Unidos no promovió la cooperación de los extraditados con los procesos judiciales colombianos. Al contrario, propició la impunidad de los crímenes al no incentivar a los extraditados a revelar detalles de sus actos y las identidades de sus cómplices en el ejército, el gobierno, los empresarios colombianos y las corporaciones multinacionales.
Salvatore Mancuso
Salvatore Mancuso Gómez fue uno de los líderes más poderosos del alto mando paramilitar, quien, junto a los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil, contribuyó a crear las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización ilegal que agrupó a un conjunto de estructuras paramilitares del país, tiene cuentas pendientes con la justicia colombiana que deberá atender una vez salga de la prisión de Atlanta (Georgia), donde se encuentra recluido. Este jefe paramilitar planeó y llevó a cabo muchas de las masacres más sangrientas en Colombia, incluyendo la tortura y masacre, en 1997, de 50 residentes del municipio de Mapiripán. Ha confesado 477 crímenes con 881 víctimas de asesinatos, desapariciones forzadas, reclutamiento forzado de menores y desplazamiento forzado, pero se lo llevaron solamente bajo la acusación de narcotráfico. Los miembros del paramilitarismo han masacrado, desaparecido, torturado y violado miles de civiles. Para 2002, período cumbre de la violencia paramilitar en Colombia, los Estados Unidos calculó que el grupo llevó a cabo alrededor del 80% de los asesinatos y desapariciones en el país.
Beneficios penales a los paramilitares
En el año 2005, el Congreso colombiano aprobó la Ley 975 de Justicia y Paz, que les otorgó beneficios a los paramilitares a cambio del desarme, la entrega de sus bienes, y decir la verdad con respecto a las violaciones de derechos humanos que hubieran cometido. Sin embargo, todos los líderes que fueron extraditados eran participantes del programa de la Ley de Justicia y Paz, y habían empezado a revelar detalles de sus crímenes y las identidades de sus cómplices. No obstante, desde su extradición, la cooperación de los paramilitares con la justicia colombiana se estancó.
Las negociaciones como parte de los juicios entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y los extraditados no contienen incentivos para que los extraditados revelen los detalles de sus crímenes y violaciones de derechos humanos. En su mayoría los extraditados han sido sentenciados a penas entre cuatro y 20 años y solo por cargos de narcotráfico.
Los comandantes paramilitares actuaron en complicidad con sectores políticos, militares, y empresariales para asegurar el control de las áreas en las que operaban. En el 2000, Human Rights Watch documentó, que la mitad de las 18 unidades de brigadas del ejército colombiano colaboraron regularmente con la actividad paramilitar. Oficiales del ejército colombiano participaron directamente en varias masacres cometidas por grupos paramilitares. A cambio de protección política, los militares colombianos trabajaron con los paramilitares para intimidar y asesinar ciudadanos y también para asegurar votos en todo el territorio nacional. En la década de los 2000, varios líderes paramilitares afirmaron que ellos controlaban la mayoría del Congreso colombiano. Las empresas nacionales e internacionales que operaban en Colombia le habían otorgado a los paramilitares apoyo financiero y logístico. Después de que Estados Unidos acusara a varios comandantes de narcotráfico en 2002, éstos prometieron un cese al fuego unilateral y entraron en conversaciones con el gobierno colombiano.
La Ley de Justicia Paz, ofreció amnistía y beneficios a cualquier miembro del paramilitarismo, desde soldados rasos hasta los altos mandos. Si los paramilitares cumplían los requisitos contemplados en ese marco legal, pagarían sentencias de cinco a ocho años, independientemente de la severidad de sus crímenes o su rango o rol. Según el gobierno los solicitantes debían proveer información sobre la estructura y jerarquía de la organización, su rango y rol, y confesar sus crímenes. Las víctimas de la violencia paramilitar pudieron atender las audiencias y plantear preguntas a los victimarios. El gobierno colombiano reporta que, en junio del 2009, más de 27,000 víctimas habían participado de 1,836 audiencias.
En Colombia, los paramilitares tenían las motivaciones de la no extradición a Estados Unidos y sentencias reducidas a cambio de su cooperación. Sin embargo, todo esto fue irrelevante en Estados Unidos, en donde han cumplido sentencias solo por narcotráfico. Por lo tanto, esas extradiciones impactaron de manera muy grave las víctimas del paramilitarismo en Colombia. Para asegurar el involucramiento de las víctimas en el proceso de la Ley de Justicia y Paz, las autoridades de los Estados Unidos y Colombia inicialmente habían planeado que los acusados dieran sus testimonios por video-conferencia con la participación de las víctimas, pero las autoridades colombianas cancelaron muchas de las transmisiones citando falta de fondos.
Impunidad abierta
Las órdenes de extradición establecían que Estados Unidos buscaría la transferencia de los bienes adquiridos de los acusados al Fondo de Reparación de Víctimas. Aunque Estados Unidos ha identificado bienes de 21 de los 30 extraditados, no hay indicios de que oficiales de ese país hayan transferido estos recursos a las víctimas en Colombia. El fondo actualmente contiene más de cuatro millones de dólares en bienes de los paramilitares para satisfacer las reclamaciones de las víctimas. Además, las víctimas colombianas no han logrado buscar compensación económica contra los extraditados en los procedimientos legales en los Estados Unidos. En teoría, las víctimas pueden recibir una compensación de los extraditados y ser informados de los términos de cualquier acuerdo pactado en las negociaciones como parte de los procesos legales en Estados Unidos y las sentencias bajo la Ley de los Derechos de las Víctimas del Crimen (CVRA). Sin embargo, los responsables se han opuesto a los esfuerzos de las víctimas colombianas y se han negado a reconocerlos como víctimas bajo el estatuto mencionado anteriormente.
Se facilitó así la impunidad abierta, impunidad organizada entre el gobierno colombiano y el gobierno de Estados Unidos, que la propició y adelantó. Las víctimas están a la espera de la llegada de los comandantes paramilitares para que cuenten la verdad de los vínculos que tenían con la clase política, con empresarios y militares con sus nombres y apellidos.
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