1. ¿La inteligencia militar al servicio del uribismo?
A propósito de la investigación de la Revista Semana, que reveló el sistema de interceptación de comunicaciones usado por el Ejército para vigilar las conversaciones de políticos, periodistas y organizaciones defensoras de derechos humanos el senador Antonio Sanguino, una de las personas objeto de estas interceptaciones, afirmó que eran una muestra del regreso del uribismo al poder.
El retorno del uribismo al poder, el regreso de sus peores prácticas
Sanguino expresó que la denuncia de Semana era una noticia grave para la democracia, la institucionalidad del país y para el ejercicio de la oposición política. Al tiempo, sostuvo que el acontecimiento era la confirmación de que «con el retorno del Uribismo al poder, volvieron las peores prácticas de esta fuerza política, que son precisamente las chuzadas y los falsos positivos».
Sanguino agregó que lo que se ha conocido es más grave incluso que la misma interceptación, pues además se ha abusado del uso de tecnología donada por otros países para labores de inteligencia, se ha sabido la alianza de oficiales del Ejército con criminales y se ha conocido que dirigentes del Centro Democrático son receptores de la información que se obtenía de forma ilegal.
Además, señaló que estas actividades eran conocidas por el Alto Mando Militar, y que se fraguaron operaciones de contrainteligencia para desviar la atención, cuando él y los también senadores Iván Cepeda y Roy Barreras denunciaron presuntos seguimientos en su contra.
Hace mejor labor de investigación un medio de comunicación, que la Fiscalía
En julio de 2019 los tres senadores denunciaron, a través de una carta al Presidente, que estarían siendo víctimas de seguimientos ordenados por el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) con la intención de hacer falsos positivos judiciales. Sanguino recordó que luego de esta carta, tanto Presidencia como la DNI negaron lo ocurrido, y la Fiscalía cerró luego de dos meses la investigación que había abierto sobre el tema.
En cambio, Sanguino rescató la labor del semanario en continuar la investigación hasta llegar a conocerse que dichas interceptaciones sí tenían lugar, que ocurrían contra varios personajes de la vida pública y eran realizadas desde guarniciones militares.
Este hecho, así como el asesinato constante de líderes sociales y excombatientes, para el Senador ponen en entredicho la credibilidad de las Fuerzas Militares y de la propia Fiscalía, que son los entes encargados de garantizar que se respeten los derechos de los y las ciudadanas.
¿Cómo abordar la situación?
Sanguino aseguró que era una ‘falta de seriedad’ que el Gobierno señale que no sabía de las interceptaciones, cuando existe la prueba de la carta que enviaron junto a Barreras y Cepeda advirtiendo sobre esta situación. En consecuencia, espera que se investigue debidamente el hecho, en lugar de acudir al desconocimiento.
De igual forma, manifestó que debería conocerse los nombres de las personas que estaban siendo víctimas de seguimientos ilegales, así como que dichos seguimientos tendrían que ser de conocimiento de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso, porque lo ocurrido «son hechos que corresponden a un régimen dictatorial».
También, solicitó saber qué integrante del Centro Democrático recibía la información de las interceptaciones, pues hace parte de «un escenario tenebroso de lo que se estaba fraguando en el alto mando militar».
Por último, el Senador reconoció que están evaluando acudir a instancias internacionales, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para que se proteja su derecho al ejercicio de la política sin riesgos a su intimidad, o seguridad.
2. Las peores prácticas de inteligencia militar nunca se fueron
La inteligencia militar en Colombia ha sido utilizada en reiterados momentos políticos para interceptar a distintas personas por los gobiernos.
El reciente escándalo sobre las chuzadas que de acuerdo con revista Semana realiza la inteligencia militar, no es el primer hecho que se descubre en Colombia sobre el uso de tecnologías aplicadas para seguimientos, persecuciones e incluso violaciones a derechos humanos en contra de periodistas, políticos o integrantes del Movimiento Social. Por el contrario, es una práctica bastante común y reiterativa de las Fuerzas militares constituida como la doctrina del enemigo interno.
Los años 60, el BINCI y la inteligencia militar
En un reciente informe entregado a la Comisión de la Verdad, titulado «BINCI y Brigada 20: El rol de inteligencia militar en los crímenes de Estado y la construcción del enemigo interno (1977-1998)» organizaciones defensoras de derechos humanos expusieron las conductas criminales llevadas a cabo por los integrantes del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano (BINCI-Charry Solano) y la Brigada 20 del Ejército Nacional.
Los 90 casos recopilados en el informe ocurrieron entre 1977 a 1998 y evidencian una persecución por parte del Estado a un grupo de personas, bajo motivaciones políticas, a partir de acciones violentas como la desaparición forzada, la tortura y ejecuciones extrajudiciales. Estas actuaciones eran precedidas por interceptaciones teléfonicas, persecuciones, seguimientos e infiltraciones de agentes estatales a diversos grupos u organizaciones pertenecientes a corrientes de oposición.
Además, según el informe, esas prácticas se encontraban sustentadas bajo la doctrina del enemigo interno, «un eje fundamental para la planeación y ejecución de una política de persecución y eliminación» en contra de sectores de pensamiento alternativo, oposición o movilización social, que no estaban de acuerdo con el gobierno de turno.
La década de los 90S y la Brigada 20
El Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano operó a nivel nacional en Colombia desde 1962 hasta 1985, cuando se amplía y surge la Brigada 20, que cumplía también con las tareas de inteligencia militar.
Esta institución Castrense tampoco escapó a las violaciones a derechos humanos. De hecho, organizaciones como Amnistía Internacional habían señalado que para 1998, la inmensa mayoría de las violaciones de los derechos humanos -según informes confirmados- fueron cometidos por «agentes estatales o fuerzas paramilitares que actúan con su aquiescencia o complicidad» en referencia a la Brigada 20.
Asimismo, el entonces embajador de Estados Unidos, Myles Frechette denunció que al interior de la unidad militar existirían escuadrones de la muerte, mientras que otras plataformas alertaron la creación de grupos de justicia privada, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
De igual forma, en el documento entregado a la CEV, se evidencia como se creó todo un aparato organizado del Estado que contó con diferentes conexiones con instituciones gubernamentales o sectores civiles, para desarrollar operaciones sicológicas, de hostigamientos, desaparición o ejecución. La Brigada 20 finalmente fue disuelta en noviembre de 1998, tras las denuncias de Estados Unidos, sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por la unidad.
Los escándalos del D.A.S
Si bien el Departamento Administrativo de Seguridad no obedece a las Fuerzas Armadas sino al gobierno nacional, esta ha sido otra de las instituciones puestas en cuestión, debido a los distintos escándalos en los que ha estado inmersa, principalmente por el uso de sus instalaciones, personal y tecnología para el espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos, políticos y organizaciones sociales durante el mandato de Álvaro Uribe.
Entre los hecho más relevantes se encuentra la creación del G-3 un grupo conformado por 15 agentes, que desde el 2003 al 2005, se encargó puntualmente de espiar organizaciones defensoras de derechos humanos como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Asfades).
Además el entonces director de esta institución, Jorge Noguera, fue condenado a 28 años de cárcel por su responsabilidad en el plan para asesinar al sociólogo y profesor universitario Alfredo Correa de Andreis, cometido el 17 de septiembre de 2004 en Barranquilla y orquestado por el jefe paramilitar por Rodrigo Tovar, alias «Jorge 40».
Posteriormente, en septiembre de 2017, Noguera recibió otra condena por su participación en las «chuzadas», en donde el entonces director, ordenó la creación de un grupo secreto que hizo seguimientos e interceptaciones telefónicas a abogados, periodistas como Daniel Coronel, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos, entre los que se encontraban Piedad Córdoba, Gustavo Petro, Iván Cepeda, entre otros.
María del Pilar Hurtado, quien también fue directora del D.A.S, al igual que su antecesor se encuentra en la cárcel por su responsabilidad en los seguimientos e interceptaciones ilegales que se adelantaron en contra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y una campaña de desprestigio hacia al magistrado Iván Velasquez que para ese momento investigaba a legisladores y congresistas relacionados con la parapolítica.
El más reciente capítulo del D.A.S se vivió el año pasado cuando se produjo la captura de Laude José Fernandéz Arroyo, ex director de inteligencia, acusado de concierto para delinquir agravado, interceptación ilícita de comunicaciones y violación de datos personales, en las chuzadas realizadas a pilotos del sindicato de aviadores ACDAC.
La inteligencia de Andromeda
La presidencia de Santos tampoco estuvo exenta de «las chuzadas», que además se dieron en un contexto histórico para el país: los diálogos en La Habana, que culminaron con la firma del Acuerdo de Paz. En esa ocasión, la revista Semana denunció que en el barrio Galería funcionaba una Central de inteligencia militar. Ver: En 2015 Colombia compró 850 mil Euros en software de Hacking Team
Posteriormente, en los allanamientos adelantados por la Fiscalía, se descubriría que en el lugar trabajaban hackers con la función de intervenir las comunicaciones de los integrantes del equipo negociador de la entonces guerrilla FARC y del equipo del gobierno nacional, encabezado por Sergio Jaramillo.
Ha estos hechos se sumaron la captura del hacker Andrés Sepulveda, quien trabajaba en la central y que tendría la labor de sabotear el proceso de paz. A su vez, tiempo después se conoció un vídeo en el que hablaba con Iván Zuluaga, ex candidato por el partido Centro Democrático a la presidencia, sobre la contienda electoral y los posibles golpes que podrían darle a la campaña del entonces candidato y presidente Juan Manuel Santos, con el uso de información de las Fuerzas Armadas.
El hombre invisible viste de camuflado
Finalmente, frente al más reciente hecho sobre uso indebido de la inteligencia militar en Colombia, en donde se volvió a demostrar que la tecnología era usada para interceptar comunicaciones de políticos y periodistas, el senador Antonio Sanquino, víctima de este nuevo capítulo de las «chuzadas» aseguró que con la confirmación de la situación «volvieron las peores prácticas del pasado».
El senador aseguró que desde el año pasado, cuando descubrieron los espionajes, pusieron en conocimiento tanto al presidente de la República como a distintas instituciones estatales
En ese sentido, y tras la entrega del informe «BINCI y Brigada XX: El rol de inteligencia militar en los crímenes de Estado y la construcción del enemigo interno(1977-1998) a la Comisión de la Verdad, una de las peticiones que se le hicieron a esa organización, es que efectúe una evaluación de la doctrina militar, acceder a manuales de inteligencia y operación para que su conocimiento permita establecer de qué manera estos desconocieron los estándares de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Fuentes:
