Numerosas Empresas Prestadoras de Salud (EPS), han sido liquidadas, otras intervenidas y sancionadas
Carolina Corcho Mejía
Las noticias de las últimas semanas informan que numerosas Empresas Prestadoras de Salud (EPS), han sido liquidadas, otras intervenidas y sancionadas. Con cada medida de estas la población se queja por la mala prestación del servicio de salud, que persiste, ahora agravado por el hacinamiento en las oficinas y clínicas de las que están recibiendo miles de nuevos afiliados. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Sorprende, por decir lo menos, lo que está sucediendo con las Empresas Prestadoras de Salud (EPS), siete de las cuales fueron liquidadas y revocado sus servicios por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Entre las liquidadas se encuentran Comfacor, Cruz Blanca, Salud Vida y Emdisalud; y otras tres, Comparta, Medimás y Coomeva perdieron su licencia para operar en ocho departamentos. En conjunto estas EPS atendían a 2.7 millones de ciudadanos.
Las razones argumentadas por la Supersalud para liquidarlas y/o revocar su operación, corresponde a deficiencias en la prestación de servicios de salud, incumplimiento de márgenes de solvencia financiera para su funcionamiento, deudas con las entidades prestadoras de servicios de salud, entre otras.
El ramillete de razones esgrimido por la Supersalud desnuda una realidad ya advertida en el 2018 por esta misma entidad, como en el 2012 por la Contraloria General de la República (CGR).El año anterior la entidad que controla a las EPS había advertido que de 37 de tales empresas evaluadas solo 9 cumplen con condiciones financieras y de solvencia para asumir la atención en salud de millones de colombianos1. Por su parte, la CGR había advertido que las condiciones financieras de las EPS eran peor de lo que se mostraba a la opinión pública.
Es una realidad que desnuda el negociado que está detrás de la “eficiencia privada”, lo que al mismo tiempo cuestiona la razón de ser de estas intermediadoras de un derecho fundamental. Incluso, las 9 EPS que cumplen con los indicadores lo hacen frente a las pírricas exigencias para su funcionamiento que les interpone el Estado.
Como puede verificarse en el decreto 2702 de 2014, modificado por el decreto 780 de 2016 –que establecieron las condiciones financieras que deben cumplir las EPS–, tales exigencias son mínimas, en casos sobrepasando la irresponsabilidad, como lo certifica el hecho de exigirles un capital mínimo de 10.708 mil millones (diez mil millones aproximadamente) para poder participar en la prestación de servicios de salud, una cifra ridícula a todas luces para entidades que manejan cifras de recursos públicos de la salud hasta de tres billones de pesos anuales, en donde por ley pueden quedarse con el 10 por ciento de estos recursos para costos administrativos. Diez mil millones es un capital que puede consumirse en diez pacientes de alto costo, y son unos recursos que no generan ninguna garantía para que una entidad particular maneje las billonarias sumas de recursos públicos de los colombianos. De otro lado, debe tenerse en cuenta que posteriormente el Decreto 2117 de 2017 les permitió a las EPS adelantar procesos de reorganización institucional, acotando que cada que se reorganicen vuelve y empieza el plazo para cumplir con estos requisitos financieros, y así hasta el infinito.
Con esta realidad a la vista podemos asegurar, sin temor alguno,que nuestro sistema de salud se sostiene con capital público, el aporte privado es mínimo o casi inexistente, con lo cual lo que tenemos ante nosotros son Empresas Parásitas del Estado, pues los dineros que fluyen por el sistema provienen fundamentalmente de los recursos del Presupuesto General de la Nación vía sistema general de participaciones, y de las contribuciones de los trabajadores que se entregan a las EPS bajo la forma de la Unidad de Pago por Capitación UPC (Monto por afiliado que gira el Estado a la EPS, que en el régimen contributivo corresponde a 807.180/año, y en el régimen subsidiado a 787.327/año).
En ese sentido, en la práctica, el nombre de Empresa (Prestadora de Salud) le queda grande a estas entidades, ya que en efecto no son Empresas sino administradoras particulares de recursos públicos de la salud, es decir, trabajan con el capital de todos los colombianos. Y estos mismos recursos públicos son los que fluyen y con los que trabajan clínicas y hospitales, sean públicos o privados. Con la diferencia de que un sistema de salud puede funcionar sin estas intermediarias financieras, captadoras de recursos públicos, como ocurre en la mayoría de países del mundo, pero jamás podrá funcionar sin la presencia de las clínicas y hospitales que ejercen la labor misional de la prestación de servicios de salud.
La clasificación
De otro lado, el Ministerio de Salud y Protección Social ha publicado el ranking de las EPS2. Para este estudio, desarrollado mediante una metodología de encuestas, tomaron en cuenta parámetros tales como: atención médica general, especializada, entrega de medicamentos, trato del paciente, trámite de autorizaciones. Un ranking del que, llama la atención, excluyen a las EPS indígenas que han mostrado indicadores superiores en este tipo de evaluaciones.
Dentro de las 10 primeras EPS destacadas en este estudio, destacan:Sura, Sanitas, Salud Total, Nueva EPS, Compensar, y Coomeva. Paradójico, por su incumplimiento, esta última fue revocada por la Supersalud para funcionar en varios departamentos. El estudio no diferencia en el análisis estadístico el tipo de EPS, lo que debería de haber especificado, ya que existen EPS que son sólo departamentales, otras que operan en diversos departamentos, de igual manera el número de afiliados que puede variar desde 500 mil ciudadanos y hasta 4 millones.
Esto es importante situarlo, debido a que existen estudios que muestran que seis de las 13 EPS del régimen contributivo que tienen un comportamiento financiero estable cumplen cuatro características3: cuentan con 1,5 y 3 millones de afiliados ubicados en zonas urbanas (Medellín y Bogotá), en donde existen adecuada oferta de prestadores de servicios de salud; tienen integración vertical con prestadores de alta o baja complejidad (lo cual resulta ilegal cuando esta integración supera el 30 por ciento); poseen ingresos adicionales producto de planes complementarios y tienen mayor aversión a la captura política, aunque no a la captura corporativa.
Una debilidad central del ranking es que no mide la red de prestación de servicios de la EPS, es decir, el conjunto de clínicas y hospitales que contratan para atender a la población, red que es, por las inconsistencias contractuales entre las EPS y los prestadores, precisamente el espacio en donde terminan de fraguarse gran parte de la negación de servicios a los ciudadanos,. Tampoco se incluyen indicadores relativos a la Autonomía profesional, dado que el constreñimiento a la prescripción médica constituye uno de los poderosos mecanismos encubiertos de negación de servicios.
Servicio tutelado
Por el tipo de ranking adelantado y las particularidades anotadas, vale la pena contrastarlo con los resultados mostrados por la Defensoría del Pueblo en el informe de tutelas instauradas en salud del año 20184. Esta entidad enuncia que durante tal año se presentaron 207.734 tutelas en esta materia, siendo Medimas, Coomeva, Nueva EPS, Salud Vida, Salud Total, las EPS más tuteladas, algunas de tales entidades, nueva paradoja, se encuentran entre las mejores rankeadas en la medición del Ministerio de Salud y Protección Social. La mayor frecuencia de tutelas se presentan por la negación de citas médicas, tratamientos, medicamentos, procedimientos quirúrgicos.
Este mismo informe señala que la Superintendencia de salud reportó para el año 2018 casi un millón de quejas y peticiones por parte de ciudadanos frente al servicio de salud (999.294). Las causas principales de estas quejas y peticiones se deben a: falta de oportunidad en asignación de citas, restricción en libre escogencia de las EPS y no oportunidad de entrega de medicamentos No POS.
En suma, en este momento 19 EPS se encuentran con medidas de vigilancia especial por parte de la Supersalud, aun así, continúan manejando recursos públicos del sector y, desde hace varios años, respondiendo por la atención de la salud de la población, sin que esto haya implicado un cambio por parte de los gobiernos de la orientación de la política pública de salud. Lo que es peor, el gobierno nacional, en el recientemente aprobado Plan de Desarrollo, les devuelve el manejo de los recursos de la salud a estas entidades, las mismas que están cuestionadas por fraude, decisión que toman reversando la obligatoriedad de que en el caso de estas intervenciones opere el giro directo por parte del fondo público Adres para el pago de deudas a los prestadores de servicios de salud.
El propósito
¿Eficiencia gubernamental? ¿Ahora sí funcionaran las EPS y el sistema de salud saldrá de su precariedad? Ojalá la realidad fuera tan simple, pero lo que parece estar detrás de estos procedimientos de control, sanción y liquidación no es más que la concentración del sector en pocas EPS, avanzando hacia la práctica monopolización del servicio que prestan. Esta parece ser la apuesta del gobierno del presidente Duque, para lo cual aprobaron la ley 1949 de 2019, cuyo objeto es el fortalecimiento de la Superintendencia de salud, para otorgarle dientes para concretar tal propósito.
Esta medida va en el sentido correcto, aunque existan dudas en los adecuados procesos de transición que deben llevarse a cabo para adelantar estas liquidaciones, lo cual no vulnere los derechos de los pacientes, trabajadores, y la cobertura de las deudas de estas entidades con los prestadores de servicios de salud.
La medida, insisto, va en el sentido correcto, pero no tiene un punto de llegada claro, dado que buscan materializar un oligopolio de EPS, que conforme a los cálculos del Gobierno, tendría la capacidad de operar todo el sistema de salud. Algo que va en contra de la realidad, ya que la evidencia demuestra que esto no será así, en tanto este oligopolio adolece de las mínimas exigencias de una economía de mercado para operar billonarias sumas y garantizar la prestación de servicios. Hasta ahora es claro que estos oligopolios no se ocuparán de la salud de 23 millones de connacionales que habitan en zonas dispersas y rurales del territorio nacional. Está demostrado empíricamente que las EPS que superan tres millones de afiliados incursionan en mal funcionamiento. Toda esta contraevidente apuesta del Gobierno, corresponde al mantenimiento del modelo de las EPS contra viento y marea..
Así proceden ya que lo fundamental para ellos es el negocio, por sobre el derecho, en un desbocado afán por salvaguardan los intereses del capital financiero, urgido de la existencia de las EPS, las que les sirven como vehículo para capturar recursos públicos de la salud en sus bancos y usufructuar los beneficios financieros que rinden estas billonarias sumas, a costa de la salud de los colombianos.
Son, precisamente, estos poderosos intereses los opuestos en la última década a que se realice en el país una reforma a la salud a través de la cual resolver el problema de fondo con un modelo de administración alternativo, uno que sí garantice el goce efectivo al derecho a la salud y la destinación específica de los recursos del sector para los fines constitucionalmente definidos, lo que supone la eliminación de intermediarios extractores de renta, que han demostrado una absoluta ineficacia en la tarea encomendada por la ley 100 de 1993.
_______________________________________
1 Informe de Evaluación del cumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia de las EPS en 2018
______
* Médica psiquiatra, Vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, integrante Corporación Latinoamericana Sur.
Fuente:
Periódico Le Monde diplomatique, edición Colombia Nº194, noviembre 2019
