“Si no se van, el agua los va a sacar”
Escrito por OLGA PATRICIA RESTREPO, NATALIA OCHOA Y DANIEL VARGAS
El diablo que son
Ofrecieron vida y regaron el territorio de cadáveres. Prometieron bienestar y destruyeron los boques, inundaron tierras de labor y acabaron la economía tradicional de los sin tierra. Garantizaron progreso, el que hasta hoy no conocen los naturales de esta región, pero si cumplieron con la destrucción del entorno que encontraron. No es una exageración, es la realidad sembrada con el megaproyecto Hidroituango, la mayor hidroeléctrica del país.
Muerte y destrucción, que no solo llega ahora con la “sorpresiva” crecida del río Cauca y el caos observado en la calculada obra, con cientos de pobladores de las riveras de municipios como […] expuestos en su integridad física, sometidos a la angustia del ¿qué vendrá?, quienes perdieron buena parte de lo poco que tenían, y otros cientos trasladados a refugios temporales. Muerte y destrucción extendida entre 1990 y 2016, según un estudio de la Corporación Jurídica Libertad*, a “[…] 110.363 personas (que) fueron víctimas del conflicto en los municipios de la zona de influencia del megaproyecto (sobre una población estimada por el Dane para el año 2016 de 175.471 habitantes). De estos, 106.027 fueron desplazados forzosamente, 163 fueron víctimas de agresión sexual, 616 fueron desaparecidas forzosamente, 3.557 fueron asesinados en el marco del conflicto”.
Proceso de muerte y terror generalizado, marca indeleble de la estrategia paramilitar y su contubernio con las fuerzas oficiales. Protección, dejar pasar-dejar hacer, silencio cómplice, encubrimiento, y otras prácticas tan comunes en otras regiones del territorio nacional, acá también se hicieron lugar común, además de la acción directa de las propias fuerzas armadas oficiales, que además dejaron su huella con “34 ejecuciones extrajudiciales”.
Es así, por medio de este accionar, extendieron sus huestes los paramilitares; el bloque Mineros y el bloque Noroccidental. La inconformidad social con la obra en proyección, las protestas contra la misma, fueron acalladas con la brutalidad del poder. El desplazamiento se impuso: de Ituango salieron de manera forzosa 39.383 pobladores; de Peque 15.127; Valdivia vio partir 7.991; Yarumal, 6.975.
Otros no alcanzaron a dejar su terruño, pues las masacres no les permitieron partir: entre 1990-1994 fueron ejecutadas seis masacres, con 36 víctimas; entre 1995 y 2006, cuarenta masacres con 240 víctimas. Seis de las masacres se presentaron en territorios donde se realizaron las obras del megaproyecto. Entre 2007 y 2016 tres masacres con 14 víctimas.
La desaparición forzosa también extendió su vuelo: 616 personas la padecieron–así lo registra la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas (Uariv), dato que desconoce que “[…] al solo bloque Mineros le imputan 1.150 desapariciones […]”. Como es reconocido, las víctimas fueron arrojadas al río Cauca o sepultadas en terrenos que terminaron inundados por la represa, garantizando con ello impunidad y la pervivencia de cientos de cuerpos insepultos, causa de dolor, violencia y venganza en nuestro país.
El potencial antioqueño
La región noroccidental de Antioquia está identificada como un territorio estratégico para la construcción de hidroeléctricas, la explotación minera y forestal, así como para el desarrollo de la industria lechera y turística.
Según el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (Bird), en un estudio del año 2011, el potencial hidroeléctrico instalado o en construcción de esta parte del país, es de 36 Gigawatios (GW); capacidad instalada o en construcción: más de 76 GW; y siguen en proyección casi 176 GW.
E indican, además que: “La región norte es el territorio con mayor potencial hidroeléctrico de Antioquia, aunque en el 2010 producía sólo el 17 por ciento de generación total. Tiene dos terceras partes (de este ) potencial […] en construcción (Hidroituango); el 90 por ciento del (mismo) en diseño y la mitad de los proyectos en estudios de factibilidad”.
Es decir, en las proyecciones de las mal llamadas Empresas Públicas de Medellín (EPM), en sus cálculos por extender sus negocios de venta de energía a Centro América y otras partes de nuestra región, todavía hay mucha naturaleza por devastar y miles de miles por desplazar. Los proyectos de microcentrales ya públicos en distintos municipios del departamento, así lo corroboran. En tales territorios, como lo garantiza en Hidroituango la alianza Fuerzas Militares (con 2.000 efectivos al 2016 dedicados a la protección de la obra), Policía Nacional, y empresa, todo aquel que manifieste inconformidad saldrá de la zona, sino es que le sucede algo mucho peor. Y así actúan porque, de acuerdo a los manuales aún en uso entre militares, la población civil es asumida como el enemigo interno. Contra toda lógica y evidencia, la protesta social recibe tratamiento de guerra, lo que posterga una real democratización del país.
Es un tratamiento de fuerza y violencia, que durante los últimos días arrebató a los movimientos sociales colombianos, con activismo en el movimiento social Ríos Vivos, dos victimas mortales más: Hugo Albeiro George Pérez –baleado junto a su sobrino Domar Egidio Zapata George el 2 de mayo– quienes a pesar de vivir en Ituango fueron asesinado en el corregimiento de Puerto Valdivia; y Luis Alberto Torres Montoya, baleado el 8 de mayo en el municipio de Valdivida, corregimiento de Puerto Valdivia.
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* Caso Hidroituango: una lucha por la memoria y contra la impunidad, 2018, inédito
Hidroituango:
“Si no se van, el agua los va a sacar”
Declaran alerta roja en Hidroituango. El 16 de mayo fueron evacuadas más de 4.500 personas de los municipios Valdivia, Cáceres, Tarazá, Nechí, Caucasia, Guaranda, entre otros. Esto se suma a las 600 personas damnificadas el pasado jueves 10 de mayo en el corregimiento de Puerto Valdivia. Este es el resultado de la decisión tomada por las EPM para salvar Hidroituango, después de que el embalse aumentara su nivel. Hay que resaltar que los responsables de la hidroeléctrica ignoraron las constantes advertencias de las comunidades campesinas que habitan el área de influencia del megaproyecto, quienes previeron lo sucedido.
A pesar de lo informado por las Empresas Públicas de Medellín (EPM) el pasado 10 de mayo, confirmando que la emergencia reinante en Hidroituango, causante de la inundación del corregimiento de Puerto Valdivia estaba controlada, más pudo la naturaleza que la palabrería y la desinformación que cargan los comunicados emitidos por las EPM.
Así quedó en evidencia al medio día del 16 mayo, cuando de nuevo fueron activadas las alarmas que le anunciaban a los pobladores del sector que el Río Cauca podía inundar y llevarse sus vidas, viviendas y enseres.
Luego de escuchar las alarmas, más de 4.800 personas salieron de sus casas con los enseres que pudieron rescatar. Los afectados habitan los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Nechí, Caucasia, Briceño, Ituango; en Antioquia. Majagual, Guaranda en Sucre; Ayapel en Córdoba, y Achí y San Jacinto del Cauca en Bolívar.
Mucho más que lluvia
El parte oficial del 10 de mayo informó que las constantes lluvias aumentaron el caudal del río Cauca, lo que sumado a los derrumbes que taponaron el túnel de desviación del río, terminaron por aumentar el nivel de agua en la represa, poniendo en riesgo todo el proyecto hidroeléctrico. Buscando bajar el nivel del agua, las EPM decidieron inundar la sala de máquinas del megaproyecto y habilitar uno de los túneles de generación para liberar más de 6.000 metros cúbicos de agua por segundo, incrementando el cauce del Cauca río abajo e inundando el corregimiento de Puerto Valdivia.
El 16 de mayo, pasadas las 12 del medio día, el túnel que evacúa el agua de la sala de máquinas colapsó, ésta se inundó y dirigió el agua hacia la vía de acceso a la presa. La solución fue destapar dos túneles de evacuación que llevan el agua al cauce del Cauca, incrementado a niveles insospechados su caudal y poniendo en riesgo inminente a las comunidades que habitan la rivera del río aguas abajo del proyecto hidroeléctrico.
De esta manera, lo hecho indica que los intentos de los operadores de Hidroituango por evitar los desastres que pudiera causar la represa son inútiles; todo su esfuerzo está dedicado a proteger el megaproyecto, mas no la tranquilidad de quienes allí habitan, sus viviendas, enseres y cultivos.
Emergencia del 10 de mayo
Una tragedia con rostro humano. Juan Pablo Soler, vocero de Movimiento Ríos Vivos cuenta que hoy los impactos río abajo son desastrosos, pues todo el corregimiento de Puerto Valdivia se desplazó a dos albergues en donde las familias se mantienen con mucho temor y desazón por lo ocurrido y lo que les depara. “Existe una situación muy compleja porque hay viviendas totalmente destruidas y a la comunidad se le dijo que les van a pagar tres o seis meses de arriendo para luego ver su reubicación, o que van a recibir un alivio temporal y podrán retornar a sus casas. Adicionalmente, las comunidades que viven entre el kilómetro 15 y 14, y que perdieron sus cultivos de yuca, maíz y plátano por la inundación, luego de 6 días del incidente no han sido asistidas por ningún funcionario de la hidroeléctrica” añadió.
Pero lo sucedido no solo afecta a las poblaciones que se encuentran ubicadas aguas abajo de la represa, sino que también hay una seria afectación aguas arriba del embalse en los municipios de Toledo, Briceño e Ituango, ya que allí el impacto social se relaciona con el desplazamiento forzado ocasionado por las inundaciones imprevistas y el eventual llenado del embalse.
Soler manifiesta que es por esto que la población en general pide que la reubique, frente a lo cual no hay respuesta ni de la Gobernación ni de las EPM. Como vocero de Ríos Vivos, Soler expresa que “el reporte de EPM dice que este fenómeno puede ocurrir en cualquier momento. Nuestra pregunta es, ¿en qué dimensión?”, porque el caudal del Cauca no superó los niveles promedio que alcanza en una época invernal cualquiera, y se sabe que lo sucedido en Puerto Valdivia fue causado por el vertimiento descontrolado de grandes cantidades de agua.
Frente a esto, ¿quién responde por los impactos psicosociales que genera a las poblaciones vivir al lado de una represa que tiene problemas técnicos? Existe una sensación generalizada en los habitantes de que Hidroituango perdió el control del río, y explican que “si no hubo muertos fue porque pudimos correr, pero las alarmas instaladas por la empresa sonaron tarde, es decir, si nos confiamos en las alarmas más de uno hubiese muerto”.
La hidroeléctrica más grande de Colombia
El proyecto Hidroituango inició su etapa de construcción en el 2009, cinco décadas después de haberse concebido. Este megaproyecto abarca 75 km de longitud desde Santa Fé de Antioquia hasta el municipio de Ituango. y se espera que contenga más de 2.700 millones de metros cúbicos de agua. Su importancia radica en la influencia que tendrá para los sectores cafeteros y mineros del Bajo Cauca y del occidente del país, además de garantizar la supuesta soberanía energética nacional, gracias a la producción de 2.400 MW hora.
Una obra planeada y construida en contra de las comunidades que allí habitan, y con profundas implicaciones. Así, a lo largo de los 9 años transcurridos desde su inicio de obras, se han visto afectados 12 municipios del noroccidente de Antioquia (ver mapa). Bajo el discurso del desarrollo y la producción de energía “limpia”, las EPM arrasó 4.500 hectáreas de bosque seco tropical, desvió el Río Cauca y, amparada en el argumento de que en esa zona no hay mayor cantidad de pobladores, inició procesos de desplazamiento, amenazas y persecuciones en contra de las comunidades campesinas que habitan este territorio, llegando incluso a desplazar más de 400 campesinos en el 2013, que tuvieron que refugiarse durante 5 meses en la Universidad de Antioquia.
Además, la ejecución de este megaproyecto generó una creciente preocupación en las comunidades que fueron víctimas del conflicto armado a finales de la década de los noventa e inicios del 2000, ya que al finalizar la obra se inundarán las fosas comunes donde fueron enterradas más de 600 personas asesinadas en numerosas masacres cometidas por los paramilitares y el ejército. La casa de la memoria de Toledo fue quemada en el proceso de construcción del embalse, y el Puente Pescadero, uno de los puntos claves en el proceso de recuperación de la memoria histórica de éstas comunidades, también será destruido después de que la hidroeléctrica comience a operar; frente a todo esto, cabe preguntarse si es más importante la represa o la voluntad de las comunidades y su necesidad de verdad y reparación.
A todo este cóctel de negligencia por parte del Estado, hay que añadir que en el área de influencia se han otorgado 18 títulos mineros para explotar en Ituango, 20 para Briceño, y en Buriticá las concesiones a la multinacional Continental Gold que superan el área del municipio. Todo esto deja ver algunas de las intenciones secundarias que hay en este megaproyecto, como lo es el abastecimiento de energía para las empresas mineras que poco a poco se han instalado en este territorio.
La reciente inundación es otra de las tantas afectaciones soportadas por esta población, hoy más vulnerable. Soler le narró a desdebajo que a través de una manifestación realizada por la comunidad de Puerto Valdivia en el municipio de Sabanalarga el pasado 2 de mayo (día en el que fue asesinado Hugo George, integrante del movimiento y habitante de Puerto Valdivia), se increpó a las EPM cuestionándola sobre cuáles eran las estrategias para garantizar la tranquilidad de los habitantes que viven río abajo del proyecto, ante lo cual la empresa respondió reuniendo a las comunidades para decirles que no creyeran en chismes, que “todo está controlado, está controlado el caudal del río y cualquier riesgo posible”. Ocho días después quedó evidente que no había ningún control, que lo pretendido por las EPM era desmovilizar a la población para evitar las acciones de protesta.
¿Falla geológica o falla humana?
Una realidad dura, con profundo impacto social, que debe ser debatida por todo el país pues, más allá de la economía está, de manera prioritaria, la gente, garantizar el derecho fundamental a la vida, con dignidad. Por ello, desdeabajo entrevistó a Luis Alberto Arias López, profesor de geología y geomorfología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional sede Medellín, quién en el año 1980 trabajó en la fase de factibilidad del proyecto Hidroituango, con el fin de profundizar las causas y responsabilidades de lo sucedido con la represa.
En tal fase del proyecto, el equipo del cual él hizo parte concluyó que la represa se podía hacer, sin embargo su tamaño, la necesidad de energía del país y la envergadura del proyecto fueron razones suficientes para que su construcción se aplazara. A través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia –Idea– el proyecto pasó a manos de la Gobernación de Antioquia, quién más adelante llegó a un acuerdo con EPM, quien concentró el 95 por ciento de la propiedad del mismo.
Arias considera que “todo proyecto debe combinar varias racionalidades: económica, técnica, ambiental y social. En este proyecto, desde sus inicios, desde que está en manos de la Gobernación de Antioquia, no tiene todas esas racionalidades bien equilibradas. La racionalidad económica predomina sobre las otras”. Es por ello que para el profesor hay fallas en la ejecución técnica de las obras, que en su proceso de construcción no tuvieron en cuenta los impactos ambientales y sociales.
Frente a las recientes inundaciones, el profesor declara que “ni siquiera quienes manejan el proyecto saben qué está ocurriendo allá; son problemas técnicos en los túneles, son los problemas del embalse que está sosteniendo el río, que también se está llenando muy rápido; no tienen control del desembalse del río, y tampoco pueden desembalsar rápidamente porque es un problema”.
Por lo tanto, las declaraciones de las EPM y los diferentes medios de comunicación, que le atribuyen lo sucedido a una falla geológica inesperada no son del todo convincentes para el investigador, quien declara que el término falla geológica ha sufrido una devaluación en el medio de la geología, convirtiéndose en un “cliché usado en los medios para referirse a cualquier imprevisto”. En su criterio, Arias considera que “en lugar de una falla geológica lo que hay es una falla humana… Como geólogo veo que en Hidroituango el problema es un terreno que ya se ha caracterizado como muy frágil y por lo mismo hay que manejar eso con mucho cuidado. Hay que romper con esa costumbre de utilizar un caballito de batalla para explicar lo inexplicable”.
Arias considera que la actitud ligera asumida por las EPM respecto a los problemas geotécnicos que implican estas obras, tiene como consecuencia la falta de predicción de los sucesos que han acontecido los últimos días. Respecto a lo que pueda suceder, el profesor declara que hay que dar espera a que se supere la situación de emergencia para ver las consecuencias del aumento del caudal del río Cauca y para evaluar lo sucedido con los túneles, “en cuanto pase esto hay que ver si se continúa con el proyecto, si hay que hacer ajustes –que es lo más probable que suceda–, todavía no sé si lo ocurrido sea un elemento suficiente para descartar el proyecto. Pero si la emergencia empeora, la discusión será de otro tipo”.
Por su parte, Juan Pablo Soler menciona que el aumento de las aguas en el embalse se da por decisiones técnicas mal tomadas al interior del proyecto hidroeléctrico. “Nos han hablado de que los túneles fueron sellados prematuramente; debieron esperar hasta que el muro de la presa estuviera terminado. Entendemos que hoy el muro no está totalmente terminado, por eso deciden llenar la casa de máquinas; de no hacerlo, el nivel del agua hubiese afectado la estructura del muro. Si bien el invierno aumentó el nivel del río, esto debió ser previsto; contrario a esto optaron por tomar riesgos innecesarios”.
Recuadro
Por qué no se debió construir Hidroituango donde se construyó
Los investigadores y docentes de la facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, Luis Alberto Arias y Keneth Cabrera Torres, en su proyecto “estudio de actividad tectónica vigente en el cañón del Río Cauca”, encontraron que el Cauca, en su travesía por Colombia en vez de ampliar el valle se vuelve más estrecho, con una inclinación más fuerte y un cañón más cerrado. Este encañonamiento se debe, según los investigadores, a que en el departamento de Antioquia las cordilleras central y occidental están levantándose más al norte que al sur, situación que les ha permitido concluir que se trata de una zona que todavía tiene una actividad tectónica importante.
Según el desarrollo del estudio, existe un riesgo al haber construido la represa de Hidroituango en el lugar en donde está, ya que los datos recolectados en sus estudios les permiten asegurar que se trata de una zona que todavía se está asentando; esto podría significar deslizamientos y derrumbes de la montaña, por no mencionar eventos sísmicos y telúricos que pueden amenazar la vida de las personas que habitan el área de influencia, además del proyecto en sí mismo.
El pueblo negado se niega a claudicar
Un caso que grafica las vivencias de las comunidades de la zona y el paulatino deterioro de sus posibilidades de seguir en el territorio, son los relatos de Isabel Zuleta, directora del Movimiento Ríos Vivos, quien habló con desdeabajo e hizo una crónica de los padecimientos que ha generado para ellos la construcción del embalse y todo lo que antecede al proyecto.
Isabel recuerda “hace mucho tiempo que venimos hablando de cómo se ha vaciado el territorio, precisamente al hacer seguimiento de la cifras de desplazamiento forzado, uno se da cuenta que en los periodos históricos en los que se empieza a motivar más la obra por Álvaro Uribe Vélez en 1997, cuando crea la sociedad promotora de pescadores Ituango, es precisamente en ese periodo donde se intensifican las masacres en el Cañón del Río Cauca, hasta hoy documentamos 72 masacres, y en ese periodo de tiempo pues fruto de esas masacres, prácticamente se vació el cañón del río Cauca”.
“... cuando ellos entraron matando gente entraron los paramilitares, masacraron en ese punto y volvieron a salir matando gente, entonces una masacre para nosotros es el recorrido de muerte, nunca fue un hecho puntual. Y ese recorrido de muerte, coincide con la zona geográfica del proyecto Hidroituango”.
En la proyección de Hidroituango se trabaja sobre el supuesto de que en esa zona no hay población. La negativa de las comunidades que allí habitan a la construcción de la hidroeléctrica no ha impedido la planificación de este megaproyecto, ya que la empresa ha implementado métodos para la ejecución de las obras, que la población ha experimentado en carne propia.
“Para mí lo más fuerte que escuché fue decir que en la zona no había gente, entonces la gente dijo “¿yo que soy?”, no es que en esta zona no hay gente, por eso la represa es tan barata y demás afirmaciones; entonces claro, la gente era como ¿yo no existo?, se arrebató el derecho a la identidad básica del “yo estoy aquí”.
Las distintas estrategias, que buscan invisibilizar, negar, extinguir o desaparecer a un pueblo, se implementan de todas las formas posibles, a pesar de la fortaleza y la estoica posición de sus habitantes, que no dejan de luchar y recoger lo que quede de sus memorias. Isabel sigue narrando y ella misma establece la relación que hay entre hechos y desapariciones.
“A eso me refería y las cifras de los desplazamientos, de las masacres también coinciden y las cifras de los asesinatos selectivos, cuando empieza el proyecto HidroItuango… por eso es que todo eso se combina y por eso nosotros estamos hablando de un vaciamiento del territorio, literal, espiritual y emocional”
Una vez más la imposición de una forma de vida sobre otra, por priorizar los intereses económicos sobre la gente y sus conocimientos, termina generando tragedias y dolores personales y colectivos, que desangran el corazón de los territorios y sus poblaciones.
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*articulo incluido en la edición No. 246 del periódico desdeabajo –Mayo 20-Junio 20–; en circulación.
Fuente: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/34212-si-no-se-van-el-agua-los-va-a-sacar.html
