La crisis climática no es un error del sistema, es su producto lógico. El capitalismo necesita crecimiento infinito en un planeta finito.
La triple crisis —climática, deforestación y agua— que azota a Colombia
La naturaleza no es un negocio. Frente a este cuadro de devastación, la burguesía ofrece «economía verde», «bonos de carbono»...
Revolución Obrera
febrero 18, 2026
Mientras la burguesía colombiana se prepara para otro año electoral, la naturaleza le pasa la factura al modelo de desarrollo basado en la extracción y el despojo. Enero de 2026 registró el 70 % de exceso de lluvias en las regiones Andina y Caribe sobre el promedio histórico, pero paradójicamente Bogotá enfrenta un riesgo inminente de racionamiento de agua porque el 70 % de su suministro depende de un solo sistema hídrico al borde del colapso. En la Amazonía, 700 000 hectáreas han sido arrasadas desde 2016, y el mundo acaba de declarar la «bancarrota hídrica» global. Este artículo expone, con datos y hechos, la triple crisis —climática, deforestación y agua— que azota a Colombia y propone por qué el Programa de la Unión Obrera Comunista (MLM) es la única respuesta consecuente.
Crisis climática: el clima no está loco, lo enloquecieron
El discurso oficial insiste en llamarlos «fenómenos naturales atípicos». Pero no hay nada de natural en que 43 000 familias hayan resultado afectadas por inundaciones y deslizamientos en lo que va de 2026, concentradas en Córdoba, Cauca, La Guajira, Antioquia y Nariño. Lo que sí es típico es que las emergencias se declaran cuando los muertos ya están bajo el lodo, como Richard Atehortúa y su madre Zulma, sepultados mientras celebraban su cumpleaños.
Las precipitaciones de enero en Colombia superaron en más del 70 % los promedios históricos. El IDEAM explica que el debilitamiento del jet de la Orinoquía permitió la entrada masiva de humedad desde la Amazonía brasileña. Lo que se traduce en que la deforestación de la selva alteró los regímenes de viento. El saqueo de un país afecta el clima del vecino.
Y mientras unas regiones se ahogan, otras se secan. El sistema Chingaza, que abastece al 70 % de Bogotá, ya tocó fondo en 2024 con niveles del 15,91 %. El Concejo de Bogotá acaba de advertir que la ciudad restaura menos del 0,1 % de sus cuencas estratégicas. La crisis no es de falta de lluvias, es de falta de previsión y de priorizar la especulación inmobiliaria sobre la protección del agua.
Todo ello provoca incendios e inundaciones que son un péndulo letal. Aunque los grandes incendios de 2025 pasaron a las páginas interiores, Colombia sigue perdiendo cobertura vegetal no solo por la motosierra, sino por el aumento de temperatura que convierte los bosques en yesca. Las inundaciones en el Caribe, incluyendo los departamentos de Córdoba y Sucre, son particularmente devastadoras. Sobre los ríos Sinú y San Jorge en el departamento de Sucre, urge señalar que las comunidades ribereñas pagan el costo de la sedimentación causada por la deforestación aguas arriba y la falta de mantenimiento de los cauces; aunque los grandes medios silencian las cifras locales, los pescadores artesanales reportan la disminución drástica de caudales y el aumento de crecientes súbitas que arrasan con sus viviendas precarias.
Ante esto aumentan las migraciones climáticas, la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) anuncia planes en 2026 para atender a 22,7 millones de personas en crisis en 32 países. Las sequías, inundaciones y el conflicto por recursos empujan a comunidades enteras. En Colombia, campesinos de La Mojana y el sur de Bolívar engrosan las periferias de Sincelejo y Montería, desplazados no por las balas sino por el agua que no encuentra por dónde irse, porque el suelo sellado por la ganadería extensiva ya no absorbe nada.
Deforestación: 700 000 hectáreas que alimentan el mercado global
La prensa burguesa separa los titulares «Aumenta deforestación», «Crisis en la Amazonía», Narcotráfico se fortalece». Pero oculta el eslabón que lo une todo, el mercado.
Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), sentencia que «La Amazonía colombiana suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne. En nuestra degradación ambiental hay una responsabilidad internacional compartida».
Los números son escalofriantes. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, la Amazonía ha perdido 700 000 hectáreas de bosque. Las vías ilegales crecieron más de 8 000 kilómetros. El hato bovino se duplicó pasando de 1,6 a 3,2 millones de cabezas en ocho años. La ganadería no es para alimentar al pueblo colombiano, es para exportar carne a mercados que exigen proteína barata mientras cierran los ojos ante la trazabilidad criminal.
La minería ilegal contamina ríos con mercurio y cianuro. Los grupos armados cobran impuestos de guerra a cada draga que succiona el lecho de los ríos. El narcotráfico ya no es solo coca, es un holding diversificado que lava activos con terneros y maquinaria amarilla.
Y mientras tanto, el Estado anuncia «Centros de Desarrollo Forestal» sin poder ingresar a los territorios porque los hombres armados bloquean el paso a los funcionarios del Ministerio de Ambiente. El 1 % de la población es más rico que el resto del mundo y concentra el 47 % de la tierra rural privada. La Paz Total prometió llevar el Estado Social de Derecho, pero sin reforma rural profunda, sin expropiación de latifundios improductivos, el bosque seguirá siendo reemplazado por pasto.
Crisis del agua: bancarrota, racionamiento y micro plásticos
La ONU lo declaró oficial en enero de 2026, el mundo entró en «bancarrota hídrica». No es una metáfora. Es una condición crónica donde se extrae más agua de la que la naturaleza puede reponer y el daño a acuíferos y humedales es ya irreversible.
En Colombia, 4 000 millones de personas en el planeta viven con escasez severa de agua al menos un mes al año. Aquí, los ríos se secan en el Caribe mientras Bogotá raciona.
El informe de Greenpeace Colombia es lapidario, el país produce 1,4 millones de toneladas de residuos plásticos al año. Solo se recicla formalmente el 25 %. El resto termina en rellenos, lotes baldíos y cuerpos de agua. El Río Magdalena libera 2 100 toneladas de micro plásticos cada año al mar Caribe. Esa cifra equivale a 5,7 toneladas diarias de plástico pulverizado que ingieren los peces que luego llegan a los platos de los barrios populares.
Ya se han encontrado las primeras rocas de plástico en las costas colombianas. Los micro plásticos están en la sangre, la leche materna, los pulmones y hasta en el cerebro humano. Y mientras, en febrero de 2026, científicos anuncian que detectarán micro plásticos desde satélites para «proteger a la acuicultura», pero nada dicen de detener la producción en la fuente.
A ello se suman los desechos tóxicos. La minería ilegal no solo tira mercurio. Las baterías, los aceites quemados, los insumos de la cocaína; todo drena hacia las quebradas. Los acuíferos del nordeste antioqueño y el sur de Córdoba presentan trazas de metales pesados que ya están causando enfermedades renales crónicas en poblaciones campesinas, aunque el Instituto Nacional de Salud (INS) no publica esos mapas.
Y para completar esta crisis, Bogotá sobrevive con un esquema de abastecimiento donde el 70 % depende de Chingaza, una «vulnerabilidad crítica» según el propio Concejo. La solución de la administración distrital es restaurar 20 hectáreas, menos del 0,1 % de una sola cuenca estratégica. Mientras tanto, los acueductos veredales en La Calera y Choachí se sostienen con mingas comunitarias, sin un peso del Estado.
Y todavía se preguntan ¿por qué las crisis invernales? Los medios nacionales ignoran sistemáticamente lo que ocurre en la depresión Momposina y las sabanas de Sucre. Los ríos Sinú y San Jorge, arterias históricas del departamento, padecen una doble agresión. Aguas arriba, la minería de aluvión y la ganadería extensiva sedimentan los cauces; aguas abajo, el desvío ilegal de caudales para proyectos de palma aceitera deja a los campesinos sin agua en verano y con inundaciones en invierno.
Las comunidades afrodescendientes de San Benito Abad y Majagual reportan que el San Jorge ya no es navegable gran parte del año. Los peces nativos desaparecen. La pesca artesanal, que durante generaciones fue el sostén de cientos de familias, se ha convertido en una actividad de subsistencia marginal. Mientras, la Unidad de Parques Nacionales no tiene presencia; las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) carecen de presupuesto y voluntad política para enfrentar a los terratenientes. Esa es la verdadera crisis del agua: la ausencia absoluta del Estado para defender el bien común y su presencia abrumadora para subsidiar al gran capital.
Por ello desde el programa para la revolución en Colombia propuesto por la UOC (MLM) considera que la naturaleza no es un negocio. Frente a este cuadro de devastación, la burguesía ofrece «economía verde», «bonos de carbono», «transición energética con hidrocarburos». Pero mientras los verdes de salón aplauden en Davos, desde el Programa de la UOC se plantea:
- Nacionalización sin indemnización de las fuentes de agua. Los acuíferos, ríos y humedales no pueden estar sujetos a intereses privados ni al mercado de derechos de agua. El agua es un derecho fundamental, no una mercancía. Expropiación de los distritos de riego acaparados por agroindustriales.
- Cese inmediato de la fracturación hidráulica y prohibición total de la minería de oro con mercurio y cianuro. La locomotora minera ha descarrilado la vida de los territorios. Las 700 000 hectáreas arrasadas en la Amazonía son el resultado de 30 años de política extractivista que ni Santos, ni Duque, ni Petro han revertido estructuralmente.
- Reforma agraria anti latifundista. No hay conservación ambiental sin justicia social. Mientras el 1 % tenga el 47 % de la tierra, la frontera agrícola seguirá expandiéndose. El programa obrero exige recuperar tierras improductivas para ponerlas al servicio de la agroecología campesina e indígena.
- Control obrero y comunitario de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las CAR son feudos burocráticos al servicio de los políticos locales. Exigimos que sean consejos de cuenca con participación vinculante de trabajadores, comunidades y pueblos originarios.
- Transición energética realmente justa. No se trata de cambiar petróleo por litio si el litio sigue extrayéndose bajo las mismas condiciones de superexplotación. El programa obrero propone la propiedad social de las fuentes energéticas y la reducción drástica del consumo energético de las élites.
- Reparación de la deuda climática. Los países del “norte global” y las élites criollas, responsables históricos de las emisiones, deben pagar por la adaptación de los territorios más afectados. No más créditos del Banco Mundial que endeudan a Colombia para construir muros contra el mar mientras las trasnacionales siguen extrayendo carbón en La Guajira.
- Defensa integral de los ríos Sinú y San Jorge. El programa de la Unión Obrera Comunista (mlm) recoge las banderas de los pescadores de Sucre: dragado de cauces con participación comunitaria, prohibición de desvíos para monocultivos, y declaratoria de los ríos como sujetos de derechos con guardianes elegidos por las comunidades ribereñas.
La crisis climática no es un error del sistema, es su producto lógico. El capitalismo necesita crecimiento infinito en un planeta finito. Cuando los ríos se secan, los termómetros rompen récords y los campesinos migran a las ciudades, el capital responde con racionamientos que castigan a los pobres y subsidios que salvan a los ricos.
Colombia no necesita más parches verdes ni funcionarios arrodillados ante el FMI. Necesita un programa que ponga la naturaleza al servicio del pueblo trabajador. Ese programa solo puede ser ejecutado por un Estado de los trabajadores, con las organizaciones obreras, campesinas y populares tomando las decisiones sobre qué se produce, cómo se produce y para qué se produce.
La tierra, el agua y el bosque no son recursos, son nuestra casa. Defenderla hoy es una tarea revolucionaria.
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