“Hacer la Reforma Agraria es revivir la paz en Colombia, por eso estamos aquí en Chicoral. “Venimos a exorcizar este sitio de energías malignas que nos condujeron a la mayor desigualdad social y violencia. Al resolver la desigualdad, construiremos la paz de Colombia"
El Pacto por la Tierra y la Vida, suscrito entre el 21 y 22 de febrero pasados, reversa las decisiones del Pacto de Chicoral de la oligarquía agraria hace 50 años y sienta las bases para la transformación agraria y la consolidación de la paz.
Por Consuelo Ahumada Beltrán
Secretaria de asuntos internacionales y de la organización femenina del PTC Edición #101
Febrero 2025
El pasado fin de semana el presidente Petro convocó en el municipio de Chicoral, Tolima, a más de 4.000 personas de todo el país, para construir el Pacto por la Tierra y la Vida. Es un acuerdo consensuado previamente con las poblaciones, que busca transformar el sector rural y avanzar hacia la paz con justicia social. Sin duda, es la concreción de un giro de fondo de la política agraria colombiana.
El evento reunió a campesinos y campesinas, comunidades indígenas y afrodescendientes, raizales, palenqueros, trabajadores y trabajadoras agrarias, autoridades y líderes territoriales con el Gobierno Nacional. Debatieron sobre redistribución equitativa de la tierra, democratización y transformación productiva del campo, reconstrucción de la institucionalidad agraria, estrategias para enfrentar el hambre, la crisis climática y el compromiso con la paz.
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Movilización campesina y Pacto de Chicoral
Veamos un breve contexto histórico. Desde principios de la década del 70 del siglo pasado resurgieron las luchas e invasiones campesinas. “La tierra para el que la trabaja”, era la consigna que resonaba en aquel entonces y se expresaba en movilizaciones masivas en todo el territorio nacional.
Protestaban por la lentitud de la reforma agraria puesta en marcha por Lleras Restrepo en 1966. Un intento tibio, muy limitado, pero que propició la movilización y organización campesina.
En territorios caribeños como Córdoba, Sucre y Bolívar, esta movilización cobró especial relieve. Prosperaron las ligas campesinas que, además de luchar por la tierra, defendían un ingreso digno para los recolectores de algodón y de otros cultivos.
Fue un trabajo organizativo en el que participamos con entusiasmo muchas personas que en ese entonces nos iniciábamos en la actividad política revolucionaria. Era la época de los “descalzos”, hombres y mujeres, que nos vinculamos al campo en buena parte del territorio nacional.
Pero volvamos un poco atrás. El 9 de enero de 1972 las oligarquías tradicionales, representadas por el gobierno de Misael Pastrana, se reunieron en Chicoral, centro agrícola por excelencia, para frenar cualquier intento de reforma agraria y consolidar el gran poderío terrateniente.
Con ello se afianzó la enorme desigualdad de la tierra. “En Chicoral se jodió Colombia (…) Enterraron la reforma agraria e iniciaron la masacre contra el movimiento campesino y en favor de la gran propiedad de la tierra”, afirmó Petro en su discurso del fin de semana.
Pero la situación se complicó todavía más. En los años ochenta el narcotráfico irrumpió en el conflicto armado y terminó por exacerbarlo. Aparte del enorme costo en vidas humanas, las masacres y los desplazamientos forzados, así como de la destrucción material, su efecto más grave fue el incremento considerable en la concentración de la propiedad rural.
Tiempo después vendrían las políticas neoliberales con todas sus consecuencias. La apertura indiscriminada a las importaciones de alimentos, con efectos muy graves para todos los renglones agropecuarios. El desmonte de las instituciones agrarias y de la inversión pública en el agro.
El informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, muestra cómo estas reformas neoliberales propiciaron la extensión del narcotráfico, la apropiación masiva de tierras por los señores de la droga y de la guerra; el incremento de la ganadería extensiva y el debilitamiento de la economía campesina.
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La Reforma Rural Integral (RRI)
El primer punto del Acuerdo de Paz suscrito con las antiguas FARC en 2016 contempla la RRI. Su implementación requiere de una fuerte inversión pública en la compra y formalización de tierras, construcción de vías terciarias e infraestructura, acueductos, crédito, asesoría técnica.
El Acuerdo tiene un carácter integral, es decir, debe cumplirse con todos sus 6 puntos para alcanzar la paz. En ese marco, la RRI es fundamental para el desarrollo agrario, la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones rurales y los territorios más afectados por el conflicto armado. Aunque sus alcances son limitados, sí representa un avance significativo para alcanzar la paz.
Se insiste allí en la necesidad de garantizar el acceso a la tierra de quienes habitan el campo “y en particular las mujeres rurales y la población más vulnerable, regularizando y democratizando la propiedad y promoviendo la desconcentración de la tierra”, así como la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la zona rural”.
La RRI tiene tres ejes: el primero, relativo a la democratización del acceso a la tierra, es la dotación y formalización de tierras para los campesinos y campesinas, en especial para quienes fueron objeto del despojo; el segundo, la construcción de los Proyectos de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); y el tercero, la infraestructura y los servicios necesarios para impulsar el desarrollo territorial en las subregiones seleccionadas.
En el primer punto, se fijaron las siguientes tareas: 1) creación de un fondo de 3 millones de hectáreas, para distribución gratuita, provenientes de la recuperación por parte del Estado de tierras ilegalmente adquiridas, en especial los baldíos; 2) formalización de 7 millones de hectáreas; 3) creación de una jurisdicción especial agraria, y 4) actualización del catastro rural (Acuerdo, 2016. pp. 14-16).
Sin embargo, ocho años después de la promulgación del Acuerdo, la RRI registra muy pocos avances, al igual que los demás puntos. Año y medio después del evento que concitó el interés del mundo entero llegó a la presidencia Iván Duque quien, como vocero de Uribe, se propuso destruir el Acuerdo.
El gobierno del Cambio, en medio de múltiples dificultades de todo tipo, en especial la arremetida feroz, saboteo y desinformación de los diversos sectores de la oposición, ha dado pasos firmes en cuanto al cumplimiento del Acuerdo. Su principal preocupación ha sido la inversión pública y la concreción de obras en las zonas rurales más golpeadas por el conflicto armado.
El nuevo Pacto de Petro
El Pacto por la Tierra y la Vida sienta las bases del Plan Decenal de la Reforma Agraria. Se compone de 12 puntos que incluyen desde la redistribución equitativa de la tierra, la protección del agua, hasta la reconstrucción de la institucionalidad agraria y la transformación del modelo de producción agropecuario.
Se contempla también la jurisdicción agraria, la restitución y reparación de deudas históricas con las comunidades y pueblos y su inclusión efectiva en la política pública; promoción de la soberanía alimentaria; transformación económica de las regiones con cultivos de uso ilícito de coca, marihuana y amapola.
“Hacer la Reforma Agraria es revivir la paz en Colombia, por eso estamos aquí en Chicoral. “Venimos a exorcizar este sitio de energías malignas que nos condujeron a la mayor desigualdad social y violencia. Al resolver la desigualdad, construiremos la paz de Colombia", añadió el mandatario.
Por último, Petro convocó de nuevo a la movilización campesina pacífica para sacar adelante tan importante proyecto.
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