La superpoblación en el aula y el fantasma de la baja natalidad
Revolución Obrera
En el marco del capitalismo, los docentes han sido sometidos a un proceso de superexplotación, que se refleja en la extensión de la jornada laboral, como es el caso de la implementación de la Jornada Única (JU), así como en el incremento de los ritmos de trabajo y en la intensificación de las metas por cumplir.
El Estado burgués, en su función de sostener y fortalecer el sistema capitalista, busca realizar los ajustes necesarios para cualificar a los futuros trabajadores según las exigencias del modelo económico imperante, y, por supuesto, minimizando los costos. La adaptación forzada bajo el pretexto de «mejorar la calidad de la educación» responde a los lineamientos dictados por organismos del imperialismo, como la OCDE. Estos organismos imponen reformas como la eliminación de ciertas materias y la incorporación de otras en el currículo, tales como bilingüismo, tecnología e informática, además de proponer modificaciones en las jornadas laborales.
En el siglo pasado, según relatan algunos docentes de mayor experiencia, era común encontrar aulas en las que un solo maestro debía impartir clases a 40, 50 estudiantes o incluso más, mientras las condiciones laborales eran absolutamente precarias. Por ello, el movimiento magisterial se destacó por su constante movilización y resistencia frente a estas adversidades. Curiosamente, esas condiciones sociales de explotación y precariedad no son diferentes de las que enfrentan los docentes en la actualidad.
Los capitalistas han superexplotado históricamente a los docentes, imponiéndoles una carga laboral abrumadora, con aulas que albergaban a un gran número de estudiantes, mientras se les encargaba la enseñanza de las materias que el sistema consideraba esenciales para preparar a los futuros obreros. Hoy en día, las exigencias del capitalismo requieren que más estudiantes se cualifiquen rápidamente, adquiriendo conocimientos actualizados en un período de tiempo cada vez más breve. Este fenómeno no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia global destinada a reducir los costos del sistema educativo, mientras se adapta a las necesidades del capital en la era del imperialismo, tal y como ocurre en cualquier fábrica.
El modelo de Jornada Única (JU), establecido por el Decreto 2105 de 2017, extiende la jornada escolar a entre 6 y 7 horas de permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas, supuestamente buscando mejorar la calidad educativa y reducir las brechas de inequidad. El decreto establece un número de horas semanales específicas para cada nivel educativo, aumentando las horas de enseñanza: de 20 a 25 horas para preescolar, 25 a 30 horas para primaria y de 30 a 35 horas para secundaria y media. La JU, que viene de planes de gobiernos anteriores desde 2006, promete garantizar la alimentación escolar, mejoras en la infraestructura educativa y el fortalecimiento del proceso pedagógico.
Por supuesto, una cosa es lo que se dice en el papel y otra muy diferente es la realidad que enfrentan los docentes y el pueblo. Son innumerables los casos de corrupción relacionados con los Planes de Alimentación Escolar, las rutas de transporte escolar o la inversión en infraestructura educativa. En lugar de cumplir con su propósito de mejorar la calidad educativa, la implementación de la Jornada Única somete tanto a estudiantes como a docentes a una presión constante, en la que siempre es el pueblo quien termina siendo perjudicado, al ver que los recursos destinados a la educación se desvían y las condiciones laborales y de aprendizaje se deterioran aún más.
La JU extiende la jornada escolar, pero no atiende las necesidades reales del pueblo. No se garantiza una alimentación adecuada, con los nutrientes necesarios para el trabajo intelectual que deben realizar los niños, niñas y jóvenes. Tampoco resuelve los problemas de acceso, como las rutas de transporte escolar, ni se dispone del personal necesario para atender los problemas de salud, psicológicos o de convivencia que afectan a los estudiantes.
Al final, son los docentes quienes cargan con la responsabilidad de la calidad educativa, padeciendo una jornada intensificada y la carga de tener que hacer lo imposible para que, a pesar de las condiciones, no se generen reprobaciones o deserción, sin contar con los recursos ni el apoyo necesario para atender las necesidades particulares de cada estudiante.
El Decreto de la JU ha quedado a la libre interpretación de secretarías de educación y de los directivos en las instituciones educativas, lo que ha generado una serie de injusticias para los docentes. Se les ha afectado bajo el falso argumento de que se les hace un favor al evitar la unificación de grados o la reubicación de docentes en otras instituciones. Esta situación se ha agudizado especialmente ahora, cuando se argumenta que la baja matrícula de estudiantes, presuntamente debido a la disminución de la natalidad, justificaría tales medidas. Sin embargo, esta interpretación flexible del decreto ha servido más para consolidar la precarización laboral de los docentes, que para atender realmente las necesidades educativas del pueblo.
Las bajas de matrículas en lo público y el cierre de colegios privados
Como se decía antes, el modelo de Jornada Única que se ha venido imponiendo en la educación pública concentra a los estudiantes en horarios extendidos. Así se pierde la posibilidad de que las mismas instituciones ofrezcan la jornada de la tarde, lo que ha llevado a la reducción del número de estudiantes por institución educativa y con ello el número de docentes. De esta manera se ha favorecido mantener las formas de privatización a través de los colegios de cobertura contratada o concesión en ciudades como Cali y Bogotá, ya que los cupos que «no puede» asumir el sistema público, se contratan con los privados. Una consecuencia de que las promesas de inversión en infraestructura se cumplen a medias y los mega colegios que, a pesar de contar con instalaciones más amplias, no resuelven el problema si no que lo agrandan, pues en su mayoría también ofrecen Jornada Única.
Estas condiciones no solo afectan la calidad educativa, sino que aumentan el ejército industrial de reserva de docentes precarizados que al haber menos grados los interesados en vincularse al sector oficial deben aceptar contratos a destajo y sin garantías laborales en colegios privados de cobertura o de élite. Además, genera zozobra entre los docentes del sector público, pues ante la disminución de estudiantes, producto de la movilidad de familias de una ciudad a otra, de un país a otro, o de la supuesta «baja natalidad», se ven expuestos a ser «liberados»[1].
En principio, la jornada laboral de los docentes plantea una permanencia de 6 horas en la institución. Si se tratara de una jornada regular sería por ejemplo de 7 a. m. a 1 p. m., de las cuales 5 serían de trabajo con los estudiantes, incluidos descansos pedagógicos; la otra hora sería para evaluación, planeación y atención a padres. El resto de su jornada de «8 horas» la puede realizar en casa, en especial porque se refiere a la planeación académica diaria a la que por lo general los docentes dedican más de 2 horas.
Sin embargo, las interpretaciones amañadas en instituciones educativas de Cali, sumadas al miedo de los docentes ante la posibilidad de ser reubicados o liberados de sus puestos, y la falta de un compromiso firme por parte de las organizaciones sindicales para defender los derechos de los maestros, han llevado a que muchos docentes acepten jornadas de 7 horas continuas con los estudiantes. Estas jornadas no dejan espacio para actividades esenciales como la planeación, la evaluación o la atención a los padres de familia. El trabajo que queda pendiente se traslada al hogar, haciendo que la jornada laboral real de los docentes supere las 10 horas diarias. Este agotamiento extremo y la superexplotación laboral se reflejan directamente en las cifras de problemas de salud que afectan el magisterio.
En Cali, existen instituciones educativas en las que docentes y estudiantes de preescolar y primaria están siendo obligados a aceptar una JU de hasta 35 horas semanales, cuando lo reglamentario para la JU es de 25 y 30 horas respectivamente. Esta interpretación amañada de la JU por parte de secretarías de educación ha vulnerado durante al menos 3 años los derechos y la salud, no solo de los niños, sino también de los educadores, especialmente de las mujeres quienes, de acuerdo con el DANE representan el 63,3% de los docentes y de los cuales el 95,6% trabajan en preescolar y el 77,2% en primaria.
Debido a las condiciones de superexplotación que vive la clase obrera en general, que la obliga a trabajar más tiempo y les impide disfrutar de amplios momentos familiares, muchos prefieren inscribir a sus hijos en instituciones donde puedan permanecer más horas. Lo anterior obliga a los docentes a aceptar trabajar horas extras para no dar posibilidad a «la reducción de la matricula» y con ella su «liberación». Sin embargo, el pago de una hora extra no representa un aumento significativo en el salario de los docentes, pero sí le deja terribles consecuencias en su salud y no contribuye al proceso educativo.
La única salida para el magisterio ante este panorama de superexplotación es la organización desde las bases. No podemos seguir tolerando que la jornada laboral se amplíe arbitrariamente, ni que la carga pedagógica recaiga exclusivamente sobre los docentes mientras el Estado burgués y los gobiernos de turno incumplen sus promesas y evaden su responsabilidad en la financiación de la educación pública.
Las direcciones sindicales que han permanecido en la pasividad deben ser interpeladas por las y los maestros en cada escuela y en cada región, para que rompan con la conciliación y asuman el papel de convocar la lucha real por nuestras condiciones laborales y por verdadera calidad de la educación.
Es el momento de retomar con urgencia la lucha por el aumento general en el presupuesto educativo, En primer lugar, es indispensable el nombramiento de suficientes docentes que permitan implementar la Jornada Única de manera efectiva, sin sobrecargar la jornada laboral de los maestros. Este aumento en la inversión no solo debe contemplar la contratación de personal adecuado, sino también garantizar infraestructuras adecuadas, recursos pedagógicos suficientes y, sobre todo, la atención a las necesidades físicas y emocionales de los estudiantes. Sin una inversión real y comprometida, cualquier intento de mejorar el sistema educativo será superficial y contraproducente.
Asimismo, es imprescindible la inversión en infraestructura digna, la contratación directa y estable del personal de servicios, y la garantía de un sistema de transporte escolar público y no tercerizado. También debemos exigir el nombramiento por parte del Estado de psicoorientadores que acompañen en la prevención de las problemáticas de convivencia. Es urgente y necesario que el Estado destine recursos suficientes para la alimentación escolar, garantizando que sea un servicio público administrado directamente por el Estado, sin intermediarios privados que se lucren a costa de la educación pública. No puede haber calidad educativa sin condiciones dignas para estudiantes y maestros. No es el magisterio quien debe pagar con su salud el costo de unas reformas impuestas por los intereses del capital.
Desde cada institución educativa, cada reunión de docentes, cada asamblea de padres de familia, se debe trabajar y luchar para obligar a las dirigencias sindicales a movilizarse de manera combativa. Ese es el camino de la Reestructuración del Movimiento Sindical. No hay cambios sin lucha, y la historia nos ha demostrado que solo la acción directa y organizada puede arrancarle derechos a la burguesía. Es el momento de ponerse en pie, de recuperar la fuerza del magisterio como un frente de combate por la educación pública y por el futuro de los hijos e hijas de la clase obrera.
¡Por la salud del magisterio y la educación pública, organización, movilización y lucha!
[1] Proceso mediante el cual los docentes son reubicados o removidos de sus puestos debido a bajas matrículas
La superexplotación de los docentes, uno de los verdaderos problemas de la educación (Parte 2)
El futuro de la escuela ante la baja natalidad
Desde hace algunos meses circula en la prensa burguesa posturas alertando sobre una «grave crisis» derivada de la baja natalidad en Colombia. Así, cifras del DANE para 2023, evidencian una disminución del 7,5 % de los nacimientos respecto a los 570.355 registrados en 2022siendo ésta la caída más pronunciada de los últimos diez años.
Y los intelectuales burgueses de la educación, justifican en esta caída de las tasas de natalidad el cierre de instituciones educativas privadas y la reducción de las matrículas en los colegios públicos. Igualmente, estos teóricos plantean que esta tendencia demográfica pone en peligro la sostenibilidad del sistema pensional, afectando a la inmensa mayoría de los proletarios.
Pero los obreros debemos ver más allá de la apariencia y descubrir qué es lo esconden, los capitalistas tras los discursos.
La baja natalidad y la reproducción social bajo el capitalismo
La reducción en la tasa de natalidad no es un fenómeno aislado, sino el resultado del desarrollo de las fuerzas productivas y las condiciones de superexplotación impuestas por el capitalismo imperialista. Las familias numerosas han dado paso a estructuras más pequeñas y diversas: parejas sin hijos, familias monoparentales, relaciones no matrimoniales, entre otras, lo que responde a transformaciones económicas y sociales.
Por otra parte, las luchas del movimiento femenino han cuestionado la maternidad como mandato social, reivindicando la autonomía reproductiva de las mujeres. La incorporación masiva de las mujeres al trabajo asalariado, desde los albores del capitalismo, ha servido al capital para ampliar la oferta de mano de obra, precarizando aún más las condiciones laborales, especialmente, las de las mujeres. La rebaja de los salarios, cada vez más miserables, la privatización de los servicios esenciales, el encarecimiento de la vida y con ellos, la falta de garantías para la crianza ha llevado a muchas mujeres obreras a postergar, o desistir de la maternidad.
Estas condiciones de vida no son casuales, sino son consecuencia de las contradicciones propias del capital, puesto que, en él, la clase obrera no solo produce bienes y servicios, sino que representa la cantera de la mercancía fuerza de trabajo. Por ende, el afán del capital por maximizar sus ganancias reduce las condiciones para la reproducción de la propia clase obrera, generando contradicciones estructurales. En este contexto, la baja natalidad no debe ser analizada como una simple variable demográfica, sino como un reflejo de las contradicciones estructurales del capitalismo.
La superpoblación en el aula y el fantasma de la baja natalidad
Por otra parte, los intelectuales burgueses responsabilizan a los docentes del «bajo nivel» educativo, apelando, subjetivamente, a deficiencias en la creatividad, dedicación o formación y las reflejan también en las pruebas estandarizadas con las que las instituciones imperialistas miden la calidad de la mano de obra que preparan: pruebas Saber, Pisa… Pero en realidad, la saña de los intelectuales burgueses contra los docentes omite, deliberadamente, las condiciones concretas en las que se desarrolla la educación en el sector público: jornadas extenuantes, falta de profesionales en salud y psicología, carencias en infraestructura (laboratorios, restaurantes, bibliotecas escolares…); ausencia de docentes en áreas clave como arte, idiomas y deportes, y deficiencias en el transporte y la alimentación escolar, siendo uno de los factores más críticos, la relación técnica entre el número de estudiantes que debe atender cada docente.
La legislación burguesa, en lugar de garantizar una educación de calidad, se diseña para maximizar la explotación del magisterio. El Decreto 3020 de 2002 establece que el número mínimo de alumnos por docente sea de 32 en zona urbana y 22 en zona rural. Además, fija relaciones técnicas absurdas como 1,36 docentes por grupo en secundaria y media académica. La trampa radica en que la norma impone un mínimo, pero no un máximo, permitiendo que las aulas sean sobrecargadas sin límite real.
Las condiciones de superexplotación de los docentes
La burguesía utiliza estos criterios para «optimizar» los recursos en favor del capital, a costa de la educación pública y los derechos laborales del magisterio. El aumento de estudiantes por aula, combinado con la implementación de la Jornada Única sin mejoras en infraestructura ni recursos, profundiza la sobrecarga docente, deteriorando su salud física y mental y afectando la calidad de los procesos pedagógicos.
De esta manera, el Estado, al no establecer un número máximo de estudiantes por aula, garantiza que las aulas cuenten con 32, 35, 40 y en algunos casos más estudiantes con los que el docente debe, además de cumplir su proceso pedagógico, tramitar cuestiones de convivencia y clima escolar, dificultades familiares y personales de los estudiantes, en muchos casos con estudiantes que requieren de un diagnóstico particular y, por supuesto, garantizando que los contenidos que exige la actualidad rindan sus frutos: bilingüismo, tecnología, ciencias, artes…
En este contexto, la burguesía insiste en presentar la baja natalidad como el factor central que amenaza la educación, cuando el verdadero problema radica en la lógica de acumulación del capital. El cierre de colegios y la fusión de grados no responden a la reducción del número de niños, sino a políticas estatales orientadas a la privatización de la educación y la precarización del trabajo docente.
La lucha por cantidad adecuada de estudiantes por docente, condiciones dignas de trabajo y límites máximos claros para evitar el hacinamiento debe ser una demanda central en la defensa de la educación pública. Sin embargo, el sindicalismo burgués, subordinado al Estado, pospone la solución real de estos problemas, dejando la decisión en manos de mesas de negociación que nunca resuelven el problema principal, que como sabemos, halaría la solución de los demás.
La lucha obrera y popular el camino contra toda superexplotación y sus consecuencias
Los proletarios debemos comprender que la actual baja natalidad no es el problema central ni para la educación, ni para las pensiones, ni para acabar con las condiciones de superexplotación en general. La verdadera amenaza es un sistema que pone la ganancia al mando por encima de las necesidades de la clase trabajadora. El Estado, con sus recortes y reformas (incluso las llamadas progresistas), debilita la educación pública para entregársela a al capital mediante la privatización y corrupción a través de modelos como los colegios en concesión o la cobertura contratada que le agregan elevados sobrecostos.
Los docentes, como parte fundamental del proceso de reproducción social, deben asumir un papel activo en la lucha contra la mercantilización de la educación y contra todas las condiciones de superexplotación de los trabajadores en su conjunto. Deben desenmascarar las mentiras del capital y construir una agenda de transformación desde las aulas y las calles, ese es el primer paso hacia una sociedad donde la educación sea un derecho y no una mercancía.
Es hora de que el magisterio rompa con la pasividad impuesta por la burocracia sindical que espera a que los estudios del Estado de los ricos y sus expertos hagan el ajuste que el magisterio necesita, es hora de que las bases eleven su voz en las calles y las aulas. Que exija la reducción del número de estudiantes por aula a un máximo de 20 por docente, para garantizar así procesos pedagógicos dignos y un acompañamiento real a las necesidades de cada estudiante. No es posible seguir educando en condiciones de hacinamiento mientras los gobiernos y las secretarías de educación fusionan grupos y cierran instituciones por supuesta falta de estudiantes.
No basta con denunciar, es momento de organizarse y exigir la ampliación de la planta docente, nombrando más maestros en todas las áreas, incluyendo arte, idiomas, humanidades y ciencias, para forjar una educación integral y crítica desde la primaria, brindando, desde la niñez, la calidad en los contenidos que ésta merece y necesita, precisamente para tener un mejor desarrollo.
La educación no puede seguir respondiendo únicamente a las necesidades del capital, preparando mano de obra barata y sumisa. Solo la movilización independiente del magisterio y la clase trabajadora en su conjunto podrán arrancarle al Estado los recursos necesarios para garantizar una educación al servicio del pueblo. Se debe exigir un presupuesto educativo que priorice infraestructura digna, alimentación y transporte escolar, así como la atención psicosocial de nuestros estudiantes con nombramientos directos por el Estado.
Es necesario que desde las bases se dé un sacudón a la dirigencia sindical que con su silencio y pasividad es cómplice de esta rebatiña a la educación y junto a los estudiantes y las familias, con la organización desde las bases, con métodos de lucha combativos como la huelga y la movilización permanente, frenar la entrega de la educación al capital y conquistar condiciones laborales dignas para los maestros.
Debemos avanzar en la construcción de una verdadera unidad de clase, impulsando la Reestructuración del Movimiento Sindical y su centralización en organizaciones independientes y revolucionarias capaces de unir las demandas del magisterio con las del proletariado en su conjunto. La transformación de la educación no vendrá desde las instituciones de la burguesía, sino desde la fuerza organizada de los trabajadores.
¡Abajo la superexplotación del magisterio! ¡Por una educación para la revolución y la liberación del pueblo! ¡Adelante!
Revolución Obrera
febrero 16- 27, 2025
_______________
Fuentes:
https://revolucionobrera.com/actualidad/la-superexplotacion-de-docentes-es-uno-de-los-problemas-de-la-educacion-parte-1/
Revolución Obrera
febrero 16- 27, 2025
_______________
Fuentes:
https://revolucionobrera.com/actualidad/la-superexplotacion-de-docentes-es-uno-de-los-problemas-de-la-educacion-parte-1/
https://revolucionobrera.com/educacion/la-superexplotacion-de-los-docentes-uno-de-los-verdaderos-problemas-de-la-educacion-parte-2/
