Se trata de reducir a nivel de cada país los gases de efecto invernadero, que hoy provocan situaciones de gran vulnerabilidad...
Víctor M. Toledo
Hoy por hoy, el principal acontecimiento en el escenario mundial es el ascenso del fascismo representado por los gobiernos de Estados Unidos y Argentina, y de un corredor geopolítico de varios países Europeos (Italia, Austria, Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia). En Alemania, en las elecciones de antier, la segunda fuerza votada fue el partido neonazi, que junto con los conservadores, que ganaron la elección, constituyen 49 por ciento del voto germánico. Con discursos agresivos, plenos de ignorancia y sin sustento, y saludos fascistas, esta tendencia alcanzó su cresta con la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), efectuada en Washington para celebrar el primer mes de Donald Trump en la presidencia.
La situación anterior vino a sumarse a la crisis climática, el desequiibrio del ecosistema global planetario, provocado por la contaminación industrial, la deforestación y el transporte, asunto que es negado por los líderes e ideólogos de la extrema derecha. La crisis climática se define como la variación del clima atribuida directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables (IPCC 2018: 75). El principal instrumento internacional que enfrenta esta crisis es el Acuerdo de París, que se aprobó en diciembre de 2015 durante el vigésimo primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP21), y que hoy cuenta con 195 países signatarios y/o que han ratificado su compromiso. En su artículo segundo, el Acuerdo de París establece mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5°C con respecto a los niveles preindustriales. Se trata de reducir a nivel de cada país los gases de efecto invernadero, que hoy provocan situaciones de gran vulnerabilidad por la llegada de eventos impredecibles.
Las líneas que siguen están dedicadas a examinar cómo, en el caso de México, una transición hacia energías alternativas que fomente el poder social, popular o ciudadano, constituye una opción congruente y coherente para una política de izquierda. Ya no se trata de basar la transición en los grandes proyectos empresariales, como comenzó a suceder durante el periodo neoliberal. Ni siquiera se trata de impulsar proyectos gubernamentales.
Esto se logra dotando a cada familia u hogar de paneles solares y no creando parques fotovoltaicos que finalmente son instituciones centralizadas bajo control estatal, como ocurrió en México y ahora en Cuba. En efecto, en abril de 2023 se inauguró la primera fase del Parque Fotovoltaico Puerto Peñasco, en Sonora, que aspira a ser el más grande de América Latina y el séptimo del mundo con mil megavatios de capacidad en una superficie de 2 mil hectáreas y una inversión de mil 600 millones de dólares (https://acortar.link/Cs4dGq). Como señala una nota periodistica de RT, los cubanos acaban de descubrir la opción solar para salir de su tremenda crisis de energía eléctrica y han inaugurado el primero de 90 que planea establecer el gobierno (55 en 2025). La instalación cuenta con 42 mil 588 paneles distrinuidos en mil 635 mesas ubicados en el municipio del Cotorro, en La Habana.
Tanto en el caso de México como en el de Cuba, se trató de afianzar el poder político del Estado, no de empoderar a la sociedad, distribuyendo esos paneles entre las familias y organizaciones de base, como sindicatos, escuelas, cooperativas y uniones de profesionales. Y esto fue lo que afortunadamente sucedió durante el gobierno de la capital del país en el periodo 2019-2024. Lo anterior se logró mediante el programa Ciudad Solar que apoyó la generación eléctrica con paneles solares a nivel hogar, pero también techos solares para 300 edificios de la administración pública del Gobierno de la Ciudad de México, en la Central de Abastos, así como la instalación de sistemas de energía solar en micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que les permitieron reducir hasta 80 por ciento el consumo de gas para calentar agua o hasta 95 por ciento del consumo de electricidad que utiliza la empresa o negocio.
Concluyendo, crear un plan nacional para solarizar a la sociedad mediante la distribución masiva de paneles solares, le daría un giro distinto a lo asentado en documentos como La Ley General del Cambio Climático o el Atlas nacional de vulnerabilidad al cambio climático. En conjunto estas acciones jurídicas y de política pública reforzarían los derechos colectivos a la autonomía, el autogobierno, la autodeterminación y la autodefensa, es decir, fortalecerían el poder social y, de hecho, darían lugar a un cuarto poder más allá de las escalas federal, estatal y municipal como señalamos en un artículo reciente (https://acortar.link/9YE93s).
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