La protección de la libertad de prensa no puede ser utilizada para cercenar la libertad de expresión a la que todas las personas tenemos derecho en Colombia, incluso el presidente y sus equipos de trabajo.
Esta no es la primera vez que la periodista María Jimena Duzán cuestiona al gobierno con información que carece de sustento factual
La libertad de prensa y su independencia deben ser protegidas a capa y espada, pero se les olvida que defenderla implica también cuidarla de quienes pretenden abusar de ella usándola de sombrilla para perseguir objetivos contrarios a la democracia, la verdad y la defensa de la Institucionalidad, a lo que está obligado el periodismo.
Por MARISOL OROZCO
02 Julio, 2024
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La última semana ha traído un enfrentamiento directo entre el Presidente de la República y una parte representativa del gremio de periodistas luego de que la periodista María Jimena Duzán publicara una columna de opinión en la que formulaba un derecho de petición a Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), y a su hermano Andrés, por los rumores que se han conocido alrededor de sus presuntas relaciones con empresarios a quienes se habría beneficiado con contratos con el Estado, y que, además, adolecen de buena reputación.
El Presidente explotó en su cuenta de “X”, según se entiende, porque esta no es la primera vez que la periodista María Jimena Duzán cuestiona al gobierno con información que carece de sustento factual. La primera vez se remonta al episodio en que Duzán publicó una carta abierta a manera de columna de opinión en la revista Cambio, en la que al tiempo que se lo preguntaba daba por hecho que el Presidente tenía problemas de adicción y lo instaba a confesarlo ante la opinión pública y, además, a hacerse a un lado, de ser el caso, para evitar que su supuesta condición tuviera repercusiones para el país. Al respecto de todo esto, María Jimena no aportó prueba alguna y solo manifestó que fuentes confiables se lo habían garantizado. A pesar de lo delicado de sus afirmaciones y de no haber aportado las pruebas, lo que le valió múltiples críticas desde diversos sectores, la periodista nunca ofreció disculpas, ni al Presidente ni a la opinión pública que debió presenciar un acto de absoluta falta de tacto y ética, de irrespeto por las leyes colombianas en cuanto a la privacidad de la historia clínica de cualquier ciudadano -sin excepción- y de indefendible irresponsabilidad periodística.
En el caso que hoy nos ocupa, es la segunda ocasión (al menos de alta relevancia) en la que María Jimena acude, nuevamente, a la publicación de una columna de opinión en la revista Cambio, en la que advirtiendo que es un derecho de petición a Laura Sarabia y a su hermano Andrés, y con preguntas que más parecen afirmaciones, exige una explicación a la mano derecha del presidente y a su familiar por los corrillos que se hicieron públicos gracias a un opinador de redes sociales que fue irónicamente retirado de la misma revista Cambio por la falta de rigurosidad en sus publicaciones, y de la que salió en malos términos con su entonces jefe, Daniel Coronell, cosa que aprovechó Vicky Dávila -quien mantiene una rencilla eterna con Coronell y en paralelo con el presidente Petro-, para darle visibilidad a la denuncia del influencer, a pesar de no contar con ningún elemento de prueba que la respaldara.
Según María Jimena Duzán, la información no viene únicamente de allí, sino que son ruidos que circulan entre los pasillos de la casa de Nariño y que, nuevamente, sus fuentes, que afirma conocen todo de primera mano, se lo estaban confirmando, lo que sería sin duda motivo suficiente para enviar ese derecho de petición, pero, ¿era lo correcto hacerlo mediante una columna de opinión para que diera todas las vueltas posibles en redes sociales, antes de que la funcionaria tuviera la oportunidad de responder en los términos que la ley le permite y exige frente a esta herramienta constitucional?, la cual, dicho sea de paso, le impone a la funcionaria un esfuerzo de agilidad en la entrega de la respuesta cuando la petición es elevada por una periodista, como en este caso.
Si bien los derechos de petición son una herramienta constitucional para que periodistas y cualquier persona pueda exigir respuestas a funcionarios públicos, también es cierto que el conducto regular para enviar esos requerimientos es directamente al despacho del o la funcionaria. Aunque esto no es obligatorio, sí es la costumbre. Y lo es no solo porque garantiza a la funcionaria la posibilidad de defenderse y dar las explicaciones del caso, sino porque con la información que provee en su respuesta le entrega más y mejores elementos a la periodista para publicar un artículo responsable y que informe adecuadamente a la audiencia o puede darle la posibilidad de probar que la funcionaria miente. Diferente en el caso de que la empleada pública no contestara, allí la periodista acude a la Acción de Tutela y puede usar su medio periodístico para exigir las respuestas que se le han negado.
La decisión deliberada de la periodista Duzán de remitirlo públicamente, como también ocurrió con la carta abierta sobre la supuesta adicción del Presidente, sin tener ningún otro elemento que pudiera soportar sus afirmaciones, diferente a sus fuentes, inevitablemente lleva a cuestionarse si las intenciones detrás de esta metodología superan los intereses periodísticos y abrazan intereses políticos. Y lo digo desde la experiencia propia de quien por muchos años admiró y siguió el trabajo de María Jimena, pero que se decepcionó de su cambio, tanto en su línea como en su tono y en la rigurosidad de sus afirmaciones, notorio desde poco tiempo después de abandonar la revista Semana.
Sabe muy bien María Jimena que este tipo de preguntas con sentido de afirmación y elevadas públicamente por alguien con la trascendencia y el prestigio de periodista que la precede, tienen la posibilidad de lastimar el nombre, la reputación y la credibilidad de la persona cuestionada, que aunque ostente un cargo público que le obliga a responder, como en el caso de Laura Sarabia, en ningún momento la despoja de sus derechos fundamentales. A pesar de ello, la periodista ha procedido de esta manera en más de una ocasión, y eso es lo que le reprocha no solo el presidente Petro, sino la opinión pública, en el derecho que le asiste a la ciudadanía a expresarse libremente y de exigir ser informada de manera transparente.
Derivado de los múltiples cuestionamientos de la opinión pública hacia la publicación de Duzán, buena parte de sus colegas le han demostrado su apoyo procurando la censura de la expresión libre de la gente, atreviéndose a llamarlos sicarios digitales, bodegueros, e incluso hasta insinuar que los seguidores del presidente Petro podrían asesinarla.
No están claros los momentos en que se consolidaron estas roscas de periodistas que se creen superiores moralmente y en acceso a derechos. Descalifican a quien cuestiona su ya casi usual labor de desinformar y sembrar dudas sin sustentos suficientes y su contribución al desequilibrio de la democracia y de la institucionalidad que el Presidente de la República representa (independientemente de quienes gusten o no que hoy sea Petro quien ostente esa representación). Al mismo tiempo creen que nada se les puede decir, que son intocables y que nadie puede defenderse de sus ataques, sin importar cuántas veces disparen falacias e injurias con sus plumas -o eventuales verdades que sin pruebas no se pueden graduar de tales-. Y la gente está mamada de eso. No se aguanta más el arribismo, la soberbia y la lógica de superioridad desde donde hablan y con la que se arropan todos al tiempo cuando se cuestiona a algún miembro de sus roscas. Desconocen por completo la autocrítica. Parece que funcionaran más como un partido político, en el que sus miembros juegan al famoso tapen-tapen, que como periodistas decentes que responden por su propio trabajo y enarbolan desde este y sus opiniones los valores de la profesión. Y eso, sin hablar de la ética flexible que tienen cuando se trata de defender intereses económicos detrás de ellos.
Que quede claro que los periodistas, quieran o no, sí participan en política, y mucho, demasiado. Sus medios son tribuna de distribución de cualquier relato que se quiera vender a la ciudadanía o son plataforma para mantener a la opinión pública bien informada, pero aún así, tocada también por la subjetividad de las ideas, principios e intereses de quien transmita equis o ye noticia.
Es muy cierto que la libertad de prensa y su independencia deben ser protegidas a capa y espada, pero se les olvida que defenderla implica también cuidarla de quienes pretenden abusar de ella usándola de sombrilla para perseguir objetivos contrarios a la democracia, la verdad y la defensa de la Institucionalidad, a lo que está obligado el periodismo.
La protección de la libertad de prensa no puede ser utilizada para cercenar la libertad de expresión a la que todas las personas tenemos derecho en Colombia, incluso el presidente y sus equipos de trabajo.
Muy cierto es también que el Presidente y cualquier funcionario/a tiene un grado de limitación sobre este ejercicio de derechos por lo que su posición de poder implica, el escrutinio al que deben someterse y el impacto que sus opiniones pueden causar en la sociedad, pero esta limitación constitucional le aplica también a quienes ejercen el periodismo, por exactamente las mismas razones (salvo el nivel de escrutinio que aplica a funcionarios públicos). Y esto parece ser constantemente ignorado por esos mismos que salen a defender la libertad de prensa mientras respaldan prácticas poco éticas en el ejercicio del periodismo, impactando gravemente en la sociedad.
En ese mismo sentido, a pesar de que el presidente Petro y la funcionaria Laura Sarabia puedan tener razones para defenderse expresando libremente su opinión frente a las acusaciones que se les hace desde la prensa o de cualquier otro sector, la Constitución les exige responsabilidad reforzada en la manera de expresar esas opiniones. Es claro que no existe a la fecha antecedente alguno sobre el que se pueda afirmar que las opiniones de este Presidente hayan desencadenado en asesinato alguno, como sí ha sucedido, desgraciadamente, con un gobernante del pasado; pero no se puede desconocer la posibilidad de que un fanático loco o la mafia que busca atacar o tumbar al gobierno -de acuerdo a lo que éste mismo ha denunciado previamente- aproveche esta circunstancia y ocurra una tragedia (más), sea con María Jimena Duzán o con cualquier otra u otro periodista que critique al gobierno. Y esto es un escenario que el presidente está obligado a prevenir porque proteger la vida e integridad de cada persona que habita este territorio es un mandato constitucional que él debe obedecer sin excepción: sea quien sea, piense como piense y actúe como actúe.
Así como también es su deber dar explicaciones cuantas veces le sean requeridas, aunque le agote, aunque le parezca innecesario, aunque sean ataques infundados y sistemáticos de sus enemigos políticos, es su obligación constitucional dar explicaciones y responder, incluso si debe delegar esa responsabilidad a un funcionario o a una oficina de prensa para que salga a diario a dar esas explicaciones y aclarar cualquier (des)información. Además de su obligación, es el camino correcto por el bien del país y de su gobierno, el actual y el que esté planificando junto a su Partido con miras a las próximas elecciones. Es también su responsabilidad cumplir con la promesa de campaña de fortalecer a los medios independientes, comunitarios, étnicos, etc., y establecer una relación equitativa entre los recursos que el Estado entregue a éstos versus los que entrega hoy a los grandes medios.
Finalmente, es importante decir que la desconfianza de la ciudadanía y la mala imagen que tiene la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Colombia no comenzó con las opiniones del Presidente. Este es un debate que la opinión pública ha puesto sobre la mesa desde las redes sociales en varias ocasiones anteriores y que es consecuencia exclusiva del doble rasero que esta organización ha manejado para decidir los casos y periodistas que protege, así como a quienes deja a la deriva, en contra de lo que su Misión promete y con la que consiguen considerables recursos económicos y técnicos de fondos y organizaciones nacionales e internacionales. ¿Acaso ignoran que su decisión deliberada de no acompañar ni defender a un periodista incrementa su riesgo significativamente porque su (s) perseguidor (es) perciben que está completamente solo, sin respaldo alguno? Y me pregunto sin saber la respuesta, ¿Qué es más peligroso? ¿La opinión del presidente de la República frente a un periodista o el abandono consciente a un periodista por parte de la única organización que existe en el país con la expresa misión de defender la libertad de prensa y acompañar a periodistas en riesgo? ¿Nunca se han cuestionado la responsabilidad que les aplica si a uno de esos periodistas abandonados le pasara algo? ¿Acaso les importa?
No es que se pretenda desconocer que la Fundación haya ayudado y acompañado a muchas y muchos periodistas amenazados y perseguidos en el país, pero una cosa no quita la otra, ni el apoyo que le han prestado a algunos es defensa para justificar el que intencionalmente le han negado a otros, a pesar de su riesgo extremo y la evidente persecución que sufren.
Es necesario que, desde el periodismo, el Estado y la ciudadanía, demos el debate sobre la libertad de prensa y expresión y las responsabilidades que nos implican para que construyamos escenarios que fortalezcan la democracia desde la reflexión y la autocrítica. Se nos ha hecho tarde para darlo y hoy estamos viendo las consecuencias de ello, pero aún estamos a tiempo.
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