EL ZORRO Y EL GALLINERO: LA FALACIA DE LA RECETA NEODESARROLLISTA

POR HORACIO ROVELLI

A poco de asumir la presidencia de la República el 1° de mayo de 1958 y contrariando las ideas expresadas en su libro Petróleo y política, Arturo Frondizi firmó contratos con empresas petroleras extranjeras que las autorizaban a importar todo el material que considerasen necesario para efectuar la explotación sin pagar impuestos. El reintegro de las inversiones y las ganancias de esas compañías podrían ser girados al exterior con absoluta libertad. Si bien se triplicó la producción petrolera, no se logró equilibrar la balanza de pagos ni la comercial porque el convenio aumentó notablemente el déficit ante el giro de las utilidades y el costo de la compra de los equipos.

El gobierno de Frondizi llevó adelante una fuerte devaluación de nuestra moneda. El dólar se incrementó casi en un 60% en términos reales para favorecer al agro, con vistas a que provea las divisas y sortear así el ahogo externo y, a su vez, favorecer la compra de empresas por parte del capital extranjero.

Durante su mandato, ejecutó el clásico recetario del ajuste: bajó el gasto estatal, aumentó las tarifas de servicios públicos y contrajo el circulante, a la par que liberó los controles sobre la divisa y favoreció al capital extranjero para que se radicara en el país. Las consecuencias inmediatas del plan fueron multiplicar la inflación anual, que pasó del 22 al 129%, derrumbar la economía un 7% y generar una brusca redistribución del ingreso en perjuicio de los asalariados y de quienes tienen ingresos fijos (jubilados, pensionados, etc.) y/o que no pueden descargar el mayor costo en los precios de su producción o servicios.

Para que se produzcan bienes industriales en la Argentina, el desarrollismo impulsó el acuerdo con empresas multinacionales y la inversión extranjera directa, fundamentalmente en las industrias básicas: siderúrgica, petroquímica (y la obtención de petróleo y su transformación en combustible líquido y gaseoso) y la producción de automóviles, por su impacto multiplicador en otras ramas productivas y en el trabajo.

El problema es que cuando se ejecutó el plan no estuvo programado el ingreso de capitales con la salida (y la fuga). Tampoco se controló el precio. En consecuencia, se adquirían máquinas y equipos y las importaciones fueron tantas y a tal costo que se terminó produciendo una crisis en la balanza de pagos. Este escenario obligó al país a endeudarse y luego, para poder pagar la deuda, a acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que con su “receta” clásica de ajuste generaba desocupación y pobreza para reducir el gasto público y el consumo de alimentos (y de esa manera, tener mayor saldo exportable).

El gobierno de Alberto Fernández asumió la presidencia de la Argentina en medio de una crisis heredada con una devaluación nominal de nuestra moneda del 680% (el valor del dólar pasó de $9,10 en diciembre de 2015 a $62 en diciembre de 2019) y una deuda que se acrecentó en más de 100.000 millones de dólares y con fuertes vencimientos en el corto plazo, a la cual se sumó el cimbronazo de la pandemia. Ante ello, el propio gobierno tomó como mandato ordenar la macroeconomía y destinar sus esfuerzos a maximizar la orientación exportadora de manera urgente.

Al hacer esto, acepta la especialización productiva existente, basada en ventajas comparativas estáticas, productos primarios y –a lo sumo– cierta industrialización de los mismos que, por definición, generan poco trabajo incorporado. (Preguntémonos: ¿Cuánta mano de obra emplea una tonelada de exportación de soja?) Se trata de una inserción exportadora concentrada en un número reducido de grandes corporaciones, en la que alrededor del 70% de las ventas externas totales es controlado por las 200 empresas más grandes del país.

Nota: En porcentaje, y el primer cuatrimestre de 2022, en millones de dólares. Fuente: INDEC.

En octubre de 2020, en plena pandemia de Covid-19, el Ministerio de Desarrollo Productivo –que nucleó a los principales neo-desarrollistas contemporáneos– publicó un trabajo titulado “El desarrollo productivo en la Argentina post-pandemia”. Allí afirmaban que el problema argentino es la falta de un Estado inteligente que, mediante políticas de fomento y mecanismos de coordinación, apuntale la integración productiva liderada por los sectores que están en condiciones de competir internacionalmente (crecer vía exportaciones a como dé lugar), que no son otros que la extracción, la producción de alimentos y la industria que le provee maquinarias y equipos, incluida la compra de camionetas 4×4 para su uso personal.

Johann Wolfgang von Goethe afirmaba que “toda teoría es gris, querido amigo, y el árbol de la vida es eternamente verde”. Lo citamos porque los neo-desarrollistas, ingenuamente (por no decir otro calificativo más cierto) plantean el problema como si la fuga de capitales no existiera en la Argentina. Esto es: “Maximicemos las exportaciones porque necesitamos dólares”, aduciendo que se necesitan para crecer (y no para pagar la deuda externa). Para demostrar que todo su planteo es una falacia, basta ver que el superávit comercial acumulado en la balanza comercial argentina, en lo que va de este siglo XXI, alcanza al 30 de abril de 2022 la suma de 267.098 millones de dólares y, sin embargo, el gobierno de Cambiemos nos endeudó por más de 100.000 millones, razón por la cual la deuda externa de la Administración Nacional a diciembre de 2021 es de 363.323 millones de dólares. Se cumple mal o bien lo que afirman los neo-desarrollistas y la economía crece (si crece) en forma desigual, generando pobreza y exclusión y contaminando el aire, el agua y la tierra, sin medir ese impacto en el presente y en el futuro.

El mejor ejemplo es la provincia de Catamarca. Hace más de 25 años que se explota la mina Bajo La Alumbrera, hoy agotada y por ende en tren de abandono, de donde extrajeron minerales (oro y cobre) a cielo abierto. Sin embargo, las zonas cercanas a ella (Santa María, Belén y Andalgalá) son las regiones más pobres del país. ¿Por qué no se desarrolla la provincia entonces, si este es el “modelo testigo” de la minería argentina?

Nota: En millones de dólares corrientes. Fuente: INDEC.

No se necesita de un “Estado inteligente”, como plantean los neo-desarrollistas, para que sea funcional al poder económico, sino que se necesita un Estado que regule y controle la actividad económica (imponga las reglas de juego) con un plan sistemático de crecimiento económico en base a la demanda interna. Plantear que lo va hacer el capital, como sostienen los “desarrollistas” de todo pelaje y tiempo, no sólo es desconocer la historia, sino que se es servil a ese capital.

Es necesario un plan que contemple utilizar el stock de LELIQs (Letras de liquidez del BCRA) y Notaliq (Notas de liquidez del BCRA), que ya superan los 5 billones de pesos (es en pesos, pero equivalente a unos 40.000 millones de dólares). No tienen que estar inmovilizados, pagando interés a los bancos, porque son depósitos de la población que los grandes bancos usan sin riesgo alguno [1]. Deben ser empleados en financiar un vasto plan de obra pública y privada que genere empleo y reactive la economía nacional.

Son medidas que deberían ser acompañadas por otras, como: un control inmediato de los precios de la canasta básica, obligando a sus formadores de precios a una declaración jurada con el detalle del costo de sus insumos; planificar una reforma impositiva progresiva para que se pague impuesto por capacidad contributiva, reduciendo la carga de impuestos al consumo; exigir a las principales empresas compradoras de divisas que demuestren de dónde detrajeron los recursos para hacerlo y que no surge de la lectura de sus estados contables. [2]; y planificar un sistema de salud integrando las obras sociales, las prepagas y el sistema de salud estatal.

De otro modo, es como poner la zorra en el gallinero y decirle a las gallinas que se porten bien.

[1] Si el objetivo del BCRA es esterilizar dinero, debería subir los encajes o efectivos mínimos que no pagan interés.

[2] Es el caso del holding Techint, que en el período 17/12/2015 al 27/10/2019, adquirió 92.627.000 dólares por Tecpetrol S.A.; 222.980.456 dólares por Ternium Argentina S.A. (ex Siderar SAIC); y 231.384.402 dólares por Transportadora de Gas del Norte S.A. Esto da un total de 546.991.858 de dólares, y el cruzamiento de su cuadro de flujo de fondos consolidado y activos y pasivos en moneda extranjera no demuestra ni siquiera la mitad de esa suma. La AFIP debería investigar los movimientos bancarios, tanto los que tienen que ver con la compra de dólares, probando el origen de los fondos, como los relacionados con las transferencias bancarias en dólares y su destino. Asimismo, la AFIP debería fiscalizar los saldos contables en dólares al final de cada ejercicio y verificar en qué cuentas bancarias –nacionales y/o offshore– estaban esas tenencias.

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