Los altísimos costos de las campañas para llegar al Congreso, a una alcaldía, gobernación y claro, a la presidencia de la República, suscitan toda suerte de sospechas por cuanto en estas confluyen, sin mayores reparos morales y éticos, los dineros y los intereses de criminales y “gente de bien”, emparapetados sus miembros en instituciones que hacen parte de la sociedad civil.
Germán Ayala Osorio
Comunicador social-periodista y politólogo
¿Cómo es posible que el país entero escucha una conversación privada entre Aída Merlano y Julio Gerlein donde este confiesa que a su campaña le invirtieron 12.000 millones de pesos… y no pasa nada?
No hay mayores dudas de que la democracia en Colombia no solo deviene procedimental, precaria y formal, sino que, además, ha servido de escenario y plataforma para que las mafias del narcotráfico y del contrabando, entre otras, laven cuantiosas sumas de dinero, patrocinando campañas presidenciales y de candidatos al Congreso. Por supuesto que no se descarta que esos mismos recursos sirvan para imponer jueces y fiscales. Se trata de millonarias “inversiones” en la operación del Estado, que se recuperan a través de contratos de obras públicas que conllevarán sobrecostos y demoras, cuando no resultan convertidas en “elefantes blancos”.
De tiempo atrás, los electores se enfrentan a un pernicioso escenario de privatización mafiosa del Estado y de la institucionalidad democrática, aupado no solo por las mafias arriba señaladas, sino por poderosos agentes económicos de la sociedad civil a los que les ha resultado benéfico capturar las instituciones públicas.
Los altísimos costos de las campañas para llegar al Congreso, a una alcaldía, gobernación y claro, a la presidencia de la República, suscitan toda suerte de sospechas por cuanto en estas confluyen, sin mayores reparos morales y éticos, los dineros y los intereses de criminales y “gente de bien”, emparapetados sus miembros en instituciones que hacen parte de la sociedad civil.
La figura de los contratistas que financian campañas políticas es el eslabón de una naturalizada práctica con la que logran poner alcaldes y demás mandatarios y por esa vía, privatizar el Estado. De esa forma se consolida un sistema circular de intereses mafiosos que anula no solo el sentido democrático de las elecciones, sino que erosiona la legitimidad del sistema político y por ende, la del propio Estado.
Las denuncias de la excongresista y prófuga de la justicia, Aída Merlano, constatan lo que líneas atrás se señala. Los miembros del clan Char y varios contratistas barranquilleros harían parte de ese sistema circular de intereses corporativos, familiares e individuales que garantiza la normalización y naturalización del ethos mafioso que guía la vida privada y pública de millones de colombianos. En buena medida, esos colombianos solo siguen el ejemplo de su clase dirigente y política. En otras regiones del país operan otros clanes, bajo la misma lógica. Al final, todos comparten una misma condición: se presentan como capitalistas y amigos del libre mercado y de la globalización económica, pero realmente son precapitalistas mafiosos.
De ese sistema circular hacen parte, por supuesto, periodistas que suelen ser llevados a cargos estratégicos de grandes medios de comunicación, para que funjan como gatekeepers, esto es, como porteros con el poder de negar o no la publicación de denuncias o de hechos noticiosos en los que aparecen miembros de clanes o familias políticas. Por supuesto que al cumplir con esas funciones, esos periodistas se convierten en amanuenses y estafetas del régimen de poder. Son cómplices indirectos de la corrupción, por cuanto con su silencio, evitan que la opinión pública comprenda que la corrupción es el principal problema del país.
También hacen parte de ese sistema circular de corrupción, pública y privada, los organismos de control, pues operan de acuerdo con las directrices y los compromisos firmados entre partidos políticos, políticos profesionales, mandatarios recién elegidos y los patrocinadores de “buena fe”. De la misma manera, participan organismos de seguridad del Estado y miembros selectos de la fuerza pública, quienes prestan seguridad privada, colaboran con trámites, por ejemplo, para la compra de armamento en las Brigadas, la circulación de cuantiosas sumas de dinero en efectivo en época electoral.
Lo peor de todo es que no existe fórmula alguna que sirva para desmontar ese sistema circular de la corrupción pública y privada en Colombia. Por ello, los candidatos presidenciales que prometan acabar o luchar contra el “cáncer” de la corrupción, están mintiendo porque no es posible superar una práctica que está validada culturalmente. No hay nada qué hacer.
Adenda: el referendo contra la corrupción no pasó porque justamente, quienes dijeron NO, hacían y hacen parte aún de ese sistema mafioso circular que de tiempo atrás opera en Colombia en forma de Estado.
Edición 765 – Semana del 12 al 18 de febrero de 2022
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